San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.
A las organizaciones fraternas
A los medios de comunicación
Al pueblo en general.
Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las 7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial, nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO,
Coordinador Regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.
Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y
a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades
Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de
Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el
Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevo a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino
Santiago.
De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordeno la
detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en
materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades
originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la
obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.
Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE
FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio
Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer las leyes
nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas
dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También
se informa que al C. Omar Sandoval Leon, al momento de su detención se le recogió una pistola pietro beretta, calibre 9 mm. Con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a
la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informo del motivo de su detención y
del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.
Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades
municipales y agrarias, de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del
Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para
destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de
comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentara bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de
este modelo organizativo de los pueblos.
Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de
nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de
Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del
Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la
inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento
en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.
Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas
para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras
comunidades y le otorga vehículos y equipamiento al ejército federal, aun cuando la SEDENA cuenta con presupuesto suficiente además de los recursos que le son asignados del ilegal Plan
Mérida.
Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier otra agresión que se genere con motivo de esta lucha, ya que tenemos la información de que se
están estableciendo retenes de la policía ministerial y estatal dentro del territorio comunitario. Manifestamos nuestra disposición a dialogar para generar acuerdos ante la asamblea general de
nuestros pueblos.
Llamamos a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la
constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995. Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta
campaña de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria
A LAS ORGANIZACIONES Y A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SOLIDARIOS CON EL CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
(CECOP)
Agradecemos las palabras de aliento y el respaldo al triunfo que significa la firma de
los Acuerdos de Cacahuatepec entre el Gobernador del estado de Guerrero y el CECOP. (Nuestro difícil acceso a internet nos obliga a pedirles disculpas por el retraso para expresar a ustedes
nuestro agradecimiento).
La firma de los Acuerdos de Cacahuatepec es un gran triunfo del CECOP y un paso fundmental en la vía hacia la cancelación definitiva del Proyecto
Hidroelétrico Presa La Parota. Se logró el compromiso del Gobernador del estado de Guerrero para gestionar la audiencia con el Presidente de la República a quien corresponde decretar la
cancelación definitiva demandada por el CECOP. En ese lapso, la firma de los Acuerdos compromete al gobierno estatal a no reprimir al movimiento, a no promover ninguna asamblea fraudulenta más, a
repetar las sentencias legales favorables al CECOP y a respaldar nuestra lucha por restaurar el tejido social roto por los intentos gubernamentales por imponer ilegalmente el proyecto, contra la
voluntad de los pueblos.
Nuestro movimiento de resistencia sigue firme como hace nueve años. Seguimos reivindicando el carácter autogestivo e independiente de nuestra lucha y
mantenemos inalterables nuestros principios:
LA TIERRA NO SE VENDE Y LA PAROTA NO SE HARÁ.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
(CECOP).
La Jornada Guerrero, 17 de agosto de 2012
Firman el mandatario estatal y el Cecop los acuerdos de Cacahuatepec
Se compromete el gobernador Aguirre a no impulsar La Parota
Pacta, asimismo, gestionar ante el Presidente de la República una entrevista con los comuneros
HÉCTOR BRISEÑO ( )
El gobernador Ángel Aguirre firmó los Acuerdos de Cacahuatepec con integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), documento con el que se
compromete principalmente a no respaldar el proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace nueve años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, lo que
afectaría a 47 comunidades anexas a los bienes comunales de Cacahuatepec.
El documento fue firmado por Aguirre Rivero, el vocero del Cecop, Marco Suástegui Muñoz, 30 comuneros en representación de sus comunidades, y como testigo de honor el arzobispo de
Acapulco, Carlos Garfias Merlos.
El acto, pactado desde el 7 de mayo de 2011, contó con la presencia de abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, entre ellos su director, Abel Barrera Hernández,
y Vidulfo Vidales Sierra.
Los Acuerdos de Cacahuatepec es un documento de cinco puntos.
El primero de ellos señala que el gobernador del estado gestionará ante el gobierno federal una audiencia entre el presidente de la República y el Cecop, para que éste plantee su demanda
de la cancelación definitiva del proyecto, además de respaldar con su presencia la petición de los dueños de la tierra.
En el segundo punto, Aguirre Rivero ratifica su respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario 41 con sede en Acapulco, que anula la asamblea del 28 de abril de 2012, por medio de
la cual se pretendió dar inicio al proceso expropiatorio para imponer, contra la voluntad de los pueblos, el proyecto hidroeléctrico presa La Parota.
En el tercer punto el gobernador refrenda su compromiso de no impulsar directa ni directamente otra asamblea agraria contra la voluntad de los comuneros.
En el cuarto apartado, el gobierno estatal se compromete a no utilizar la fuerza pública en contra de los representantes del Cecop y organizaciones sociales, asimismo, a impulsar la paz,
justicia y respeto a los derechos de los campesinos.
En el último punto, el Cecop se compromete a impulsar un diálogo fraterno en sus comunidades y a contribuir para la reconstrucción del tejido social, afectado por la CFE.
Los miembros del Cecop esperaron más de dos horas a que el gobernador Ángel Aguirre los recibiera para firmar los Acuerdos de Cacahuatepec.
El mandatario estatal cambió de última hora la sede del encuentro, al trasladarlo de la Casa Diocesana, donde comenzaría a las 12 horas, en el centro de Acapulco, a las instalaciones de
Promotora Turística, en la zona Diamante, donde aproximadamente 160 campesinos y un equipo de abogados de Tlachinollan esperaron entre porras y consignas a ser recibidos por la autoridad,
en un encuentro pactado hace una semana y esperado desde hace más de un año por las comunidades opositoras al proyecto de la CFE.
ACAPULCO, GRO. Luego de diez años de lucha y juicios ante el
tribunal agrario, el CECOP (Consejo de Ejidos y ComunidadesOpositoras a la Parota), logró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero firmará los acuerdos de Cacahuatepec con el que
refrenda la postura de que el gobierno del estado no apoyará la construcción de la hidroeléctrica que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la reunión celebrada en las instalaciones de Promotora Turística (Protur), el mandatario estatal firmó los acuerdos que abarcan cinco puntos entre los que se compromete a
no utilizar la fuerza pública en contra del CECOP e impulsará la paz, la justicia y el respeto al derecho de los campesinos.
"No se les criminalizará, ni se violarán sus derechos humanos", reza el documento firmado ante el arzobispo de Acapulco, Carlos Gárfias Merlos, quien fungió como mediador entre el
CECOP y gobernador Aguirre Rivero.
Entre los acuerdos, Aguirre Rivero gestionará una audiencia entre el presidente de la República y el CECOP para que esta organización plantee su demanda de cancelación definitiva
del proyecto hidroeléctrico presa La Parota y respaldará con su presencia el planteamiento de los dueños de la tierra.
El vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui, dijo que era un proceso histórico que luego de diez años de lucha, ningún gobernador había aceptado firmar cláusulas que son
importantes.
Confió que con la firma del convenio, la relación CECOP con el gobierno de Guerrero sea fraternal para dejar a un lado los machetes y se pueda impulsar proyectos para recuperar el
tejido social en estas comunidades.
“Llevamos 10 años de lucha, y ningún gobernador había aceptado ni siquiera firmar una cláusula o una minuta, estos acuerdos para nosotros son muy importantes, por que el día de
hoy comienza una nueva lucha para el CECOP, hemos ganado en la lucha social, en la vía jurídica, y en el punto número dos, estamos de acuerdo en respetar lo que digan los
campesinos”, señaló.
Le solicitó al gobernador que los acuerdos pactados, no solamente sean para reparar el tejido social roto, “sino que nos ayude a reconstruir el tejido social roto por culpa de los
gobiernos y la sociedad entre los gobernadores y el CECOP; en eso queremos quedar claro contigo, ya queremos la paz y estamos viendo que este convenio es un síntoma y un
buen mensaje de lo que se dice aquí se va a cumplir”.
“Queremos que tú solicites una audiencia con el gobierno de la República y con tu presencia respaldes al CECOP, eso es lo que estamos pidiendo; nosotros queríamos que tú
cancelaras la presa. Sí sabemos que el proyecto es un proyecto del gobierno federal, pero sí puedes respaldar a los campesinos para que no vaya la presa”, reiteró.
En los acuerdos el gobernador del estado se compromete de no impulsar directa ni indirectamente otra asamblea agraria contraria a la voluntad de los comuneros y ejidatarios que
defienden sus derechos comunales y ejidales y que han dicho que la tierra no se vende.
Entre los cinco puntos de los acuerdos de Cacahuatepec, destaca que el gobernador de Guerrero, no impulsará directa ni indirectamente asambleas agrarias contraria a la voluntad de
los comuneros y ejidatarios que defienden sus derechos, así también se compromete ante los miembros de la CECOP a no utilizar la fuerza pública, y respetará los derechos de los
campesinos.
En el quinto punto, el gobierno de Guerrero se compromete a impulsar el diálogo fraterno en sus comunidades y contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante la creación
de una comisión que tenga como propósito desarrollar un programa comunitario integral, que atienda las necesidades de los campesinos.
“No puedo de ninguna manera apartarme de la congruencia de los gobiernos emanados de una coalición de izquierda, no es, repito, el que no seamos promotores de desarrollo
económico, pero dejamos muy en claro que debe de haber reglas, reglas muy específicas y que la primera de ellas es cuando uno llega a una casa, uno pide permiso, no puede entrar
uno irrumpiendo con violencia”, dijo el gobernador.
Consideró que con la firma de los acuerdos de Cacahuatepec, se inicia una nueva etapa “que los machetes los dejemos a un lado, que tengan la certeza que no enviaré elementos
para reprimirlos, sino que entremos en ese terreno de concordia y colaboración mutua, de que cuando yo vaya podamos sentarnos de manera civilizada”.
Agregó que los acuerdos de Cacahuatepec, son un “logro histórico” de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), y aseguró que durante su
administración no se aceptarán proyectos ni obras que no cuenten con la voluntad mayoritaria de los guerrerenses.
Los 5 acuerdos
1.- El gobernador constitucional del estado gestionará una audiencia entre el presidente de la República y el Cecop para que esta organización exponga su demanda de cancelación
definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota y respaldará con su presencia el planteamiento de los dueños de la tierra.
2.- El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, reitera su declaración de respetar la resolución del tribunal unitario agrario número 41 con sede en Acapulco, que anula la
asamblea del 28 abril de 2010 por medio de la cual se pretendió dar inicio al proceso expropiatorio para imponer contra la voluntad de los pueblos el proyecto hidroeléctrico La
Parota.
3.- El gobernador constitucional Ángel Aguirre Rivero refrenda su compromiso expresado también públicamente de no impulsar directa ni indirectamente asamblea agraria contraria a
la voluntad de los comuneros que defienden sus derechos y que han dicho que la tierra no se vende.
4.- El gobierno del estado de Guerrero se compromete a impulsar la paz, la justicia y el respeto a los derechos de los campesinos como seres humanos dignos, no se les
criminalizará ni se violentarán sus derechos humanos.
5.- El Cecop se compromete a impulsar un diálogo fraterno en sus comunidades y a contribuir para la reconstrucción del tejido social.
Prevén comuneros tiempos difíciles para el movimiento al llegar Peña Nieto a Los Pinos
En su noveno aniversario, el Cecop reitera su lucha contra La Parota
El gobernador Ángel Aguirre Rivero “sigue siendo un vil priísta”, sostiene Suástegui Muñoz
FRANCISCA MEZA CARRANZA Y REDACCIÓN
Al conmemorar ayer el noveno aniversario de su lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(Cecop) reiteró su exigencia de cancelar en forma definitiva la obra y vislumbró tiempos difíciles si Enrique Peña Nieto es ungido como presidente de México.
En reunión realizada ayer, los participantes citaron como logros importantes de su movimiento, los siguientes: “1. Luchamos a costa de nuestra propia vida por defender la tierra, el agua y el
territorio, por la posesión comunitaria de las tierras y la autonomía; 2. Mostramos a otras resistencias que con unidad y organización es posible detener la imposición de los megaproyectos; 3.
Demostramos que el gobierno mexicano actúa en todo momento de manera ilegal violando sus propias leyes. Impone los megaproyectos contra la voluntad de los pueblos , destruye la vida de los
campesinos y pasa sobre nuestros derechos; 4. Rebasamos a los líderes corruptos de la CNC. Rompimos su férreo dominio de décadas producto del corporativismo ancestral impuesto al campo mexicano y
causa de su desastre; 5. Utilizamos adecuadamente los mecanismos legales correctos y con ello reforzamos nuestro movimiento de resistencia. Emplazamos al gobierno con sus propias leyes y
obtuvimos triunfos legales que fortalecieron nuestra lucha”.
También mencionaron: “6. Logramos trascender nuestro espacio y llegar hasta instancias internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, del trabajo. Estos organismos exigieron al gobierno
mexicano el respeto a nuestros derechos y la salvaguarda sobre la posesión de nuestras tierras y territorio; 7. Rodeamos nuestro movimiento de la más amplia solidaridad a nivel estatal, nacional
e internacional y, a la vez, brindamos solidaridad y compartimos nuestra experiencia con otros movimientos. En unión con esas resistencias nos desplazamos por todo el país y por otros países en
Centro y Sudamérica; 8. Conformamos y nos integramos a redes en defensa de la tierra el territorio y el agua; contra las presas y la minería; redes de afectados ambientales; luchas por la
autonomía y la autodeterminación de los pueblos; contra los tratados de libre comercio y por los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Llevamos nuestra lucha al Tribunal Permanente de los Pueblos y al Tribunal Latinoamericano el Agua”.
