Detienen y encarcelan a mujeres por enviar a hijos con la S-22

 

DIARIO NOTICIAS, VOZ E IMAGEN DE OAXACA.

 

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

 

Sáb, 03/01/2014 - 01:36

 

Dos indígenas cuicatecas de San Juan Tepeuxila, región de la Cañada, fueron detenidas y encarceladas por autoridades municipales y priístas en represalia por enviar a sus hijos con profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 

En su representación, los presidentes del Comité de Padres de Familia de las escuelas preescolar "Leona Vicario", Primaria "Victoriano González" y de la Telesecundaria, Juan Gonzalo Velásquez, Enrique Velásquez y Jorge Villegas, informaron que el presidente municipal, Pablo Flores Orozco, el síndico Manuel Villegas Villegas y la regidora de Educación, María Luisa Suárez Durán, junto con los priístas Claudio Cruz Cruz, Luz Gabriela Vásquez, Catalina Arriaga y Remedios Sánchez, promovieron el ingreso de la Sección 59 para desplazar a la Sección 22.

 

Sin embargo, subrayaron que un grupo de ciudadanos, entre ellas las afectadas María Eugenia Moreno y Elizabeth Ángeles Moreno, determinó enviar a sus hijos a los domicilios particulares donde laboran profesores de la Sección 22 por las anomalías registradas en las aulas de las escuelas, especialmente porque los supuestos docentes son jóvenes de la propia comunidad sin capacidad y experiencia alguna.

 

Explicaron que la autoridad municipal y sus seguidores, armados de palos y machetes, bloquearon la carretera a la municipalidad desde el 24 de febrero pasado para revisar todos los vehículos y evitar el ingreso de los profesores de la Sección 22.

 

Mencionaron que las dos afectadas fueron detenidas por policías municipales y los simpatizantes de la Sección 59 cuando recogían leña en el monte sin haber cometido delito alguno y posteriormente quedaron recluidas en la cárcel municipal con el consentimiento de las autoridades municipales.

 

Subrayaron que familiares de las señoras recurrieron al agente del Ministerio Público de Cuicatlán, Antonio Domínguez Zavaleta para lograr su liberación, pero no tuvieron respuesta alguna por su compadrazgo con el ex síndico municipal Floriberto Cruz Vásquez, vinculado con los priístas.

 

 

Los representantes responsabilizaron a las autoridades municipales de cualquier nueva agresión a los pobladores y demandaron la intervención de la administración estatal para evitar el derramamiento de sangre.


La CNTE y en el contexto de la lucha de 2013 

 

La lucha magisterial que ha emprendido la CNTE hace ya tres décadas ha sido con la finalidad de dignificar la profesión docente en todos los niveles educativos del país, con un salario digno, condiciones de trabajo adecuadas y desde luego, un entorno social de justicia y dignidad; en ese trayecto, se ha conducido de manera congruente con los principios democráticos y de reivindicación sindical y social; ha sido constante, persistente y ha resistido las políticas neoliberales que tienden a depauperar las condiciones de trabajo; en su trayecto se ha acompañado, de quienes luchan en el mismo sentido, pero en otras trincheras, sus compañeros de clase, de sufrimiento, de condiciones económicas precarias: los campesinos, los electricistas del SME, los que resisten contra las mineras depredadoras, los que defienden sus tierras contra las empresas eólicas, con los campesinos de Atenco y con muchos más.

 

También con los quienes se ha confrontado son los mismos, los medios de información-desinformación -que no comunicación- masiva, el gobierno y los charros del SNTE; de hecho, su lucha está dirigida contra quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, los poderes fácticos, es decir, los que realmente mandan en el país, que son: los COPARMEX, CONCANACO, CONCAMÍN, CCE, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, entre otros, que representan los intereses económicos de Bimbo, Cemex, Televisa, Grupo México, Electra, Carso, Aurrerá, Walmart y más; ellos son los están detrás de esos medios, de los gobernantes en turno y de los lacayos del SNTE, sea Carlos Jongitud, Gordillo o De la Torre; todo está claro, éstos son sólo diversos rostros de un mismo enemigo del pueblo, de una verdadera democracia: los poderosos con sus instrumentos de dominación.

 

 

En los últimos años, estos poderes fácticos están arremetiendo contra todo lo que fue conquista y producto de la Revolución que inició en 1910 y logró instituir normas e instituciones en 1917; constitución que ha sufrido una serie de deformaciones a partir del periodo de Miguel Alemán Valdez; entre las joyas de esas deformaciones está la destrucción de la base material para hacer comunidad: El territorio;  el responsable de este despojo: Carlos Salinas de Gortari y el PRIAN; los resultados están a la vista: empresas mineras transnacionales ya tienen concesionada la tercera parte del país, generando deterioro ecológico y destrucción del tejido social y comunitario; se concesiona el agua a empresas que lucran con el derecho al agua como coca cola, pepsico y demás; las empresas eólicas hacen de las suyas con la connivencia de los gobiernos nacional estatal y municipal, donde lo único que es limpio es el aire, ya que la energía ahí producida es con la mentira y el lucro con las necesidades de los habitantes del istmo.

 

 

Ya en el éxtasis de este proceso, se le encarga a Peña Nieto de terminar por derruir lo que queda; así, se plantea una “Reforma Laboral” en el periodo de sesiones camerales pasadas, donde se abre la vía a las empresas para evitar la relación bilateral trabajador-empresa empleadora de la fuerza o capacidad productiva del empleado; para ello, se utiliza a un tercero en la contratación o lo que se llama outsourcing, empresa con la que no podrán negociarse los derechos laborales, incrementos salariales, prestaciones, también así se le da un golpe mortal a las conquista laborales garantizadas en el Art. 123 Constl., así, los sindicatos morirán por inanición. Con la “Reforma Educativa”, se pretende dar un sentido productivista a un proceso tan humano para el despliegue de las potencias humanas como es la Educación; que no se circunscribe aprender a leer, escribir y solucionar problemas de manera rápida y eficiente.

 

Asestado el golpe a la Educación, sigue la supuesta reforma fiscal-hacendaria, en donde se puso el ojo al bolsillo de los contribuyentes cautivos, los que tienen un trabajo fijo con una relación laboral contractual; para las grandes empresas del país y las transnacionales, hay una serie de concesiones con el argumento de que crean empleos y requieren de esos recursos para poder reinvertir en el país, por lo que se les exime de diversos impuestos; en el caso de los medios televisivos, principalmente Televisa y Tvazteca, se les ha concedido la gracia de pagar a partir de 2018; es decir, durante todo el sexenio de Peña Nieto, no pagarán ciertos impuestos, lo que despierta suspicacias ¿será el pago por los servicios para hacer presidente a este sujeto?

 

Con la Reforma Energética que es la que continúa, con las modificaciones constitucionales a los artículos 27 y 28 que plantea el PRIAN y los colaboracionistas del PRD, se pretende entregar la riqueza del subsuelo mexicano y la generación de energía eléctrica a las transnacionales como Chevron, Exon, Texaco, Iberdrola y una cauda de empresas inglesas, españolas y más; a golpe de spots, se nos quiere convencer de las bondades de esta política de apertura de PEMEX a la inversión privada y en la producción de energía; las que una vez establecidas impondrán sus condiciones a esta parte neurálgica de la economía, y con ello, México habrá dejado de ser un país soberano.

 

 

Aún más, con la apertura de espacios para la supuesta experimentación de la producción de maíz transgénico, se está poniendo al país en situación aún más grave, la soberanía alimentaria del país, nada más y nada menos.

 

Así, la lucha de la CNTE está en el marco de la resistencia contra la imposición de estas políticas de carácter neoliberal  -a costa de lo que sea-; que como plantea Stglitz, el 1% de la sociedad concentra lo que el 99% necesita. Es por ello que ninguna de las acciones de protesta han sentado a la mesa de negociaciones al Gobierno Federal, y cuando ésta ha abierto alguna mesa, ha sido para simular y administrar el conflicto; es decir, no ha sido con la finalidad de dialogar; el diálogo tiene implicaciones éticas, en donde la escucha al otro lleva a cambiar la mirada y el tratamiento a lo que está en discusión, cosa que no se ha hecho desde que inició el proceso en el mes de mayo de este año y es más que evidente con la realización de los foros educativos donde las propuestas de la CNTE fueron totalmente ignoradas.

 

En esta tesitura, la lucha magisterial ha mostrado con sus movilizaciones –las que generan  incomodidades a los citadinos del D. F.-, que no se tiene el mínimo interés en hacer partícipe a la sociedad de estas reformas estructurales que la OCDE le ha impuesto como tarea a Peña Nieto para su sexenio. También es claro que lo que el pueblo piensa sobre su país y el futuro de éste, tampoco le importa a quienes conducen los destinos del país.

 

En este contexto, la lucha de la CNTE, no podrá arribar a sus objetivos si no es en alianza con el pueblo en general, pero no sólo en defensa de la Educación Pública, sino para hacer retroceder las reformas estructurales de este sexenio y las anteriores, las que se implantaron desde que se aplicaron las políticas neoliberales en el país.

 

Lo anterior pone en perspectiva la lucha que el pueblo mexicano habrá de emprender si es que se tiene el interés por cambiar de rumbo la política económica y sus implicaciones sociales en el país; por lo que es necesaria una estrategia de lucha que implique aglutinar fuerzas de todos los sectores del pueblo mexicano: campesino, obrero, comerciantes, empleados, amas de casa, estudiantes, pueblos originarios, redes de resistencia contra los megaproyectos, y todas las organizaciones sociales que puedan arribar a un gran movimiento de Convergencia Nacional, por la defensa de la soberanía nacional y en contra de la aplicación de las políticas neoliberales.

 

 

Un nuevo contrato social es necesario y urgente ante la Emergencia Nacional

 

De otro modo, las cartas están echadas, el juego está resuelto y el teatro de las acciones se llama: México un protectorado más de Estado Unidos.


Comunidades cuicatecas, ¡¡Alerta!!!

Un lobo con piel de oveja circula por nuestros territorios.

 

En los últimos días, en las comunidades cuicatecas, un grupo nefasto en lo educativo como en lo laboral-sindical las está recorriendo con la promesa falsa de que les preocupa la educación; sin embargo, muchos de estos pseudoprofesionales de la educación, lo que quieren justificar es su salario que han venido ganando durante más de cinco años sin trabajar; otros, inconscientes o esquiroles, le están haciendo el juego al gobierno para pisotear los derechos laborales conquistados en la revolución mexicana y en las históricas luchas de miles de trabajadores de todo tipo de sindicatos.

 

El gobierno que encabeza Peña Nieto, está planteando “Reformas” que afectan directamente a los trabajadores y a la nación mexicana, bajo diversos pretextos; en el caso de la “reforma educativa” -que no lo es, sino laboral-; el argumento es mejorar la calidad educativa, cuando el problema no es sólo de los educadores sino un problema de fondo es causado por las políticas retrogradas aplicadas en los últimos 30 años, que sólo han beneficiado a unos cuantos y quienes sufren las consecuencias, son los trabajadores y el pueblo en general; la otra gran reforma que viene, es la energética que consiste en entregar la riqueza petrolera que expropió Lázaro Cárdenas a empresas transnacionales de Estados Unidos e Inglaterra principalmente, los cuales se verán reflejados en su recibo de luz, ya que el subsidio con que se le apoyaba a usted que lee este documento, ahora serán la ganancia de las empresas privadas que serán las dueñas de nuestras empresas petroleras.

 

Para lograr sus objetivos, los que le mandan a Peña Nieto (empresas trasnacionales, mineras, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Banco Interamericano; en México, Carlos Salinas, Carlos Slimp, el duopolio televisivo, televisa y televisión azteca, entre otros), han montado una campaña de linchamiento a quienes se oponen a estas reformas; a los maestros, los tildan de violentos e irresponsables, cuando quienes violentan los derechos son precisamente quienes están haciendo las leyes; así también, dirán que quienes se oponen a la Reforma energética son retrógradas, populistas y más.

 

 

Repiten hasta el aburrimiento en la radio como en la TV, sus spots donde dicen muchas mentiras, y la gente generalmente las creen por la falta de información; que la evaluación va a mejorar la Calidad de la Educación, es una mentira; un verdadero cambio educativo debería empezar por consultar al pueblo sobre el tipo de educación que se requiere, entonces, el pueblo tendría la palabra para proponer; seguiría, qué maestros se deben formar en las escuelas normales; continuaría con la elaboración de los Planes y Programas de Estudio de la Educación Preescolar,  Primaria, Secundaria y Bachillerato; una inversión en infraestructura de las escuelas; un salario digno a los docentes; también se requiere revisar las condiciones de alimentación y estado emocional de lo/as niño/as y adolescentes, así como dotación de los instrumentos y tecnologías de la comunicación para poder acceder a la información actualizada en las redes de internet, para que docentes y estudiantes puedan realizar en las mejores condiciones su tarea cotidiana. Con estas mínimas condiciones, estaríamos en la posibilidad de decidir cómo, cuándo y qué debemos evaluar, no antes; la reforma educativa como se plantea, es empezar a hacer la casa por el techo.

 

En esta etapa de lucha por los derechos sindicales y contra las reformas de Peña Nieto, la Sección XXII, ha estado sosteniéndola con los argumentos que son apoyadas en la legalidad porque atentan con derechos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los siguientes:

 

 

Artículo 123, Apartado B.- Derecho al Escalafón; y estabilidad en el empleo; esto es: que mejorar sus condiciones de empleo, bajo una norma o reglamento que evalué todo el contexto de su tarea educativa y no sólo de un examen, permitirá al maestro o a cualquiera de otra profesión tener mejores salarios y prestaciones; y como lo plantea la Ley de Servicio Profesional Docente; además, no se puede perder el empleo por negarse a ser evaluado de acuerdo a instrumentos que ya han aplicado y que han mostrado su ineficacia;  esto va con la estabilidad del empleo como un derecho.

 

Artículo 133.- Jerarquía de las normas constitucionales por encima de las reglamentarias; es decir, que ninguna ley secundaria como la Ley de Servicio Profesional Docente, que se promulgó por Peña Nieto puede aplicarse como se pretende; sin embargo, así se pretende aplicar, violando las normas constitucionales.

 

Estos son sólo dos ejemplos en donde se ve claramente que lo que se pretende, no es mejorar la educación sino tener controlados a los maestros, para que no protesten, no digan nada y apliquen los programas de estudio como vienen estipulados; así, el maestro se convierte en un repetidor de lo que viene en los programas de estudios y los libros que les recomienden, donde toda la cultura y los conocimientos de nuestros pueblos cuicateco, mixteco, chinanteco, zapoteco y los demás, no importan. Otra vez, se nos niega el derecho a ser parte de lo que sucede en el mundo y lo único que debemos hacer es callar y obedecer.

 

 

Por esto y mucho más, la lucha de los maestros no puede ser tomada como simple y llanamente como el conservar sus privilegios como dicen la radio y la televisión. Sin embargo, también hacemos un llamado a los maestros, a que se comprometan con las comunidades en el trabajo, que hagan asambleas con los padres de familia y les expliquen las reformas que Peña Nieto está impulsando y que nos afectan como mexicanos; que en los Programas de Estudio del nivel de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, no actúen sólo aplicando los Planes de Estudio impuestos por la SEP, sino que tomen en cuenta los aportes y opiniones de los Padres de Familia y la Asamblea Comunitaria, acerca de los temas educativos que es necesario abordar en lo educativo.

 

A los maestros les planteamos: si el gobierno no los escucha y por lo tanto todo les impone, ustedes deben de actuar de otro modo con las comunidades; habrán de escucharlas sobre qué quieren que se aborde en el proceso de aprendizaje, qué actitudes es necesario practicar, qué prácticas sociales de la comunidad es necesario impulsar, mejorar y favorecer de manera crítica.

 

Como sujetos sociales provenientes de las tierras cuicatecas, el Centro de Estudios de la Región Cuicateca plantea a las comunidades de ese entorno:

 

 

Que no se dejen influenciar por pseudoprofesionales de la educación o pseudolíderes comunitarios que según ellos, están interesados en la educación y que lo importante es sólo empezar las clases; ahorita lo importante es que no se pisoteen los derechos laborales de los maestros y que no se pase sobre la Constitución Política del país por las reformas que está impulsando Peña Nieto.

 

Que al regreso de los maestros a sus tareas escolares, como ciudadanos, tenemos derecho a exigirles que además de que asuman su tarea con más responsabilidad; desarrollen sus actividades educativas de acuerdo a las condiciones y necesidades de las comunidades, incorporando los conocimientos y prácticas sociales de las comunidades en el proceso educativo.

 

Que es tiempo de que se pase del discurso a la práctica en cuanto al respeto a los derechos de los pueblos originarios en todo lo que implica su cultura.

 

Consideramos que:

 

Sólo la unidad de los maestros con las comunidades donde laboran, con compromisos claros, tareas que ayuden a complementar la formación de niño/as y adolescentes y responsabilidades compartidas, exigiendo al gobierno estatal y federal que cumpla con la mejora de las condiciones materiales de las escuelas y respetando a los maestros como profesionales, se podrá mejorar la calidad de la educación.

 

Hacemos un llamado a las comunidades a que no se dejen sorprender por discursos fáciles y soluciones mágicas a los problemas que tiene el país, no sólo en lo educativo, sino en todo lo que implica el aprovechamiento de los recursos naturales que están en el territorio mexicano y específicamente en las tierras cuicatecas.

 

Como pueblos originarios, es tiempo de asumirnos como sujetos de derecho y no sólo de atención.

 

Por una educación que respete nuestra cultura originaria, la fomente y recree.

 

Nunca más un México sin nosotros.

 

 

Centro de Estudios de la Región Cuicateca.


Declaración del CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO ante la  complicidad del Estado mexicano y sus instituciones, señaladamente la SEP y el papel que juega el Regidor de Educación en cada uno de los ayuntamientos en el estado de Oaxaca. En este caso particular, nos avocamos al Municipio de San Juan Tepeuxila, en la región Cuicateca,

 

Cómo parte de las actividades regulares del Consejo de Delegados y delegadas del CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO, CDCAC,  en días pasados nos reunimos en sesión extraordinaria de análisis y seguimiento de la situación regional, particularmente para discutir la situación de la educación en el municipio de San Juan Tepeuxila, Oax., debido a las reformas que el Gobierno Federal pretende modificar y el papel que la Autoridad Municipal está asumiendo en los hechos.

 

De esta manera y luego de leer los documentos públicos referentes a las modificaciones respectivas emitidas por el Gobierno Federal y después de analizar el papel que los maestros están jugando para defender sus espacios, trabajo y demás derechos que hasta la fecha habían conseguido y que ahora se les pretenden quitar y que junto con ello valoramos que en vez de mejorar la enseñanza de nuestros niños y jóvenes; las modificaciones que se vienen sólo servirán para empobrecer más los contenidos didácticos y de aprendizaje para nuestros hijos y que dejarán indefensos en sus derechos  a los maestros porque los estarán evaluando periódicamente y que dependiendo de su evaluación conservarán su empleo, entre otras modificaciones, entendemos claramente que estos cambios en la educación no son solo lesivos para los profesores sino que atentan en contra de toda la educación en general, ante ello hacemos un llamado a nuestra gente en la comunidades que conforman el municipio de Tepeuxila, Oax., y denunciamos ante la sección 22 de maestros y ante la sociedad progresista nacional e internacional:

 

1º Que no nos dejemos engañar con las propuestas que anda haciendo el Regidor de Educación, Sr. Fausto Ángeles Neri, con la intención de contratar personas en las comunidades como está haciendo en el caso de la cabecera municipal Tepeuxila, para que suplan a los profesores de la Sección 22, quienes se encuentran en paro laboral para defender sus derechos y la educación en el estado y en el país. En todo caso de darse este juego e intromisión del ayuntamiento en la vida laboral y sindical del magisterio es lo que el gobierno federal pretende y que junto con ello le juegan a dividir a las comunidades para que finalmente prosperen otros proyectos de mayor envergadura que se tienen en la región, como es el proyecto minero “La Raquelita” I, proyecto minero concesionado a la empresa minera Almaden Minerals Ltd, para explotar Oro, mientras que comunidades como san Sebastián Tlacolula, desaparecerán del mapa.

 

2º Denunciamos que detrás del regidor de educación está el ex-síndico municipal, C. Jorge Ángeles Cervantes, de profesión profesor, y que en su gestión como síndico jugó un papel ridículo con la gente de nuestras comunidades y  entreguista a las políticas oficiales dictadas por el entonces gobernador Ulises Ruiz.

