El gobierno federal apostó al turismo y lo declaró pueblo mágico

 

En El Oro no se agotó el metal; minera canadiense detecta enorme potencial

Julio Reyna Quiroz


Periódico La Jornada
Lunes 26 de diciembre de 2011, p. 20

 

La compañía minera canadiense Candente Gold Corporation detectó un potencial enorme para extraer oro en uno de los pueblos mágicos recién nombrados por el gobierno federal: El Oro, en el estado de México.


Mientras los tres niveles de gobierno apostaron en noviembre pasado por la actividad turística para detonar la economía de la localidad, Candente Gold anunció en mayo pasado el hallazgo de oro de alta ley, por debajo de las antiguas labores. Ello confirma que la producción histórica no se paralizó debido a que se haya agotado el metal.


La minera ha hecho de El Oro suactivo emblemático al realizar exploraciones en el sistema de vetas de San Rafael, localizado en esa zona del nororiente del estado de México, con resultados positivos, y perforaráa una profundidad aún mayor para poner a prueba la probabilidad de que la mineralización de oro-plata resulte a una profundidad de por lo menos 600 metros.


Para Candente Gold, El Oro es uno de los mayores y más prolíficos distritos del metal de alta ley en México, con una producción histórica de más de 8 millones de onzas, realizada a unos 200 metros durante la segunda mitad del siglo XIX.


Estimó que el sistema de veta es similar a otros en México, como las minas Fresnillo, Guanajuato, Pachuca y Pinos Altos, donde se presentan zonas de oro y plata a más de 600 y hasta mil 200 metros verticalmente.


La veta de San Rafael fue cerrada en los años 20 del siglo pasado debido a las inundaciones en la zona y al bajo precio del oro, según información de la empresa canadiense que está disponible en su página de Internet.


Actualmente las mineras nacionales y extranjeras están evaluando en detalle aprovechar los altos precios de los metales.


Pobladores de El Oro señalaron que a partir de los años 50 los residentes comenzaron a emigrar, tras suspenderse la explotación de las vetas, convirtiéndolo en pueblo fantasma.


Luis Bringas, habitante del lugar, comentó el proceso que enfila a El Oro como nuevo pueblo mágico, lo cual implica capacitación en materia de servicios y un eventual renacimiento de la minería con las exploraciones de Candente Gold.


México, reconocido por la actividad, compró más de 93 toneladas de oro en medio de una crisis financiera y económica de los países desarrollados, en una operación que fue calificada de la mayor de los últimos 40 años, comentó Bringas, entrevistado en un antiguo vagón de ferrocarrill, acondicionado ahora como restaurante de comida internacional y recuerdo histórico de la riqueza de la comunidad.


Candente Gold fue creada en 2009, tras la unión de Candente Resource Corp (Candente) y Canaco Resources Inc (Canaco), para centrar actividades en la exploración y desarrollo de proyectos de metales preciosos en América Latina, principalmente en Perú y México.


El Oro es uno de los distritosmineros más importantes para la actividad, de acuerdo con un documento del Servicio Geológico Mexicano y de la Coordinación General de Minería.


El estado de México reportó 271 concesiones mineras al cierre del año pasado, 52 más en comparación con las aprobadas en 2004.

Justicia y libertad para los presos de Atenco

 

Adolfo Gilly

 

Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.

Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.

Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.

Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.

El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.

Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llamangobernabilidad, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.

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La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.

Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.

La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.

Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.

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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.