Por otra parte, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota auguraron tiempos difíciles para su movimiento en caso de que el candidato priísta Enrique Peña
Nieto sea confirmado como el ganador de las elecciones; no obstante, aseguraron que se mantendrán firmes en su lucha; al presidente electo de Acapulco, Luis Walton Aburto, le advirtieron que no
se meta con el movimiento.
Los comuneros celebraron el noveno aniversario con una misa de acción de gracias en la que el párroco de Agua Caliente expuso que su lucha tendrá éxito si mantienen el espíritu alimentado con fe
pues no se trata sólo de la capacidad humana o preparación.
También se presentó una exposición fotográfica creada por los niños de la comunidad de Garrapatas, luego de un taller impartido por el fotógrafo del periódico El Sur, Carlos Alberto
Carbajal.
El abogado Rogelio Téliz García, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, destacó que en el tiempo que llevan de lucha se ha demostrado que ha sido por la vía pacífica y de la
legalidad por lo que consideró que se trata de “un ejemplo vivo en Guerrero”.
En su discurso, también anticipó que se aproxima una situación complicada y que se espera una ola de represión contra los cecopistas, pues lo ocurrido en San Salvador Atenco en la época de Peña
Nieto como gobernador, indica que no hay una garantía de que el nuevo gobierno no pretenda construir la presa por medio de la fuerza.
El vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz consideró que es el momento preciso para unificar luchas sociales porque se avecinan “tormentas peligrosas” con el cambio de gobierno en el país.
“Va a ser un reto a vencer la cancelación de la presa con éste nuevo gobierno federal que vamos a tener, sabemos de la capacidad y alcance del Cecop pero también la peligrosidad que significa
Enrique Peña Nieto como presidente, sabemos que ha mandado a perseguir, encarcelar, asesinar gente en Atenco”, expresó.
Dijo que el Cecop está más firme que nunca y que los nueve años de experiencia y sudor servirá para futuras generaciones pues son un ejemplo de lucha a nivel nacional e internacional. No
obstante, reconoció hay cansancio y desgaste pero el hecho de no estar solos los fortalece.
Destacó que han pasado los gobiernos federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; los estatales de René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo así como municipales que no
les han hecho nada y destaco el único “aliado incondicional” ha sido el ex presidente municipal perredista Félix Salgado Macedonio.
Del actual gobierno estatal, aseveró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “sigue siendo un vil priísta” pero que aun así no les hará nada.
Dijo que resta esperara qué ocurrirá con la llegada de Luis Walton Aburto a frente del ayuntamiento “Pero de una vez le decimos que ni su gobierno, ni los anteriores van a pasar sobre nosotros”.
Al respecto, el vocero Felipe Flores Hernández le advirtió que “no se meta en camisa de once varas”. Le envió el mensaje de que no se meta con el Cecop para que no haya problemas pues cuestionó:
“qué pasaría su cerraran los pozos (de captación de agua)”. “Lo vamos a llamar, a sentar en el banquillo para leer la cartilla, la mano como los húngaros”, aseveró.
A acto asistió el político y líder perredista Camilo Valenzuela Fierro, el ex alcalde Félix Salgado Macedonio, representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
LA MOVILIZACIÓN DEL CECOP OPACA EL SILENCIO OFICIAL
La invitación del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP) al Gobernador del estado de Guerrero a la Asamblea General del 11 de marzo para firmar los Acuerdos de Cacahuatepec tuvo
como respuesta el silencio. Como anticipamos, esto es un desafío y falta de respeto para el movimiento. También es una falta de visión política del gobierno del
estado. A lo que llamamos, al exigir la cancelación definitiva de la Presa La Parota es a defender al estado de Guerrero de la depredación y el saqueo. Ninguna
hidroeléctrica, ninguna mina son desarrollo para el estado ni para el país. Menos aún si son financiadas con capitales extranjeros que se llevan la ganancia, como
sería la Presa La Parota o los proyectos mineros canadienses.
Llamamos al Gobernador a ser partícipe de la defensa
de las tierras guerrerenses. No quiso, calló. Nosotros sí vamos a defender estas tierras y el agua, pero sobre todo vamos a defender el carácter comunitario de
nuestro territorio que es comunal y es indígena. Lo haremos a través de la movilización, profundizando la libre determinación, característica de nuestra
resistencia de nueve años contra la imposición, a la fuerza, de ese negocio de los capitales trasnacionales llamado Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota
promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal que fue expulsada de nuestro territorio desde el inicio de nuestro movimiento de
resistencia, el 28 de julio de 2003.
La firma de los Acuerdos de Cacahuatepec con el
gobierno del estado es solamente un paso más en el sinnúmero de acciones que hemos emprendido para lograr la Cancelación Definitiva de la Presa La Parota. Acciones
que van desde nuestras visitas a la Residencia Presidencial de Los Pinos y el Congreso de la Unión hasta la exposición del conflicto en el Comité DESC de la ONU en
Ginebra, Suiza, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Sin embargo sigue en pie nuestro emplazamiento al
Gobernador para la firma de los Acuerdos. Estos comprenden cinco puntos: gestionar la cancelación definitiva de la Presa La Parota ante el Ejecutivo federal,
demanda única del CECOP; no promover ninguna asamblea fraudulenta más (sobre este asunto y los siguientes se pronunció públicamente el
gobernador); no usar la fuerza pública contra el CECOP ni contra los movimientos sociales; respetar las sentencias del Tribunal Unitario Agrario que
declaran nulas las asambleas amañadas con que buscaron el aval para iniciar el proceso expropiatorio; y respaldar las acciones del CECOP por recuperar y recomponer
el tejido social destruido por la CFE en nuestras comunidades.
LA MOVILIZACIÓN
1.Convocamos a movilizarnos el 23 de marzo. En vías hacia la Unidad llamamos a todos los
habitantes de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec a incorporarnos a la Acción Comunitaria por la Unidad y la Paz propuesta por la Iglesia Católica para
el viernes 23 de marzo a las 9:00 a.m. que partirá de la Vereda de Amatillo, en San Pedro Cacahuatepec para culminar en Las Parotas.
2.Llamamos a una gran movilización el mes de mayo por la Cancelación Definitiva de la
Presa La Parota.
LA PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS MOVIMIENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.
El CECOP respalda y participará el 29 de marzo en
las acciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el cobro arbitrario de las altas
tarifas de luz y por la represión a los electricistas del SME, a los integrantes de la Red Nacional de Resistencia civil, a la Asamblea Nacional de Usuarios y a
los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos y las hidroeléctricas.
El CECOP integra el evento del día de hoy como parte
de las acciones del 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Presas que se conmemora a nivel mundial.
Nuestro movimiento se une y se solidariza con la
resistencia de los compañeros chilenos contra la represa Hidroaysén, con la Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú, la resistencia del pueblo Ngäbe Buglé
en Panamá, la resistencia mesoamericana contra las represas y, desde luego se solidariza y respalda la lucha de Temacapulín contra la presa El Zapotillo en
Jalisco, y del Copudever contra el proyecto Paso de la Reyna en Oaxaca.
El CECOP será parte de la Audiencia Ambiental del
Tribunal Permanente de los Pueblos.
¡VIVA LA LUCHA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!
¡LA TIERRA NO SE VENDE!
Aguacaliente,
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec,
Acapulco, Gro. México.
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA
PAROTA
CECOP
La oposición a La Parota denuncia que la paraestatal viola un mandato judicial
Vuelve la CFE a Cacahuatepec a pesar de la orden del Tribunal
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad entraron el domingo a cuatro comunidades
Preocupa al Cecop que el gobierno haya destinado 750 mdp para esa obra en 2012: Suástegui
FRANCISCA MEZA CARRANZA
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que la Comisión Federal de Electricidad empezó obras de medición
relacionadas con ese proyecto en la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec.
En entrevista, detalló que el domingo pasado, habitantes de Garrapatas, Arroyo Verde, La Concepción y San José detuvieron a un grupo de obreros de la paraestatal que desarrollaban los trabajos,
quienes advirtieron que regresarán.
Calificó el hecho como una provocación porque el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 invalidó la asamblea en la que supuestamente se había aprobado la expropiación, con lo que la CFE también viola
un mandato judicial federal.
“Al parecer están midiendo una línea, una brecha, donde va a pasar una línea de alta tensión para energía a la zona donde estará la presa, y construirán una súper carretera al parecer de ocho
carriles, nos han dicho algunos topógrafos e ingenieros que han medio la zona”, indicó.
Dijo que existe inquietud entre los opositores porque el gobierno federal destinó 750 millones de pesos para la hidroeléctrica en 2012, por lo que se organizarán para impedir que los trabajos se
lleven a cabo.
“Parece que el gobierno no acata las resoluciones de que no pueden trabajar porque no tiene la aprobación de los comuneros”, criticó.
FRENTEAL INFORME PRELIMINAR DE LA CNDH SOBRE LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA,
El CONSEJO DE EJIDOS YCOMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA, (CECOP)
EXIGE ¡CASTIGO A LOS CULPABLES¡
BOLETÍNDE PRENSA
Sobre la represiónarmada en contra de la movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural “RaulIsidro Burgos” de Ayotzinapa, llevada a cabo en Chilpancingo, capital delestado de Guerrero el
12 de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de DerechosHumanos (CNDH) emite informe preliminar a las instancias judiciales, para que deslindenresponsabilidades penales en contra de los
involucrados. Menciona como tales aelementos de las corporaciones: Policía Federal Preventiva, PolicíaMinisterial, Policía Estatal Preventiva (algunos de ellos armados vestidos decivil).
Se afirma que de los175 policías de las tres corporaciones, 67 portaban armas -dicha evidencia fuenegada inicialmente por los funcionarios responsables del operativo-. Lospolicías mataron a 2
estudiantes –delito calificado como ejecuciónextrajudicial-, hirieron a 4 y torturaron a 24. La CNDH informa que se violarongravemente el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, la
libertad,la legalidad y la seguridad jurídica de los estudiantes normalistas.
La CNDH demanda ante laProcuraduría General de la República, se castigue a los que intervinieron, alos que ordenaron, a los que toleraron, a los que propiciaron y ejecutaron losdisparos detonados
ininterrumpidamente por más de 6 minutos y a los quepersiguieron y ejercieron la tortura y tratos crueles e inhumanos a losjóvenes; haciendo énfasis en un estudiante que después de haber sido
torturadolo hicieron disparar un AK-47 para inculparlo. Remarca también lascontradicciones y falsedades en que incurrieron los jefes policiacos y losfuncionarios de las dependencias de seguridad
federal y estatal al fabricardelitos, alterar y contaminar evidencias, obstruir la investigación y dejar sinauxilio a los estudiantes heridos.
El CECOP exige castigoa los elementos de las corporaciones policiacas mencionadas y a los funcionariosfederales y estatales que incurrieron en los delitos que se imputan, pero exigeademás que el
Presidente de la República y el Gobernador del estado de Guerrerosean citados en cuanto se exija el deslinde de responsabilidades. Ambos sonresponsables en última instancia de los hechos en tanto
que,constitucionalmente, a ellos compete cuidar de la seguridad de los ciudadanos anivel de todo el país y a nivel del estado de Guerrero, respectivamente. Si nose deslindan responsabilidades en
los niveles más altos, seguirá imperando laimpunidad.
Los policías tiraron amatar, cumpliendo órdenes y seguros de que están entrenados, tienen permiso paramatar, y que gozarán de impunidad. Lo más grave es que Felipe Calderón y Ángel
Aguirrecomparten el avance sin freno de un Estado militarizado que tiene crispado alpaís y al estado de Guerrero, y que criminaliza la lucha social. Ambos tienenque responder de sus operativos
militares y policiacos y de las acciones de sustropas y de sus policías; de otro modo se deducirá que éstas ya se les salieronde control, asunto mucho más peligroso para México y para Guerrero.
Los mexicanos y losguerrerenses no vamos a permitir más impunidad. Si ahora fue Ayotzinapa quiénsigue después. Nuestro movimiento de resistencia contra la presa La Parota haceun llamado de alerta
ante la represión armada. Un acto de esta magnitud no sehabía repetido desde los años 60’s. Los gobiernos federal y estatal puedendesbocarse si la ciudadanía no les pone un alto. Acteal, Aguas
Blancas, ElCharco, hasta ahora siguen impunes, Ayotzinapa requiere de justicia. No másimpunidad.
· El CECOP llama a los guerrerenses, a todos los mexicanos, a los movimientos y alas organizaciones sociales a movilizarnos en contra de la
militarización, dela tortura, de la desaparición forzada y contra la criminalización de la luchasocial. No podemos permitir que se siga militarizando al país y que los 63 milmuertos del sexenio
se hagan parte de la vida diaria, sobre todo para los niñosy niñas que nacieron bajo el signo ominoso de la “guerra de Calderón”. Muertosy asesinados. Parece que ese es el legado que Calderón les
deja. Al puebloentero nos toca detener y acabar con este estado de terror.
· Exigimos¡Alto a la violencia, principalmente la violencia de Estado!
· Exigimosjusticia y alto a la impunidad.
· Castigoa los policías inculpados y a los responsables de todos los niveles de gobierno:los que enviaron policías armados, quienes ordenaron y
ejecutaron los disparos,y quienes torturaron y violaron derechos humanos de los jóvenes.
· Llamamosa la solidaridad total con los agraviados, que son los estudiantes deAyotzinapa. No permitiremos que otra manifestación sea atacada a balazos.
· Llamamosa defender, sostener y fortalecer la Escuela Normal Rural “Raul Isidro Burgos”de Ayotzinapa.