 

3º De la misma manera quienes han denunciado a nuestras instancias lo que está sucediendo con la contratación de personas para que inicien a dar clases a los niños en las comunidades, nos comentan que la contratación es formal y que quedarán protegidos por la sección 59 de maestros en el estado, sección protegida por la parte oficialista del magisterio y que ha jugado un triste papel en el estado al estar del lado oficial y que aprovechándose del movimiento magisterial de la sección 22, cuando llegan a realizar paros de labores, estos se apropian de los espacios laborales, contratando personal para desarrollar las actividades docentes sin más compromisos que actuar como esquiroles al servicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Recordemos que la primera dirigente de la sección 59, Erika Rapp Soto, inició sus trabajos en la docencia en la comunidad de San Juan Tepeuxila, Oax.

 

4° Denunciamos que el proceso de apropiación que quieren hacer de la educación en el municipio tiene claros tintes políticos ya que la comunidad en general hace diez o quince años que viene jugando una política importante relacionado con los cambios en el ayuntamiento. Desde la conformación de los municipios a finales del siglo XIX en la región, los ayuntamientos en este municipio siempre fueron ocupados por gente que vive en la cabecera municipal, mientras que la gente de las comunidades del municipio no habían tenido espacios ni en las regidurías, entonces, esta apertura se logró hace tres años cuando una planilla integrada por gente de las comunidades logró desplazar a la gente de la cabecera municipal de los espacios en el ayuntamiento, finalmente, el gobierno del estado intercedió para favorecer a la gente de la cabecera municipal a través del C. Elpidio Concha Arellano y negociaron la integración del cabildo, pero aún con ello, el cargo de Presidente Municipal se lo tuvieron que reconocer a un miembro de una de las comunidades que integran el municipio. Entonces,

 

5°  Llamamos a la gente en nuestras comunidades a estar atentos de los movimientos que se generarán en los próximos días porque la intención final es la apropiación del municipio de una manera poco clara y legitima de quienes no favorecen la democracia y el porvenir de las comunidades, sino que por el contrario se prestan para destruirnos, por eso,

 

LOS CUICATECOS DECIMOS

 

¡¡LA SOLIDARIDAD CON LOS DEMÁS ES LA PROTECCIÓN DE NOSOTROS MISMOS!!

 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

 

FRATERNALMENTE

 

Congreso Autónomo Cuicateco sndüchi nü

Septiembre de 2013.

 

Nunca más un México sin Nosotros


CANADIENSES Y ESTADOUNIDENSES, LOS ‘GIGANTES’

Oaxaca: vigentes, 344 concesiones mineras

 

COMUNIDADES, SIN INFORMACIÓN; PERMISOS, HASTA POR MÁS DE 40 AÑOS

 

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO/Fotos: Mario Jiménez

 

 

NUMERALIA

 

MINITA DE ORO


344 concesiones mineras en 9 años


742 mil 791.02 has involucradas


7.78% del territorio de Oaxaca afectado


13 empresas canadienses


firmas estadounidenses


33 proyectos mineros


en operación

 

Oaxaca, Oax.- Las mineras canadienses han convertido a Oaxaca y a otros estados del país en sus nuevos centros de explotación y exploración, se privilegia a la inversión extranjera como política de desarrollo en los dos más recientes sexenios, pero también debido a las leyes restrictivas en su propio país y en Europa, por las afectaciones ocasionadas al medio ambiente.

 

Las leyes en esos países restringen la operación de las minas a cielo abierto, por el uso intensivo de explosiones y por los lixiviados de cianuro y otros, en el lavado del material, pero en México no.

 

Según el abogado indígena mixteco, experto en derecho agrario, la minería es una industria floreciente en México porque de acuerdo con las cifras del Banco de México, en una década sus ingresos pasaron del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, solamente superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz.

 

El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero también la creciente importancia de otros metales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista.

 

Pero, ni el Banco de México ni los industriales mineros informan que dicho crecimiento se ha fincado sobre la destrucción del medio ambiente y, sobre todo, pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los campesinos y los pueblos indígenas.

 

Para que esto sea posible cuentan con un marco normativo afín, instituciones públicas a su servicio y políticas que obedecen a sus intereses, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

 

Un ejemplo de lo permisivo de la ley minera es que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales y excluida de todo impuesto estatal o municipal.

 

De acuerdo con el también ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), si bien es cierto que las leyes aprobadas en nuestro país no reconocen explícitamente su derecho al territorio, sí lo hacen los documentos internacionales, que también tienen validez en el territorio mexicano. Atendiendo al contenido de estos, los pueblos tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería. Pero a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras, el gobierno federal no los respeta y así se genera una violación a sus derechos. Por eso cada día que pasa vemos más comunidades campesinas y pueblos indígenas oponiéndose a las actividades mineras en sus territorios, porque ello representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos, de donde toman agua para su subsistencia y la contaminación del medio ambiente en que viven.

 

Conforme al coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera, entre enero de 2002 a junio de 2011, fundamentalmente para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, equivalente al 7.78 por ciento del territorio estatal.

 

Estas concesiones, distribuidas en las ocho regiones, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses.

 

Las 344 concesiones han generado 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial. El primero, denominado “El Águila” de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros. Y el segundo, “San José” de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.

 

Aunque, la gran mayoría de municipios, ejidos o comunidades agrarias no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, por lo que se deduce que no se generó ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades al momento de otorgarlas.

 

Sin embargo, según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Regulación Minera ha otorgado 389 concesiones, en una superficie de 800 mil 447 hectáreas, principalmente a mineras canadienses, la mayoría de ellas entre el 2000 y 2012, durante los sexenios de los entonces presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, surgidos del PAN.

 

Muchas de las concesiones otorgadas en los últimos 12 años, tienen vigencia hasta los años 2023, 2039, 2059, 2050 y 2062.

 

Riqueza que no se queda en casa

 

Colonización del siglo XXI

 

Queda claro que la explotación de estos recursos, su disfrute y sus beneficios no van destinados a la población local y ni siquiera nacional. Las cifras de las que hablamos son las que inflan ese notable crecimiento económico que tiene este país y que tanto gusta remarcar a los políticos. Desgraciadamente, la riqueza que se obtiene de esta situación ni se reparte ni se queda en casa. Los propietarios de estas empresas se enriquecen, no así los trabajadores de las minas ni los vecinos de las cercanías.

 

Resulta obvia la incidencia que tiene la llegada de empresas internacionales a estos territorios. Desestabilizan la economía local, trastocan la vida de los lugareños (en todos sus ámbitos), ejercen su dominio sobre el territorio, acaban con los ecosistemas y con la diversidad ecológica del lugar y se lucran con la sobre explotación de unos recursos naturales limitados. La colonización del siglo XXI no viene en carabelas ni trae espejos. No obstante, a pesar de la represión que se ejerce, a pesar del poder que tienen estas grandes compañías, los grupos locales se organizan y se enfrentan a esta injusticia que tienen que sufrir día tras día. Nunca van a dejarse ser sometidos. Este conflicto presente lleva años vivo y así seguirá durante años.

 

Fuente: El impacto de las mineras canadienses en México, Víctor Martín Gómez.

 

San Jerónimo Taviche, San Juan Guichicovi, San Baltazar Chichicapan, San Pedro Totolapan, Asunción Nochixtlan, Capulalpan de Méndez, San miguel Amatlán, El Barrio de la Soledad, San Juan Igualtepec, San Francisco Telixtlahuaca, San Jerónimo Sosota, Santiago Tamazola, San Pedro Taviche

 

Santiago Tenango, San Miguel Tilquiapan, Mariscala de Juárez, Santa Catarina Lachatao, Zapotitlan Lagunas, San Juan Mixtepec, Puerto Escondido,

 

Ejutla de Crespo, Silacayoapan, Magdalena Teitipac, San Jorge Nuchita, San Martín de los Cansecos, Santiago Xiacuí, Santo Domingo Teojomulco, Santiago Tlazoyaltepec, Juchitán de Zaragoza, San Francisco Ixhuatán, Unión Hidalgo, Santa María Xadani, San Dionisio del Mar, San Dionisio Ocotepec, Juchitán de Zaragoza, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Astata, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Huamelula, Salina Cruz, Santo Domingo Chihuitlán, Santa María Peñoles, San Miguel Peras, San Francisco Cajonos, Santiago Tlazoyaltepec, San Dionisio Ocotepec, Santiago Textitlán, Santa María Ecatepec, Santa María Tlapacoyan, Jalapa del Marqués, San Juan Lachigalla, San Bartolo Yautepec, Santa María Huatulco, San Juan Lajarcia, San José del Progreso, La Natividad, San Pablo Cuatro Venados, San Miguel Ejutla, Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, Tlaxiaco, San Miguel Soyaltepec, Tezoatlán de Segura y Luna, San Andrés Solaga, Santa Catarina Ixtepeji, San Lorenzo Albarradas, San Juan Lachigalla, Zimatlán de Álvarez, San Pedro Totolapan, Santa María Zaniza, Asunción Tlacolulita, Santiago Lachiguiri, Santo Domingo Zanatepec, San Juan Ihualtepec, Santa Catalina Quieri, Asunción Ixtaltepec, Santa María Guienagati, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Juan Lajarcia, San Pedro El Alto Santiago Laollaga, San Francisco Cahuacua, Santo Tomás Mazaltepec, San Juan Teita, San Juan Guelavia, Cuyamecalco, Cuyamecalco, Matías Romero, San Pedro Quiatoni, Santiago Minas, Santa Ana Tavela, Santa Inés Yatzeche, San Pablo Huitzo, San Miguel Talea de Castro, Ixtlán de Juárez, Santiago Yosondúa, San Antonio Huitepec, Magdalena Jaltepec, San Mateo del Mar, Santa María Mixtequilla y Santa Catarina Tayata.


Sobre el proyecto minero "Tehuantepec" y las comunidades indígenas afectadas
 
Fecha: 30/04/2013

 

Desde 1998 a través de los medios locales de comunicación  nos enteramos  del  proyecto Minero “Tehuantepec”, complejo minero  muy importante del  país y que contempla la explotación de minerales en  Santa Maria Zaniza,  Santiago Textitlan, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Teojomulco, San  Lorenzo Texmelucan y Santa María Lachixio, es decir, en toda la región de  la Sierra Sur.

 

La Sierra Sur del Estado de Oaxaca es habitada principalmente por pueblos  Zapotecos, Mixtecos, Chatinos, Chontales, Amuzgos, Triquis y Mestizos;  cuenta  con una extensión aproximada de 12,970 kilómetros  cuadrados.  La  propiedad de la tierra es predominantemente  la comunal, debido al gran  número de comunidades y ejidos, en menor medida la propiedad privada.

 

En términos administrativos y políticos, la región de la Sierra Sur  comprende 73 municipios ubicados en los distritos de Putla, Sola de Vega,  Miahuatlan y Yautepec.

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cuenta con concesiones que estan  localizadas en el territorio de la comunidad de Santa María Zaniza, y en la  comunidad de Río Humo, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan. El  proyecto “Tehuantepec” abarca estas concesiones en su conjunto y considera  la explotación de una reserva de 457 millones de toneladas, por lo que el  proyecto durará por lo menos 45 años.

 

 El proyecto comprende la apertura de una mina, la construcción de una  planta de molienda y una planta de concentración magnética tanto en Santa  María Zaniza, como en la comunidad de Río Humo. El concentrado de la  separación magnética será bombeado a través de un ferroducto hasta una  planta de flotación y filtrado, dicho ferroducto tendra una longitud de mas  de 290 kilometros, en el cual viajara el material minero arrastrado por  grandes cantidades de agua que obtendran de los rios, arrollos y manatiales  de la region.

 

 El proyecto minero de Santa María Zaniza, plantea la extracción del  mineral a cielo abierto, removiendo la capa superficial o sobrecarga de la  tierra para hacer accesibles los yacimientos del mineral. Bajo esta técnica  se puede hoy día remover montañas enteras en cuestión de horas, para hacer  rentable la extracción de los minerales; estor por lógica se contempla el  desplazamiento total de las comunidades que habitan estos cerros.

 

Existen comunidades enteras de otros lugares que demuestran que la  actividad industrial a cielo abierto es muy  agresiva ambiental, social y  culturalmente. El Proyecto Minero de Santa María Zaniza se encuentra en la  etapa inicial aun, por los permisos que las comunidades aun no han otorgado.

 

Ante esta situación el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé  Carrasco Briseño” BARCA-DH, junto con los habitantes de los Municipios de  Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza y San Lorenzo Texmelucan han  realizado el video que hoy presentamos: “POR LA TIERRA VIVIMOS” en el que  se recabatestimonios de personas que habitan en la región que serán los  más afectados por el proyecto minero. Con este Video expresamos nuestra  forma de vivir y le decimos al  Gobierno Federal y Estatal que:

 

 1.- Los pueblos indígenas somos los únicos dueños de nuestros territorios,  tierras y recursos  naturales. Por lo tanto exigimos respeto a nuestros  derechos. 

 2.- Todo proyecto o mega proyecto que atente contra nuestros derechos o se  pretenda implementar en nuestro territorio debe someterse a consulta, a la  participación y al principio del consentimiento libre e informado.

 

 3.- Nosotros, como pueblos indígenas nos articulamos y establecemos  alianzas para defender y hacer respetar nuestros derechos hasta lograrlo. 

 

 4.- Reafirmamos el valor y la importancia de nuestros Sistemas Normativos  propios, que se expresan y se cumplen en las asambleas comunitarias.

 

 5.- Como Pueblo indígenas no nos oponemos al Desarrollo pero siempre que  se respete nuestro entorno, nuestros ríos, nuestro bosque, nuestro lugar  donde vivimos como hijos de Dios quien nos dio esta riqueza natural para  nuestra convivencia y cuidado.

 

 6.- Estaremos siempre  alertas para que quien nos llegue a vender el  desarrollo con mentira, corrupción, destrucción de nuestros recursos  naturales,  solo buscando sus propios intereses, sea expulsado de la  comunidad.

 

LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE: 


SANTA MARIA ZANIZA, 
SANTO DOMINGO TEOJOMULCO,
SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO A.C. (BARCA-DH)

 


Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

 

 

⇒ Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

 

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
 
 
San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.
 
Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.
 
Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.
 

La defensa empresarial

 
Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.
 
Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.
 
El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.
 
Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.
 
El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.
 
—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?
 
—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.
 
Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.
 
Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.
  
⇒ Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
 
Textos relacionados:

  
Fuente: Contralínea 326 / marzo 2013

 


Rechazan mina en Oaxaca

Octavio Vélez y Saúl Maldonado
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 21 de febrero de 2013, p. 36

San Jerónimo Silacayoapilla, Oax., 20 de febrero. Este municipio mixteco de no más de mil habitantes rechazó el proyecto de una compañía canadiense para explotar una mina en terrenos comunales porque la Secretaría de Economía (SE) entregó la concesión en el sexenio pasado sin consultarlos y porque causará contaminación.

 

El pueblo se niega, no quiere la mina, afirmó el secretario del comisariado de bienes comunales, Fulgencio Gumersindo López Rosales.El gobierno federal fue el único que dio la autorización; a nosotros no nos preguntaron, a pesar de que es nuestro territorio. Ni el presidente municipal ni el comisariado han firmado, señaló.

 

Según el Panorama minero del estado de Oaxaca, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, la concesión número 62/9947, denominada Miriam, abarca 5 mil 830 hectáreas de tierras comunales para la exploración y explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

 

No obstante, la SE también otorgó la concesión 62/9876, Silacayoapilla, en 3 mil hectáreas. En los municipios aledaños de San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla entregó las concesiones 62/9877, La Presa, y 62/9948, Edith en 3 mil 500 y 7 mil 240 hectáreas, respectivamente. En conjunto, las cuatro concesiones abarcan 19 mil 570 hectáreas.

 

En esta zona alta de la Mixteca, la empresa canadiense Arco Resources Corporation, titular de la mayoría de las concesiones, ya está explorando.

 

La autoridad agraria de San Jerónimo Silacayoapilla sostuvo que los pobladores se oponen porque la mina contaminaría el río La Ciénega.

 

Clandestinos, ocho de cada 10 yacimientos en Durango

 

En Durango existen 385 minas, de las cuales 300 operan clandestinamente, es decir, ocho de cada 10, reconoció el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Miguel Bermúdez Quiñones.

 

Explicó que sólo 85 minas cuentan con permisos, cumplen medidas de seguridad, utilizan equipo y tecnología adecuados, pagan buenos salarios a sus obreros, los capacitan constantemente y están dadas de alta ante la SE y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

En cambio, agregó, las alrededor de 300 minas irregulares pagan salarios muy bajos e incluso quedan a deber y constantemente están en conflicto con comunidades cercanas.


DECLARATORIA: Encuentro de Pueblos de Mesoamérica: Si a la Vida, No a la Minería

 

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Los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y redes, desde la diversidad que caracteriza la región mesoamericana, nos hemos encontrado los días 17 al 20 de enero de 2013 en la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez  para analizar las problemáticas relacionadas con la minería en nuestros territorios, asimismo hemos compartido experiencias de defensa y resistencia a los megaproyectos mineros impulsados por el  capital trasnacional. Las voces participantes hacemos la siguiente Declaración:

 

Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político basado en el despojo y la extracción acelerada de nuestros bienes comunes como los minerales, agua, bosques, petróleo, aire, gas, carbón, conocimientos, a través del despojo y mercantilización  de nuestros territorios ancestrales.

 

Bajo la imposición de este modelo extractivista,  los pueblos herederos de Mesoamérica  luchamos contra un  proceso hegemónico trasnacional de destrucción  de nuestras propias estructuras  sociales, económicas, políticas y culturales.

 

Para su implementación los gobiernos han firmado una serie de convenios multilaterales, tal es el caso del Plan Mérida, el Tratado Traspacífico, Proyecto Mesoamericano, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre otros, que se traducen en  reformas estructurales, agrarias, energéticas, laborales, educativas, hacendarias, de seguridad e impartición de justicia con el respaldo  del  poder político, militar y financiero representado por las empresas, el estado y las instituciones financieras multilaterales. En este sentido, los gobiernos al optar por el capitalismo depredador, o asociarse  con las empresas internacionales, se convierten en enemigos de nuestros pueblos.

 

Frente a dicho modelo extractivista, hemos definido tejer nuestras  resistencias, mediante el fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias como las asambleas, autoridades comunitarias, manteniendo el control del territorio comunal y el fortalecimiento de nuestra memoria histórica.

 

El tiempo en que el gobierno representaba un poder absoluto es un asunto del pasado, es necesaria una nueva relación con el gobierno, en donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios.

 

Frente a la gran amenaza que representa la industria minera para nuestra región mesoamericana, hacemos un llamado a los pueblos y comunidades de Honduras,  Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Canadá y México para fortalecer nuestras redes de resistencia  y generar alianzas amplias basadas en nuestros saberes, donde la defensa del territorio constituye la base de nuestra articulación.

 

Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestros bosques,  ríos, montes, manantiales y nuestros hijos e hijas, EXIGIMOS:

 

  • Cambiar el modelo económico y político actual que permite la depredación de los territorios. Así como un cambio en la política autoritaria, colonial, militar  y patriarcal ejercida por los gobiernos. El respeto a las decisiones de los pueblos deberá ser parte fundamental en una nueva relación con los estados-gobiernos. Esto significa el ejercicio del derecho  a la libre determinación de los pueblos indígenas, campesinos y rurales.
  • La cancelación de todos aquellos proyectos mineros donde las comunidades están en desacuerdo con el modelo extractivista  en la región mesoamericana.
  • Se respeten los procedimientos de consulta comunitaria, que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones, asimismo que sus resultados sean considerados vinculantes;  estas consultas representan un derecho sustantivo de protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
  • Generar mecanismos para garantizar que los territorios fronterizos estén libres de proyectos mineros y evitar conflictos binacionales que atenten contra la armonía y políticas de buena vecindad en la región mesoamericana.
  • Justicia para todas las defensoras y defensores de los territorios que han sido criminalizados, amenazados, agredidos y asesinados en la región mesoamericana.
  • Ley en Honduras que prohíba la explotación minera a cielo abierto y la minería subterránea, asimismo la indemnización y reparación de los daños ocasionados al medio ambiente producidos por Gold Corp Corporation y otras empresas.
  • Cese la provocación, represión y persecución legal contra la lucha pacífica de Guatemala, solidaridad con los compañeros de la Puya, oriente de Guatemala.
  • Que la corte de constitucionalidad resuelva a favor del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería que el Consejo de Pueblos presentó en marzo de 2012.
  • Que el gobierno de Guatemala respete las decisiones manifestadas por los pueblos  en las consultas comunitarias realizadas.

