Cantaleta sin shalalá

Carlos Fazio.

Desde el comienzo de la administración calderonista denunciamos un larvado proceso de fascistización en México y el tránsito hacia un Estado de excepción como parte de una política gubernamental planificada.

Según las propias cifras oficiales, el saldo en víctimas ejecutadas en lo que va del sexenio es de 28 mil 353. A lo que se suman 3 mil casos de desapariciones forzadas por razones políticas, trata de personas y levantones en el marco de laguerra entre los cárteles de una economía criminal que, con un pie en la clase política y otro en la clase empresarial, permea a toda la sociedad.

Además, una porción considerable de las 28 mil ejecuciones registradas podría estar relacionada con desapariciones, sobre todo aquellos casos en los que las víctimas aparecen desmembradas, descuartizadas o en fosas clandestinas (como la de Taxco con 77 cuerpos), sin que se investigue su identidad ni a los autores materiales o intelectuales del crimen.

En ese contexto, la presentación el 30 de agosto del Manual: ¿qué hacer en caso de desaparición forzada? guarda relación directa con el resurgimiento de ese tradicional mecanismo de represión del Estado mexicano. Históricamente, la dupla escuadrones de la muerte-desaparición forzada de personas es un componente esencial del modelo de la guerra contrainsurgente. Remite, invariablemente, a la práctica introducida por el ejército colonial francés en Argelia, utilizada después por Estados Unidos en Vietnam durante la Operación Fénix y exportada a América Latina por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mediante la Escuela de las Américas.

Junto con la tortura sistemática y la ejecución sumaria extrajudicial, la desaparición forzada formó parte de los instrumentos clave de las guerras suciasimpulsadas por varios gobiernos latinoamericanos, México incluido, que practicaron el terrorismo de Estado. Sin embargo, la técnica de la desaparición forzada fue inaugurada por el Tercer Reich en diciembre de 1941, en el marco de la solución final destinada a eliminar judíos y miembros de otras razas malditas, como los gitanos, en los territorios de Europa ocupada por las tropas hitlerianas.

Esa directiva, conocida por el nombre eufemístico de Decreto Noche y Niebla(o Decreto NN), incluyó el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Los prisioneros eran transportados de manera oculta a campos de concentración, sin que se conservase testimonio o registro de los hechos. Según palabras de Hitler, “el efecto de disuasión de estas medidas […] radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino […]. Una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo. […] A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada”.

Según los ideólogos del nazismo, el decreto implicaba una innovación básica del Estado: la organización de un sistema de desapariciones forzadas. Una característica fundamental es que permitía la aplicación secreta de la pena sin dejar testimonio o pruebas sobre las circunstancias y término de la misma. De ahí el uso eufemístico de las palabras noche (nacht) y niebla (nebel), inspiradas de un canto de la ópera El oro del Rin, de Richard Wagner.

La desaparición forzada fue utilizada después por el ejército francés en la batalla de Argel (1957). Según reconoció el comandante Paul Aussaresses, uno de los cultores de la llamada Escuela Francesa, no era posible emprender una acción judicial para todos los detenidos(24 mil en los seis meses que duró la ofensiva antisubversiva). El saldo fue de 3 mil desaparecidos. Roger Trinquier, uno de los teóricos de la guerra moderna, desarrolló la idea de la contrainsurgencia planteando que cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden. Según Trinquier, en una situación deemergencia, los límites legales establecidos detienen la acción de las fuerzas militares regulares y la protección de la ley favorece al irregular. La ley es un obstáculo para la guerra total; la solución es apartar al prisionero del marco legal que pueda protegerlo.

En América Latina, la desaparición se utilizó en Guatemala en 1964, y luego en México y los países del Cono Sur contra el enemigo interno. Las víctimas entraron en el rubro de los daños colaterales. La secuencia secuestro-tortura-desaparición no representa una falla del sistema. Es un método ilegal utilizado por agentes del Estado o personas o grupos (paramilitares) con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competente, para frenar la acción colectiva, vía la instalación del miedo y el terror.

La razón por la que un Estado recurre a ese método de represión racionalizada se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad. El desconocimiento impide a los familiares realizar acciones legales; infunde terror en las víctimas y en la sociedad, y mantiene separados a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer. Es decir, una persona que puede ser asesinada impunemente.