NUESTRA SOLIDARIDAD ESTÁ CON LOS ESTUDIANTES DEAYOTZINAPA Y CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE LUCHAMOS POR UN MÉXICODEMOCRÁTICO CON JUSTICIA Y PAZ
¡EXIGIMOS CASTIGO A LOS CULPABLES DELA REPRESIÓN ARMADA CONTRA LOS NORMALISTAS!
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
(CECOP)
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) CONDENA ENÉRGICAMENTE el ASESINATO DE TRES ESTUDIANTES de la
Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; que fueron agredidos el día 12 de diciembre del 2011 a las 12 hrs. durante una manifestación pacífica que exigía que el Gobernador
Ángel Aguirre Rivero cumpliera con los compromisos asumidos y luego de la cancelación de tres audiencias. En la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco fueron certeramente
agredidos por fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, resultando ASESINADOS los normalistas:
Gabriel Echeverría de Jesús de 20 años del 2º “B” de la Licenciatura de Educación Física.
Jorge Alexis Herrera Pino de 21 años del 3º “A” de la Licenciatura de Educación Primaria.
Y otro compañero que falleció a consecuencia de las heridas de bala.
Además, hay aproximadamente 5 heridos más de bala, 50 detenidos, que han sido torturados para que declaren en contra de sus
compañeros y un número indeterminado de desaparecidos.
Las fotografías y videos publicados por las redes de comunicación muestran la saña de la agresión y claramente que quienes
dispararon fueron las fuerzas policiacas y que los estudiantes y los miembros de las organizaciones que los apoyaban no llevaban más armas que sus ideas y demandas.
De igual forma, ha sido rodeada la normal por fuerzas militares y policiacas con la finalidad del desalojo de los estudiantes y
padres de familia, a quienes no les permiten la salida.
DEMANDAMOS:
CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE NUESTROS COMPAÑEROS.
LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESENTACION DE LOS DESAPARECIDOS.
ENTREGA DE LOS CUERPOS A LOS FAMILIARES.
RESPETO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, NO AL CIERRE DE LA ESCUELA.
REPUDIO TOTAL AL GOBIERNO MEXICANO GENOCIDA.
Conferencia de prensa 13 de diciembre 12:00 hrs. En la sede de la Sección 9 Democrática de la CNTE, Belisario Domínguez 32, Col.
Centro (m Allende)
Diciembre 2011
¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!
¡VENCEREMOS!
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
Tadeco denuncia la represión del gobierno del PRD en contra del movimiento y las organizaciones populares de Guerrero.
Continúan las acciones de represión del Gobierno de Angel Aguirre Rivero contra el movimiento y las organizaciones populares de Guerrero.
Inicia una cacería de brujas.
Después de la represión a los maestros de Acapulco el pasado miércoles 12 de octubre, los actos de represión del flamante gobierno perredista de Angel Aguirre Rivero está desatando una
cacería de brujas contra dirigentes populares.
Es el caso del compañero Omar Moreno Ayvar, uno de los campesinos que desde hace 11 meses participan en la defensa del arroyo de Juluchuca del cual se mantienen de la pesca artesanal de
camarón, concesionado por CONAGUA a la empresa extractora de material pétreo AGRITSA SA DE CV, propiedad de Napoleón Lacunza Santos, hermano del alcalde priista de Petatlán Albino Lacunza
Santos.
Ahora por su lucha a favor de más de mil quinientos afectados, todos ellos campesinos y pescadores pobres, que buscan la revocación de esta concesión ha sido encarcelado y le han fijado una
fianza de 2 millones 700 mil pesos y hay 15 órdenes de aprehensión más, entre ellas contra José Luis Vargas Izazaga, comisario municipal.
Otro caso es el del compañero consejero de la CRAC Agustín Barrera Cosme, de la comunidad de Pajarito Grande, anexo de Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis Acatlán, quien en una
incursión militar en territorio comunitario fue aprehendido acusado de un supuesto delito ambiental.
Reiteramos que estos hechos significan el fin de una muy corta etapa del actual gobierno que se canso de hablar de tolerancia y concertación y ha empezado a cancelar el diálogo para imponer
su voluntad política a través de la represión con aquellos movimientos y organizaciones que no ha podido mediatizar y cooptar mediante dádivas y canonjías.
Ante esto, alertamos al movimiento popular guerrerense a mantenerse alerta y sostener por encima de cualquier tipo de prebendas y de tentaciones de poder, el principio de nuestra
independencia ante el estado, a no ceder en la lucha por nuestros derechos aceptando dádivas ni migajas y a solidarizarnos y defendernos mutuamente para seguir construyendo una fuerza social
anticapitalista y antineoliberal suficiente para transformar de raíz nuestro país, desde abajo y a la izquierda.
Llamamos a las organizaciones del pueblo a fortalecer las luchas por nuestros derechos, contra la violencia social, a reivindicar y hacer propia la demanda de justicia de los familiares de
desaparecidos y asesinados en Guerrero, a impulsar la lucha por la paz con justicia y dignidad desde sus propios espacios y a reforzar las organizaciones y colectivos de manera autónoma del
estado para detener esta terrible guerra que solo afecta al pueblo.
¡EXIGIMOS ALTO A LA REPRESION Y A LA PROVOCACION A LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE GUERRERO!
¡LIBERTAD INMEDIATA A OMAR MORENO AYVAR DE JULUCHUCA Y A AGUSTIN BARRERA COSME DE PUEBLO HIDALGO!
¡POR LA PRESENTACION DE LOS DESAPARECIDOS!
¡POR EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LOS ASESINATOS!
Movimiento Popular Vicente Guerrero
Cooperativa La Esperanza de Iguala
Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero
Comité Organizador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en Iguala
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata
Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc
Taller de Desarrollo Comunitario
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA Territorio Comunitario. Territorio Comunitario. San Luis Acatlan,
Gro. Octubre 26. 2011. AL PUEBLO EN GENERAL. A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El día de ayer, martes 25 de octubre, aproximadamente a las 10 de la
mañana, fuimos informados en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, que un convoy de aproximadamente siete vehículos que trasladaban a personal militar y elementos de la Policía
Federal, ingresaron a territorio comunitario, por San Luis Acatlan, pasando por las comunidades de Horcasitas, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Hondura Tigre y
arribaron a la comunidad de Buenavista, lugar donde hicieron una parada y preguntaron por donde llegar a la comunidad de Pajarito Grande, supuestamente extraviados. Ahí se les informo, y regresaron
hacia esta última comunidad mencionada, lugar al que arribaron aproximadamente a las 16 horas y detuvieron al compañero Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC, a quien se le dijo que tenía orden
de aprehensión por haber cometido un delito ambiental meses atrás. Luego de la detención regresaron de igual manera por San Luis Acatlan, con rumbo a la ciudad de Acapulco, llevándose detenido a
nuestro compañero, por quien exigimos su inmediata libertad. Lo anterior ocurre en un contexto de alerta generalizada en las comunidades que integran nuestra institución comunitaria, ya que en los
últimos meses, y en particular en los últimos días, se han incrementado de manera visible los actos de delincuencia, sobre todo los relativos al narcotráfico. Concretamente, los días 13 y 14 de
octubre del año en curso, precisamente durante los días de celebración del XVI aniversario de nuestra Policía Comunitaria, se logro la captura de cinco personas involucradas en el traslado de un
cargamento de mariguana, (33 paquetes) utilizando tres vehículos; junto con la carga y los vehículos, se les decomisaron aparatos de radio de banda civil y teléfonos celulares; no llevaban ningún
tipo de arma. Los detenidos son los CC. Javier Ventura Morales y Marcos Ventura Morales, de la comunidad de Cahuañaña, municipio de Metlatonoc, Gro.; Pedro Ponce Rodríguez y Feliciano Ponce Chávez,
de la comunidad de Rio Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, Gro., y Gabriel Orozco Nieto, quien dijo ser del Estado de México. Por la gravedad de la falta cometida, los detenidos de inmediato
fueron puestos a disposición por la Policía Comunitaria ante la máxima autoridad de nuestra institución, que es la Asamblea Regional de Autoridades, la cual sesionara el próximo 5 de noviembre, fecha
en la que se determinara el procedimiento y términos de su sanción y reeducación. De igual manera, en esa fecha se determinara el destino de la droga y los bienes asegurados. Sabemos de las posibles
implicaciones de este caso grave que está ocurriendo, y solo pedimos a las autoridades del Gobierno, respeten los procedimientos y acuerdos que las instancias del sistema comunitario establezcan para
la atención de dicho caso. En el entendido de que nosotros no estamos en guerra contra nadie, y que en todos los casos priorizaremos la seguridad, integridad y tranquilidad de nuestras comunidades,
así como las mejores condiciones para la reeducación de los detenidos, respetando debidamente, conforme a nuestras posibilidades, sus derechos como personas. Rechazamos desde ahora, la presencia de
militares y policías federales en Territorio Comunitario, ya que ello no contribuye a la seguridad ni a la tranquilidad de nuestros pueblos. Reiteramos nuestra disposición de dialogo y trabajo
coordinado con el gobierno, pero con respeto a nuestras instancias y mecanismos para la toma de decisiones. Decimos no a la sumisión ni a la subordinación. “SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO”
“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA” COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA
Yo he sufrido mucha discriminación por parte del gobierno y de mi comunidad. Pero aún así sigo luchando, para que eso no se quede como si nada hubiera pasado, relató a medios de comunicación internacionales Valentina Rosendo Cantú. Foto: Armando G. Tejeda
·Denuncian su caso en Alemania, Francia, Reino Unido y España
Mexicanas violadas por militares buscan justicia desde fuera del
país
·Acusan al gobierno de Calderón de proteger a agresores e incumplir sentencia
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de junio de 2011, p. 19
Madrid, 2 de junio. Yo puse toda mi confianza en México para buscar justicia, pero desde
hace nueve años que fui maltratada he tocado muchas puertas y el Estado mexicano siempre se ha negado a darme la oportunidad de castigar a esos militares, explicó Valentina Rosendo Cantú, natural
de Guerrero y que el 16 de febrero de 2002 fue brutalmente violada por ocho efectivos del Ejército mexicano. Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado
mexicano por este caso, pero esa sentencia sigue sin cumplirse y los agresores siguen libres, por eso busco ahora justicia fuera, donde he encontrado a mucha gente que me apoya.
El caso de Valentina supuso un hito en la lucha de la defensa de los derechos humanos,
pues ha sido de las pocas mujeres indígenas que se han atrevido a denunciar e ir hasta el final en un caso de violación. A pesar de que la vergüenza de haber sido violada de cara a su comunidad y
a su propia familia le haya significado el destierro y el abandono de su marido. Pero ella se mantuvo firme y continuó con su denuncia, hasta que –ocho años después– logró su primera sentencia a
favor. El pasado primero de octubre, en una sentencia histórica, la CIDH obligó al gobierno mexicano a reconocer su responsabilidad, a detener a los culpables y a reparar a las víctimas. Y lejos
de que el gobierno de Felipe Calderón haya acatado el dictamen judicial, la vida de Valentina sigue igual o peor: amenazas constantes a ella y su familia, el destierro de su comunidad y el miedo
permanente a ser agredida de nuevo por los mismos militares que hace nueve años arruinaron mi vida.
Al ver que el gobierno mexicano mantenía la misma postura después de la sentencia de la
CIDH, Valentina decidió continuar su búsqueda de justicia en el exterior, denunciando la pasividad y complicidad de las autoridades con militares condenados por violaciones. Sólo en esta su
primera gira ha estado en Alemania, Francia, Reino Unido y España, donde se ha entrevistado con numerosas organizaciones, autoridades, medios de comunicación y diputados europeos.
Yo vengo de Guerrero, de una comunidad muy pobre, y a lo largo de estos años he vivido
una experiencia como mujer, como madre y como hija. Para mí es importante contar esto ante ustedes para seguir en mi lucha de la búsqueda de justicia. En 2002 fui maltratada por militares en el
estado de Guerrero, igual que mi compañera Inés (Fernández Ortega), que no pudo venir. En todo el camino que he seguido desde hace nueve años he tocado muchas puertas y siempre, hasta hoy, el
Estado mexicano se ha negado a darme la oportunidad para que los militares sean castigados. Todos ellos siguen libres. El gobierno mexicano no ha hecho nada, explicó.
Valentina lleva siete años fuera de su lugar de origen, la comunidad indígena Me´phaa
(de la etnia de los tlapanecos), porque después de su denuncia fueron miembros del Ejército y de la cabecera municipal a amenazar a la comunidad y a ella misma para que retirara la querella. Es
mi hija la que me hace seguir luchando y a nombre de las muchas mujeres que también han sido violadas por los militares y que no han alzado la voz por miedo, por vergüenza o por el temor de
destruir la casa y tener que salir de su comunidad, como me ocurrió a mi. Yo he sufrido mucha discriminación por parte del gobierno y de mi comunidad. Pero aún así sigo luchando, y la confianza
que me hace seguir es para que eso no se quede como si nada hubiera pasado. El gobierno tiene que investigar. México siempre dice que apoya los derechos humanos y la comunidad indígena, pero la
verdad es que no es así. Lo que ha hecho en mi comunidad es mandar a los militares, que han violado a las mujeres, en lugar de poner un buen centro de salud, denunció Valentina ante decenas de
medios de comunicación, la mayoría españoles.