Nuestra riqueza no se mide por la cantidad de minerales producidos, sino por nuestras propuestas de organización,  políticas, sociales y culturales, las agresiones en contra de nuestros pueblos nos producen una herida profunda, ante lo cual DEMANDAMOS:

  • La cancelación de las concesiones mineras y el reconocimiento a la ratificación del  NO a la minería por parte de la asamblea general de comuneros y ciudadanos/as de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, asimismo el cierre definitivo de la compañía minera Natividad y Anexas.
  • La cancelación del proyecto minero “San José”, en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en la región de los valles centrales, así como castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde 2006.
  • Alto a la violación  de derechos humanos por parte de la compañía minera canadiense Excellon Resources Inc. a ejidatarios de La Sierrita  y trabajadores mineros de la Secc. 309 del Sindicato Minero en Durango.
  • Solución al conflicto del ayuntamiento de Tlacolula. Castigo a las agresiones de la presidenta municipal de Tlacolula en contra de las y los integrantes de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula.
  • La cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la costa de Oaxaca, México.
  • Solución al problema municipal de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.
  • Justicia para el pueblo Triqui.
  • Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.
  • Denunciamos las amenazas de muerte contra Carlos Beas, Bettina Cruz Velásquez, Rodrigo Flores Peñaloza y Saúl Celaya, y cese al hostigamiento permanente contra las comunidades en resistencia al megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por el gobierno estatal de Oaxaca y la empresa Mareña Renovables, empresa española.

Nos solidarizamos con el movimiento  “Idle No More / Basta de Pasividad” en la defensa de sus territorios y soberanía.

 

Hacemos un reconocimiento a la comunidad de Capulálpam de Méndez, por su ejemplo de organización política-comunitaria  y su defensa contra los proyectos mineros en la Sierra Juárez.

 

Tenemos el derecho a decir NO al desarrollo impuesto  y a definir nuestras formas de producción económica, social, política y cultural.

 

 Por la Defensa de Nuestros Territorios: Si a la Vida, No a la Minería en la Región Mesoamericana.


 Autoridades municipales, agrarias y comunitarias: Capulálpam de Méndez,  Santa Catarina Lachatao, San Pedro Yolox, Santa Lucía Mecaltepec-Yautepec, Santa María Candelaria, San Jerónimo, San Lucas Ixcotepec,  Cosoltepec, San Pedro Chayuco, Santa Cruz Mixtepec, Guadalupe Victoria-Yautepec, San Pedro Mártir Ocotlán, Ocotlán de Morelos, Ejido la Sierrita-Tlahuatilo-Durango, Huajuapam de León, Santa Marta Zoquiapam, San Miguel Nizaviguite-Yautepec, Santo Tomás Quierí-Yautepec, Magdalena Teitipac, Santa María Yahuiche-Ixtlán, Santiago Lachivía-Yautepec, Santa María Yahuiche, yucuquimi de Ocampo, San Pedro Nexicho.

 

Comunidades: El Porvenir-San José del Progreso, Zacapoaxtla-Puebla, Maguey Largo-San José del Progreso, San Andrés Yutatio-Mixteca, San Simón Zahuatlán, San Mateo del Mar, Yucha nchaa-Mixtepec, Nuevo México-Veracruz, Coatzacoalcos-Veracruz, Santiago Xiacuí, Acatlima-Huajuapam, Ayuquililla-Mixteca, Zaachila, Oaxaca de Juárez, San Juan Nopala, San Juan Yagila, Santa María Yavesía, Ixtlán de Juárez, Guelatao de Juárez, Santa Lucía Ocotlán, Miahuatlán, San Juan Tabaá, San Cristóbal de las Casas, San Nicolás Yaxe, San Francisco Tutla, Ayoquezco de Aldama, San Isidro de Morelos-Putla de Guerrero, Santa Cruz Yagavila, Escuintla-Chiapas, Cuicatlán, San Andrés Huajuapam, San Juan Evangelista Analco, Tanetze de Zaragoza, Tlaxiaco, San Miguel Chimalapas, Asunción Lachixila, San Marcos Arteaga, San Miguel Copala, San Cristóbal Chichcaxtepec, Paso de la Reyna-Jamiltepec.

 

Organizaciones  sociales-civiles y redes: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C. Servicios para una Educación Alternativa-EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe-Ser Mixe A.C. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C., Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-CPUVO, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca SURCO A.C., Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA, Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero-M4,  COSIP-Chiapas, COMCAUSA A.C., Sipaz-San Cristóbal de las Casas, SWEFOR-San Cristóbal de las Casas, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC)-Juchitán-Oaxaca, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio-RMALC, Otros Mundos Chiapas A.C., Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, C.A.C.I.T.A.,  Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Solidaridad Directa con Chiapas-Suiza, Frente en Defensa del Territorio y la Autonomía-Sierra Norte de Puebla, Ciudadanos Comprometidos con la Sierra Norte de Puebla, Acción Permanente por la Paz, Veredas Autónomas, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos-PIAP A.C., Fondo para los Derechos Humanos Globales, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental-LA VIDA, Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier-FAO, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos-AMAP, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha-CODIGO DH A.C., Colectivo de Organizaciones y Redes Oaxaqueñas, Movimiento Madre Tierra-Honduras, Comité Ambientalista del Valle de Siria-Honduras, Kitchenahmay Koosib Inninuwug-Canadá, Consejo de Pueblos de Occidente-Guatemala, Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio ADH-Guatemala, Unión de Lucha Anticapitalista, Peace Brigades International-PBI, Emprendedores Sociales, Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio-CEICOM-El Salvador, Mesa Nacional Frente a la Minería-El Salvador, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., ANAD, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, COPEVI A.C., Asociación de Profesionistas A.C., Tianguis Indígena Multicultural A.C., UZACHI, Movimiento por el Planeta, MPJD, Consejo de Derechos Indígenas de Oaxaca-CEDIO, OIDHO, Ven y Mira Teatro, SEDELI A.C., España Independiente, Gachij Nej Yuma´an A.C., Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Unitierra Oaxaca, Unitierra Puebla, MIDEM A.C., Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, Movimiento Popular Revolucionario, OCIO-CNPA MN, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI A.C., Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula, Kualli Komalli, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Cinema Ambiente, Escuintla Nuestro A.C. tosepan titataniske-Puebla, Honorable Casa Nacional del Estudiante-HCNE, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Serapaz A.C., Proceso de Articulación de la Sierra de Santa María, Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde-COPUDEVER, DESMI A.C., Centro de Estudios Ecuménicos, GADES A.C.

 

Investigadores/Estudiantes: Unisur-Guerrero, Universidad Autónoma Metropolitana, ENAH, UAM, Colmex, SCLC-Chiapas, CESHECA-UNICACH, UNAM, COCYP-Chiapas, MASFICH Pueblo, MASHACH-Puebla, BIC 28, INAH-Morelos, Universidad Atutónoma Benito Juárez de Oaxaca-UABJO, Universidad de la Sierra Juárez, Universidad de Munich, UAEM, Latin American Studies, Centro Nacional para la Educación en Ciencias y Matemáticas A.C., CIESAS, UACH.

 

Medios de Comunicación: CNT-AIT (estado español), Colectivo Barro Negro Oaxaca, Biblioteca Maria Luisa, Periódico Luciérnaga, Radio Comunitaria Teotitlán del  Valle, XEGLO-La Voz de la Sierra Guelatao, Estéreo Comunal Guelatao, Puerto Rico en la Lucha por su Independencia, Proyecto Ambulante, Guardian UK, Radio Yaxhil, Contralínea, La Jornada, CORTV, Hijos de la Tierra, Ojo de Agua Comunicación A.C., Radio Universidad de Oaxaca, Radio Victoria-El Salvador, Desinformémonos.org,  Organización Radio Aire Zapoteca, Revista en Marcha, Palabra Radio.

 

Estados de México: Estado de México, Chiapas, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Guadalajara, Veracruz, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Distrito Federal.

 

Países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España.

 

Capulálpam de Méndez, Oaxaca, México. 19 de enero de 2013.


Oaxaca.- La cesión de Tehuantepec

 

Hermann Bellinghausen

 

No se crea exageración decir que en la década reciente las costas y planicies del istmo de Tehuantepec se han convertido en una flagrante colonia de la peor España, como ya lo había sido hace algunos siglos. Los mismos Borbones, aunque en vez de los prestamistas del reino están las empresas de energía, y sí, los banqueros (Botín o como se apelliden). Atravesar estas airosas planicies implica una experiencia brutal, que dice mucho de la voracidad de los nuevos conquistadores (Mareña Renovables, Iberdrola o como se firmen) que no dejan piedra sobre piedra, como no sean millares de bases de concreto para el bosque de altas aspas metálicas comiéndose el aire sin cesar y hasta perderse en el horizonte. Menuda chamba tendría Don Quijote. La metáfora se da por vencida. Por eso es tan vergonzosa la diminuta imagen del presidente-que-ya-se-va con un tramo del parque eólico concesionado como fondo, inaugurándolo, y tan orondo.

 

El istmo nunca, ni en las peores, dejó de ser tierra venturosa de la civilización zapoteca, milenaria casa de los ikoot, hijos del viento, (antes llamados huaves) y también de los mixes de la sierra baja. Pero cuando llegaron los planificadores de la casa matriz y los flamantes funcionarios panistas una década atrás, concluyeron que aquí no había nada ni nadie, ergo un paraje ideal para convertirlo en algo: la fábrica más grande en extensión de todo el ya industrializado territorio nacional. Miles de hectáreas agrícolas sacrificadas al moderno Moloch de la energía.

 

Los conservadores nunca han sabido gobernar en México. Regalan sin chistar el país al invasor (y si usa corona, mejor), heredan guerras horrendas y se creen nuestros salvadores. Miramones o Calderones, Foxes o Mejías, siempre salen iguales. Es doloroso ver, por ejemplo, cómo cambió la vida social de Juchitán en estos años. En una situación equivalente a la de las plantaciones inglesas de té en Ceilán y el acendrado colonialismo que representaron, las empresas, principalmente españolas, han inundado de arrogante personal joven, masculino, pagado en euros (técnicos, ingenieros, administradores, capataces, lo de siempre) a la ciudad más fuerte de la región. Como cualquier ejército invasor, ocuparon la economía, la ronda social y las mujeres disponibles. Colonialismo de manual.

 

Ya en 2006, cuando las primeras torres estaban en calidad de muestra, era chocante ver los bares y restoranes llenos de ibéricos ligando con parvadas de chicas locales y manteniendo a flote los establecimientos a su servicio; hoy es un fenómeno tan abrumador que la gente ni lo nota. Imagine el lector una burocracia de ocupación, sin arraigo, pero dueña de la situación. Y la buena vida a tiro de piedra en Huatulco con sus playas de ensueño (también concesionadas en buena medida al reino de España), y los puteros del vecino puerto de Salina Cruz para portarse mal si les apetece. Pero estas franjas de México que sirven de campamento, burdel y para el libre flujo de divisas, son sólo un saldo colateral. En otra escala, hace unos 150 años la soldadesca francesa que asoló (no por demasiado tiempo) las tierras del istmo, las sembró de francesitos zapotecos sin papá.

 

En el presente, se necesita que la Policía Federal acordone el tramo de molinos que vino a inaugurar el presidente,para contener las protestas de los indígenas, pescadores y campesinos que se siguen oponiendo a la tierra arrasada que instauraron las eólicas. Y el traidor gobierno oaxaqueño defiende a las empresas contra los indígenas. Sus personeros se ríen de quien denuncia el exterminio de las aves endémicas y migratorias en un corredor de la biosfera fundamental para el hemisferio americano. Pero es un hecho consumado. La célebre Ventosa devino páramo de molinos devoradores de viento, campos y caminos desiertos, lagunas envenenadas, plantas eléctricas que brotan como hongos, aves descuartizadas y un silencio ominoso y retumbante. Tres robos en uno: el suelo, el aire y el canto.

 

El gobierno calderonista en liquidación, y su inefable Comisión Federal de Electricidad presumen unas cuentas alegres que ni ellos se creen. La quebrantada corona española y los bancos y empresas que con ella de fantoche retomaron las Indias Occidentales en nombre de la libertad de mercado, sólo juntan sus doblones y kilovatios y los trasladan enseguida a bóvedas más seguras.

 

Mediante engaños, chantajes e imposiciones, el despojo ya fue. El desastre salta a la vista. Estos parques eólicos, que siguen proliferando, hacen ver enanitos los muy extendidos molinos similares en el centro de la California estadunidense (mucho más racionales en comparación; en hileras, espaciados). Acá las torres se comieron todo. Sus rotores acabaron a dentelladas con uno de los más amplios y exaltantes horizontes mexicanos. Y todo para que unos aventureros se hagan asquerosamente ricos. Echemos otra porra al gobierno del desdichado cambio. En Tehuantepec, ahora toca que devuelvan.


DECLARACION DE SAN DIONISIO DEL MAR


 Encuentro Nacional

La Nación Ikojts en Resistencia contra el Megaproyecto Eólico.

 

Las comunidades, pueblos originarios, cooperativas de pescadores, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, radios comunitarias y medios independientes, ambientalistas y defensores de derechos humanos, reunidos los días 14 y 15 de Septiembre del 2012 en la comunidad Ikojts de San Dionisio del Mar,Oaxaca nos hemos encontrado para compartir la situación de nuestros pueblos frente a proyectos neoliberales y tomar acuerdos para impulsar acciones conjuntas.De principio  hemos expresado nuestro compromiso por el respeto a nuestras formas de vida comunitarias y por enfrentar todo tipo de proyecto que signifique despojo de los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos.

 

Considerando

 

1. Que durante mas de 500 años los pueblos indígenas hemos emprendido una lucha por la reivindicación de nuestros derechos y hemos defendido con sangre el territorio heredado por nuestros abuelos y abuelas, convirtiéndonos en los guardianes de los mismos y herederos de la sabiduría de nuestra cultura.

 

2. Que las políticas del mal gobierno buscan convertir en mercancía nuestro patrimonio natural y  cultural, amenazando nuestra vida y supervivencia mediante proyectos de “desarrollo” impuestos como el Plan Puebla-Panamá y rebautizado como el Proyecto Mesoámerica, dentro del cual se encuentran las mineras, represas, supercarreteras, parques eólicos, plantaciones forestales y otros proyectos de despojo y muerte que sólo benefician a las empresas trasnacionales. Estas Políticas y proyectos de invesión global se han venido imponiendo violando nuestro derecho legitimo a la consulta previa, libre e informada, el cual es reconocido por instrumentos legales internacionales suscritos y no cumplidos por el gobierno mexicano.

 

3. Que poseemos una relación espiritual con nuestras tierras, territorios , mares y recursos naturales, formando una propiedad colectiva de nuestros pueblos y comunidades por lo tanto nuestro territorio no es una mercancía que se pueda vender, rentar o privatizar.

 

4. Que el respaldo y abierta complicidad de los gobiernos federal, estatales y municipales a través de las concesiones, permisos y autorizaciones agilizan el proceso de despojo y muerte,  y con ello se esta dando prioridad a las grandes empresas y a la generación de ganancias a costa de la vida y el sufrimiento de pueblos enteros.      

 

 

5. Que México atraviesa una profunda crisis social, política y económica provocada en buena medida por políticas devastadoras, las que han ocasionado una serie de graves violaciones a  

los derechos humanos de los pueblos indios de nuestro país.

 

 

 Con base a lo anterior denunciamos:

 

            La imposición del megaproyecto eólico San Dionisio a través de la compra de voluntades amenazas, agresiones, engaños  y corrupción ha generado un profundo conflicto interno en los pueblos ikojts; a raíz de la imposición de este proyecto se ha agudizado el divisionismo y las confrontaciones entre comunidades. El megaproyecto eólico  “San Dionisio” impulsado por consorcio Mareña Renovables formado por el fondo de infraestructura Macquarie México, Fondos nacionales para la infraestructura (FONADIN), PGGM, Fondo de Pensión Holandés, Mitsubishi. sólo ha traído enfrrentamientos entre nuestras gentes. 

           

Este proyecto que significa despojo y destrucción de recursos naturales ha contado con la abierta complicidad del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, del gobierno estatal  de Gabino Cue y del desconocido presidente municipal Miguel López Castellanos así como del comisariado de bienes comunales, estos dos ultimos manipulados por caciques priístas y financiados por las empresas extranjeras. 

 

   Al hostigamiento, amenazas y persecución judicial en contra de los defensores de la isla de San Dionisio del Mar se han sumado las agresiones directas y es público, que los caciquillos priistas con financiamiemento de las trasnacionales estan integrando un cuerpo de golpeadores para romper la resistencia al megaproyecto.

  

En la Isla de San Dionisio y en la Barra de Santa Teresa  (Tileme)se encuentran los lugares sagrados de nuestro pueblo los cuales serán destruídos y profanados; y cientos de hectáreas de manglar blanco, y rojo que serán devastadas de imponerse este megaproyecto. 

 

 Hasta ahora el megaproyecto eoloelectrico que se esta imponiendo en el Istmo de Tehuantepec no ha generado beneficios a las comunidades, por el contrario si ha provocado contaminación de cuerpos de agua, destrucción de manglares, despojo y saqueo de los recursos naturales y pérdida de capacidad productiva. Ni siquiera las comunidades afectadas por los 14 parques eólicos se han beneficiado con tarifas preferenciales de consumo eléctrico . Esto nos lleva a preguntarnos a quien sirven esos megaproyectos y la respuesta es obvia a las grandes empresas trasnacionales como CEMEX, Wall Mart, Nestle, Iberdrola, FEMSA-Coca Cola, Bimbo, Preneal, Vestas. 

           

Por ello Demandamos:

   

A los directivos del Banco Interamericano para  el "Desarrollo" BID y de las empresas inversionistas del Proyecto Eólico San Dionisio así como a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca su cancelación inmediata.

  

Al Gobierno de Felipe Calderón cumplir los tratados y leyes internacionales y asi respetar nuestro derecho a ser consultados sin presiones, en nuestra lengua y con respeto a nuestra costumbre

 

Al Gobierno de Oaxaca la cancelación inmediata de las acciones penales en contra de los opositores al megaproyecto; acciones penales por cierto iniciadas por los caciques priistas.

  

Hemos Acordado:

Realizar en los próximos días movilizaciones y acciones de denuncia y de presión en contra del BID y de las empresas trasnacionales por promover proyectos que significan despojo y la muerte para  nuestros pueblos. Asimismo generaremos acciones de protesta enla Unión Europea en contra de los inversionistas holandeses por dañar el patrimonio territorial y culkrural de la Nación Ikojts.

 

Exigir a los gobiernos federal y estatal el reconocimiento irrestricto al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.

 

Movilizarnos para exigir al gobierno estatal el alto al hostigamiento y al ambiente de violencia que los caciques priistas y empresas eólicas han emprendido en contra de los pueblos ikojts de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar.

 

Impulsar el respeto del ejercicio de la autonomía desde nuestros comunidades así como defensa de nuestros territorios, articulandonos con las organizaciones sociales, jóvenes y pueblos en resistencia del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca y del país.

 

Llamamos a las organizaciones sociales, a los jóvenes y a los pueblos de este país que ante la nueva invasión europea coordinemos nuestras acciones  en la defensa de nuestros territorios amenazados`por  proyectos mineros, carreteros, presas, represas y eólicos. No a la Imposición, No al Despojo.

 

Hacemos un llamado a la II Convención Nacional Contra la Imposición para que retome nuestra demandas en defensa de los derechos y territorio de la Nación Ikojts y asuma como propias las  acciones que emprenderemos; desde ahora expresamos nuestra adhesión a la misma.

 

 

¡No al Megaproyecto eólico que afecta a los pueblos Ikojts!


Fuera las trasnacionales de México  y del Istmo de

Tehuantepec


Alto a la represión de los movimientos sociales


Alto de los abusos de la CFE

 

 Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Frente de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam-Oaxaca, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Grupo Solidario La Venta, Cooperativa Santa Rosa de San Francisco del Mar, Radio Las Voces de los Pueblos 102.1 FM, Radio Huave. San Francisco del Mar 94.1 FM, Radio Tekuani, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZ-Veracruz), Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Lunas del Sur AC, Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Oaxaca, Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), Movimiento por una Nueva Sociedad Democrática, Revista La Rebelión de Tehuantepec, Unión Campesina Emiliano Zapata Vive(UCEZ-VIVE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk, Organización Campesina Indígena de Oaxaca-CNPA; comunidades y organizaciones locales de San Mateo del Mar, Xadani, Barrio Nuevo,Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz; Unión Hidalgo, Alvaro Obregón, Huamuchil, estudiantes de la UNAM, UMAR, UABJO, jóvenes del Movimiento #YOSOY132 de Tehuantepec, Ixtepec, Salina Cruz, Matías Romero y Juchitán, Congreso Nacional Indígena; Radio Totopo de Juchitán, La Otra Radio de Unión Hidalgo y otras más.