¿Qué de todo eso está vigente en México hoy? Mucho, incluido el accionar de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. ¿Está Calderón aplicando una versión actualizada de la guerra sucia? En todo caso, la cifra de muertos y desaparecidos se acerca, en sólo cuatro años, a las de la dictadura de Videla y la Colombia de Álvaro Uribe.

El capital financiero, ladrón de soberanías

Guillermo Almeyra

La crisis mundial más grave en la historia del sistema capitalista ha sido provocada por el capital financiero internacional, con sus latrocinios, irresponsabilidades y especulaciones, y con sus políticas de despojo de los recursos naturales de todos los pueblos. Comenzó en Estados Unidos –el país más endeudado del planeta, con un creciente déficit público de 13 billones (millones de millones, 12 ceros seguidos) de dólares–, ahora se extendió a la Unión Europea (la principal potencia económica mundial) y afectará pronto al sudeste asiático que, como China o Japón, destinan a ambos la mayor parte de sus importaciones y son los principales sostenedores del dólar y compradores de los bonos públicos estadunidenses. (Dicho sea de paso, uno nunca dejará de asombrarse ante la ligereza y el impresionismo de algunos supuestos analistas económicos internacionales de México y de otros países, que ridículamente anunciaban la muerte del dólar y su remplazo por el euro –hoy por los suelos– o por otras divisas, sin ver que todos los bancos centrales juegan el mismo juego y están atados por la misma cuerda sucia).

Los respectivos Estados salvaron a los banqueros –a golpe de cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes– y les entregaron la conducción de la economía que previamente habían devastado. O sea, concedieron a los responsables de la crisis la responsabilidad de la superación de la misma, y a los mafiosos y delincuentes, la protección del orden financiero.

El resultado está a la vista: con fondos públicos concedidos al uno por ciento, los ladrones de guante blanco, recicladores además de los fondos de la droga (estimados en 300 mil millones de dólares anuales, o sea, tanto como la industria petrolera), de la venta de armas y de la prostitución, prestan ese dinero ajeno a países como Grecia, a tasas que llegan a ocho por ciento, y los endeudan aún más.

El capital financiero sigue dirigiendo, como si nada hubiera sucedido, el gran casino mundial y se juega en la ruleta el destino de países enteros y de miles de millones de personas. El comercio de divisas, altamente especulativo, mueve tres billones (en español, o sea, millones de millones) de dólares cada día, y el mercado de derivados (opciones y futuros) asciende a mil billones (equivalentes a 16 veces el producto interno bruto anual de todos los países, grandes y chicos, de este planeta). Ese es el tsunami que sumerge las economías nacionales.

Eso es posible porque ningún gobierno toca al capital financiero ni intenta ponerle cortapisas. Por el contrario, ante la crisis que éste provocó, los gobiernos prolongan la edad para jubilarse, reducen o congelan los salarios, aumentan el impuesto al valor agregado –que pesa sobre todo entre los pobres–, sin pensar siquiera en ponerles a los bancos impuestos a las ganancias o a las operaciones financieras. Si los centenares de miles de millones de dólares que arrojaron al pozo sin fondo de los bancos ladrones hubiesen servido para crear bancos públicos y para sostener la demanda de sus poblaciones, la crisis sería menos extensa y menos cruel. Porque las políticas deflacionarias, a costa de los salarios y los ingresos, reducen el poder adquisitivo de las mayorías y, por consiguiente, su nivel de consumo, y agravan tanto la desocupación como la desindustrialización relativa, ya que los capitales no van a los sectores productivos, sino que se orientan a los que otorgan alta ganancia inmediata, como los delincuenciales, entre los cuales destacan los centros del capital financiero.

Éste no sólo les mete la mano en el bolsillo a asalariados, pequeños comerciantes, artesanos, campesinos y jubilados, sino que también roba la soberanía de los pueblos junto con los recursos de todo tipo. La banca de negocios sucios Goldman Sachs, por ejemplo, indujo al gobierno conservador de Karamanlis, en Grecia, a endeudarse en condiciones leoninas. Inmediatamente el pueblo griego votó en forma aplastante en favor de los socialistas y contra las políticas de ajuste brutal que querían imponer los conservadores. Pero ese voto no valió nada, porque el FMI y los bancos decidieron por su parte e impusieron al gobierno de Atenas una política económica y una orientación fiscal opuestas a las exigencias de los electores, anulando así la soberanía de éstos e imponiendo a Grecia un gobierno financiero supranacional, con la complicidad del gobierno socialdemócrata, que prefirió suicidarse políticamente porque la alternativa era desconocer la deuda fraudulenta contraída por los conservadores a sugerencia de Goldman Sachs, hacer una auditoría de toda la deuda, meter presos a los responsables de ese atentado contra el pueblo y contra el país, hacer un plan de emergencia basado en aplicar impuestos a los beneficiarios de la crisis y a los que más tienen, para dar trabajo y promover la industralización local, y convocar a un referendo para decidir respecto del no pago de la deuda injusta y fraudulenta y de la política económica.