En México no todo es narcotráfico
Gabriela Morales, coordinadora jurídica de la iniciativa Frontera Norte, explicó por su
parte que la violencia sexual es una de las tragedias que se están multiplicando en México, no sólo en la frontera norte sino en todo el país. La militarización es otra forma de control y de
violencia, además de que lo fomenta. Pues en México no todo es narcotráfico ni crimen organizado. Esta defensora de los derechos humanos también criticó el mal estado de la justicia en el país:
Cuando uno acude a pedir justicia te responden con la retórica de que estamos en medio de una guerra. Eso ha hecho que las denuncias no se hagan. De 10 personas que sufren ataques o violaciones,
como mucho una denuncia. Y sabe que si lo hace al día siguiente puede aparecer muerta, pues se sabe que el crimen organizado está coludido con autoridades públicas, con la policía federal y con
la justicia. Hay que distinguir que en México no hay un Estado de derecho: por lo menos en determinadas zonas la justicia está muy condicionada.
Por último, Minerva Nora Martínez, coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos
Bartolomé Carrasco Briseño, denunció que el caso de Valentina y el de otras muchas mujeres que han sufrido una experiencia similar se da por la militarización que se está dando en todo México.
Nosotros estamos en Oaxaca y también vemos que la impunidad y la falta de respeto a las sentencias por parte del gobierno mexicano sólo pone en riesgo a las defensoras que estamos al frente de
organizaciones que documentamos este tipo de violaciones a los derechos humanos. En el trabajo cotidiano sufrimos muchas amenazas, fomentadas de alguna manera por esta sensación de impunidad e
incumplimiento por parte del Estado mexicano.
Aspecto actual de los manglares en la laguna de Potosí. Foto: Carlos Cisneros
Zihuatanejo nació como pueblo de pescadores y así debe seguir
Concesionan a Fonatur 3 mil hectáreas de bahía y laguna donde operan 26 cooperativas
El Diario Oficial de la Federación especifica que se establecerá una administración portuaria integral, pero nunca se menciona el destino de los pobladores; no se nos
ha hablado claro, dicen
Angélica Enciso L.
Enviada
Periódico La Jornada
Martes 26 de abril de 2011, p. 33
Zihuatanejo, Gro. Es la cuarta ocasión en que los pescadores de este puerto se enfrentan al riesgo de ser desplazados. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) concesionó la bahía al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para establecer una administración portuaria integral (API).Es la privatización, señalan.
Desconocen los alcances de la concesión publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero. Han acudido en busca de apoyo a la presidencia municipal, realizaron una
marcha el 31 de marzo y fueron a las cámaras de Diputados y Senadores, donde los legisladores les prometieron visitar el puerto para conocer de cerca el problema.
Su meta es la anulación del proyecto. Anteriormente, los pescadores lograron cancelar los planes de construcción de un muelle de cruceros. Su argumento fue que alrededor de 2 mil 500
familias viven de la pesca, no hay más opción de empleo, ya no son jóvenes para recomenzar y la economía del puerto gira en torno a esa actividad. Sobre todo, recuerdan, Zihuatanejo se formó hace
60 años como pueblo de pescadores. Y así debe continuar, enfatizan.
De acuerdo con el Diario Oficial,unas 3 mil hectáreas de la bahía y de laguna Salina fueron concesionadas a Fonatur. Ésta es la zona donde funcionan las 26 cooperativas
pesqueras, ahí tienen ancladas embarcaciones y hacen la captura.
Hace 15 años se construyó un espigón frente al estero Salina, lo cual cambió las corrientes marinas y hoy impide el movimiento en este cuerpo de agua, ubicado a un costado de la bahía. Esto
causó la muerte de manglares y que se convirtiera en depósito de aguas residuales de la ciudad, donde viven 100 mil personas. Generalmente, la laguna es verdosa, a veces maloliente, ya que las
plantas de tratamiento no siempre funcionan, dice Obdulia Balderas, presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz).
Un día a la semana arriban dos cruceros. Bajan turistas en tenders –pequeñas embarcaciones que los trasladan al muelle. Ya en tierra los espera un transporte para
conducirlos a algún sitio turístico. Su consumo en el pueblo es casi nulo. Un refresco, una cerveza, una playera, un llavero, explica María de Lourdes Armenta, integrante de la Rogaz: Los
promotores vienen con el cuento de que la derrama económica será mayor y habrá empleos; no es verdad. La construcción del muelle elevaría el turismo de cruceros, pero perderíamos al visitante de
carretera, que se hospeda en hoteles y come en restaurantes. Cambiaríamos a éste por el que baja unas horas y gasta unos cuantos pesos.
Explica que en 1994, 2003, 2005 ya se había intentado privatizar el puerto. “La diferencia es que ahora ya se publicó en el Diario Oficial y se presenta como un hecho.
Buscan despojar a los pobladores en beneficio de unos pocos”, denuncia.
La concesión especifica que aquí habrá una API, pero no se precisa si los cruceros seguirán llegando, como hasta ahora, porque Barra de Potosí, donde sería el muelle, está a 30 minutos por
tierra y no hay infraestructura turística, a menos que la vayan a construir, explica.
Fonatur, indica, pretende homogeneizar todos los sitios: si en Huatulco y los Cabos hay API, aquí también, aunque este puerto tenga características diferentes. Esta concesión
privatizadora atenta contra los derechos humanos de la población al trabajo, al libre tránsito, a la vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano.
Jesús Álvarez, presidente de la cooperativa de prestadores turísticos lo dice sin ambages: Detrás de esta iniciativa hay gente poderosa, como John McCarthy, ex director de Fonatur en
el sexenio pasado, y otros socios. Aquí llegan con el pretexto de generar fuentes de empleo. La pregunta es cuál será el costo. A los pescadores no se nos ha hablado claro. En el título de
concesión ni se nos menciona. No se dice si vamos a ser indemnizados o reubicados.
Nuestros derechos constitucionales no son tomados en cuenta, advierte Benjamín Lorenzano, presidente de la cooperativa pesquera Los pulpos, que cuenta con 24 socios y pertenece a la
Federación de Cooperativas Pesqueras José Azueta.
En el patio de una casa, cerca del muelle, se congrega un grupo de presidentes de cooperativas que acaba de regresar del Distrito Federal, donde se reunió con legisladores.
Benjamín puntualiza: somos un pueblo pacífico, pero si nuestros derechos son atropellados, dejaremos de serlo. Somos de edad avanzada, de 30 años en adelante y pocos tenemos estudios.
Si no es en este empleo, ¿en qué vamos a trabajar?
El proyecto se hizo sin tomar en cuenta a la población. La bahía tiene una entrada estrecha, en medio de la cual hay morros, y difícilmente es afectada por los huracanes. Por eso es
tan codiciada por gente ambiciosa, advierte Benjamín.
“Hay buzos que pescan con arpón, pero hay sitios donde ya no pueden trabajar, porque están cerca de playas privadas. Trabajamos para subsistir,cuando nos va mal comemos un poco de pescado,
langosta u ostión. De aquísale para la educación de nuestros hijos, para las medicinas, no tenemos seguro social, pagamos todo de nuestro trabajo, expone Elio Solís, presidente de la cooperativa
Atarrayeros de Zihuatanejo.
Por generaciones la pesca ha sido el medio de vida de los pobladores. Cada cooperativista emplea a cuatro personas. De la pesca también dependen restaurantes, talleres de reparación de
lanchas, vendedores de combustible y el turismo.
Con la llegada de buques entra en vigor un código internacional de seguridad que impedirá el libre paso a pescadores y a la población, para protección de los visitantes, señala Florentino
Zavala, representante de 18 cooperativas pesqueras de Zihuatanejo y Petatlán.
En la bahía de Ixtapa hay casas, propiedad de empresarios que han privatizado las playas La Escondida y Los Cuates, entre otras. Y en el muelle del puerto, donde la gente acostumbra
sentarse a partir de las ocho de la noche, ya se comenzó a restringir el acceso.
Galardona AI la lucha dolorosa de indígenas de Guerrero: Barrera
Llamado urgente a Calderón ante riesgo de detención del líder de la Red de Derechos Digna Ochoa
Reconocimiento al antropólogo y al Centro Tlachinollan por indagación de desapariciones forzadas cometidas por militares, “como en la guerra sucia”
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 20 de marzo de 2011, p. 31
El antropólogo Abel Barrera Hernández y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fundado por él hace 17 años, recibirán en Berlín el sexto Premio de los Derechos
Humanos de Amnistía Internacional (AI) Alemania, en reconocimiento a su labor de investigación de casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos del Ejército mexicano.
Durante la ceremonia –a realizarse el próximo 27 de mayo en la Casa de las Culturas del Mundo– con motivo del 50 aniversario de la fundación de AI, Barrera recogerá el galardón como un
reconocimiento a la lucha incesante de Tlachinollan por las garantías de los indígenas guerrerenses, que se ha realizado exponiéndose a veces a un alto riesgo personal.
Gracias a su trabajo estratégico, la repercusión de Tlachinollan se hace eco más allá de Guerrero, contribuyendo al fortalecimiento de los derechos humanos en todo México, afirmó
el comité organizador del premio.
El colectivo fundado por Barrera ha participado en casos que en 2010 se llevaron incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos el de los campesinos
ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, y el de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, atacadas sexualmente por soldados.
Debido al clima de hostigamiento y amenazas contra los miembros de Tlachinollan y otras asociaciones civiles, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que brinde medidas de protección para
más de 100 activistas, pero hasta el momento dicha orden no ha sido cumplida a cabalidad.
El reconocimiento de AI, dotado de 10 mil euros, se otorga a individuos y organizaciones que han defendido los derechos humanos en situaciones difíciles, y busca reconocer el esfuerzo
de dichas personas, apoyarlas y promover su trabajo ante la sociedad alemana.
En entrevista telefónica con La Jornada, Barrera se congratuló por el otorgamiento del premio, aunque dijo que éste, más que ser un mérito individual, es un
reconocimiento a la lucha incansable y dolorosa que han emprendido los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, donde lamentablemente todavía no ha llegado la justicia.
Consideró que, en lo inmediato, una de las consecuencias positivas del galardón es que ayudará a centrar la mirada de la gente en lo que ocurre en dicha entidad del sur del país, donde
se está generando un nivel de represión y de violencia tan fuerte como el de la llamadaguerra sucia, en la década de 1970.
Hay más de 600 desaparecidos en Guerrero, y eso sigue pasando ahora. Continúan muriendo jóvenes y niños, se criminaliza la protesta social y se encarcela a quienes luchan por conseguir
justicia. Siguen atentando contra las y los defensores de derechos humanos, obligándolos a salir de sus hogares, lamentó.
Más que ser para una sola persona –recalcó–, el galardón se otorga a todas las organizaciones de familiares, víctimas de la represión, activistas, hombres y mujeres del campo,
indígenas y jornaleros que incluso han dado su vida por esta causa. Ahí se condensa lo que representa la lucha por los derechos humanos en el sur del país.
Imagen de la asamblea de indígenas en Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, donde mostraron un mapa con los lugares que serían afectados por la explotación de minas. La Policía Comunitaria y las comunidades acordaron no dejar entrar a ninguna empres
Enviarán documento formal a los tres niveles de gobierno, a la ONU y a la CIDH
Rechazan en Tierra Colorada que trasnacionales exploten yacimientos
Mineras inglesas y canadienses obtuvieron permiso federal por los próximos 50 años, denuncian
Si hay esa riqueza que dejó Dios, es para la gente que quiere vivir sobre la tierra, dijo una anciana
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 32
Tierra Colorada, Gro., 19 de febrero. Tierra Colorada, un pueblo tlapaneco de alrededor de 5 mil habitantes, se convirtió en el primero de 30 de los núcleos agrarios situados bajo la
zona de influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (o policía comunitaria), que rechaza formalmente la explotación por parte de compañías trasnacionales de los
yacimientos de oro, plata y zinc recientemente descubiertos en un perímetro de 500 kilómetros de la región Costa Chica y Montaña Alta de Guerrero.
Así lo informó Carmelo Oropeza Demetrio, presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, quien denunció que, con autorización del
gobierno federal, empresas mineras canadienses e inglesas pretenden explotar en los próximos 50 años esos grandes yacimientos.
Por unanimidad ya tomamos el acuerdo (de rechazo) el pasado 28 de enero, y ya hasta lo depositamos en el Registro Agrario Nacional, dijo orgulloso mostrando el documento en la asamblea
efectuada el jueves 17 de febrero.
Los tlapanecos, o me´phaá, son de los pocos pueblos que toman sus acuerdos en asamblea, como la del jueves, donde los indígenas fijaron su postura, todos en defensa de sus tierras: No
nos vamos a dejar engañar, aunque nos digan que hay dinero de por medio, dijo un anciano.
Señalando los cerros El Burro, La Luna y La Ardilla –que según el proyecto serán explotados a cielo abierto– una indígena adulta señaló: “Esos cerros nos dan agua, no queremos que se
desbaraten porque se van a destruir las huertas; si hay esa riqueza que dejó Dios, es para la gente que quiere vivir sobre la tierra.
De ahí toman agua nuestros animales, y también los silvestres; se van a acabar las plantas y los paisajes, ya no vamos a poder sembrar plátanos, maíz ni el café, ¿de qué vamos a vivir?,
dijo un asistente a la asamblea.
Otro anciano fue tajante: Tal vez habrá salarios para esta generación que hoy vive, ¿y para nuestros nietos y los que van a venir después? Tal vez quieran construir escuelas y
hospitales en estos momentos, y cuando se acaben los metales, ¿qué va a pasar?
Al término de la asamblea de Tierra Colorada, Pablo Guzmán Hernández, uno de los 10 coordinadores de la policía comunitaria, recordó que el 23 de enero, en Jolotichan, municipio de San
Luis Acatlán, “todos los comisarios y autoridades rechazaron que nuestros bosques y montañas sean pulverizados; que los ríos sean anegados, todo mundo se pronunció en favor de la vida, de que
sigan volando las aves por las cañadas del territorio comunitario.