Se declaran en rebeldía cuatro municipios de Oaxaca

Los inconformes están en contra de la construcción de un nuevo parque eólico por parte de inversionistas  españoles y nacionales.

Oaxaca de Juárez • Al menos cuatro municipios de la zona huave, ubicadas en la zona del mar muerto, en la región del Istmo de Tehuantepec, se declararon en rebeldía para evitar la construcción de un nuevo parque eólico por parte de inversionistas españoles y nacionales.

Los pueblos inconformes exigen al gobierno federal se presenten los estudios de impacto ambientalcorrespondiente y demandan se les tome en cuenta como inversionistas comunitarios.

Los comuneros de los municipios San Mateo, San Francisco y San Dionisio y María Dionisio del Mar y que sonapoyados por Flavio Sosa Villavicencio, ex consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y diputado local del PT, amenazaron con retener las maquinaria y los aerogeneradores que será colocados en lazona y que son trasladado desde el Puerto de Salina Cruz a bordo de embarcaciones de alto calado, por una de las lagunas protegidas.

El nuevo parque eólico será construido por la empresa Preneal y un corporativo mexicano denominado Mareña Renovable, en la barra de Santa Teresa que se localiza entre los municipios indígenas de Santa María y San Dionisio del Mar, donde se pretenden ubicar un total de 132 aerogeneradores de 8 metros de longitud cada unoy con capacidad para generar más de 396megawatts por hora, con lo que se pretende aumentar en 76 por ciento la capacidad eólica instala en Oaxaca.

De acuerdo con el estudio de la empresa en poder de la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Sustentable (Sinfra), la energía eólica es abundante, en la región del Istmo de Tehuantepec, podría suministrar el 7 por ciento de las necesidades de energía eléctrica del país y con la llegada de la empresa y la construcción del nuevo parque industrial se generaría un 17 por ciento más de energía eléctrica para el país en el 2013.

Refiere que la Barra de Santa Teresa es un corredor natural de viento, adecuado para generar energía alternativa y renovable, “el área tiene una velocidad de viento promedio de 10.34 metros por segundo”.

Sin embrago el legislador petista, afirmó que el proyecto de alto impacto se construye sin previo consenso de los pueblos originarios que se quejan de posibles daños ambientales.

“El proyecto debe consensar con las comunidades indígenas huaves para no generar procesos de descomposición social como los que se están viviendo en la comunidad zapoteca de San José “El Progreso”, donde hay oposición por la operación de una mina de plata o en San José de Gracia, donde denuncias por la contaminación de un arroyo a consecuencia de una metalúrgica de oro.
No queremos que los proyecto de alto impacto vengan a sembrar en Oaxaca, muertos y división de los pueblos”. Sosa refirió que en la zona del Istmo de Tehuantepec hay inconformidad por que no fue consensuado la construcción del nuevo parque eólico, no se informó a los pobladores respecto al verdadero impacto ambiental,además de que se está pagando una miseria por la renta de las tierras.

Según el legislador los inversionistas sobornaron a las autoridades comunales y municipales para imponer el proyecto, lo que vendrá a generar una confrontación social.

Precisó que el lugar donde se pretende imponer la infraestructura es una zona donde hay alto grado de marginación y problema de segregación social.

Sin embargo el Grupo Preaneal y Mareña Renovable, advierten que firmaron un acuerdo de renta de las tierras con las autoridades de los pueblos de la zona y ofrecieron pagar los impuestos municipales que sean necesarios, además de que creara una planta desalinizadora para abastecer de agua de riego a los comuneros, además de ofrecerán apoyos de becas a estudiantes e impulsaran programas sociales y reforestación diversos.

Indicaron que la renta acordada por el uso del suelo fue de 4 mil 640 pesos por torre aerogeneradora ubicada y 146 pesos por hectárea utilizada por mes, lo que implica que se haya otorgado un adelanto de 2 millones 101 mil 649 pesos, esperando entregar una cantidad similar cuando inicie operaciones el proyecto, además deaportar 4 por ciento de los ingresos de producción de energía eléctrica generada.

Una mirada desde Oaxaca: El nuevo colonialismo contra la naturaleza y los pueblos indígenas.


Posted By jaime On julio 29, 2012 @ 12:49 In Geografía,México,Reportajes,Reportajes México | No Comments

 

Oaxaca, México. A pesar de las críticas de organizaciones indígenas y los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Uruguay a la economía verde -por considerarla una forma de mercantilización y colonialismo contra los países del sur y la naturaleza-, la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) la retomó como un nuevo modelo para “erradicar la pobreza y contribuir al crecimiento sostenible, manteniendo el funcionamiento saludable de los ecosistemas y de la Tierra”.

 

En un acercamiento a la Sierra Norte de Oaxaca, en México, encontramos que las comunidades de esta región hacen eco de las voces que ven a la economía verde como un modelo que margina las iniciativas tomadas principalmente por países y pueblos indígenas y quienes no creen en el desarrollo, desde el punto de vista del crecimiento económico exponencial, como una solución real a la crisis ambiental y ecológica.

 

Jaime Martínez Luna, indígena zapoteco de Guelatao, presidente de la asociación civil Comunalidad y autor del libro “Eso que llaman comunalidad”, establece que “estamos en contra del desarrollo porque es lineal y ascendente. Nosotros somos circulares, no somos el centro, no somos dueños de la naturaleza, ella es dueña de nosotros. La comunalidad, más que un concepto, es una forma de vida que se fundamenta en la asamblea, los cargos de representación, las festividades, el tequio y la colectividad. Es un conocimiento desde dentro, que nace de la observación de lo que hacemos cotidianamente”.

 

Las Naciones Unidas y los promotores de una nueva economía más limpia han trabajado en muchas propuestas como alternativa al fin de la era del modelo económico que aún tiene como base los hidrocarburos. Esto implica una reconfiguración de los nuevos espacios y tiempos de un nuevo mercado, que busca sustituir los hidrocarburos por nuevas tecnologías que funcionen mediante carbohidratos y bioenergéticos con la finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono y poder mantener el crecimiento económico.

 

Existen diferentes intereses en torno a este nuevo tipo de economía. Por una parte, están los inversionistas del capital transnacional que han invertido millones de dólares en la reconversión energética, el monopolio de las llamadas tecnologías limpias y el redituable mercado de los bonos de carbono –permisos de contaminación-. En ese mismo sentido se encuentran los ambientalistas que han ejecutado las políticas verdes emanadas de estos organismos internacionales.

 

Por otro lado se encuentran las comunidades indígenas asentadas en los diez países que concentran la mayor biodiversidad en el mundo, quienes se identifican como parte de la madre tierra y su diversidad. Por lo tanto, más que conservar sus recursos, trabajan por la preservación de sus formas de relaciones sociales y de sus saberes locales, pues existe una cosmovisión práctica que se ha ido perdiendo por la influencia del pensamiento occidentalista, que les ha enseñado a verse como individuos y pensar de forma lineal y homogénea.

 

El territorio de estas comunidades indígenas representa la plataforma para el mercado de Bonos Carbono por medio de la creación de Parques Nacionales, Áreas Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales – también llamados Parques para la Paz-, Corredores Ecológicos o Biológicos y las redes de Áreas Protegidas.

 

México es el tercer país dentro esta jerarquía de los países más ricos en cuanto a diversidad biológica; el estado de Oaxaca – mayoritariamente indígena – representa el número uno dentro de este país y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

 

Por más de dos décadas han hecho acto de presencia en este lugar organismos como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC), y empresas como Televisa, Gamesa, Coca-Cola, Novartis, entre otras más, quienes han ejecutado sus proyectos muchas veces sin el consentimiento o sin la información necesaria para las comunidades nativas.

 

En entrevista, autoridades de bienes comunales de la Sierra Mixe y la Sierra Juárez consideran respeto a la economía verde que: “ellos ponen el precio y es un mínimo apoyo para la autoridad. La gente está molesta porque se les está expropiando parte del territorio para venta de carbono y preguntan de qué van a comer”, expone Melitón Jiménez, presidente de vigilancia en Tlahuitoltepec. “Creemos que de todos modos necesitamos los árboles y cuidar nuestro medio ambiente. No conocemos bien los bonos de carbono para exigir que paguen lo que debe de ser, pensamos que nos dan lo que puedan”.

 

Ulises Díaz, suplente del secretario de bienes comunales, señala que “desde 1985 decidimos tener más cuidado de nuestro medio ambiente. En el 2002, Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO) y Pronatura llegaron a complementar nuestro trabajo y por medio de estas ONG (Organización No Gubernamental) vendemos el oxígeno a Chinoin, Fundación Televisa y Gamesa. Es compromiso de todos, pero más de los países que contaminan en una mayor medida, deben de ser responsables y tener conciencia y todos debemos de aportar, no sólo los que tenemos bosques”.

 

Wilfred Mendoza Jiménez, también de Tlahuitoltepec, explica el problema de dar patentes a una comunidad y no a otra. “Desde los años noventa ha habido presencia de organizaciones de las Naciones Unidas. Novartis, en conjunto con el gobierno estatal y federal, ha realizado prácticas de bioprospección. Hizo estudios en el suelo de Calpulalpan y desarrollaron patentes; a cambio les dieron un laboratorio, pero sabemos que los microorganismos no miden territorios y también se encuentran en nuestras comunidades, pero ya no nos pertenecen”.

 

Las diferentes comunidades de esta región se ven identificadas en la necesidad de conservar y rescatar el conocimiento perdido que les han heredado sus ancestros. Sus alternativas en relación al conservacionismo y lo que representa la economía verde o el llamado desarrollo, son sus propias formas de vida tradicional, lo comunal y colectivo.

 

Algunos han decidido marcar una distancia entre el conocimiento occidental, que se muestra cerrado a sus alternativas, y buscan retomar la memoria histórica para poder identificar cuáles han sido los motivos del rompimiento de los principios comunales en su esencia.

 

Martínez Luna comenta: “en la región se ha dado una gran lucha por detener las concesiones de los bosques y se ha logrado detener varios proyectos mineros a nivel nacional. Podemos jactarnos de que en la región existe un elevado índice de conservación de la naturaleza; el medio ambiente permanece protegido por decisión comunitaria y no es de nuestra propiedad, porque en nuestras comunidades no existe la propiedad privada, existe la posesión comunal. Se ha hecho bioprospección en diferentes niveles, unos permitidos por la comunidad y otros sin la intervención de la comunidad: hay intereses en conocer lo que tenemos. Puede venir cualquiera, pero si no se autoriza por la comunidad, no entran“.

 

Martínez Luna remarca que es necesario entender y valorar lo que somos, porque de esta forma valoramos lo que tenemos; no entrar en la competencia, sino reproducir la compartición, e impedir la intromisión descarada de los principios individualistas.

 

De la economía verde a la comunalidad existen diferentes principios e intereses. En la primera predomina el crecimiento y el desarrollo sustentable, pero la lógica sigue siendo la acumulación y la ganancia de capital que beneficia sólo a algunas personas. En la otra, sobresale lo colectivo, lo comunal y lo diverso. No es que no quieran mejores condiciones de vida, pero no de la forma irracional del desarrollo económico que persiste mediante el subdesarrollo de otros países y regiones.

 

Hoy día muchos pueblos indígenas de Latinoamérica hacen eco de sus modos de pensamiento y acción, desde la comunalidad que se retoma en la sierra Norte de Oaxaca, el Mandar Obedeciendo y el Nosotros desde el sureste mexicano, hasta el Buen Vivir de los bolivianos. Son voces que reclaman una deuda ecológica pendiente de los países del norte para con los del sur, pues lo que ellos conocen por desarrollo no es más que la medida del saqueo y la destrucción de los ecosistemas y de los pueblos indígenas.

 

Este artículo fue publicado originalmente en la página del Programa de las Américas


 A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL                            

A LOS PUEBLOS DE OAXACA Y EL MUNDO    

A LA OPINIÓN PÚBLICA


 San Dionisio del Mar a 28 de agosto de 2012

 

ACCIÓN URGENTE


Agresión y hostigamiento en contra de los indígenas y comuneros de San Dionisio del Mar, defensores de su territorio frente al proyecto eólico  “San Dionisio” del consorcio Mareña Renovables.

 

Antecedentes:

 

El 8 de noviembre de 2004, bajo engaños y en total violación al derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Ikojts de San Dionisio del mar, la empresa de ese entonces Preneal México S. A de C.V., obtuvo el usufructo de 1643 mil hectáreas de tierras de uso común de los bienes comunales de San Dionisio del mar.

 

En el año de 2011 los comuneros tuvieron acceso al contrato abusivo que les hizo firmar la empresa, desde entonces comenzó una lucha primero por el acceso a la información,  paralelamente una lucha decidida por defender el lugar conocido como la isla, la barra santa teresa, lugar sagrado para los Ikojts el cual les da el sustento de vida y contribuye a la preservación de su identidad cultural.


La comunidad en diversas asambleas de pueblo ha declarado su rechazo rotundo a la implementación del proyecto eólico “San Dionisio” por la grave afectación que representa para su forma de vida y su supervivencia como pueblo indígena.

 

A principios de este año se enteraron que el presidente municipal C. Miguel castellanos estaba reuniéndose a espaldas del pueblo con las empresas eólicas y ante la amenaza que hizo este presidente municipal hacia la asamblea reunida, el pueblo decidió desconocerlo, y desde febrero de 2012 tiene tomado de manera simbólica las instalaciones del palacio municipal, el cual dejo abandonado el presidente después de ver el descontento del pueblo.

 

El 8 de febrero de 2012, el  pueblo interpuso un recurso de revocación de mandato, el congreso de Oaxaca no ha hecho nada al respecto a pesar de contar con pruebas suficientes de que el presidente municipal ha cometido diversos delitos y faltas en la administración publica.

 

Desde entonces los comuneros y pobladores defensores de su territorio han sido objeto de amenazas, intimidaciones, y persecución judicial.


El día 14 de mayo el gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo amenazo de propia voz con el derramamiento de sangre y con la liberación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de los indígenas que se han atrevido a defender su territorio. Poniéndoles el ejemplo tan claro de que les pasaría los mismo que les paso a los compañeros de San José del Progreso.

 

 Actualmente más de 40 indígenas de San Dionisio cuentan con averiguaciones previas iniciadas por denuncia que interpuso el desconocido presidente municipal, quien  ha dado órdenes expresas de negar los servicios básicos  a los indígenas que estén en contra del proyecto eólico, como el servicio de la ambulancia y el servicio médico; además de despojar a las mujeres y ancianos de los apoyos  de oportunidades y 70 y más. 

 

El día 23 de agosto la empresa entro a la isla desde una comunidad zapoteca para dar inicio a la construcción del parque, derrumbando manglar y afectando de manera irreversible la zona lagunar.

 

El día 25 de agosto del presente año un comunero que se encuentra en la defensa del territorio frente al proyecto eólico fue brutalmente golpeado por un simpatizante del presidente municipal y del proyecto eólico. Al llevar al joven comunero herido para que le dieran la atención médica necesaria la doctora encargada de la clínica se negó a  atenderlo.


Hechos:


El día de hoy 28 de agosto a pesar de la clara postura del pueblo de San Dionisio de no al proyecto eólico en la barra santa teresa o la isla, la empresa entro por la comunidad de pueblo viejo, respaldado por el agente municipal C. Teódulo gallegos, al tiempo que en la comunidad de San Dionisio del mar (cabecera municipal) se anunciaba y se invitaba a todos los comuneros priistas para que mañana 29 de agosto se congregaran a las cinco de la tarde para llevar a cabo una reunión con  “ Jorge Gonzales   representante de la cámara de diputados” quien llegara el día de mañana 29 de agosto para pactar la entrada de las empresas y el inicio de las obras del parque eólico.


Los indígenas que defienden su territorio ven un serio peligro de agresión por parte del presidente municipal, de sus simpatizantes y de los enviados del gobierno toda vez que no se está haciendo un llamado a todo el pueblo en general para llevar una asamblea publica sino que solo a los priistas  y existe el temor fundado que planeen una nueva agresión contra la comunidad para lograr el acceso de las empresas y el inicio de las obras en la isla.

 

Esto se suma al ambiente de agresión e intimidación que los indígenas defensores de la isla vienen padeciendo por parte de las empresas y el gobierno federal, estatal y municipal, además es una clara provocación y una intimidación mas por parte del gobierno del estado y de las empresas, ya que por un lado (por el lado del mar) llegan las empresas transnacionales para empezar la construcción del parque más grande de México y de América latina y por tierra llegan los representantes del gobierno  respaldando la invasión, el despojo, la entrega del sustento de vida  y de su identidad como pueblo indígena Ikojts:  la isla de San Dionisio del mar.

 

 

Las organizaciones firmantes exigimos:  

 

1. Se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física de la comunidad indígena Ikojts  de  San Dionisio del Mar, quienes son dueños legítimos del territorio y a quienes se les tiene que respetar su derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado que hasta ahora ha sido violentado de la manera más cínica por parte del estado mexicano

 

2.  A las autoridades del estado de Oaxaca investiguen,  sancionen a los responsables de las agresiones al comunero Moisés Juárez Muriel, indígena Ikojts.

 

3.-  A las diversas dependencias de salud, desarrollo social para que supervisen y evalúen  la atención que brindan la clínica y el programa de 70 y más en San Dionisio del mar y atiendan las quejas por la discriminación y la negativa de acceso a los servicios a que tienen derecho los habitantes de la comunidad.

 

4.- A las empresas eólicas Mareña renovable que cese su hostigamiento hacia la comunidad indígena de San Dionisio, que entienda que el pueblo no permitirá la construcción del parque y que cese de estar provocando un ambiente de violencia e inestabilidad comunitaria.

 

5. Al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y al estado mexicano en general el respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado.

 

6.- la cancelación inmediata del megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los pueblos indígenas, en específico el proyecto eólico “San Dionisio”. 

 

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.             

           

tierrayterritorioasamblea@yahoo.com.mx


Demandan detener atentados e investigar y castigar a agresores

Exigen ONG al gobierno de Oaxaca garantizar seguridad de activistas

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2012, p. 22

En tan sólo una semana han ocurrido tres agresiones en contra de defensores de derechos humanos en Oaxaca, por lo que es urgente que las autoridades de dicha entidad garanticen la seguridad e integridad de los activistas, señaló la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

 

Mediante un comunicado, informó que la madrugada del pasado viernes fue asesinado en su domicilio Severiano Hernández Méndez, fundador de la Unión de Indígenas Zapotecas y Chinantecos Emiliano Zapata. El delito ocurrió en la comunidad de Asunción Laxichila, municipio de Santiago Camotlán.
En 2006 Hernández participó de manera activa en apoyo a la movilización magisterial y popular, y promovió que Asunción Lachixila y otras comunidades aledañas se pronunciaran en contra de los abusos cometidos por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Por otra parte, los activistas Bertín y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), resultaron heridos de gravedad el pasado 16 de junio, al ser atacados a balazos por supuestos integrantes del cabildo de San José del Progreso, justo enfrente del palacio municipal.
Consorcio recordó que los miembros de la CPUVO han sufrido agresiones reiteradas en lo que va del año, con resultado de dos activistas muertos: Bernardo Méndez Vásquez (el 18 de enero) y Bernardo Vásquez Sánchez (el 15 de marzo), además de varios heridos por arma de fuego, entre ellos Abigail Vásquez Sánchez, Rosalinda Dionisio Canseco y Andrés Vásquez Sánchez.

Otro colectivo agredido es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), cuyo militante Feliciano Reyes fue asesinado a tiros el pasado 11 de junio en la comunidad de Los Valles, municipio de San Juan Mazatlán. Además, fueron amenazados de muerte el abogado Carlos Leonardo y el líder comunitario Remigio Núñez.

Por todo ello, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca condenó la falta de actividad del estado al generar un clima de permisividad de ataques, hostigamientos y asesinatos contra defensores de derechos humanos.

De igual manera, exigió que el gobierno local garantice la seguridad de los activistas y realice una investigación inmediata e imparcial para identificar y castigar a los responsables de las amenazas y los asesinatos.

 


OAXACA: Viva el Istmo autónomo. 

Un poco de memoria no hace daño 

 

Carlos Beas


En recuerdo de mi padre Carlos Beas Navarro, recientemente fallecido.