La prosperidad y las altas ganancias de los bancos contrastan en toda Europa con el aumento de la desocupación y la pobreza. La evasión fiscal, por otra parte, es normal en el caso de las grandes empresas y del capital financiero. Por ahí habría que comenzar el ajuste: expropiando los bancos, creando una banca nacional de desarrollo, haciendo pagar a los evasores.

Pero esto plantea urgentemente la cuestión de quién debe gobernar el país. Los capitalistas y sus servidores políticos han demostrado su corrupción, su ineptitud y su carácter antisocial y antinacional. No basta ya con protestar. Es hora de reclamar y de preparar una alternativa.

Continuar políticas neoliberales, acuerdo de gobiernos e IP.

Herrera y Armando G. Tejeda

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de mayo de 2010, p. 2

Madrid, 18 de mayo. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe cerraron hoy la sexta cumbre reforzando sus lazos comerciales al autonombrarse socios globales. En la Declaración de Madridse comprometieron a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes de efecto invernadero.

…Tanto en la cumbre oficial como en el encuentro de empresarios de ambos continentes se insistió en que la mejor vía para salir de la crisis es seguir con las políticas neoliberales: reducir al máximo el gasto público, suprimir políticas sociales, aumentar los impuestos directos e indirectos y abrir los mercados al libre comercio. Asimismo, hubo apoyo parafortalecer el euro como moneda estable.

Esta sintonía colectiva por abrir los mercados latinoamericanos a Europa se tradujo en tres acuerdos de libre comercio entre la UE con Centroamérica, Perú y Colombia. Además, se reanudaron las negociaciones de un posible acuerdo entre la UE y el Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En contraste, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recordó que la actual crisis fue pronosticada hace 10 años como consecuencia de la especulación y la corrupción financiera, empresarial y fiscal en Estados Unidos y Europa occidental. Ante esto –dijo–, no deben descargarse sus efectos en América Latina, el Caribe, el tercer mundo ni en los trabajadores, jubilados y pobres europeos.

Tras reclamar que la UE se relacione de otro modo con América Latina y el Caribe, como un conjunto de países independientes, con 570 millones de habitantes, destacó que se requiere deuna nueva gobernanza mundial, pero basada en el derecho internacional, la democracia y la justicia social.

Subrayó que hoy en día el multilateralismo es ficticio; siguen dominando la hegemonía, el doble rasero y la hipocresía. Citó que bastaleer la doctrina de la OTAN o mirar el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, o el golpe militar en Honduras.

Dijo que la expoliación colonial y el saqueo capitalista convirtieron a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudora, y que ahora todo sigue igual, aunque se le disimule en el libre comercio.

En tanto, el bloque de ambos continentes también se pronunció contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Este mensaje de lucha contra la impunidad coincide con los procesos abiertos en varios países –entre ellos España, Guatemala, Colombia, Argentina y Chile– para resolver las atrocidades perpetradas por regímenes anteriores, por lo que adquirió relevancia. Pero este mensaje contra la impunidad también aspira a convertirse en una llamada de atención sobre la falta de garantías en los sistemas judiciales de otros países de América Latina, incluido México.

Otra cuestión que arrastró la polémica desde su planteamiento fue la cuestión de la violencia de género y losfeminicidios, una vez que un bloque liderado por España y Brasil pretendía hacer referencia explícita a este fenómeno y los mecanismos necesarios para atajarlo.

Pero la diplomacia mexicana mantuvo desde el primer momento una postura obstruccionista, al considerar que cualquier mención a los feminicidiossupondría una llamada de atención al gobierno mexicano por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del campo algodonero, en el que se condenó al Estado como responsable del asesinato de tres mujeres.