Las mineras son un peligro para la misma vida, para el equilibrio ecológico, ya no habrá paisajes y desaparecerán nuestros lugares sagrados. Acá en la Montaña mucho se venera a San
Marcos, o como antes se conocía: Tláloc, o Chac, y los pueblos indígenas van a los cerros a pedir lluvia para que haya buenas cosechas; por eso estamos en favor de conservar el entorno
ecológico, social y cultural, por eso decimos no a las mineras, añadió.
Guzmán Hernández resaltó que la mayoría de las 70 comunidades bajo influencia de la policía comunitaria ya rechazaron la presencia de minas, incluso los pueblos que no se rigen por las
leyes de la policía comunitaria lo han rechazado, en total son más de 100 pueblos, por eso estamos convocando a otra asamblea el próximo 26 de febrero, la definitiva, en la comunidad de
Paraje Montero, municipio de Malinaltepec; ya se hizo una asamblea con los núcleos agrarios el pasado 5 de febrero en Colombia de Guadalupe, y también se rechazó la propuesta de que vengan a
explotar minerales a nuestro suelo.
En la reunión de Paraje Montero, insistió, se prevé que la totalidad de los núcleos agrarios fijen por escrito su rechazo a la presencia de empresas mineras, canadienses e inglesas,
debe haber un documento formal y oficial emanado de la asamblea, que se entregará a los tres niveles de gobierno y a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que a los pueblos indígenas no se les consultó si aceptaban o no la explotación de sus tierras, y eso es una afrenta para nosotros, no lo vamos
a permitir.
Se prevé para este mismo año que inicie la explotación de los yacimientos en tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y su filial Minera Zalamera, en los municipios de
Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas. Los otros dos proyectos son San Javier y La Diana, y estarán a cargo de la canadiense Camsim Minas SA, y abarca comunidades de
los municipios de Malinaltepec e Iliatenco.
Presuntamente desde el 21 de octubre de 2010, ambas compañías recibieron los permisos del gobierno mexicano, mediante la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Ninguna puerta se abrió
Gloria Muñoz Ramírez
Tocaron todas las puertas y ninguna se abrió. Regresaron a sus comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero en camionetas y camiones de redilas para informar a sus pueblos y
para definir los siguientes pasos. La frustración y, sobre todo, la rabia e indignación, los acompañaron camino arriba.
Los más de cien comisariados ejidales y municipales pertenecientes a la recientemente integrada Unión de Pueblos y Organizaciones de la Costa Chica Montaña de Guerrero, salieron de sus
comunidades y llegaron a Chilpancingo, la capital, donde se plantaron dos días en protesta por las altas tarifas eléctricas que se mantienen en una de las regiones más empobrecidas del
país.
El palacio de gobierno de Chilpancingo se mantuvo cerrado. Nadie estuvo para escuchar sus demandas. Nadie que les explicara por qué les llegan recibos hasta de 15 mil pesos por consumo
de luz, por qué tienen que pagar tarifas más altas que en el puerto turístico de Acapulco y que en la propia capital del estado.
Decidieron entonces encaminarse a la ciudad de México. Y ahí vienen con sus papeles oficiales sellados por cada comunidad a la que representan. Llegan al Congreso de la Unión, donde los
reciben delegados de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Gobernación y de Secretaría de Hacienda, además de una comisión de diputados.
A todos les explican la situación y les exigen tarifas preferenciales para una región de baja producción agrícola, de alta desnutrición, de flujos migratorios, de precariedad absoluta.
Los delegados los escuchan, les sellan sus peticiones y les dicen que no tienen ningún poder de decisión, que regresen a sus pueblos y que quedará asentada su queja en algo que se llama
Comité de Información, Gestoría y Quejas.
La Unión de Pueblos y Organizaciones de la Costa Chica Montaña de Guerrero se conformó hace cuatro meses, a raíz de las amenazas a su territorio de las empresas mineras inglesas y
canadienses, contra los ejes carreteros y por las altas tarifas de energía eléctrica. La integran 120 pueblos y organizaciones, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas
(CRAC-Policía Comunitaria), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero y la Coordinadora de Autoridades Indígenas de la Montaña. Entre los municipios en los que tienen presencia está
Ayutla de los Libres y Cochoapa El Grande (el de mayor índice de pobreza en México); además de Cuajinicuinapa. Son regiones meph’aa, naha savi, afromestizas y nahuas.
Agotaron las instancias, recogieron los correspondientes sellos y regresaron a sus pueblos en sus camiones de redilas. ¿Qué sigue?...
La peor tragedia que pueda ocurrir para un pueblo indígena, mayor incluso que un desastre natural o la presencia de
la delincuencia organizada, es que una corporación minera adquiera una concesión para explotar una mina en su territorio. Esta es precisamente la amenaza que se cierne sobre los pueblos indígenas
del estado de Guerrero que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
No han sido suficientes los esfuerzos de la CRAC por mantener en la Montaña y regiones de la Costa Chica un
eficiente, reducativo y no corrupto sistema de administración de justicia, así como una de las incidencias de delito más bajas del país mediante una Policía Comunitaria que obedece el mandato de
los pueblos de donde son originarios sus integrantes, a la par que ha salvaguardado su autonomía frente a intentos por cooptar y/o criminalizar a la organización. Ahora tiene que enfrentar una
difícil lucha que se inició en noviembre pasado, cuando en sus oficinas de San Luis Acatlán, de la Costa Chica guerrerense, se presentaron tres personeros de la minera Hochschild, de capital
británico, para notificarles que durante los días subsecuentes un helicóptero al servicio de la empresa estaría realizando vuelos exploratorios por toda la zona a no más de 35 metros de
altura.
Estos tres emisarios del apocalipsis se ampararon con la copia fotostática de un documento donde se afirma que esta
corporación cuenta, desde el 21 de octubre 2010, con el permiso de las autoridades mexicanas para realizar esas operaciones, avalado por una obsecuente y desconocida Dirección General de
Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Carlos A. Rodríguez Wallenius, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sustenta que las prácticas y
marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización
de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios (Empresas mineras, apropiación territorial y resistencia campesina en México, octavo Congreso Latinoamericano de Sociología Rural,
Brasil, 2010). Este investigador sostiene que la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria en 1992, los cambios sustanciales a la Ley Minera en 1993, así como la
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, permitieron abrir discrecionalmente el sector minero a las empresas extranjeras, otorgar preferencia a sus
exploraciones, explotaciones y beneficios (¡que de manera inaudita se consideran de utilidad pública!) sobre cualquier otro uso del suelo, incrementar la duración de las concesiones a 50 años y
prestar todo tipo de facilidades en tiempo y forma para adueñarse de grandes cantidades de hectáreas de territorio, literalmente robadas a las comunidades indígenas y campesinas del país, ¡en una
superficie que constituye, además, 12 por ciento del territorio nacional!
En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras –como las que buscan apoderarse de más
tierras indígenas en Guerrero– dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas removidas en extensas áreas de operación, con la consecuente destrucción del hábitat y deterioro del
entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con sustancias venenosas o sumamente tóxicas; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo;
apoyan a regímenes antidemocráticos o gobiernos colaboracionistas –como el de México–, contratan incluso matones y grupos paramilitares para enfrentar a sus opositores y organizan poderosos
grupos de presión (llamados con el eufemismo anglicista de lobbies) que actúan en los parlamentos sobornando, comprando conciencias, hasta de congresistas de la izquierda
institucionalizada, para que apoyen sus negocios en el país o proyectos que los benefician, como el del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil. Todo ello, a cambio de los escasísimos
ingresos que reciben los pobladores de los territorios explotados (1.3 a 2.9 por ciento, entre rentas y apoyos, cuando los reciben), que llegan a ser convencidos para otorgar los permisos con
engaños, por la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir de amanuenses nativos de las corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total
en México). Este factor es importante: la CRAC debe lograr la unidad de todos los pueblos, pues las mineras son expertas en provocar divisiones comunitarias y agravar conflictos agrarios para
vencer voluntades y abrir los territorios a su acción destructiva. La única defensa frente a la amenaza minera es la organización, movilización y fortalecimiento de la autonomía de las
comunidades indígenas-campesinas afectadas. No hay que esperar algún tipo de defensa o protección del gobierno mexicano en los diversos ámbitos de autoridad. Rompiendo récords en cuanto a
apertura a la inversión extranjera, México es tal vez el país en el mundo en donde es más fácil obtener una concesión minera. Es más, si en 90 días el Instituto Nacional de Ecología no responde a
la solicitud de concesión con su informe de impacto ambiental, se da por otorgada la licencia. En comparación, en Estados Unidos y Canadá, los trámites de concesión tardan entre cinco y ocho
años.
A 15 años de los acuerdos de San Andrés, la sociedad civil debe apoyar a los pueblos de la Montaña-Costa Chica de
Guerrero y a la CRAC en su lucha contra la pretensión minera de apropiarse de su territorio, base material de las resistencias que debe ser defendida, reflejo de las aspiraciones de futuro de
quienes viven con la naturaleza, y no a costa de ella.
Corazón de tinieblas
Gloria Muñoz Ramírez
Este sábado se reúnieron las comunidades de la Montaña de Guerrero en asambleas regionales para discutir los
siguientes pasos con respecto a las empresas mineras de origen inglés y canadiense que pretenden instalarse en esta región y en la Costa Chica del estado.
Con la firme voluntad de no dejarse despojar de su territorio ni permitir el daño ambiental que provocarán las minas
planeadas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) advierte que ya están informando y organizando a nuestros pueblos y comunidades para responder justamente a las pretensiones
de los empresarios voraces, que desde hace tiempo tienen los ojos puestos en nuestras formidables montañas, llenas de riqueza, que sólo han de ser patrimonio de nuestros pueblos.
El trabajo de la CRAC para alertar a la población sobre los riesgos incluye la difusión de cápsulas radiales por
conducto de su recientemente instalada radio comunitaria, en las que se advierte sobre el impacto ambiental y los daños a la salud que traerá la extracción de minerales; además de la destrucción
del territorio y el despojo: Las minas son la muerte. La vida no se negocia, señalan los programas informativos.
Este fin de semana se espera la presencia de representantes de una veintena de comunidades en Jonotichán, municipio
de San Luis Acatlán. Ahí se iniciarán los primeros debates y posteriormente la discusión pasará a cada uno de los núcleos agrarios. La asamblea general está programada para el próximo 5 de
febrero en la comunidad Colombia de Guadalupe.
Estas asambleas no sólo resultan relevantes por la defensa comunitaria del territorio frente a los planes mineros,
sino porque también ubican el trabajo de la policía comunitaria en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia autónoma. La CRAC amplía sus horizontes y el impacto ambiental, la
defensa del territorio y la soberanía alimentaria son temas que los ocupan.
Una de las empresas que pretende instalarse en Guerrero es la minera Hochschild, con sede en Londres, que en
noviembre inició exploraciones con vuelos rasantes en helicóptero en la región de la Costa-Montaña. En un comunicado de la CRAC se informa que los sobrevuelos son la primera fase y lo que sigue
es la exploración en el terreno por parte de dependientes de la empresa, geólogos, ingenieros, etcétera.
La CRAC cita un documento expedido por la Dirección General de Minas, que ubica el proyecto denominado Corazón de
Tinieblas entre los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán. El terreno concesionado en dos lotes abarca una extensión de 2 mil 800 y 3 mil 300 hectáreas,
respectivamente. La lucha apenas empieza y si es desde abajo, mejor.
·La pobreza en algunos lugares de México, al nivel de Zambia
·El municipio más desamparado del país enfrenta graves abusos contra las mujeres
·En la zona, la expectativa de vida de los niños nacidos en 2005 es de 40 años
Angélica Enciso L.
Enviada
Periódico La Jornada
Martes 15 de febrero de 2011, p. 2
Cochoapa el Grande, Gro., 14 de febrero. Silvestra y sus hijos, Rogelio, de cinco años, y Adriana, de tres, al sol del
mediodía descansan sentados en el suelo, fuera del centro de salud. Caminaron cuatro horas para llegar a su cita con el médico. Los niños casi nunca han tomado leche y menos han comido carne.
Este día su desayuno consistió en una tortilla con chile verde. Su dieta apenas cubre quelites, ejotes y frijoles.
Por haber nacido aquí, Rogelio y Adriana tienen una expectativa de vida de 40 años. Si hubieran venido al mundo en el
seno de una de las familias que habitan la colonia Del Valle, en el Distrito Federal, aspirarían a vivir en promedio 77 años. La distancia entre ambas localidades no son sólo 450 kilómetros, sino
37 años de vida.
Salieron temprano de Loma Canoa, donde viven. El camino se les hizo muy largo. Anduvieron cuatro horas en el frío de la
montaña, pero llegaron tarde, platica en mixteco Silvestra, con sus 20 años y su rostro sonriente, todavía infantil. Hay una larga fila de pacientes; tiene esperanza de que el médico los reciba.
Acudir a la clínica es un requisito del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social para obtener el apoyo de 800 pesos bimestrales por cada menor.
Rogelio y Adriana, igual que la mayoría de los niños, enferman con frecuencia de diarreas y vómitos. Casi todos andan
descalzos. La tierra es su juguete, la amasan, como las mujeres el nixtamal para hacer las tortillas. Y a pesar de los alimentos que consumen, Vicente Balbuena, uno de los médicos, dice que 60
por ciento de los niños padecen desnutrición leve y el resto están normales.
Aquí viven 3 mil personas, otras 13 mil residen en las 120 localidades dispersas que hay en esta región de la Montaña.