 

Rincón Viejo Petapa, Istmo Oaxaqueño. El Istmo de Tehuantepec es una región rica en recursos naturales y cuenta con una impresionante fuerza cultural. Esta gran riqueza contrasta con la pobreza y el abandono en que viven la mayoría de sus habitantes.   En nuestra región se encuentran importantes y diversos bosques y selvas como Los Chimalapas, en extensión la segunda gran selva tropical de nuestro país, el sistema lagunar de los pueblos ikojts y de la región chontal son ricos en camarón de alto valor comercial; las tierras chahuiteras del bajo Mixe que producen hasta 12 toneladas de maíz por hectárea; los recursos minerales de Yautepec, Tequisistlán, y el Barrio de la Soledad. A todo ello se suma por supuesto la ubicación estratégica que tiene esta región, un verdadero corredor interoceánico entre los mercados más importantes de la economía global. El Istmo es rico y su gente es pobre.

 

Esta riqueza y el abandono y pobreza en que están sumidos la mayoría de los istmeños son extremadamente contrastantes y han provocado que a lo largo de los años y en diversas épocas los habitantes de estas tierras se hayan rebelado e incluso hayan demandado el reconocimiento de la autonomía del Istmo. Una razón de peso que orilló a los istmeños a rebelarse y a reivindicar su independencia fue el saqueo de sus recursos y los onerosos tributos e impuestos a que fueron obligados a pagar a gobiernos coloniales o al mismo gobierno del estado. El Istmo históricamente ha sido saqueado y despojado por gobiernos  y por extranjeros.

 

La gran rebelión de 1660 de Tehuantepec donde las mujeres jugaron un relevante papel y la revuelta de los chontales, mixes y los nejapas que durante 10 años lograron liberarse del yugo colonizador de los españoles fueron ocasionadas por los tributos que reclamaba el Marqués de Leyva, pero también en contra de la imposición de las autoridades locales. Las rebeliones de 1660 y de 1715 fueron severamente castigadas, sin embargo el espíritu de libertad de los pueblos indios del Istmo no se extinguió.

 

En 1834 estalló una rebelión en Juchitán misma que fue encabezada por José Gregorio Meléndez, dirigente binnizá mejor conocido Che Gorio Melendre. Esta rebelión fue ocasionada por los impuestos que aplicó el gobierno estatal por el aprovechamiento de las salinas. En 1847 Melendre dirigió un movimiento que logró recuperar el poder político para los zapotecas siendo nombrado gobernador del departamento de Tehuantepec, cargo del cual fue destituido por Benito Juárez García, de quién poco se dice cuando ordeno quemar el caserío de Juchitán el 19 de mayo de 1850 y entrego tierras zapotecas a dos hacendados extranjeros. Ahí no funciono eso del: Respeto al Derecho Ajeno.......( pero decir esto es una blasfemia en Oaxaca).

 

A raíz de la quema de Juchitán, Melendre levanta la demanda de separar el Departamento de Tehuantepec del estado de Oaxaca, demanda a la que se sumaron los sanblaseños y los ixtaltepecanos, mientras los tehuanos se opusieron a este movimiento, naciendo así una división profunda entre los pueblos binnizá del Istmo. En una terrible paradoja, el día de mayo de 1853 en que muere intoxicado (¿ o envenenado?) Melendre se firma el decreto que reconoce la autonomía política del Istmo de Tehuantepec al convertirlo en Territorio Federal, status que sólo conservo durante 4 años. Che Gorio Melendre lanzó dos planes autonomistas, el primero el 20 de Octubre de 1850 y el segundo el 10 de Enero de 1851, donde razona las causas legitimas de su lucha, señalando los abusos y el saqueo que impone la vallistocracia.

 

Bajo el Imperio de Maximiliano, entre 1865 y 1867 el Istmo fue autónomo. En Septiembre de 1866, los istmeños liderados por Rufino Pineda y Remigio Toledo se batieron heroicamente en contra de los invasores franceses y los derrotan cuando los empujan hasta las lagunas de Igu y Biahui dó, donde les ocasionan grandes bajas. La batalla del 5 de Septiembre ocasiono muchas muertes y sufrimiento para los istmeños, y Juchitán fue de nuevo quemada. En 1870 los istmeños cansados de los abusos del gobernador Félix Díaz quién no reconoció la lucha y los sacrificios de los pueblos del Istmo en su lucha en contra del invasor francés, anunciaron nuevamente su voluntad de independizarse y se rebelaron de nuevo ahora encabezados  por Albino Jiménez, mejor conocido como Binu Gada. Félix Díaz también conocido como El Chato encabezó una operación punitiva contra los juchitecos rebeldes, quemando de nuevo a Juchitán, fusilando a conocidos vecinos y robándose la imagen de San Vicente, santo patrono de Xha Vizende. Estos hechos pronto serían vengados, ya que una partida de istmeños sorprendió a El Chato en las cercanías de Pochutla y en Enero de 1872 le dieron cuello.

 

Ya en pleno porfiriato en el año de 1880 se rebela el tehuano Miguel Petriz y poco después el Istmo es sacudido por una nueva revuelta indígena, misma que encabeza Ignacio Nicolás, conocido también como Mexu Chele, esta rebelión sigue reivindicando el derecho de los istmeños a las tierras y salinas y en contra de diferentes tributos y de la imposición de autoridades locales. Esta rebelión fue brutalmente reprimida y muchos de los rebeldes fueron enviados como esclavos hasta las haciendas tabacaleras de Valle Nacional y otros hasta las haciendas henequeneras de Yucatán y Quintana Roo. Esta rebelión autonomista está considerada como una de las luchas precursoras de la Revolución Mexicana, como también precursora fue la actividad de los magonistas Adolfo Gurrión de Juchitán y Plutarco Gallegos de Tehuantepec.

 

En 1911, Juchitán se rebela de nuevo en contra de la imposición, cuando el gobernador Benito Juárez Maza tiene la pésima ocurrencia de imponer como Jefe Político al represor Pancho León, al conocer la noticia el pueblo de inmediato se movilizó; ante la protesta, Francisco León se desistió a tomar el cargo; entonces el gobernador Juárez Maza impuso como nuevo Jefe Político a Enrique León quién para tomar posesión ataco durante tres días y llegó a bombardear el palacio municipal de Juchitán. Los rebeldes encabezados por José F. Gómez se tuvieron que replegar y las fuerzas federales tomaron el control de la situación. Entonces el gobierno de Panchito Madero convocó al Che Gómez a la ciudad de México para explicar las causas de la revuelta popular, entre las cuales se encontraban los abusos  e imposiciones del gobierno estatal, por lo cual se demandaba la autonomía del Istmo en relación a Oaxaca. Cuando el  Che Goméz se dirigía a la capital mexicana, sicarios al servicio del gobernador Juárez Maza lo emboscaron y asesinaron en Barrancones, muy cerca de Rincón Antonio, hoy Matías Romero.

 

Años después, en 1919, Heliodoro Charis Castro, líder político juchiteco más popular por sus ocurrencias que por haber emitido el Plan de San Vicente, exigió la erección de los Distritos de Juchitán y Tehuantepec como territorio federal, es decir autonomizarlos del estado de Oaxaca. Cuando Charis abandonó esta lucha, la retomo "El Chechito", hijo del asesinado José F. Gómez, quién pronto fue derrotado.

 

En 1930 Valentín Carrasco y el Doctor Roque Robles se rebelan en contra de la imposición Fidel Sandanga como Presidente Municipal de Juchitán, ante el escaso apoyo de Charis, fueron derrotados y asesinados en Mayo de 1931.

 

En los últimos 50 años las iniciativas autonomistas en el Istmo han sido escasas, ya que las principales organizaciones sociales no  han levantado este reclamo,. En 1964, el sanblaseño Facundo Génico Salinas fundó el Comité Pro Creación del Estado del Istmo, iniciativa que pronto fue abortada pues el médico Génico fue brutalmente asesinado. En el año 2004 un grupo de jóvenes profesionistas fundó el Comité Pro Independencia del Istmo “Che Gorio Melendre” el cual busca crear un Estado Zapoteca. El ahora llamado Comité Autonomista Zapoteca “Che Gorio Melendre” publica la revista cultural Guidxizá (Nación Zapoteca) y declara que busca la “transformación positiva de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra gente y todo aquello que implique una mejora espiritual y social para nuestro pueblo”. Este Comité ha dado un importante impulso al rescate de la memoria histórica de los pueblos zapotecas y han realizado una intensa campaña de difusión entre los estudiantes de educación básica y media de la región.

 

Esta breve relación de hechos históricos, nos muestra una antigua voluntad regional, la cual expresa resistencia y aspiración de independencia, ante el despojo, y la imposición que vienen desde fuera. Esta voluntad se mantiene viva, pero hay que reconocerlo, es una expresión débil y limitada a ciertos ambientes y con alcances más culturales que políticos o sociales.

 

El Istmo vive una profunda crisis social y política. La miseria está provocando que miles y miles de istmeños busquen la vida en el Norte; campesinos, artesanos y pescadores, apenas y sobreviven,  los jóvenes profesionistas no encuentran acomodo y las mujeres no cuentan con apoyos para mantener a sus familias; la vida política está completamente descompuesta, acaparada por personajes oportunistas y mediocres, sin proyecto y sí con muchos intereses personales. La corrupción se ha extendido y mucha gente se moviliza o vota por algún candidato sólo si está de por medio cemento, dinero o despensas. Las fiestas se han comercializado y se ha perdido mucho de la identidad cultural, algunos idiomas como  el chontal y el zoque están casi muertos y muchos jóvenes indígenas ocultan su origen y esencia detrás de cremas blanqueadoras o de tenis y ropa de marca. Para muchos jóvenes la delincuencia se ha convertido en una opción de vida y la violencia e inseguridad prosperan en nuestros pueblos y como una muestra terrible de esta descomposición y hartazgo son los linchamientos y otras formas extremas de ira y coraje que han ocurrido en estos últimos tiempos en la región.

 

Además la pobreza está provocando muy graves conflictos entre sus habitantes. La falta de recursos y de empleo están ocasionando disputas, que son violentas. A nivel nacional las noticias que llegan del Istmo son los enfrentamientos entre transportistas, la controversia por Los Chimalapas o la entrada en operación de más y más parques eólicos. Mientras los istmeños se encuentran enfrascados en disputas y confrontaciones, grandes empresas como Wall Mart, CEMEX, Iberdrola, Unión Fenosa, FEMSA se siguen enriqueciendo gracias a los recursos de nuestros pueblos.

 

Es momento que rasquemos en el tiempo, que rescatemos la memoria de nuestros pueblos. No es posible que permanezcamos impávidos y paralizados ante la crisis que se vive en la región, ante el saqueo de tierras y recursos naturales por parte de empresas extranjeras; ante el abandono y olvido que se sufre por parte de los gobiernos; ante la descomposición y falta de oportunidades que sólo dejan a los jóvenes como camino: la delincuencia o la migración.

 

Es hora ya que los pueblos del Istmo, renazcan, impulsando un proyecto propio, multiétnico, que asegure un aprovechamiento racional de los recursos naturales para beneficio de las familias istmeñas; un proyecto político que rescate los valores tradicionales del servicio a la comunidad y cierre la puerta a los políticos profesionales. Un proyecto que defienda los valores culturales propios. Ello sólo será posible si se impulsa una propuesta autonómica de y para los istmeños. Es hora ya, más adelante puede ser demasiado tarde.

 

ESPECIALES AIPIN 

MAYO 12, 2012

http://www.puebloindigena.com/aipin

EMBAJADA CANADIENSE EN MEXICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEXICANA

 

C. GABINO CUE MONTEAGUDO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA

C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO POLÍTICO

DEL ESTADO DE OAXACA.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES

CIUDADANOS MEXICANOS

PRESENTE.


De la manera más atenta y cordial hacemos de su conocimiento lo siguiente en respuesta al oficio enviado por el gobierno del Estado de Oaxaca, en el que expone sus conceptos en relación a los sucesos del día 18 de enero del presente año, donde perdió la vida el compañero Bernardo Méndez Vásquez y sufrió graves heridas la compañera Abigaíl Vásquez  Sánchez.


Queremos hacerle saber que San José del Progreso fue una comunidad tranquila hasta la llegada de laempresa Fortuna Silver Inc. conocida como Minera Cuzcatlán, y es cierto como manifiesta, que existe un problema de carácter político, solo le faltó agregar que en el mismo tiene las manos metidas la citada empresa minera, ya que de todos es sabido cómo incidió en el proceso electoral para que personas afines a su proyecto minero ocuparan los cargos políticos municipales, con el único interés de seguir conservando sus lucrosos negocios con las autoridades municipales, pues como el mismo apoderado legal lo declarara públicamente en el año 2010, que por petición del expresidente municipal Amadeo Alejo Vásquez Rosario en el año 2007, no consultaron a la población, para el inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa,  lo cual deriva en una falta de legitimidad de esas autoridades que se hace más evidente cuando se dedican a cuidar y defenderlos intereses de la empresa mineraque de ninguna manera son los de la población, esto por consecuencia ha generado un vacío de poder y pugna con las organizaciones comunitarias que practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico política y cultural, las  ONGs que buscan rescatar su vida comunal,el estado de derecho, desarrollo sustentable y  la paz social secuestrada desde la llegada de le empresa Cuzcatlán.


Consideramos que no es función del estado atemperar ánimos, sino hacer cumplir el estado de derecho plasmado en las normas constitucionales y las que de ella emanan; no dudamos de su buena voluntad a fin de conciliar a los grupos en pugna, más, de esa forma, lo que se está atacando son los efectos y las causas quedan intocadas, los diversos problemas que se han suscitado y seguirán, son originados y estimulados por la presencia y actividades de la multicitada minera, cuyos impactos no se constriñen a lo ambiental, inciden por consecuencia  en lo político y socialcomo está ampliamente demostrado.


La complicidad de las autoridades de tres niveles de gobierno con la Minera Cuzcatlan se hacen mas evidentes cuando en reiteradas ocasiones se les fue informados y hecho llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la llamada Asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policiacos de la policía estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida  y la tranquilidad de nuestro pueblo, a manera de ejemplo citamos 4 de los principales conflictos suscitados en nuestra comunidad:

  

En este contexto nos resultan aberrantes los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente  que  los costos de producción de una onza de plata en la mina “San José” es de 7.40 dólares; Según la bolsa de Valores, el precio actual de compra de una onza de plata es de 32.20 dólares, por lo tanto la empresa minera Cuzcatlán obtendría una ganancia de 24.80 dólares por cada onza de plata que produce.


Según estimaciones de la empresa, la “mina” estaría produciendo anualmente cinco millones de Onzas de plata, lo cual se traduciría  en 124 millones de dólares de ganancias anualmente.

Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José del Progreso, por  el contrario, se encuentra amenazado el principal recurso natural con el que contamos: el agua  y se ha provocado un conflicto social que, a la luz de los últimos acontecimientos, tiende a agravarse.


Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados   por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca.


También es demostrable técnicamente, el consumo exagerado de agua que requieren este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque a como de lugar el abastecimiento requerido, este es un hecho y en este caso el fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos, mientras para nosotros el agua significa la vida, la preservación de las especies, para la empresa y sus incondicionales significa ganancias monetarias personales.


Creemos necesario referir  que este conflicto es solo una muestra del futuro que nos espera, en Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José de Progreso, conforme llegan a la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos, detoda la sociedad como es el derecho inalienable al agua.

En este contexto exigimos:

  • Desaparición de poderes en San José del Progreso
  • Audiencia con el gobernador del estado de Oaxaca
  • Se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vásquez
  • Solución de fondo a la problemática de San José del Progreso

Por nuestra parte, como medida de protección y protesta iniciaremos una campaña a nivel nacional e internacionaldemandando no solo el castigo de los responsables de tan vil atentado, sino también una solución de fondo como sería la salida de nuestras tierras de la transnacional canadiense, Fortuna Silver Inc. como causante intelectual de los acontecimientos.


Atentamente

COORDINADORA DE PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN (COPUVAO), COLECTIVO OAXAQUEÑO EN DEFENsA DE LOS TERRITORIOS……

 



A la Famila Vásquez Sánchez

A las comunidades del Valle Ocoteco

Hermanos y hermanas ocoteco/as

A los pueblos dignos de Oaxaca

 

Hoy hemos sabido de la desagradable noticia sobre la pérdida de vidas humanas de esa región oaxaqueña. 

 

Estamos consternados ante la pérdida de la vida del herman Bernardo Vásquez, también de la situación de salud de nuestro/as otro/as hermano/as herido/as; el delito que cometieron fue tener la dignidad de defender su derecho como comunidades originarias y la propiedad comunal de nuestros territorios.

 

Los gobiernos Municipal, estatal y federal, son responsables de esta tragedia, porque son cómplices del arrebato que la minera Cuzcatlán está haciendo de los recursos minerales de San José del Progreso; el gobierno municipal, por permitir que personas ajenas a su territorio, dispongan de los recursos que históricamente le corresponden a los habitantes de San José del Progreso; el gobierno estatal, por no haber actuado a tiempo desde el momento en que nuestros hermanos ocotecos, le pidieron su intervención para suspender la explotación minera, motivo del conflicto; el gobierno federal. por disponer y subastar al mejor postor, los territorios de nuestros pueblos originarios, sin una consulta previa e informada de los efectos a corto, mediano y largo plazo, del proyecto minero ya en operación. Violando así las leyes que juró defender cuando tomó posesión de este desgobierno.

 

Ninguno de estos gobiernos merece nuestro respeto y confianza, tampoco los partidos que los propusieron.

 

Al Sr. Gabino Cue, le preguntamos ¿dónde está el compromiso de campaña de defender los derechos de las comunidades si votaban por él? ¿es acaso esta la forma de gobernar obedeciendo? si es así, ¿a quién obedece? ¿a las comuniddes que votaron por él o a sus amos los concesionarios mineros canadienses?

 

Hermanos ocotecos:

Hoy nuevamente estamos ante la disyuntiva de defender nuestra dignidad e identidad como pueblos originarios que cuestionamos esta concepción de civilización que siempre va en busca del "progreso" que arrasa, territorios vidas, historias y memorias; o asumimos el papel histórico de generar vínculos que nos hermanan, recuperando y revitalizando las prácticas culturales que hemos heredado de nuestros abuelos que formaron nuestros pueblos, y así aspirar a otra forma de estar en el mundo como comunidades, pueblos y sociedades que nos necesitamos unos a otros.

 

Este país no aguanta más, sus hijos dignos debemos defender nuestra cutura, teritorio e identidad; mandar al basurero de la historia este tipo de gobiernos que con sus partidos políticos sólo han traído sangre y dolor, generado odio y división en nuestras comunidades y pueblos.

 

Tenemos que generar autonomías, procesos autogestivos, formas de vida otras.

Está demostrado una vez más, que la concepción de sociedad que difiende la clase poderosa a través de sus partidos, no es lo que hará posible el despliegue de la potencia de nuestras sociedades y una sociedad libre justa y digna.

 

Por eso compañeros.

Por la memoria de nuestros muertos

Por nuestra dignidad de pueblos originarios

Por la defensa de nuestra Madre Tierra y la vida

Ni un paso atrás

 

Sí a la vida, no a la minería

 

Hasta la Victoria

 

Centro de Estudios de la Región Cuicateca

 

 



Parque eólico de Tehuantepec


Nos paga $1 por metro cuadrado de daños en el terreno por las obras; en La Venta les dan 10


Hartos de abusos y amenazas, comuneros oaxaqueños buscan anular contratos con Demex


En España ofrecen a los dueños 6 por ciento por la producción bruta, aquí sólo 1.5, denuncian


Rosa Rojas

Enviada

Periódico La Jornada
Domingo 15 de enero de 2012, p. 3

 

Unión Hidalgo, Oax. Nosotros primero queríamos negociar con la empresa Demex mejores condiciones de contrato, pero ahora lo que queremos es anularlo, salirnos, no queremos nada con ellos ni con la construcción del parque eólico Piedra Larga (PEPL), comentó una decena de posesionarios de predios comunales de este poblado, ubicado a unos 20 kilómetros de Juchitán.


Señalaron que están hartos de la prepotencia, agresiones y amenazasde la filial mexicana de la trasnacional española Renovalia Energy, a la que arrendaron sus tierras. Por pretender anular dicho contrato y tratar de impedir que sigan los trabajos, Demex los demandó por despojo.


Durante un recorrido por sus tierras, Guadalupe Rodríguez, Jesús Aquino, Juan Regalado, Míriam Zárate, Esteban y Roberto López Sánchez, entre otros, explicaron que la empresa ofreció que al cabo de un año se revisaría el contrato, pero no cumplió. Nos dimos cuenta de que nos pagaban un peso por metro cuadrado de afectación (daños en el terreno por las obras), cuando en La Venta les pagan 10. Hablamos con Demex y lo más que ofrecía eran ocho pesos.


Además, afirmó Regalado, averiguaron que en España a los propietarios de terrenos les están pagando 6 por ciento de la producción bruta, y acá ofrecen 1.5 por ciento.


El PEPL, que construye en este poblado Desarrollos Eólicos, SA de CV, comprende en su primera fase la instalación de 45 aerogeneradores de 100 metros de altura, y 68 en la segunda, con una potencia de dos megavatios cada uno, con una inversión de aproximadamente 405 millones de dólares. Con un factor de planta de 0.45, se calcula que cada molino de viento produciría un ingreso estimado de 15.5 millones de pesos al año, afirmó Aquino.


Así, estimó, la primera fase del proyecto producirá unos 697.5 millones de pesos anualmente, y ya con la segunda funcionando la cifra ascendería a alrededor de mil 751.5 millones de pesos anuales.


Comentó que Piedra Larga abastecerá 18 plantas productivas y otros centros de operación del grupo Bimbo, el cual informó que con ello se evitará liberar a la atmósfera 250 mil toneladas de bióxido de carbono al año (CO2), lo que se paga en los mercados de carbono a entre 20 y 25 euros la tonelada, es decir, que habría una ganancia extra de 5 a 6.25 millones de euros para Bimbo-Demex.


Aquino mencionó algunas de las afectaciones que le ha ocasionado Demex: por la construcción de un camino que obstruyó el paso de la corriente de agua se le inundaron 1.5 hectáreas, con lo que se pudrieron 235 postes de madera y 125 arbolitos de cedro; su pozo rústico se inundó de lodo; le destruyeron mil 100 metros de alambre de púas. Nunca obtuvo respuesta a la demanda de pago por estos daños, afirmó.


Otras personas señalaron que con esos contratos prácticamente han perdido su tierra y que muchos de los ejidatarios y comuneros involucrados obtienen ingresos incluso inferiores a los que percibían con la siembra de sorgo, maíz y/o la ganadería.


Por ahora, los más afectados son Míriam Zarate y su esposo, Omar Pineda, en cuyas tierras ya están casi terminadas las bases de dos aerogeneradores, con un diámetro –indicaron– de unos 30 metros y unos 40 de profundidad. También en su tierra, Demex desvió el cauce del río Espíritu Santo para construir un puente. Tiraron 200 árboles de guanacastle de la cortina cortavientos que protegía el sorgo y rompieron 300 metros de alambre, denunció Pineda.


Durante el recorrido nos cruzamos con trabajadores y/o contratistas de Demex. Hubo un momento en que un hombre gritó algo en zapoteco a unos trabajadores: dice que nos paren, se alarmaron las mujeres. El hombre sacó una cámara fotográfica y nos tomó fotos, pero el incidente no pasó a mayores.


La alarma era justificada. El 21 de octubre pasado, como se denunció en su momento, trabajadores de Demex, dirigidos por Jaime de la Cruz Gómez y Juan Wendolain, actuando como portavoces de Demex amenazaron de muerte a los propietarios y a las defensoras de derechos humanos, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), Bettina Cruz y Maribel González, si no los dejaban entrar a las tierras arrendadas por Demex. En el lugar estaban representantes de Gamesa y otras empresas eólicas, así como el notario público 41 de Juchitán, y ninguno hizo nada para detener las amenazas, destacó González.

 

Posteriormente –el 28 de octubre–, 20 de los propietarios e integrantes de la Apiitdtt fueron desalojados a patadas y golpes –con la cacha de su pistola– por Ventura Ordaz Santiago,cacique de La Venta, y una cincuentena de hombres armados con machetes y armas de fuego, de la carretera Panamericana –donde repartían volantes para informar a la comunidad de la problemática del PEPL. Los manifestantes escaparon y a los 15 minutos se reportó que uno de los agresores había muerto, aparentemente de un disparo.

 

De ese deceso han acusado falsamente a Juan Regalado y a Rodrigo Flores, este último miembro de la Apiitdtt y de la comisión política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien se encontraba en la ciudad de Oaxaca, lejos del lugar de los hechos.


Regalado explicó que en la fase I del PEPL, los 31 inconformes que quieren anular el contrato con Demex poseen 460 de las 800 hectáreas que abarcaría. De la segunda fase hay 25 ejidatarios inconformes, que poseen 450 hectáreas de un total de 900 contratadas, afirmó.


Por las agresiones a los activistas de Unión Hidalgo y la Apiitdtt, incluso Amnistía Internacional solicitó a los gobiernos federal y de Oaxaca que se les otorgue protección adecuada, instándolos a garantizar que se obtendrá el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, basado en información fiable y exacta sobre el impacto del proyecto.


Pues que sigan los cauces legales, dice representante de la empresa


Entrevistado vía telefónica sobre la posibilidad de anulación de los contratos de los propietarios inconformes con dicho proyecto eólico, Fernando Ballester, director de Demex, dijo que siempre cabe una posible terminación, porque tampoco van a hacer un proyecto con gente que no lo quiere, pero para que se dé nulidad legalmente, el contrato debe ser nulo, lo cual creo que no corresponde a la realidad.


Respecto de los alegatos de que la nulidad debe darse porque no hubo consulta previa en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, contestó:creo que no es así, pero en cualquier caso, si esta gente opina que el contrato debe ser nulo por esas causas, pues no tenemos más que decirles que se sigan los cauces legales establecidos...


Sobre el monto de los pagos, dijo que Demex está pagando en forma muy similar a otras empresas, y aun así, de 70 propietarios, tenemos como 65 en favor; estamos hablando de sólo cinco o seis personas inconformes que luego dicen hablar en nombre de otras tantas que cuando se dirigen a nosotros lo que nos dicen es que sí quieren estar en el proyecto.


Subrayó que donde ya está prácticamente acabada la parte de obra civil y hay una inversión muy fuerte ya hecha, eso no lo podemos deshacer ni podemos dejar de tenerlo incluido en la obra..., y que se ha estado buscando dialogar con los inconformes por conducto del gobierno oaxaqueño.


Sobre la acusación de que Demex contrató golpeadores, Ballester aseveró que es totalmente falso; la empresa lo desmiente categóricamente, no son más que afirmaciones sin ningún fundamento, ni prueba ni hecho que lo evidencie (...) me parecen gratuitas, arbitrarias y tendenciosas estas afirmaciones.


Con engaños y sin un traductor, indígenas firman contratos leoninos

Uno de los documento de Demex especifica que será la única con derecho a la operación y venta de la energía eléctrica generada ahí

 

La mayoría son empresas españolas que convirtieron en sus empleados a dueños de los predios que albergan 500 aerogeneradores

 

Rosa Rojas
Enviada
Periódico La Jornada
Domingo 15 de enero de 2012, p. 2

 

Juchitán, Oax. Los más de 500 aerogeneradores que erizan el paisaje en miles de hectáreas al sur del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde La Ventosa hasta Santo Domingo Ingenio, se han cimentado en el engaño, la mentira y la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que constituye la cara sucia de la energía limpia: la eólica, producida por la fuerza del viento en la región, la cual es considerada una de las de mayor potencial del mundo en la materia.

 

Así lo expresaron a La Jornada –por separado– integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), autoridades agrarias, ejidatarios o comuneros y propietarios de tierras en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, La Venta, Unión Hidalgo, San Blas Atempa, Juchitán e Ixtepec, y las organizaciones sociales Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que acompañan los movimientos de resistencia al Corredor Eoloeléctrico del Istmo (CEI).

 

La importancia de la eoloelectricidad se ha acrecentado ante la grave problemática del cambio climático, más aún después del desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, lo que refuerza el valor estratégico de la región del istmo de Tehuantepec, históricamente codiciada por diversas potencias, especialmente Estados Unidos.

 

A diferencia de lo ocurrido a Pemex en España, donde con una bien calculada campaña mediática en defensa de la españolidad de Repsol se evitó que la paraestatal mexicana tuviera mayor peso en el gobierno corporativo de ese gigante energético, en el istmo de Tehuantepec campean por sus reales las trasnacionales ibéricas.

 

Así, Acciona, Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Renovalia Energy o Grupo Preneal no sólo hegemonizan el desarrollo de la industria eoloeléctrica en la región –de 34 centrales programadas para construirse en Oaxaca han desarrollado o tienen asignadas 20–, sino que ejercen control territorial mediante la firma decontratos leoninos a 30 años, renovables automáticamente por otros 30, con los dueños de las tierras, principalmente zapotecas e ikoots (huaves), lo que en la práctica les significa la pérdida de sus terrenos.

 

Bettina Cruz y Maribel González, de la Apiitdtt; Emir Gallegos Celaya, de San Dionisio Pueblo Viejo; Alejo Girón, de La Venta; Francisco Salud Bautista, de San Blas Atempa; Guadalupe Rodríguez, Jesús Aquino, Juan Regalado, Míriam Zárate y Carlos Manzo, de Unión Hidalgo, así como integrantes de Prodesc y Poder, coincidieron en que dichos contratos se firmaron sin suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones, y en todos los casos sin un proceso de consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ahora la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

 

Eso constituye –plantearon con matices– una abierta violación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que se presionó a los propietarios casa por casa, a veces por la noche y hasta en días festivos, con contratos de apartado, de usufructo y de operación, redactados en forma confusa, en lenguaje técnico y ofreciéndoles mil pesos por su firma.

 

Maribel González, asesora legal de la Apiitdtt, explicó que dichas empresas tienen contratos casi con las mismas cláusulas. En ellos el propietario arrienda a la empresa sus terrenos para construir un parque eólico con aerogeneradores, torres de medición y de transmisión, caminos, cableado, subestaciones, etcétera, otorgando derecho de paso a la misma.

 

En el contrato de Demex –filial de Renovalia– con un propietario de Unión Hidalgo, la empresa especifica que será la única parte que tendrá derecho a la construcción, operación y venta de la energía eléctrica, bonos verdes y otros beneficios derivados de su operación en los terrenos.

Foto
Generadores de electricidad
en el parque eólico del istmo de Tehuantepec 
Foto Cortesía CFE

No se establece relación laboral alguna, pero el propietario se obliga a dar aviso de inmediato a la empresa si hubiera daños a las instalaciones, causados tanto por personas como por la naturaleza, con lo que pasa a ser empleado, vigilante, de a gratis.

 

Se compromete también a no instalar obstáculos, materiales o animales, que impidan la operación de los generadores, aunque podrá hacer el uso acostumbrado de sus terrenos o cualquier tipo de construcciones o mejoras –previa solicitud de autorización a la empresa por escrito–, siempre que no interfieran en las instalaciones, no obstaculicen ni obstruyan las corrientes de viento o el paso a los terrenos, ni sean incompatibles con el uso que la empresa pretende darle a éstos.

 

La firma pagará –previo avalúo económico– alguna afectación que por sus obras se produzca en relación con el ganado, siembra, árboles, pozos y corrales.

 

Nada garantiza que cumplan

 

A la terminación del contrato, la empresa se compromete a restablecerla calidad del suelo ocupado y retirar todas las estructuras y equipoque pudieran impedir las actividades que el propietario venga desarrollando. Aquí –apunta González– no se establece una fianza para garantizar dicho compromiso.

 

La empresa pagará al propietario 5 mil pesos al año por la instalación de cada torre para la medición del viento. En tanto no entre en operación comercial el parque eólico, pagará 250 pesos anuales de renta por hectárea a los que tengan más de 4, y mil pesos a quienes tengan menos; 15 mil pesos anuales por cada aerogenerador ubicado en el terreno y 10 mil pesos por hectárea de caminos.

 

A partir de la operación comercial del parque, la empresa pagará –únicamente a los propietarios de terrenos ubicados dentro de éste– la cantidad que resulte de dividir el 1.5 por ciento del total de ingresos brutos derivados de la generación de energía de la central, entre el número total de hectáreas del área. González indicó que si son 900 hectáreas, ese 1.5 por ciento se va a dividir entre 900, y nunca dice el contrato cómo se va a conocer cuáles fueron las ganancias.

 

Explicó que en 2008, cuando iniciaron la lucha en Juchitán por anular cientos de contratos firmados con Unión Fenosa y Endesa –lograron que las empresas rescindieranvoluntariamente casi 250– la Apiitdtt consiguió el anexo de restricciones de los contratos, en los que se especifica que los dueños no podrán hacer pozos ni construcciones de más de metro y medio de alto, ni sembrar árboles que excedan ese nivel ni excavar.

 

La redacción del contrato esengañosa, porque dice que se pagará 10 mil pesos por hectárea de afectación por un camino, pero si éste afecta cinco metros de ancho por 20 de largo, le pagan sólo el equivalente a ese cachito.

 

Si eso lo explicaran a los compañeros, difícilmente firmarían el contrato, porque es más lo que ponen en riesgo que lo que ganan; el daño que dejan en las tierras es muy grande y la afectación ambiental también, afirmó.

 

Por su parte, Fernando Ballester, director de la empresa Demex, negó –vía telefónica– que el contrato citado sea leonino, subrayando que son condiciones de mercado. Respecto de la falta de consulta, aseveró quedurante años han estado en Unión Hidalgo explicando a las personas el contrato, en castellano y zapoteco, para llegar a un acuerdo, porque no es una imposición de una de las partes.

 

Aseveró que la rentabilidad que puede tener esta gente por rentar su predio a un proyecto eólico en las condiciones que ha ofrecido la empresa es mucho mayor a cualquiera que pueda usted pensar en una operación financiera habitual.



Hermanos, hermanas

Compañeras y compañeros:


Es para *nosotr@s <nosotr@as>* motivo de alegría encontrarnos con ustedes

para compartir las actividades que hemos organizado para conmemorar los
siete años de trabajo y resistencia de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua.
A pesar de las tantas limitaciones, dificultades, agresiones y
hostigamientos, aquí estamos y seguimos adelante tratando de realizar un
trabajo de comunicación desde el pueblo y para el pueblo. Lo poco que hemos
logrado en estos siete años es gracias a que no estamos solos, ustedes son
nuestro apoyo.


Al mirar y reflexionar sobre los problemas que vivimos aquí en nuestro
pueblo, los que se viven en todo México y nos atrevemos a decir que en el
mundo, entendemos que la raíz de esta situación radica en que el valor del
dinero está por encima de todo. El problema es que unas cuantas personas
que han acumulado mucho dinero y por lo tanto mucho poder están decidiendo
cómo debemos de vivir en este planeta. Lo pueden hacer porque las leyes que
han elaborado, las instituciones que los Estados han creado, en realidad
responden a las necesidades del capital por encima de las necesidades del
pueblo, por encima de la dignidad humana, por encima del respeto al
equilibrio de la madre tierra. Los empresarios con la ayuda de los
gobernantes quieren convertir todo en mercancía, para comprar y vender y de
ahí sacar su ganancia, para seguir acumulando riqueza y poder. Para los
empresarios hasta la madre tierra, el aire, las frecuencias eléctricas, el
agua son mercancías. Los empresarios y el gobierno utilizan las palabras *
desarrollo* o *progreso* y otras variantes para seguir avanzando en la
implantación del capitalismo en nuestras comunidades. Cuando un pueblo, una
organización o una persona se resiste a ser despojado entonces viene la
represión, la criminalización de la lucha social, viene la guerra de
exterminio. Esto es lo que está pasando en nuestro país México gobernado
por el PAN, lo mismo sucede en nuestro estado de Guerrero gobernado por el
PRD y en nuestro municipio Xochistlahuaca gobernado por el PRI desde mas de
70 años. No importa de qué color es el partido en el poder, todos imponen
la misma política para servir al capital.

 

Para justificar su política de represión, el gobierno ha inventado su
guerra en contra de lo que llama la *delincuencia organizada*, violando las
leyes y nuestros derechos elementales. Actualmente se cuenta más de sesenta
mil muertos desde que inició esta absurda guerra, sin que la delincuencia
organizada este disminuida ni desarticulada, los resultados muestran que en
realidad esta guerra es en contra del pueblo, principalmente del pueblo
organizado que se resiste al despojo, que lucha por un mundo diferente. Cuando
el gobierno no ha podido o no le ha convenido a sus intereses políticos
agredir a la gente que lucha, entonces hace uso de la delincuencia
organizada o de sus paramilitares, para aparentar enfrentamientos por
problemas particulares, familiares o intercomunitarias. En esta guerra
absurda no solamente han muertos los delincuentes comunes, “prescindibles”,
sino principalmente hemos perdido a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a
nuestros compañeros, están matando a la gente buena, a la gente que lucha.


Hay un estado terrorista que pretende callar las voces criticas,
desarticular y amedrentar las luchas, con el miedo pretenden paralizarnos,
pero nosotros no lo haremos, por eso desde aquí y aun sabiendo que el mal
gobierno desprecia nuestra palabra, porque no la ha escuchado por cientos
de años, y sabiendo que tampoco lo hará ahora, pero lo tenemos que decir.
Exigimos al mal gobierno de México y de los imperios:

 

   Alto a la guerra de exterminio en contra de nuestros hermanos Zapatistas
   de Chiapas y de Xayakalan en Michoacan.

 

   Justicia para las y los muertos de Acteal en Chiapas, Ostula Michoacan,
   Aguas Blancas, El Charco, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco
   y la Organización del Pueblo Indigen Me'phaa de Ayutla de los Libres;
   justicia para el compañero Miguel Angel Gutierrez Avila; justicia para los
   ecologistas muertos y desaparecidos de la Sierra de Guerrero; justicia para
   los estudiantes asesinados de la Normal Rural de Ayotzinapa del estado de
   Guerrero. Justicia para todas las y los muertos de esta guerra absurda.
   
   Alto a la impunidad, cárcel para los asesinos.

 

   Alto al despojo del territorio de los campesinos, tribus, naciones y
   pueblos indígenas como Los Yaquis de Sonora, Los Wixárikas de San Luis
   Potosí. Alto a las mineras en los territorios Na Savi, Me'phaa y Mestizos
   de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.
   
   Libertad para nuestro hermano Alberto Patishtan preso en el penal
   CEFERESO No.8, en Guasave, Sinaloa; libertad para los presos políticos de
   la Voz de Amate en Chiapas; libertad para el periodista Mumia Abu Jamal
   quien se encuentra en prisión en Pensilvania Estados Unidos de Norteamerica
   desde hace más de 30 años. Libertad para tod@s l@s pres@s políticos del
   mundo.
   
   Alto a la persecución judicial en contra de nuestros compañeros
   ex-representantes agrarios y ex-autoridades tradicionales de Ndaatyuaa
   Suljaa: Rodrigo Morales Valtierra, Roberto Martínez de Jesús, Atilano López
   Díaz, Eloy Valtierra López y Epifanio Merino Guerrero.

 

   Alto al hostigamiento y amenazas de muerte a las y los integrantes de la
  Coordinación de Apoyo a Suljaa' y al Comité CEREZO de la ciudad de México

  Alto a la represión y persecución judicial en contra de los colectivos y
  personas que hacen posible la existencia de los Medios Comunitarios, Libres
  y Alternativos.

 

  En realidad nuestras esperanzas está en la gente buena, como ustedes
  hermanos y hermanas, compañeras y compañeros quienes deseamos construir
  desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepamos todas y todos. Para
  eso necesitamos avanzar en nuestra organización. Ante las agresiones y
  sobre todo para hacer realidad nuestros anhelos de libertad y justicia
  social necesitamos unificarnos.

 

  Que cada un@ de nosotr@s seamos una semilla de esperanza de una vida digna
  para nuestras hijas e hijos.

 

Para nosotr@s son siete años de resistencia y comunicación comunitaria, y
la lucha sigue, es por la autonomía de nuestro pueblo. Gracias por ser
nuestros compañeros en este camino.

 

¡Nunca Más un México Sin Nosotros!

¡La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera!

Suljaa', Guerrero, México a 17 de Diciembre de 2011.


Atentamente

Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua.

-- 
La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera!

 

 



800 mil hectáreas indígenas a mineras

 

Escrito por Rodrigo Vásquez   

Miércoles, 31 de Agosto de 2011 21:00

 

El gobierno federal que encabeza el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, ha concesionado 800 mil hectáreas de tierras indígenas de Oaxaca a empresas particularmente dedicadas a la explotación minera y de origen extranjero.

 

El director de la organización ambientalista Universidad de la Tierra (Unitierra), Gustavo Esteva, estimó que las concesiones superan esa cantidad y aseguró que fueron otorgadas de manera ilegal.

 

Afirmó, además, que desde la actual administración del Felipe Calderón se ha “entregado” la tercera parte del país a este tipo de compañías, con concesiones para explotar las tierras por 50 años; con la complicidad de los gobiernos estatales, incluido el de Oaxaca.