Para todos ellos hay sólo dos médicos y únicamente durante la mañana; cada uno da 25 consultas. Cuando hay urgencias, la gente va a Tlapa, a tres horas de camino. Para el traslado hay una
ambulancia, que no está equipada. La condición para que un enfermo la utilice es que pague la gasolina, porque el municipio, con edificio nuevo y antena parabólica, no tiene recursos.
Balbuena admite que dos médicos son insuficientes para el tamaño de la población y resalta entre los problemas de la
comunidad que las mujeres embarazadas no se quieren atender en la clínica, prefieren ir con parteras. Así nacen los niños, pero cuando vienen atravesados no se salva ninguno de los dos.
La salud no es el único problema de este municipio mixteco, el más pobre del país. Las viviendas de madera y lámina de
cartón, que se repiten por decenas, dispersas o amontonadas, tienen piso de tierra, en unas cuantas de cemento. De las 2 mil 834 casas, sólo 11 tienen drenaje y 674 están conectadas a la red de
agua potable. La cabecera municipal es la única que cuenta con electricidad.
Hace cinco años Cochoapa se separó de Metlatónoc, que lo antecede en el nivel de pobreza. La carretera tiene siete
meses, pero los daños por los deslaves son evidentes. En algunos tramos hay derrumbes. Cuando es temporada de lluvia el pueblo frecuentemente queda aislado. La avenida principal está pavimentada,
pero sólo hasta que topa con el palacio municipal y la iglesia. Más adelante los caminos son de tierra. Lodazal cuando llueve.
Si no fuera porque detrás del palacio municipal hay albañiles que construyen un auditorio y algunos elementos de la
policía local entran y salen del edificio, Cochoapa luciría despoblado. Pocas mujeres, menos hombres, andan en los senderos. No hay trabajo en el campo. Las viviendas están cerradas o tienen un
trapo como cortina en la entrada. Hay unas cuantas tiendas, su venta principal son los refrescos, y los anaqueles de la sucursal de Diconsa están casi vacíos; ni siquiera hay harina de
maíz.
Es la época en que casi la mitad de los pobladores trabajan en los campos agroindustriales de Sinaloa, Chihuahua o Baja
California, donde familias completas se contratan durante unos cuatro meses por sueldos de 90 pesos al día y jornadas de lunes a domingo, desde la madrugada hasta que se pone el sol. Después
regresan, con algo de dinero para subsistir el resto del año. Aquí la tierra ya está agotada, la cosecha de maíz es escasa.
***
La vida de Zeferina transcurre en la semioscuridad. Está sentada frente al fogón, dentro de su cuarto de madera, donde
apenas entra luz y sirve de cocina, pero ni siquiera hay una mesa, sólo algunas sillas, y en un rincón un tendedero de ropa esconde las camas de las miradas ajenas. A sus 40 años, luce mayor.
Viste su delgadez con un huipil desgastado y está descalza.
Hace nueve años se fue con su familia a trabajar de jornalero a los campos de chile de Sinaloa, pero a su esposo lo
encarcelaron porque presuntamente mató a un hombre. Desde entonces no lo ha vuelto a ver. Volvió a Cochoapa con sus seis hijos. El mayor, Vicente, le ayudaba para mantener a los más pequeños,
pero hace un año lo mataron en un pleito.
Mantiene la mirada fija en un punto imperceptible de la pared de madera, mientras habla del presente y planea un
futuro. Me quedan cinco hijos. La mayor va a la secundaria. Pero la voy a sacar para irnos a los campos, a Sinaloa. Recibe recursos del programa Oportunidades, pero son insuficientes. En la
escuela le piden cuotas que no puede pagar.
Esta mañana sus hijos desayunaron quelites, antes de irse a la escuela. Quizá a su regreso coman lo mismo. Pero para el
siguiente día no sabe. Si encuentro unos guajes y les doy salsa, estará bien.
–¿Cuándo fue la última vez que comió carne?
Se queda pensativa un rato. Después responde: no me acuerdo.
***
Catarina, una de las pocas mujeres que hablan español, dice que a la mayoría no le gusta ir al médico. Los doctores
maltratan a la mujer porque lleva al niño sucio, porque no llega a tiempo a las citas, aunque viene de lejos. No comprenden que no habla español y no puede leer el carnet, dice.
Vocal de vigilancia de Oportunidades, explica que aquí hay 640 beneficiarias, pero, como no hay empleo ni nada que
hacer, los hombres se emborrachan, les pegan, les quitan el dinero y se lo gastan. Cuando la mujer lo conserva, compra comida, jabón, leche. Pero los gastos por mandar a los chamacos a la escuela
son mayores, siempre piden cooperación.
Las mujeres son las más vulnerables, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan (CDHM). Si reciben Oportunidades, tienen más obligaciones, no nada más las de salud y educación que indica el programa, sino que deben hacer las labores de limpieza o vigilancia que
les piden los maestros o los médicos.
***
Entre los usos y costumbres que prevalecen en esta comunidad está la dote. Cuando una pareja se va a casar, es dinero
que el novio debe otorgar a los padres de la novia. Es una tradición que se desvirtuó y la consecuencia es el incremento en los casos de violencia hacia las mujeres, explica Abel Barrera.
Los pagos son de entre 30 mil pesos y 60 mil. A las niñas, generalmente de 12 o 13 años, no se les pide parecer para el
matrimonio, se les impone. Y ya que el hombre pagó por ellas se siente su dueño; vienen los golpes, las obligan a trabajar y, en ocasiones, hasta han sido violadas, explica Barrera.
Muchas mujeres han pedido ayuda al CDHM, porque en el municipio no hay autoridad que las defienda. El síndico dice que
es asunto entre particulares y los padres les piden a ellas que cumplan con su responsabilidad, indica Barrera.
En estos días dos familias acudieron ante el síndico municipal para resolver sus diferencias: dos jóvenes decidieron
juntarse, sin pago de por medio, pero los padres de la muchacha exigen el dinero, detalla el secretario, Albino Vázquez.
Sentado fuera de su tienda, Félix Mares, presidente del comité de salud, defiende esta costumbre. No se trata de un
pago, sino que es una multa. Es parecido a cuando compras un carro. Te costó y lo cuidas, lo tratas bien. Si pagó por la mujer, el hombre la cuida, la trata bien.
Su hijo se casó de esa forma. Tiene 21 años y su esposa 16. En este caso la pareja se conoció y se trataron dos meses.
Él le dijo: no tengo mamá, ella tiene poco que murió y necesito alguien que me atienda. Ella entendió y aceptó. Después Félix fue a hacer el trato. Ahora los jóvenes tienen un hijo.
Como la mayoría de las mujeres mixtecas, el futuro de Silvestra lo decidieron sus padres a sus 14 años. Su esposo pagó
por ella. Su vida transcurre en el cuidado de los niños y en buscar qué comer. Aunque tienen un cuarto en Cochoapa, dice que prefieren vivir en el cerro, porque cuando estamos aquí a mis niños se
les antojan cosas, refrescos, dulces. No tengo dinero para comprar. Allá en el cerro no hay nada que se les antoje. Y sí tenemos comida. Cortamos quelites o ejotes. Ésta es la dieta para Rogelio
y Adriana. Para todo el pueblo.
ACUERDAN PUEBLOS INDÍGENAS IMPEDIR QUE MINERAS EXTRANJERAS EXPLOREN SUS TIERRAS.
el Sur de Acapulco
Jesús Rodríguez Montes
Malinaltepec. Una vez que se ha difundido entre las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica la
información acerca de los proyectos de extracción de minerales que emprenderán empresas de Canadá e Inglaterra, este sábado representantes de los pueblos que se oponen determinaron en asamblea
que defenderán sus territorios por la vía jurídica y con la lucha social.
La primera acción consistirá en realizar asambleas comunales y ejidales en las cuales asentarán que no están de
acuerdo con la explotación de minas, y las presentarán ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para darle validez ante las autoridades.
Después, los indígenas se organizarán en sus pueblos para impedir los trabajos de exploración de los enviados de
las empresas y evitar así que sigan desarrollando los proyectos sin su consentimiento, como ha ocurrido hasta el momento con los denominados Mina San Javier, La Diana y Corazón de
Tinieblas.
En Colombia de Guadalupe, localidad me’phaa de Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea en la que participaron
más de 500 indígenas de los municipios considerados en la instauración de los proyectos, pero también de otros de alrededor que consideran que serán perjudicados si se contamina el agua de los
ríos y se destruye el ecosistema.
Había vecinos de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Tlapa, Metlatónoc, Marquelia, Iliatenco, Chilapa y Copanatoyac;
73 comisarios y 23 comisariados de bienes comunales en total. Además, representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como estudiantes y académicos de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), párrocos y misioneros de la zona.
Pablo Guzmán Hernández, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, señaló ante los asistentes: “vamos a
desenmascarar a quienes se quieren meter al territorio comunitario, los que piensan beneficiarse de nuestros territorios”. Luego, por parte de Tlachinollan, Roberto Gamboa dio a conocer la
información general que se tiene acerca de los proyectos mineros, la cual, subrayó, se ha obtenido por cuenta propia de las comunidades y no por vía del gobierno.
Después comenzaron las participaciones de la gente, todas en contra de la explotación de las minas por las
afectaciones que provocará al territorio, un “daño irreversible”, destacó Guzmán.
También se habló acerca de los riesgos que implica participar en un movimiento contra empresas que invierten
millones de dólares en diversos proyectos en América Latina, como son Hochschild Mining y Camsim Mining, de capital británico y canadiense respectivamente.
El párroco de Malinaltepec, Melitón Santillán Cantú –quien ha participado activamente en la organización de la
gente– mencionó que, por estos motivos, han ocurrido asesinatos y acciones de amedrentamiento contra opositores a las empresas en otros estados, como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí.
El representante del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, propuso “hermanar las luchas” del movimiento contra las
mineras y del movimiento contra la presa La Parota, por las diversas afectaciones que provocarán la explotación de los recursos naturales como el daño al entorno, desplazamientos de pueblos
enteros, y la pérdida de la cultura e identidad. Y señaló que se viola el derecho a la libre consulta que tienen los pueblos al ser excluidos de las decisiones en torno a los proyectos.
Resultó polémica la participación del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, Alfonso Sánchez Neri,
pues en este núcleo ya se acordó con las empresas un convenio de exploración durante cuatro años, a cambio de 90 mil pesos, según dijo. Pero recalcó que eso no implica “que hayamos dado permiso
para la explotación”, y ofreció que los acuerdos que se tomaron en esta asamblea los dará a conocer en su comunidad, para que analicen si ceden o no sus tierras.
“Entre nosotros no somos los enemigos”, dijo al participar el comisariado de Iliatenco, Francisco Reyes y acusó
que funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), desde sus cargos, tratan de convencer a los habitantes para que acepten convenir con las empresas. “No hay que confiarse mucho de ellos”,
advirtió.
Luego de más de cinco horas de discusión, se acordó que entre los pueblos se promoverá la realización de
asambleas agrarias en las que manifiestan su rechazo a las mineras, luego, esas actas de asamblea, signadas por los comuneros, serán presentadas ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para dejar
constancia de su decisión ante las instancias del gobierno. El 19 de febrero se realizará una reunión de comisarios y comisariados para evaluar los avances.
No pagarán a la CFE mientras no corrija las tarifas
Otro tema que se planteó en la asamblea fue el de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y el deficiente servicio que ofrece en pueblos indígenas de La Montaña.
Abel Bruno Arriaga, dirigente del Comité Regional de Defensa y Gestoría Social, expuso que desde 2007, cuando se
conformó la organización, han efectuado varias reuniones con funcionarios de la paraestatal y a la fecha siguen las quejas por cobros elevados y mal servicio.
Ante diputados federales y representantes de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), acordaron que expondrán el planteamiento de una “tarifa preferencial”, es decir, de bajo costo por ser La Montaña una zona de pobreza extrema.
Mientras tanto, los asistentes acordaron no pagar por el servicio mientras la CFE no corrija el servicio que
ofrece y los altos cobros.
EN ASAMBLEA GENERAL DE PUEBLOS, LA CRAC INSTA A NO PERMITIR EL DAÑO AL ENTORNO
SE PRONUNCIAN INDÍGENAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA MONTAÑA
La Jornada 6 de Febrero.
Presentan organizaciones pruebas que amparan la instalación de mineras de compañías extranjeras
SERGIO FERRER (Corresponsal)
Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 6 de febrero. Denominado territorio comunitario porque cuenta con el sistema
de impartición de justicia de la Policía Comunitaria, a Colombia de Guadalupe se llega desde la carretera Tlapa-Marquelia por un camino de terracería. Por sus calles se pueden apreciar pequeños
huertos con árboles de café o bien, a jóvenes cortando las semillas para posteriormente ponerlas a secar bajo el sol. Fue aquí donde se realizó la primera asamblea general de pueblos que le dará
cauce a la negativa de instalación de mineras.
Ubicada en La Montaña alta de Guerrero, esta comunidad indígena me’phaa es considerada región prioritaria para la
conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en 2009, esa institución efectuó dos programas en Colombia; uno para la conservación de maíz criollo y otro
llamado Procodes, en el cual se entregó un subsidio federal para “compensar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
Estos datos contrastan con la situación actual, ya que el gobierno federal ha entregado concesiones hasta por 50
años a mineras para la exploración de áreas que podrían cambiar su uso de suelo.
Taurino Hernández, integrante de la Conanp, asumió como “sería terrible el impacto ambiental que ocasionaría el
cambio de uso de suelo en la región”.
Asimismo, aseveró que existen otras afectaciones en La Montaña que deben ser estudiadas y atendidas como la
deforestación.
El día se tornó nublado. Algunos indígenas escuchaban los datos proporcionados sobre las mineras; en la
comisaría, un grupo de madres de familia fueron convocadas a una reunión de otra índole. Cerca de ahí, otras mujeres preparaba las ollas con huevo y frijoles que se sirvieron a los asistentes
entre los cuales se encontraron representantes de organizaciones como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes pronunciaron palabras de apoyo a las comunidades de La Montaña y Costa Chica.
El coordinador del área educativa del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, informó que se tiene documentado
un permiso para trabajo en la mina Francisco Javier, que abarca 15 mil hectáreas en las colindancias de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, concesionadas por el gobierno federal bajo el
nombre de Diana a la empresa extranjera Camsim, por 46 años.
Otro caso lo presentan las 47 mil hectáreas otorgadas para la minera Salamera, cuyo nombre del proyecto es
Corazón de Tinieblas, que abarca parte de Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro y Acatepec, a la minera Hochschild. También diversas concesiones en municipios de La Montaña y
Costa Chica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, aseguró que la presencia de las empresas mineras es un hecho y
ejemplificó el caso de Paraje Montero, donde ya se acordó la exploración del territorio. También alertó que de concretarse la explotación minera, desaparecerían pueblos enteros, ya que los
trabajos a cielo abierto destrozarían cerros y desplazarían a cientos de personas.
Un comunero de Paraje Montero ratificó que recibieron 90 mil pesos por un contrato de cuatro años para
exploración y reconoció también que fue auxiliado por la Procuraduría Agraria.
“La ventaja que tenemos es que somos dueños de la tierra desde una profundidad de 40 centimetros hacia arriba,
eso faculta, según la ley, a los campesinos a permitir si entran o no las mineras, aunque tengan concesiones no pueden pasar por encima de la figura de bienes comunales y ejidales”, dijo.
Rosales Sierra avisó que se deben efectuar prontamente las asambleas formales en las comunidades para decir “no”
a las mineras, tal como ocurrió en Totomixtlahuaca e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional, aunque reconoció que existe división entre núcleos agrarios que dificulta la organización.
“Como pueblos indígenas amamos a nuestra madre tierra no hemos caído en la cuenta que los pobres estamos
desorganizados, el gobierno ha traído sus programas procede, procampo, oportunidades para controlarnos debemos cuidar nuestra hogar” apuntó el sacerdote Melitón.
Pablo Guzmán, coordinador de la Policía Comunitaria CRAC, pidió a los más de 70 comisarios y delegados, así como
comisariados de bienes comunales y ejidales asistentes a la Asamblea General “no consentir el irreversible desastre ecológico en la región”.
Asimismo, apuntó que se debería pensar en usar tecnología mexicana con asesoría de gente de la UNAM o del
Instituto Politécnico para encontrar una manera de explotación que no dañe la zona: “¿por qué no ha de quedarse la riqueza en esta tierra en vez de que vaya a parar en Inglaterra o
Canadá?”.
El 17 de febrero, la CRAC impartirá un taller sobre mineras en la colonia Aviación, municipio de Iliatenco.
Convocó también a un encuentro de autoridades agrarias de La Montaña y Costa Chica, para el 26 en Paraje Montero, donde se buscará concretar el no definitivo a las mineras.
--
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA
JUSTICIA"
www.policiacomunitaria.
Fecha: viernes, 1 de octubre de 2010, 20:05
El Estado mexicano es responsable de la tortura y violación sexual de Inés y Valentina, deberá reparar y sancionar daños: CoIDH
• La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce públicamente la palabra de las mujeres me´phaa que buscaron
justicia por más de 8 años.
• El Estado mexicano deberá reparar íntegramente y con prontitud los daños ocasionados e investigar y castigar a los responsables en la justicia
civil.
• Los fallos responsabilizan al Estado de que las sentencias no detonen nuevas represalias.
Tlapa de Comonfort, a 1 de octubre de 2010.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó esta tarde las dos sentencias en las que condena al Estado
mexicano por las violaciones sexuales que las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ella señala que el Estado debe reparar los daños
íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados
internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.
Las sentencias que hoy se notificaron son primordialmente un reconocimiento a la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández y Valentina
Rosendo. Las sentencias reconocen como hecho incontrovertible que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército mexicano Estado mexicano en las comunidades
de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, ubicadas en el municipio de Ayutla de Los Libres, en la Costa-Montaña de Guerrero y que el Estado mexicano les negó la justicia. Cabe recordar que la
posición del Estado en el litigio de estos casos había sido la de negar la violencia sufrida por las víctimas y, con ello, poner en entredicho la veracidad de su testimonio.
Ambas sentencias establecen que, al no procurar justicia en ambos casos y garantizar la impunidad de los responsables –que actualmente están siendo investigados por
el fuero militar- el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de Ias víctimas;
a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados
internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado.
Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño integralmente, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes, de tal forma que la voz de
las víctimas sea escuchada. Fundamentalmente, las medidas ordenadas por la Corte se relacionan con: la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares
responsables en la justicia civil, en condiciones de seguridad para las víctimas; realización de procedimientos disciplinarios para los funcionarios que, con su negligencia, obstaculizaron el
avance de las investigaciones; la reparación material del daño; y, la garantía de que hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres, mediante la provisión de servicios médicos adecuados
para mujeres víctimas de violencia sexual; la continuación en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales; y la capacitación de
funcionarios.
La Corte también ha fijado como medidas de satisfacción para las víctimas la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el
reconocimiento público de responsabilidad llevado a cabo por las más altas autoridades federales y estatales y la provisión de una atención médica y psicológica a ellas y a sus familiares.
Dadas las situaciones particulares de los casos, la Corte ha establecido que es necesario el consentimiento expreso de las víctimas en la publicidad de algunas de
estas medidas.
De igual manera, la Corte reconoce la importancia del rol que Inés y Valentina jugaban en su comunidad y la afetación a la misma a partir de los hechos. Por ello, ha
ordenado el establecimiento de un centro comunitario para la mujer, en el que se desarrollen actividades de promoción de los derechos humanos y derechos de la mujer en ese ámbito.
Los casos de Inés y Valentina son paradigmáticos pues tocan puntos nodales sobre la situación actual de los derechos humanos en México: los abusos ocasionados por la
militarización de la vida pública; la falta de acceso a la justicia para las mujeres y los obstáculos y amenazas que enfrentan las y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. En
las condiciones más adversas y a pesar de las amenazas que han sufrido, Inés y Valentina perseveraron en denuncia por lo ocurrido durante ocho años.
Entre las medidas, cuya adopción contribuirá a que ninguna mujer vuelva a experimentar lo vivido por Inés y Valentina, la CoIDH reiteró la orden de reformar al
sistema de justicia militar para acotar el fuero; el fortalecimiento de las capacidades de las instancias de atención integral de la violencia de género en Guerrero y el reforzamiento de los
servicios médicos para mujeres víctimas.
Para las víctimas es prioritario que el cumplimiento de estas medidas no les genere nuevos riesgos. Estos temores se fundan en que las sentencias, además de fincar
responsabilidad al Estado, ordenan una investigación que deberá traducirse en la captura, procesamiento y sanción de los militares responsables. Frente a este escenario, demandamos que el Estado
asuma la responsabilidad de asegurar que Inés y Valentina puedan reconstruir su proyecto de vida y puedan vivir con tranquilidad.
El Estado mexicano está obligado a cumplir íntegramente las sentencias. En este sentido, preocupa que en casos similares (casos Rosendo Radilla y Campo Algodonero)
esta obligación ha sido ignorada. Ello es aún más importante en tanto que los casos denunciados evidencian una exclusión histórica en el estado de Guerrero, así como problemáticas estructurales
de violencia contra las mujeres y, sobre todo, la insistencia en el juzgamiento de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos por la jurisdicción militar.
Por tanto, demandamos que en lo inmediato se implementen acciones concretas que muestren que las resoluciones se cumplirán con seriedad. Sólo una respuesta eficaz y
responsable evidenciará el compromiso del Estado de que estos hechos no se repitan y, sobre todo, estará a la altura de la prolongada y tortuosa búsqueda de justicia de Inés y Valentina y
paliará, en la medida en ello sea posible, el inmenso daño que el Estado mexicano les causó.
Antecedentes sobre los casos
El 16 de febrero del 2002, Valentina, de 17 años de edad, fue abordada por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería mientras se encontraba lavando en un arroyo
Barranca Bejuco. Los soldados le preguntaron por el paradero de hombres “encapuchados”. Cuando respondió que no conocía a ninguno, le apuntaron con sus armas y la amenazaron. Un soldado golpeó a
Valentina; otro le jaló el pelo mientras la seguía interrogando. Finalmente, ante la mirada del resto de los soldados, dos de ellos la violaron sexualmente.
Veintinueve días después, el 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega, de 25 años de edad, también fue atacada cuando se encontraba en su cocina mientras sus
cuatros hijos e hijas jugaban en el cuarto contiguo. Once militares se presentaron en su casa, ubicada en Barranca Tecuani. Tres de ellos entraron a la cocina mientras apuntaban a Inés con sus
armas y la interrogaban sobre su marido, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). La obligaron a tirarse al suelo y un militar se puso encima de ella violándola
sexualmente.
Rompiendo el silencio y con el apoyo de la OPIM, Inés y Valentina denunciaron lo ocurrido. Para informar sobre lo ocurrido al Ministerio Público del fuero común
caminaron más de ocho horas. Pero lejos de encontrar justicia, sus casos fueron turnados al fuero militar. A pesar de que ambas presentaron amparos solicitando a las autoridades militares que
declinen la competencia de su caso, este les fue negado. En el caso de Inés, además, el Ministerio Público perdió negligentemente pruebas fundamentales.
Inés y Valentina determinaron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Después de 4 años de análisis de sus casos, el 12 de octubre de 2007, fueron
escuchadas en una Audiencia pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que nunca fue acatado por el Estado mexicano. Por eso, los casos fueron turnados a la
CoIDH. Durante este tiempo, Inés y Valentina, así como sus familiares, comunidades y abogados fueron amenazadas reiteradamente para que desistieran de su demanda.
Particularmente, la OPIM fue agredida con ese fin y dos de sus dirigentes, Obtilia Eugenio Manuel Y Cuahutemoc Ramírez Rodríguez, tuvieron que dejar el estado; otros
cinco integrantes fueron encarcelados injustamente; y Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la organización y hermano de Inés, fue asesinado. La CoIDH reconoció esta situación de peligro y
emitió medidas provisionales para Inés Fernández y un total de 107 defensores de derechos humanos en Guerrero el 9 de abril de 2009. En febrero de 2010 también las emitió para Valentina y su
hija. A pesar de encontrarse en riesgo su vida, el 15 de abril de este 2010, Inés Fernández Ortega sentó en el banquillo de los acusados al Estado mexicano. El 28 de mayo lo hizo Valentina
Rosendo.
Las sentencias notificadas el día de hoy reconocen su búsqueda de justicia responsabilizando al Estado de las violaciones cometidas en su contra. Se trata de la
cuarta y quinta sentencia dictada contra el Estado Mexicano por la CoIDH. Las anteriores permanecen con un saldo de incumplimiento grave. Por ello, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, exigimos que la sentencia sea cumplida en todos sus extremos.
Para mayor información comunicarse con:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- TE_ (506) 2280 7473
La policía comunitaria
Gloria Muñoz Ramírez
Sección: Los de abajo
San Luis Acatlán, Gro. La policía comunitaria de Guerrero llegó jubilosa a su 15 aniversario. No es para menos, pues aunque los retos y la problemática que enfrentan
son muchos, se saben fuertes y apoyados por 69 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y La Montaña. El pasado día 15 esos pueblos salieron a las calles a aplaudir a su policía en su sede
central, en San Luis Acatlán, cuna y sepultura del legendario guerrillero Génaro Vázquez.
Un desfile de 600 comunitarios, acompañados por más de 2 mil personas de localidades vecinas y miembros de organizaciones y luchas sociales, como los de Atenco, los triques
del municipio autónomo de San Juan Copala, adherentes a la otra campaña, representantes purépechas de Cherán, Michoacán; ex trabajadores del SME y decenas de estudiantes y
académicos que acompañan el proceso, catalogado como una de las más sobresalientes experiencias autonómicas en el país.
La práctica de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es ejemplo de que los aparatos de seguridad y justicia del Estado están permeados por la corrupción, siendo
incapaces de brindar seguridad e impartir justicia; y que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales que levantan la voz para
denunciar abusos y atropellos del gobierno y el sistema capitalista.
El aniversario se aprovechó para reflexionar sobre problemáticas que enfrenta no sólo la policía comunitaria, sino gran parte del movimiento social que tiene como referente la autonomía:
salud, educación, defensa del territorio, medios de comunicación, la participación de la mujer y soberanía alimentaria, entre otros. El eje central, sin embargo, fue la justicia y la seguridad
comunitaria.
La celebración fue un acto que convocó a diversas organizaciones sociales. En ese contexto, a algunos sorprendió e indignó la presencia de Adolfo Orive, ex asesor de Francisco Labastida,
secretario de Gobernación en los tiempos de Ernesto Zedillo en uno de los peores momentos de la represión contra las comunidades zapatistas. De Orive, el subcomandante
Marcos dijo en 1998: “Y hablando de ex maoístas y ex radicales de ex izquierda, hoy flamantes asesores de los criminales de derecha (que iniciaron hablando como cacatúas y ahora, para
esconderse, imitan al avestruz), el viejo Antonio tenía su propia versión de aquello del revolucionario y las masas y el símil con el pez en el agua, además de la estrategia de contrainsurgencia
de ‘quitarle el agua al pez’ que hoy recomiendan los azorados asesores gubernamentales…”
Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al
“Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”.