 

“Particularmente esta administración, es algo que empezó desde Fox, ha entregado ya la tercera parte del territorio nacional. Esto implica entregarlo en concesiones a 50 años y esto incluye una gran cantidad de territorios indígenas”.

Uno de los problemas que genera, dijo, es que las concesiones obligan al Estado mexicano a desalojar a las personas que ocupan esos territorios y que además, son los legítimos dueños. “En este momento el presidente Calderón está en urgencia de entregar la mercancía, es decir, ya sacar a la gente que está allí para poder entregarle a las compañías este territorio”.

 

El activista a favor del medio ambiente señaló que es algo que no van a permitir. “Es lo que la gente está defendiendo”, dijo, “incluso con la vida, porque no está dispuesta a rendir sus territorios”.

 

Sostuvo que las concesiones que el gobierno federal ha entregado a compañías mineras en tierras de indígenas de Oaxaca, así como en otras partes del país, son ilegales porque no debieron entregarse sin antes haber contado con la aceptación y la consulta a los pueblos indígenas, porque la Ley establece que los pueblos indígenas deben tener un conocimiento previo, libre e informado.

“Esta consulta no se realizó, los actos de las concesiones son ilegales y se está entregando la tierra indígena sin base legal. En Oaxaca, oficialmente se reconocen 800 mil hectáreas, nosotros tenemos conocimiento y pensamos que son muchas más, para compañías mineras fundamentales”.

 

Gustavo Esteva afirmó que hay complicidad del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, que se ha notado por sus declaraciones “explícitas” que van en el sentido de que quiere impulsar la minería en el estado y, que está tratando de acordar “cosas” con las compañías mineras.

 

Al mismo tiempo, que la actual administración estatal persigue y encarcela a indígenas que están defendiendo sus tierras. “Hay el hecho concreto de que se están persiguiendo, atacando y encarcelando a los indígenas que están defendiendo sus territorios. Eso está ocurriendo en esta administración”.

“Oaxaca está en inestabilidad, es decir, la gente está sumamente descontenta por la situación y por el hecho de que no haya el cambio que estaban esperando”, añadió.

 

 


En la Sierra Juárez, de Oaxaca

 

Calpulalpam, un volcán latente contra las mineras

 

Ya la naturaleza ha dicho basta y la forma de vida en la región ha cambiado. Si se nos dice que la minería es progreso, nosotros respondemos que no estamos en contra de ese desarrollo.

 

RAYMUNDO CRUZ MIGUEL

 

San Mateo Capulalpam, Oaxaca. Enclavada en la sierra zapoteca de Oaxaca, San Mateo Calpulalpan se ubica al noreste de la capital; a una distancia aproximada de 72 kilómetros, viajando por la carretera federal Oaxaca-Tuxtepec, con una ligera desviación en la comunidad de Ixtlán de Juárez. Sus orígenes se remontan a la época prehispánica, pues según la memoria que sobrevive en la tradición oral, este pueblo se fundó por migrantes procedentes del valle de Oaxaca a principios del segundo milenio, después de Cristo. Los ancianos cuentan que su nombre se debe a que en esta tierra abundan los capulines y que tal denominación proviene del Náhuatl cuya traducción sería “Tierra del Árbol de Capulín”. Aunque antes se hablaba la lengua zapoteca, en la actualidad sólo algunos ancianos conocen este idioma y los jóvenes parecen nostálgicos por la pérdida de un elemento primordial de su sentido de pertenencia zapoteco. Sin embargo, la comunidad tiene un fuerte arraigo en las tradiciones originarias de los ancestros. Su orgullo histórico reside en un personaje que al lado del Benito Juárez García y Marcos Pérez de Teococuilo, formaron la trilogía serrana para entregarse a la lucha por la causa liberal en el siglo XIX.

 

Esta comunidad adquirió importancia para los colonizadores a finales del siglo XVIII, ya que en ésta época se descubrieron grandes yacimientos de metales preciosos en su territorio comunal. A partir de entonces a Capulalpam se le identifica como un pueblo minero, a pesar de no haberse visto directamente beneficiado por la extracción de los minerales, más que como proveedor de mano de obra barata a la compañía minera de la Natividad. Transcurrió el tiempo, y durante doscientos años se ha explotado la riqueza que yace en el subsuelo de esta ancestral comunidad. En todo ese tiempo, la gente no se preocupó por las consecuencias de la minería en el medio ambiente y en la salud de la población.

 

Javier Cosmes Pérez, Presidente del Consejo de Caracterizados, comenta que “la minería tuvo su auge, los trabajadores ganaron fuerza y se afiliaron a la CTM. Aquí hubo tres secciones de sindicatos mineros; la 139 en Xiacuí, la 115 en Natividad y la 138 en Capulalpam. La minería atrajo mano de obra de los pueblos de la región y como resultado de esto se fundó la Natividad; un núcleo poblacional establecido en tierra comunales de Capulalpam de Méndez. Después se fue para abajo la producción minera y desaparecieron los sindicatos”. Al respecto, Francisco García López; un integrante de la Comisión de Investigación sobre la Minería, relata que “a finales de los ochentas del siglo pasado la mina cierra sus operaciones y despide a todos sus trabajadores; la causa fue que se perdió la beta. Pero en 1993 llegó a Capulalpam una empresa estadunidense que se llama Asarco, a realizar unos estudios. Nunca se supo qué pasó con esos estudios y resulta que en el año 2000 aparece una empresa canadiense que se llama Continuum Resources, que se asocia con la empresa minera la Natividad y solicitan permiso para hacer más estudios; ellos habían comprado la información que recogió la empresa anterior. Resulta que la beta que se terminó en la mina de la Natividad se movió y se fue hacia la superficie, entonces descubrieron que hay gran cantidad de oro y plata en esa zona; sus cálculos estiman alrededor de 4.5 gramos por tonelada y su propuesta de trabajo fue la explotación a cielo abierto”.

 

La asamblea comunitaria rechazó rotundamente ese planteamiento y a partir de entonces salieron a relucir los daños que a lo largo de dos siglos había ocasionado la actividad minera, como por ejemplo la desaparición de manantiales que abastecían de agua a la comunidad. Por tal motivo, Capulalpam interpuso una demanda ante la Profepa, por los daños al medio ambiente originados por la minera, y este organismo detectó afectaciones graves como la contaminación al agua, a la tierra y al aire; impuso una multa de un millón de pesos a la compañía y la clausurótemporalmente, pero la mina siguió trabajando; por eso Capulalpam tuvo que movilizarse. Una de las medidas fue bloquear el monumento a Juárez en la ciudad de Oaxaca, con el propósito de presionar a las autoridades correspondientes para que tomaran cartas en el asunto. También se han hecho foros regionales, estatales, nacionales e internacionales para informar a la sociedad civil sobre la situación que priva en Capulalpam de Méndez, además de solidarizarse con otros pueblos que padecen la misma problemática y así constituir una red de defensa y protección de los recursos naturales.

 

Punto de acuerdo


El movimiento de rechazo a la explotación minera en Capulalpam ha cosechado un fruto muy importante pero que no deja de mantener en cautela a la población, porque si bien constituye un acto significativo, no concreta la solicitud de que se revoquen las concesiones mineras en la Sierra Norte de Oaxaca; es apenas un indicio de solidaridad por parte de un sector de la clase política mexicana.

 

El presidente municipal de Capulalpam de Méndez, Néstor Baltazar Hernández Bautista, anunció un punto de acuerdo cuyo aspecto más trascendental es que “la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que [...] remita a las Cámaras del Congreso de la Unión, un informe sobre las concesiones mineras otorgadas a las empresas Compañía Minera de la Natividad y Anexas,Sundance, Continuum Resources y Fausto Calvo Sumano, en tierras comunales de Capulalpam de Méndez, Oaxaca y a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua; además de un informe sobre el derrumbe de las presas de jales, cuyos deshechos contaminan las aguas del río Capulalpam; así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con respecto a las investigaciones en un curso a propósito del presente asunto.

 

Lo anterior es de mucha relevancia ya que representa un logro único en la materia, es resultado de una lucha de casi diez años que ha emprendido la comunidad de Capulalpam de Méndez. Sin embargo, los serranos manifestaron su desconfianza ante la respuesta del legislativo. Al respecto, el antropólogo Jaime Martínez Luna expresó que “no podemos dormirnos en nuestros laureles, no hay que irnos con la finta; lo que se plantea es discurso. Los serranos no estamos dormidos en ninguna dimensión, lo que queremos es respeto, los serranos no nos chupamos el dedo.”. Uno más de los participantes, Eleazar Pérez Cosmes, alcalde de Capulalpam, señala: “los serranos somos gente inteligente, somos gente razonable y nos apegamos al derecho; ¿por quépues no se apegan al derecho los que vienen a tratar de despojarnos lo que por derecho nos corresponde?”.

 

Los presidentes municipales de San Juan Chicomezúchitl y Santa Catarina Lachataocoinciden coincidieron en la necesidad de hacer un frente común para luchar por la revocación de las concesiones mineras hechas en sus territorios; ambos afirmaron que sus pueblos rechazan la minería ya que si bien se presume que ella constituye una fuente primordial para el desarrollo de los pueblos, a más de dos siglos de explotación minera no se ha dado un progreso real en las comunidades de la región; siempre han sido las grandes empresas las que generan múltiples ganancias y los pueblos siempre pagan los platos rotos.

 

Sesión informativa radiofónica


Para seguir difundiendo el punto de acuerdo y para informar a la población sobre las actividades que se están y estarán llevando a cabo en la lucha contra la minería, se realizó en la sala de juntas de Guelatao de Juárez, una sesión informativa el pasado diez de septiembre; la cual fue transmitida en vivo por Estéreo Comunal, una radio comunitaria que existe en la región desde hace varios años.

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El presidente de Capulalpam mencionó la importancia de la Comunalidad en la lucha que han sostenido los pueblos de la Sierra a lo largo de su historia; citó un movimiento que se dio en los 80′s para recuperar grandes extensiones de bosque que habían sido concesionadas a la Fábrica Papelera de Tuxtepec. De esa manera instó a la gente a hacer consciencia sobre los problemas que implica la explotación minera. Por su parte, el presidente del Comisariado de Capulalpam comentó la situación que se vive en la región con respecto a la contaminación derivada de las actividades mineras: “El río grande es el que está muy contaminado ahorita. Según estudios de la Universidad de Vermont, el agua contiene un alto nivel de plomo y arsénico; esto hace que el vital líquido no sea apto para el consumo humano. También han desaparecido 13 manantiales que suministraban a la comunidad. Otro aspecto importante es que los proyectos mineros van encaminados a la cuenca de la Y, y que es el mayor afluente de nuestra comunidad. Esa es la razón de nuestra lucha en Capulalpam”.

 

Sergio Hernández Cruz, presidente municipal de Santa Catarina Lachatao, señala que “la minería nos ha dado problemas serios en las actividades productivas y sobre todo efectos en la salud de la población, además de problemáticas en el tejido social, lo cual ha generado una serie de secuelas que afectan el desarrollo de nuestras comunidades. En esta problemática estamos inmersos todos, no es únicamente de Capulalpam o de Lachatao, es de toda nuestra región”. En esta sesión informativa también se contó con la presencia de Pedro Arreortúa Méndez, presidente del Consejo de Vigilancia de Capulalpam de Méndez, quien sostiene que el proyecto que las empresas mineras quieren implementar en Capulalpam es inadmisible: “nosotros nos negamos rotundamente a que se haga la explotación en nuestro territorio; decimos NO a la minería”.

 

La minera Sundance tiene concesionadas en el territorio de los pueblos mancomunados 6 mil400 hectáreas que son depósito de minerales, localizados en la zona poblada de Lachatao. La empresa prevé un potencial de varios millones de oro que se extraerán a tajo abierto, esto implica un grave deterioro ecológico pues además se utilizará el agua para la separación de los metales. Entre el 2002 y 2009, más de 50 mil concesiones mineras fueron otorgadas en la Sierra Juárez, específicamente en la parte zapoteca y la región mixe. Algunas comunidades afectadas son Ixtlán de Juárez, que tiene casi 5 mil hectáreas concesionadas para explotación, concesiones que empiezan en el 2006 y terminan en el 2056; Capulalpam, cerca de cuatro mil hectáreas; San Juan Tabaa alrededor de 300 hectáreas. Otras comunidades concesionadas sin haber sido consultadas, tal como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, son, entre otras: San Francisco Cajonos, Xochixtepec, San Miguel Amatlán, Talea de Castro, Tanetze y Solaga. Aparte de la Sundance hay otras empresas que están involucradas, como por ejemplo Continuum Resources, la Compañía Minera de la Natividad y Anexas y el Señor Fausto Calvo Zumano.

 

En la sesión informativa se recordó a los gobiernos estatal y federal su responsabilidad en el asunto, puesto que la introducción de transnacionales en territorio nacional es un hecho que atenta contra la soberanía del país y del estado, así como también una falta de respeto a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

 

Una reflexión colectiva


En septiembre se realizó una expo sobre la minería, en el marco de la festividad anual que año con año se celebra en la comunidad para rendir culto al Santo Patrón San Mateo Apóstol. Este acontecimiento tuvo como objetivo “hacer una reflexión colectiva acerca de cómo y por qué ha cambiado el medio ambiente de Capulalpam a través de los años”. Los visitantes tuvieron la oportunidad de seguir la situación de la minería a través de fotografías, dibujos, textos testimoniales e históricos y periódicos murales elaborados por niños, jóvenes y comuneros de este pueblo, con la intención de hacer conciencia sobre las consecuencias de la explotación minera y decir a una sola voz: “No a la minería, sí a la vida”.

 

Las autoridades comunitarias aún tienen planeadas una serie de actividades para que las compañías mineras y el gobierno mexicano reconozcan el reclamo legítimo de la Sierra Juárez. Una de las acciones próximas es el “Primer Foro Regional Informativo sobre Minería y sus Impactos en Comunidades Indígenas Rurales”, cuya pretensión es realizar un intercambio de experiencias entre los pueblos afectados por la minería. Este foro se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en la Agencia Municipal de el “El Vergel”, Ejutla de Crespo, Oaxaca.

 

Capulalpam se declara dispuesta a continuar su lucha por la revocación de las concesiones mineras otorgadas a compañías transnacionales y para ello seguirámovilizándose, pues, como lo manifiesta Néstor Baltazar Hernández Bautista “nosotros sabemos que el sistema mexicano es bastante burocrático, tenemos que gritar una y otra vez para que nos hagan caso. Si supiéramos que las autoridades competentes te hacen caso y actúan como dictan las leyes, esto no sería un tema de tanto ruido. El gobierno oaxaqueño hasta ahorita ha permanecido al margen con el argumento de que eso es de competencia federal. Tenemos que recurrir a diversas formas de presión, a diversas instancias para ganar un poco de atención”.

 

En Capulalpam aseguran que “es momento de entender que los tiempos han cambiado, ya la naturaleza ha dicho basta y la forma de vida en la región ha cambiado. Si se nos dice que la minería es progreso, nosotros respondemos que no estamos en contra del desarrollo, lo que planteamos es que se exploren otras alternativas de crecimiento económico comunitario”.

 

La lucha de esta comunidad tiene muchas cosas que enfrentar pues están en juego intereses muy poderosos; pero habría que entender, tal como lo señala la declaración de los pueblos serranos zapotecos y chinantecos de la Sierra Norte de Oaxaca, emitida el 13 de febrero de 1994, con motivo de la insurrección zapatista: “nuestra región se ha comportado hasta este momento muy concertadora con la nación, porque hemos heredado el esfuerzo y la convicción de Benito Juárez. Sin embargo, no se debe olvidar que hemos sido un volcán latente que en cualquier momento puede hacer erupción si no se atienden los viejos rezagos de justicia por los que tantos serranos han dado su vida”.


URGENTE- Represion en San Jose del Progreso-Oaxaca


 Publicado el Monday, August 29, 2011. Dentro de Solidaridad   

 San José del Progreso, Ocotlán,  Oaxaca a 29 de agosto de 2011.

Al pueblo en general.


 Hoy por la mañana el gobierno de Gabino Cué a través de la secretaría de seguridad pública del estado de Oaxaca por petición del Sr. Alberto Mauro Sánchez presidente del San José del progreso agrede a los campesinos de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, de manera violenta los elementos de la policía estatal  con alrededor de 14 patrullas detienen a  compañeros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que a más de dos años siguen en luchando por la defensa de sus recursos naturales en contra del proyecto minero de San José contra la Minera Cuzcatlan de la FORTUNE SILVER de capital canadiense, nuestros compañeros fueron detenidos en el distrito de Ocotlán cuando con el pretexto de que circulaban con taxis sin permiso la policía estatal detuvo 4 vehículos perteneciente al sitio comunitario de San José del Progreso, teniendo en conocimiento  la COTRÁN y transito de Ocotlán, teniendo acuerdos para circular nuestro vehículos fueron llevados al corralón,    por lo que como pobladores de la comunidad tratamos de realizar los trámites para recuperarlos.


El compañero Bernardo Vásquez Sánchez, circulaba con su vehículo particular cerca de donde se encuentra el corralón, mismo que se dirigía acompañado de otros compañero a la ciudad de Oaxaca a realizar trámites personales, cuando nos percatamos que fue interceptado por los cuerpos policiacos que de manera sorpresiva se fueron en contra del automóvil del compañero Bernardo golpeando el parabrisas, las puertas del carro para sacarlo por la fuerza y privarlo de su libertad de manera ilegal, los compañeros que en su mayoría éramos mujeres y niños  al tratar de que no se lo llevaran fuimos agredidos con bombas de gas lacrimógeno y arremetieron  golpeándonos sin distinción de género,  mujeres y niños fuimos brutalmente golpeados por  sus macanas, los policías en la refriega cuando la compañeras les reclamaban por que golpeaban al pueblo. Los policías nos contestaron que solo recibían órdenes del Gobernador Gabino Cue.


resultando de esta agresión 10 compañeros detenidos, es difícil creer que en un operativo del transporte público detengan a personas que no tienen nada que ver con este servicio, queda claro que se busca cualquier pretexto para seguir agrediendo y reprimiendo al pueblo de San José del Progreso, por lo que responsabilizamos de la integridad física de nuestros compañeros al gobernador Gabino Cué, al responsable de la secretaría de seguridad pública Marco Tulio López Escamilla y  Alberto Mauro Sánchez presidente municipal,  el cual llega al poder por una elección amañada y que muestra con esta acción que su interés no está del lado de su pueblo.

 

Queremos manifestar y dejar en claro que no vamos a permitir que el gobierno del estado nos quiera chantajear, como lo pretendió en la mesa de negociación que tuvimos hoy al anochecer,  nos pidieron a cambio de la liberación de nuestros presos, dejar trabajar a la minera Cuzcatlan, Sabemos que no estamos solos que  quienes seguiremos defendiendo nuestros recursos naturales en contra de la contaminación, en contra del saqueo somos la mayoría en este país, estamos en contra de las políticas implementadas por los malos gobiernos, exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de nuestros compañeros detenidos así como el castigo a los responsables de estos lamentables hechos.


 ¡POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES!

 ¡MINAS NO, VIDA SI!

 

COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN

 

(Cuando publicamos la nota, nos avisan que los compitas ya fueron liberados previo el pago de 85 mil pesos de fianza).


INFORMACIÓN TOMADA DE MILENIO EN LINEA.

 

 

Miércoles, 22 de Junio de 2011

 

 

Entregará Cué $325 millones a grupos sociales y políticos

 

 

Al iniciar su gestión, Gabino Cué ofreció que se terminaría la entrega de dinero a grupos sociales.

 

 

El gobierno de Gabino Cué tiene programados para este año 325 millones de pesos para entregar a 13 organizaciones sociales y políticas, algunas aliadas a la coalición electoral que lo llevó al poder.

 

 

Un documento oficial de la Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable, a cargo de Gerardo Albino González, en poder de MILENIO, revela las asignaciones presupuestales de distintos programas sociales, tanto federales como estatales, que se negocian con las organizaciones.

 

 

Las que más recursos tienen como propuesta de asignación son el Movimiento Unificador de Lucha Triqui y Antorcha Campesina, cada una de ellas con 50 millones de pesos.

 

 

Respecto a Antorcha Campesina, en el rubro de observaciones se establece que “la organización no aceptó la propuesta que le hizo el estado y presentó una contrapropuesta de la cual no ha tenido respuesta, por lo cual inicia movilizaciones a partir del 13 de junio”.

 

Este viernes 17, activistas de Antorcha Campesina se manifestaron frente a la sede del palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Cué, reclamando recursos para una secundaria.

 

 

Del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, que encabeza Uriel Díaz Caballero, se señala que ya se llegó a un acuerdo y que los recursos se les otorgarán a través del Programa Normal Estatal (PNE ), del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), del Fondo de Rehabilitación de Infraestructura de Educación Básica (FAM Básica) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF).