15 de octubre 2010. Costa Chica y Montaña de Guerrero.Territorio Comunitario.
En el marco del xv aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales asistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos,
intercambiar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizarnos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar de manera colectiva y hacer realidad nuestros
derechos.
Considerando que:
1.- Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en la Constitución y ante las reiteradas violaciones a
los estándares internacionales que establecen los derechos de los pueblos originarios.
2.- Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su
utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y
atropellos del gobierno y del sistema capitalista.
3.- Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y nuestra permanente lucha por mejores
condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y
la libre determinación.
4.- Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colectivos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos sociales e individuales establecidos en la constitución. Las leyes
y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno de los multimillonarios ha convertido el derecho a la
protesta en un delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mientras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del estado.
5.- La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación para exentar al estado de
su responsabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales. Los programas sociales de este gobierno más que una solución a la
pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria.
6.- Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue implementando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, ignoran la decisión y la existencia misma de los
pueblos, justifican el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos internacionales.
7.- La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político,
económico y lo social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluido los
movimientos sociales y los partidos. Dejando en estado de indefensión a las mujeres ante las instituciones gubernamentales y las políticas públicas.
8.- Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del gobierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando de los dividendos que genera el negocio de los medios han
creado las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las comunidades que impulsan las radios comunitarias, libres, populares y otros medios alternativos de comunicación en manos del
pueblo, lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales ejercen el control
político.
9.- El Estado – Nación de México se constituyó como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados
históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y ha conducido al país a un desastre económico, a una
guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios,
desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.
Por lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros derechos ancestrales, proponemos:
Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación
en la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos construyamos la nueva patria.
Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios
sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reeducación.
Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se han levantado en contra de las injusticias y el
sometimiento pero que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos de lucha por la Independencia, Revolución
y las luchas de liberación de los años sesentas del siglo pasado.
Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo,
comprometiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir un camino común.
Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de salud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo
que sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras semillas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la
conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde lo más importante sea la sana alimentación antes que el
comercio para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional nuestros recursos naturales.
Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder
en Guerrero.
Septimo: Promover la participación plena y el respeto de los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género.
Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos respeto y cese a la persecución y represión en contra de las
comunidades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alternativas y populares.
Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y formas de participación y organización comunitaria para construir desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva
nación en donde todas y todos, seamos partes integrantes.
Nos pronunciamos por:
- La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la libertad de todos presos políticos así como el castigo a los
culpables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
- Presentación con vida de todos los desaparecidos.
Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas no
--
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"
www.policiacomunitaria.org
Valentina Rosendo, ocho años de larga espera. Foto Cristina Rodrígue
Mandaron gente a amenazarme, en vez de buscar a los culpables, acusa Valentina Rosendo
Que el gobierno admita que fueron militares los que me violaron; que vayan a la cárcel
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 5 de octubre de 2010, p. 9
Valentina Rosendo Cantú, una de las dos indígenas de Guerrero que hace ocho años fueron violadas por militares, al conocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh) que condena al Estado mexicano por esos hechos y le exige una investigación imparcial, por la justicia civil y no por la militar, dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es
que todavía le queda un poco de dignidad.
“Estoy aquí –aseveró Valentina Rosendo, violada por soldados cuando tenía 17 años– porque busco justicia; la justicia que el gobierno nunca quiso aceptar.
Ocho militares me rodearon cuando me encontraba lavando ropa en el río que está cerca de mi casa, en el poblado Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de febrero de 2002.
Dos de ellos me violaron.
Al recordar y narrar el ultraje de que fue objeto, a Valentina se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas. Guardó silencio unos minutos, con el rostro agachado, y sobreponiéndose,
continuó:
Fue muy duro lo que me pasó. Por la violación me dejó mi esposo. En mi comunidad me discriminaron como mujer que ya no vale. Tengo miedo, no puedo regresar a mi pueblo. Me amenazaron los
soldados, a mí y a mis papás. Han intentado secuestrar a mi hija, porque soy una mujer que ya no vale. Es muy doloroso recordar.
En conferencia de prensa, la indígena insistió: el gobierno me cerró las puertas de la justicia; el gobierno no quiso aceptar. Hace apenas tres días salió la justicia (la resolución de
la Coidh, que condena al Estado mexicano por no haber investigado las denuncias de violación sexual de Valentina Rosendo Cantú, también por soldados).
Acompañada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra
Nuño, que llevaron su caso, primero ante la Comisión Interamericana (CIDH) y luego ante la Coidh, Valentina indicó: “anduve ocho años en busca de la justicia.
“El gobierno no me creyó, me cerró las puertas; el gobierno mando gente a amenazarme, en lugar de buscar a los culpables. Sabía que nosotras decíamos la verdad. Ahora que salió la verdad,
quiero que el gobierno reconozca que se equivocó con dos mujeres indígenas.
Pedimos justicia. Tengo esperanza porque en otros países fui escuchada. Ésa es la verdad, no lo que decía el gobierno, que nosotras no queríamos al Ejército en nuestras comunidades porque
sembramos drogas. Mienten, los soldados suben a la montaña a violar a las mujeres; hay muchas que han sido violadas, pero no denuncian por miedo.
Demandó: que el gobierno reconozca que fueron militares los que me violaron, y que se investigue en instancias civiles y no en la justicia militar. Quiero que los soldados que me
violaron vayan a la cárcel, y que no manden más gente a vigilarme a mí y a mis papás, concluyó la indígena guerrerense.
PRD: sin memoria y sin vergüenza
Luis Hernández Navarro
En el mismo acto en que Ángel Aguirre Rivero fue presentado como precandidato a gobernador de Guerrero, una manta fue levantada por el abogado José Sánchez, defensor de las viudas de la
matanza de Aguas Blancas, acusándolo de ser responsable de la masacre de El Charco.
Ángel Aguirre es senador por Guerrero. Militó hasta el pasado 26 de agosto en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre 1996 y 1999 fue gobernador sustituto del
estado, a raíz de la licencia para separarse del cargo que se obligó a tomar a Rubén Figueroa Alcocer, responsable de la matanza de Aguas Blancas. Ha sido uno de los principales aliados en la
entidad de Enrique Peña Nieto, con quien celebró su cumpleaños. Pero ahora, desde el 29 de agosto es el precandidato a gobernador del estado por la alianza del Partido de la Revolución
Democrática (el PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia.
Ángel Aguirre era mandatario estatal interino cuando, el 7 de junio de 1998, el Ejército atacó una asamblea de trabajo de campesinos en la comunidad de El Charco y mató a 11 personas,
acusándolas de ser presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Pero ése no fue el único caso de represión durante su gobierno. El PRD denunció que durante la gestión de Aguirre fueron asesinados 60 militantes. El entonces gobernador interino no aclaró
ninguna de esas muertes. Tan sólo en los primeros 16 meses de su administración, el partido documentó casi 100 hechos de violaciones a derechos humanos.
El reporte fue entregado, en agosto de 1997, al entonces relator de la ONU para casos de tortura, Nigell Rodley, durante su visita a la entidad. En él constan casos de asesinatos, torturas,
desapariciones, detenciones ilegales, hechos perpetrados en todo el país por elementos del Ejército, judiciales estatales, grupos paramilitares y caciques. Guerrero fue la entidad con más
violencia política contra el sol azteca.
Con muy mala memoria (o con muy poca vergüenza) el PRD postula ahora como su candidato a mandatario estatal al mismo personaje que en el pasado acusó de represor. Por supuesto, sus
dirigentes no lo aceptan. El diputado Guadalupe Acosta Naranjo dijo que Ángel Aguirre no tiene un oscuro pasado porque ni fue represor ni violó los derechos humanos cuando fue gobernador
interino. Reconoció que el PRD hizo acusaciones y señalamientos contra Aguirre en 1997, pero dijo que lo hizo por la insistencia de buscar justicia.
El hasta hace unos días distinguido priísta también se lavó las manos. Durante un mitin en Acapulco con sus seguidores, dijo, como si él fuera otra persona: Ángel Aguirre Rivero nunca
ha asesinado o encarcelado a alguien de manera injusta. Mi conciencia está tranquila. Nunca me he manchado las manos de sangre.
¿Por qué el PRD lo postula como candidato? Porque piensa que con él puede ganar las elecciones en la entidad. El asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría, presidente del
Congreso local, el 20 de agosto de 2009, dejó al sol azteca sin una figura con arraigo para gobernar la entidad. Cinco precandidatos de ese partido aspiraron a la nominación. Dijeron que si no
eran ellos los escogidos, el candidato debería ser un personaje externo. Es decir, vetaron a sus compañeros.
El 6 de agosto, el presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve Baños, fue designado candidato priísta de unidad al gobierno de Guerrero. Añorve es una pieza de Manlio Fabio Beltrones.
Su nombramiento precipitó la ruptura de Aguirre Rivero (su primo) con el tricolor.
Según la dirección del PRD, las encuestas muestran que para vencer a Añorve se requiere postular a alguien con más presencia que los aspirantes del partido. Y ese alguien es Ángel
Aguirre.
Irónicamente, la candidatura del ex priísta no cabe en los criterios que se invocaron para pactar alianzas en seis comicios locales. En aquel entonces se dijo que éstas eran necesarias
para: 1) iniciar la alternancia en los estados donde históricamente había gobernado el PRI; 2) quitarle recursos a los gobernadores para que no manipularan las elecciones en 2012; 3) crear un
escenario de competencia para las presidenciales que se había desdibujado con la prematura campaña de Enrique Peña Nieto; 4) reinstalar la esencia de la democracia, que es la incertidumbre sobre
quién va a ganar, y 5) acabar con la idea de la inevitabilidad de triunfo del PRI y la candidatura de Peña Nieto.
En Guerrero gobierna el PRD. Aunque el actual gobernador, Zeferino Torreblanca, es un panista de clóset, milita en las filas del sol azteca. Allí no hay, formalmente, la necesidad de acabar
con una dinastía autoritaria ni de promover la alternancia. Ángel Aguirre es, además, un activo de Enrique Peña Nieto. Enrique es mi amigo, no lo voy a negar, pero él hoy está en un plano y
yo en otro, dijo el precandidato.
El gobernador Torreblanca, afectado porque su candidato a la gubernatura quedó fuera de la jugada, aseguró que la alianza que postula a Aguirre es una sociedad mercantil formada por
bandoleros, mercenarios, etílicos y cínicos que salían con las bolsas llenas de dinero y cuyo único objetivo es el lucro. El PRD –dijo– pactó una alianza estratégica basada en el lucro, para
que no se pierdan canonjías, puestos, las migajas que deje el gobierno para seguir siendo parásitos y burócratas de la izquierda; que cambian de un día para otro y que elegantemente dicen
unificarse, pero en mi tierra les dicen camaleones, traicioneros a sus principios.
En Guerrero existe un perredismo histórico, estrechamente ligado a las luchas sociales. El partido tiene arraigo, es una fuerza competitiva. Sus militantes han sido asesinados y perseguidos
por el PRI. Postular a uno de sus perseguidores porque –suponen– triunfará es, por decir lo menos, un acto de desmemoria muy grave, una falta de respeto a quienes dieron la vida por el partido;
es una desvergüenza.
Festejo e indignación
Gloria Muñoz Ramírez
La liberación esta semana de Raúl Hernández, defensor de los derechos de los pueblos in dígenas en Guerrero, además de mostrar la injusticia que se cometió en su contra, descubre una vez
más el verdadero rostro de un gobierno entretenido con el fastuoso e inocuo festejo del bicentenario, en un país en el que se violan de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas,
protagonistas de las batallas históricas de la Independencia.
Raúl Hernández fue detenido el 17 de abril de 2008, junto a otros cuatro integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), acusados del asesinato de Alejandro Feliciano
García, un informante del Ejército Mexicano. Un año después sus cuatro acompañantes recobraron la libertad, pero a Raúl un juez federal le negó un amparo debido al falso testimonio de dos
testigos.
El activista indígena fue encarcelado por motivos políticos, y así lo reconoció Amnistía Internacional (AI), que lo acreditó como preso de conciencia, concluyendo que las pruebas en su
contra fueron fabricadas y que las que existían a su favor fueron desestimadas. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero pidió para él 50 años de cárcel.
En realidad, el delito de Raúl Hernández fue denunciar, por conducto de la OPIM, la violación de dos mujeres por soldados del Ejército Mexicano, como lo dio a conocer en su momento el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero. Las víctimas exigieron justicia en México, sin encontrarla, por lo que el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
México en el banquillo de los acusados. Eso no se lo van a perdonar.
La OPIM fue fundada en 2002 con el objetivo de “proteger la cultura y derechos de los me’phaa”. Además de las violaciones a las dos indígenas, esta organización denunció la esterilización
forzada de 14 indígenas de la comunidad El Camalote. El encarcelamiento de Raúl, en este contexto, obedeció a una represalia política por poner en evidencia las violaciones del Estado
mexicano.
Finalmente, gracias a la movilización y solidaridad nacional e internacional, Hernández fue puesto en libertad. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que en
el contexto que estamos viviendo, sin duda la liberación de Raúl tiene que ser asumida como una victoria del movimiento de derechos humanos y una razón para seguir trabajando juntos.
Por su parte, AI solicitó una investigación sobre la actuación de las autoridades locales y exigió que Hernández sea compensado por su injusto encarcelamiento. Sin duda su liberación
es motivo de festejo, pero también de indignación ante el hostigamiento abierto contra los pueblos indígenas de todo el país.