 

 

El documento, que enlista la propuesta de recursos, lo que hace es juntar las asignaciones presupuestales que se entregan a las organizaciones sociales a través de los distintos programas sociales y tiene un recuadro de observaciones en el cual se explica el avance de la negociación.

 

 

De acuerdo con la Coordinación General de Módulos, de las 13 organizaciones dos tienen filiación priista, una de Unidad Popular, otra de Nueva Alianza, cuatro del PRD y cinco son de la alianza que encabezó Gabino Cué.

 

 

Se reporta el nombre de la organización, sus siglas, su dirigente, su filiación el presupuesto asignar y el total acordado.

 

 

En el documento se detalla que cuatro de las 13 organizaciones se han negado aceptar la propuesta y se mantienen en movilización.

 

 

La propuesta de presupuesto a ejercer para los grupos civiles es de 325 millones pesos, que provienen del llamado Fonregión, aprobado por la Legislatura federal para el Presupuesto de 2011, del Fondo de Seguridad Alimentaría (Pesa), del Programa Maíz, del FISE, PNE, FAM Básica y el FAFEF.

 

 

En el documento se anexan aportaciones para organizaciones aliadas que en 2006 formaron parte de la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre ellas el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), de Carlos Aguilar Castellanos, que tiene una total acordado de 20 millones de pesos.

 

 

El Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), de Pedro Castillo,  tiene una propuesta de 8 millones de pesos. Sin embargo, en la lista se observa el rechazo que hizo el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Coddep), de Samuel Hernández, a recibir una propuesta de recursos.

 

Otra organización a favorecer es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), que ha recibido 3 millones de pesos y espera una remesa de 1.8 millones más de una propuesta de 9.5 millones.

 

 

Otra organización que rechazó la propuesta del gobierno estatal de ser beneficiada con una aportación de 25 millones de pesos es el Frente Popular Revolucionario (FPR), del ex activista de la APPO Germán Mendoza Nube.

 

 

Las organizaciones de oaxaqueños en Estados Unidos también se verán favorecidas, tal es el caso del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), del activista Arturo Pimentel Salas, que recibirá 7 millones de pesos, y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), de Bernardo Ramírez, que sería beneficiada con 8 millones.

 

 

En el documento se anexa, a través del llamado Frente de Organizaciones Sociales Democráticas de Izquierda (Fosdi), al ex senador perredista y líder de la organización Morena en el estado que apoya a Andrés Manuel López Obrador, Armando Contreras, que ha presentado una propuesta de 20 millones de pesos, misma que aún no ha sido autorizada.

 

 

Al inicio de su gestión, el gobernador Gabino Cué ofreció que se terminaría la entrega de recursos discrecionales a organizaciones sociales, como lo hicieron sus antecesores Ulises Ruiz y José Murat, quienes utilizaron los fondos públicos destinados a obras sociales y de infraestructuras para contener las protestas callejeras.

 

 

Claves
Los beneficiados

 

•Las organizaciones que se mencionan en el documento de la Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable son el Movimiento Unificador de Lucha Trique (MULT), Antorcha Campesina, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP).

 

 

•Otros de los grupos incluidos son la Organización Demócrata Insurgente (ODI), el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Coddp) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

 

 

•Los otras organizaciones son el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), el Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y el Frente de Organizaciones Sociales Democráticas de Izquierda (FOSDI).

 

 

Oaxaca • Óscar Rodríguez



·         Demandan que se cancelen contratos de arrendamiento de tierras

Zapotecos acusan de abusos a empresa española constructora de parque eólico

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 34

 

Oaxaca, Oax., 26 de junio. Ejidatarios zapotecos de Unión Hidalgo, municipio ubicado del Istmo de Tehuantepec, informaron que la compañía española Demex, que construye un parque eólico para abastecer de energía eléctrica a la panificadora Bimbo, comete abusos e intimida a los lugareños por protestar debido a que no ha cumplido con lo que ofreció a cambio de arrendar sus tierras.

Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, aseguró en representación de los agricultores que empresas extranjeras, en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal, llegaron hace cinco años al Istmo de Tehuantepec, donde rentaron tierras ejidales, comunales y de pequeña propiedad con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a diversas firmas.

Expuso que representantes de Demex visitaron el jueves pasado sus terrenos, ubicados en la fase uno Las Palmas Zapotal, polígono Piedra Larga, donde la firma española proyecta construir un parque eólico. Sostuvo que los empleados de Demex pretendieron desalojarlos, con amenazas de elementos armados de la Agencia Estatal de Investigación.

Cruz Velázquez explicó que el 24 de mayo los ejidatarios decidieron en asamblea cercar sus terrenos, al ver las afectaciones que causa la instalación de generadores en los terrenos.

Demex, aseguró, entró a las tierras de los indígenas sin proporcionarles información completa sobre el proyecto, lo que viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual estipula: Deberá impedirse que personas extrañas puedan aprovecharse de las costumbres de los pueblos o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de sus tierras, asentó.

De acuerdo con Bettina Cruz, Demex prometió a los ejidatarios pagar por las afectaciones a sus tierras, pero se niega a cumplir y ahora que se les exige, mandan a la policía a reprimir. Asimismo, sostuvo que Demex cedió los derechos sobre sus parcelas a una empresa no identificada.

Advirtió que los ejidatarios acordaron organizarse para recuperar sus predios y demandar la cancelación de los contratos civiles de arrendamiento. Asimismo exigen que las autoridades se desistan de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra los inconformes.

 


Boletín de Prensa

 

ALTO AL HOSTIGAMIENTO CONTRA MAIZ-MIXTECA

 

 

1 DE JUNIO DEL 2011

 

A los medios de comunicación

A la opinión publica nacional internacional

A las defensoras y defensores de los derechos humanos

 

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista denuncia los actos de intimidación y hostigamiento de que vienen siendo objeto nuestros compañeros de la región Mixteca de Oaxaca, debido a las actividades que realizan en esa región. MAIZ denuncia públicamente la falta de garantías para nuestros compañeros ya que durante las últimas semanas se ha agudizado el clima de hostigamiento marcado por un acoso constante de personas desconocidas sobre nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.

 

En los últimos meses han ocurrido 4 incidentes, siendo el más reciente el ocurrido el pasado lunes 30 de Mayo cuando compañeros de la organización se percataron que la chapa de la puerta principal de nuestras oficinas había sido forzada y violada, una vez adentro se confirmó la sustracción de un CPU, así como de documentos de la organización, libretas de teléfonos, direcciones, estados financieros; a pesar de que existian en el lugar objetos de valor estos no fueron sustraidos.

 

Ante estos nuevos hechos de intimidación y violencia la Coordinación Regional de MAIZ en la Mixteca decidió pedir la intervención de la Procuraduria de Justicia del Estado a través de una denuncia de hechos para que sean investigados y castigados los responsables de los delitos de allanamiento y robo cometidos en agravio de nuestra organización.

 

MAIZ considera que este no fue un robo cualquiera ya que las cosas de valor no fueron sustraidas, por lo que determinamos que los actos de intimidación en nuestra contra son resultado de mantener la exigencia de castigo para los asesinos de la compañera Bety Cariño la cual formaba parte de CACTUS y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y del Finlandés Jyri Jaakkola quienes fueron asesinados en la caravana del 27 de abril del 2010. Este nuevo acto de hostigamiento presumimos esta relacionado con la posición de MAIZ ante la reciente detención del dirigente del Grupo Paramilitar de UBISORT.

 

MAIZ le demanda al gobierno estatal garantice la integridad física de nuestros compañeros en la región Mixteca dictando medidas de seguridad y realizando una investigación a fondo de los hechos ocurridos el pasado 30 de Mayo y castigando a los responsables de los mismos.

 

MAIZ ratifica su demanda de que sean castigados con todo el rigor de la ley los autores materiales e intelectuales del homicidio de nuestros compañeros, ex Bety Cariño y del Finlandés Jyri Jaakkola.

¡ Alto a las agresiones contra los defensores y defensoras de los Derechos Humanos y activistas del Movimiento Indígena!.

 

Atentamente por la Coordinación Nacional

 

Alejandro Cruz Juárez

Carlos Beas

Angel Pérez Silva


DECLARATORIA DEL TERCER FORO NACIONAL TEJIENDO LA RESISTENCIA EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS

 

Los Pueblos Mixe, Zapoteco, Mixteco, Chatino, Cuicateco, Wirarika, entre otros pueblos indígenas así como diversas organizaciones de la sociedad civil y sociales e instituciones educativas y académicas, reunidos los días 20 y 21 de mayo de 2011 en el marco del “Tercer Foro Nacional Tejiendo la Resistencia en Defensa de Nuestros Territorios”, después de realizar una reflexión profunda sobre las principales problemáticas que enfrentan hoy nuestros pueblos y comunidades indígenas en sus territorios, hacemos las siguientes

 

CONSIDERACIONES:

 

Que el capitalismo en su fase neoliberal, tiene como modelo de desarrollo la acumulación de riquezas de pocas personas, la depredación del medio ambiente y el individualismo, que se traducen en nuestras comunidades en el despojo del territorio de los pueblos indígenas.

 

Que para favorecer este modelo de desarrollo, el gobierno federal y estatal ha creado leyes e implementado políticas, programas, planes y proyectos que privilegian intereses económicos de grandes capitales de empresas trasnacionales y nacionales, en detrimento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas.

 

Que algunas de las expresiones más visibles de este modelo depredador son: la construcción de presas, carreteras, proyectos mineros, pago por servicios ambientales e hidrológicos, así como el fomento de la agricultura extensiva y transgénicos, entre otros.

Que el sistema educativo actual debilita la identidad colectiva porque promueve la competencia, el individualismo, la propiedad privada, la ruptura de los vínculos sociales, el consumismo y la explotación irracional de la naturaleza, los cuales representan valores que no responden a las necesidades reales ni a la cultura de nuestras comunidades.

 

Que ante la falta de recursos legales eficaces para la defensa de los derechos colectivos, actualmente los pueblos nos encontramos en resistencia para proteger los recursos naturales de nuestro territorio, como el agua, los bosques, la biodiversidad, y hacer valer nuestra libre determinación como un legítimo derecho de los pueblos.

 

Reconocemos la importante lucha que las mujeres hacen en defensa de los territorios, especialmente en la comunidad de Capulalpam de Méndez contra la minería.

 

Consideramos que es indispensable fortalecer la asamblea, el tequio, el territorio colectivo, la fiesta y los valores de la comunalidad, como forma de vida de los pueblos indígenas.

 

Por todo lo anterior, las organizaciones, instituciones, comunidades y pueblos participantes en el “Tercer Foro Nacional Tejiendo la Resistencia en Defensa de Nuestros Territorios”

 

EXIGIMOS

  • El respeto pleno a nuestros derechos colectivos sobre la propiedad de nuestras tierras, territorios y recursos naturales que tenemos como pueblos originarios.
  • Que se respeten nuestras formas propias de organización social y política, así como las decisiones que toman nuestras asambleas comunitarias sobre el destino de sus territorios.
  • Que de acuerdo a los Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, se respete el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, sobre los proyectos de desarrollo que amenazan a nuestras comunidades.
  • Se considere a nuestros territorios, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un espacio de expresiones espirituales, lugares sagrados y relaciones simbólicas con la madre tierra. Por ello nuestros territorios merecen ser reconocidos y respetados.
  • Este Foro se pronuncia por un modelo educativo que promueva el respeto a la dignidad de la persona y su relación con los otros/as y la madre naturaleza. Que tome en cuenta las diversas expresiones culturales, sociales, económicas, políticas de nuestros pueblos, y los contextos locales.

 

Éste foro se solidariza con las luchas que están llevando a cabo la comunidad de Capulalpam de Méndez contra el proyecto minero de La Natividad; Santa Cruz Itundujia, contra la Comisión Federal de Electricidad; la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, en el Valle de Ocotlán; San José Progreso, contra el proyecto minero de la empresa Cuzcatlán; El Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde, contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina; el Frente Ecologista Agua San Felipe, por la defensa del agua; el pueblo wixárrica, por la defensa de su centro ceremonial y con las luchas en defensa territorial que se dan en el estado y el país. Pronunciamos también nuestra solidaridad con la exigencia de justicia por el asesinato de nuestra compañera Betty Cariño y de Jiry A. Jakkola.

 

Dado en Capulálpam de Méndez, Ixtlán de Juárez, Oax. 20 y 21 de mayo 2011.

 

Autoridades agrarias y municipales:

Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Lachiguiri, Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez, Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Itundujia, Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Nexicho, comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, H. Ayuntamiento de Capulalpam de Méndez, Regiduría Salud, educación y ecología Guelatao, Regiduría de Obras de San Antonio Sinicahua.

 

Comunidades:

Jaltepec de Candayoc, San José del Progreso, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Paso de la Reina, Jamiltepec, Oaxaca, Santiago Ixtayutla, Santiago Cuajimalco, Santa Cruz Itundujia, Capulalpam de Méndez, Maguey Largo Ocotlán, Ixtlán de Juárez, Lachatao, Otatitlán de Morelos, Zaachila, Santiago Xiané, Talea de Castro, Guelatao, La Guacamaya, Teococuilco, Santa María Jaltianguis, San Miguel del Río, Tepanzacualcos, San Miguel Tiltepec, Lachixila, Yahuiche, Ixtepeji, Santiago Yagallo, , Santa María Yosaá, Santiago Teotlasco, San Juan Juquila Vijanos, San Miguel Abejones, San Juan Teponaxtla, San Juan Luvina, San Andrés Zautla, Santa Martha Latuvi, San Andrés Yaá, Santa María Yavesía, San Pedro Apóstol, Asunción Ocotlán, Playa Limón, San Agustín Tuxtepec, Teococuilco de Marcos Pérez, San Miguel Cajonos, El Porvenir, Zaachila, Santa Gertrudiz Talea, San Isidro Huayapam, Santiago Laxoapam, San Felipe el Porvenir, Valle Nacional, Tuxtepec, Yahuiche, El Cuajilote, San José del Progreso, y Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe.

 

Organizaciones:

Ser Mixe, Frente Ecologista Aguas San Felipe, UCOSIJ, A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., UCIZONI, COPUDEVER, Flor y Canto, Tequio Jurídico, Colectivo Subversiones, Grupo Nashwin “madre tierra”, Apoyo Guacamaya, Riday, Sistema de Agua Potable Tecamac Estado de México A.C., Pastoral Social, Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, Colectivo Hoja Verde, Educa, FAO San Luis Potosí, RMALC, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Radio Comunitaria Yaxhil Disha Kiery, Secc 22 SNTE, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez (Centro Prodh) A.C., Derechos Humanos, CACTUS, Código DH, CEBS, CODIJUP, Barca A.C., Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca, Promotoras de Salud, REMA, Congreso autónomo Cuicateco, Fundación Comunalidad A.C., UZACHI, Radio Comunitaria de Talea de Castro, Casa Chapulín A.C., Foro Permanente de Abogados A.C., Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de Tlacolula, Clan Huizache, la Voz de los Xiches, Centro de Estudios de la Región Cuicateca, RDS, STIRT, CAMPO A.C., XEGLO La Voz de la Sierra, FUNDAR, Ojo de Agua, Luna del Sur A.C, Movimiento Popular Revolucionario, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).


Oaxaca: reforma cosmética

Luis Hernández Navarro

La Jornada

Abril 26 de 2011

 

Las organizaciones indígenas de Oaxaca están preparando la presentación de una serie de controversias constitucionales y amparos contra la reforma constitucional aprobada el miércoles 6 de abril por la 61 Legislatura del Congreso de la entidad. Hay en ellas una gran indignación y coraje. No son las únicas. Muchas organizaciones civiles están molestas, tanto con el proceso seguido para su aprobación como con el resultado final.


La nueva legislación fue divulgada en la prensa nacional mediante inserciones pagadas. El Legislativo y el Ejecutivo estatal la presentaron como una profunda reforma democrática producto de un amplio consenso. No es así. Se trata de una reforma cosmética aprobada con todos los vicios conocidos en el parlamentarismo mexicano al uso.


De entrada, una vez más, los derechos de los pueblos indígenas fueron relegados a un lugar secundario. No es un asunto secundario. Oaxaca es el estado de la República con mayor cantidad de hablantes de lenguas indias. El movimiento indígena en la entidad tiene una solidez y amplia experiencia en la formulación de propuestas de leyes. Si los promotores de la legislación hubieran querido contar con interlocutores indígenas maduros y propositivos para hacer una reforma verdaderamente de fondo, los habrían encontrado. Sin embargo, prefirieron hacerlos a un lado.


Como señaló la asociación civil Educa en su balance: los contenidos de dichas reformas quedaron supeditados, una vez más, a los acuerdos partidistas en los que se privilegiaron los intereses políticos sobre las demandas de la ciudadanía [...]. A más de cuatro meses de haber ocupado el poder un gobierno proveniente de una elección altamente participativa, observamos con desconcierto que las viejas prácticas de hacer política y de legislar continúan vigentes.


La reforma aprobó formalmente una serie de mecanismos de democracia directa como el plebiscito y el referendo, pero les puso una serie de candados que hacen imposible su aplicación. Es decir, se reconocen en el papel derechos que no se pueden ejercer en la realidad. Por ejemplo: para iniciar el plebiscito se requiere de la participación de 20 por ciento del listado nominal. Para que una decisión tomada por plebiscito sea válida tiene que haber sido respaldada por una cantidad de ciudadanos superior a 50 por ciento de la lista nominal. No hay una sola fuerza política en la entidad que tenga la capacidad para impulsar una iniciativa de esa naturaleza. La instancia encargada de llevar a cabo la implementación de esos mecanismos es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Esto quiere decir que el ejercicio de la democracia directa fue subordinada a la lógica y los intereses de los partidos.


Entre varios aspectos centrales que la nueva legislación no abordó se encuentran: reforma municipal, reconocimiento al cuarto ámbito de gobierno, candidaturas ciudadanas, acceso a la justicia para los pueblos indígenas, cuotas de género, etcétera.


Oaxaca ha padecido históricamente un grave problema en materia de derechos humanos. Hasta ahora, las comisiones estatales encargadas de su defensa han estado subordinadas a la lógica del gobierno de turno. A pesar de ello, lo único trascendente en materia de derechos humanos que acordó la reforma fue el nombre de la comisión: ahora se llama Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Un detalle relevante si se considera que se trata de un estado pluriétnico, es decir, formado por varios pueblos.


La nueva legislación desconoce, al fijar los mecanismos de participación ciudadana, el papel de las asambleas comunitarias y municipales, los concejos regionales indígenas y la consulta indígena en los términos establecidos en el artículo sexto del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos son instituciones de democracia directa y participativa que los pueblos indígenas poseen. Los diputados oaxaqueños los ignoraron olímpicamente.


De la misma manera, la reforma no reconoce la facultad de los pueblos indígenas para que mediante sus autoridades y representantes tengan la capacidad de iniciar leyes. No se contempla como parte del proceso legislativo el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en los términos acordados en el derecho internacional, en el proceso de creación de normas relativas a pueblos indígenas.


Además, los legisladores oaxaqueñosolvidaron establecer en el Tribunal Estatal Electoral una sala especializada para la resolución de controversias que se suscitan en municipios que rigen su elección por el sistema de derecho consuetudinario, respetando debidamente sus sistemas políticos electorales. Hasta ahora esos conflictos han sido resueltos sobre la base de criterios muy poco pertinentes, desconociendo la realidad cultural de los lugares donde se producen.


En la nueva legislación no se fija la facultad del Congreso local para legislar sobre derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la implementación del derecho a la autonomía y la participación y representación política de los mismos. Tampoco se establece la obligación del Ejecutivo estatal de dar cumplimiento a la normatividad indígena oaxaqueña y promover el fortalecimiento de la autonomía y la participación indígena en el contexto estatal.


La reforma no contempla que en el Tribunal Superior de Justicia se cree una sala especializada para resolver los asuntos relativos a los derechos de los pueblos originarios, en particular los criterios y procedimientos para la armonización de las normas indígenas con las normas del estado. Tampoco establece la posibilidad de crear un consejo de derechos indígenas de Oaxaca como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que esté a cargo de la defensa, protección y promoción de los derechos indígenas en la entidad.


La nueva legislación ha propiciado un gran desencanto entre amplios sectores que votaron por Gabino Cué. Según el Foro de los Pueblos Indígenas, la reforma que pretendía ser democrática se realizó por métodos antidemocráticos, sinningún tipo de consulta a nuestros pueblos tal como se establece en diversos instrumentos internacionales. A buen entendedor, pocas palabras.