Afecta la producción de tamarindo, principal fuente de ingresos de Tequesquitlán, dicen
Nahuas acusan a minera china de contaminar cultivos en Jalisco
Desde 2009 explota yacimientos a cielo abierto; contamina pozos y reduce la disponibilidad de agua: ONG
En una comunidad cercana, otra empresa arrojó desechos a casas y sembradíos
Vista de la zona donde se encuentra la mina de la empresa Gan-Bo, que, afirman lugareños, contamina las fuentes de agua de la región. Foto: Arturo Campos
Cedillo
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 8 de octubre de 2012, p. 36
Guadalajara, Jal., 7 de octubre. Nahuas del ejido de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco, acusaron a la minera china Gan-Bo, que
explota yacimientos a cielo abierto, de contaminar a tal grado la zona que está afectando el cultivo de tamarindo, el producto más importante de la comunidad, fuente de ingresos para
cientos de familias locales y migrantes.
Gan-Bo, propiedad del empresario chino Liantuan Wu, comenzó a explotar en 2009 la mina El Ratón, a las afueras de Tequesquitlán. En los procesos de explotación a cielo abierto se utilizan
explosivos, cianuro y gran cantidad de agua, lo que afecta veneros y pozos cercanos, y ha obligado a los pobladores a hacer viajes cada vez más largos para abastecerse del líquido.
El director de la Liga Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Gari, quien asesora a los ejidatarios de Tequesquitlán que interpusieron amparos por violación de garantías
individuales y sociales, alertó sobre la posibilidad de actos violentos ante la indiferencia de las autoridades para resolver el problema.
En agosto de 2008, cuando Liantuan Wu intentó explotar ilegalmente un yacimiento de oro y plata en un predio de un ejidatario nahua, provocó que los indígenas se apoderaran de maquinaria,
lo que hizo que se diera marcha atrás a la concesión.
La región nahua jalisciense se ubica en los límites con Colima. Pese a su riqueza minera y forestal, es de las más pobres del estado. Tequesquitlán es una de las pocas comunidades
prósperas del municipio de Cuautitlán; unos 2 mil ejidatarios cultivan alrededor de 5 mil hectáreas.
Muy cerca, en Mameyito, también comunidad nahua, la minera italo-argentina Peña Colorada arrojó hace un par de semanas grandes cantidades de lodos y aguas contaminados, así como piedras
de desecho que afectaron varias casas.
Destruyeron sembradíos, corrales, casas y gallinas, y afectaron gravemente el único manantial de la comunidad, dijo González Gari. La empresa, propiedad del consorcio Ternium,
ofreció indemnización a los indígenas, pero a entregarse en un futuro no precisado, y únicamente a ejidatarios empadronados del ejido de Ayotitlán, donde se asienta Mameyito.
“La empresa Peña Colorada vuelve a lo de siempre, con la anuencia del gobierno de Colima, su mayor aliado. Discrimina a los comuneros –que son mayoría en Mameyito– al no reconocerles
personalidad o derecho para recibir indemnización”, agregó.
González Gari pidió la intervención de los gobiernos federal, de Colima y Jalisco, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta última entidad.
Explota yacimiento de hierro a cielo abierto en Cuautitlán, sin zona de amortiguamiento
Acusan a minera china de poner en riesgo a comunidad nahua de Jalisco
Amenaza salud, fuentes de ingreso y suministro de alimentos y agua, aseguran ONG e interponen amparo
En 2008 indígenas pararon otro proyecto del mismo empresario y se canceló la concesión
Ejidatarios nahuas se reunieron en la comunidad de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, para analizar los posibles efectos de la explotación del yacimiento de
hierro El Ratón, concesionado a una empresa china. Foto: Arturo Campos Cedillo
Juan Carlos García Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2012, p. 29
Guadalajara, Jal., 17 de julio. Ejidatarios de Tequesquitlán, en la región nahua del sur de Jalisco, informaron que la empresa china Gan-Bo Minera
Internacional explota desde mayo el yacimiento de hierro El Ratón, en el municipio de Cuautitlán, con procesos a cielo abierto a unos pasos de donde viven los indígenas, quienes se
dedican a la ganadería y la agricultura.
La mina se ubica a menos de 500 metros de Tequesquitlán, sin una zona de amortiguamiento.
Esto, según la Liga Jalisciense de Derechos Humanos, constituye una amenaza directa contra los indígenas, pues puede causar daños a su salud, a su trabajo y a sus fuente de alimento y
agua. Por ello la liga, junto con agrupaciones ambientalistas, promovió un amparo contra las actividades de Gan-Bo Minera Internacional.
En 2008, el empresario chino Liantuan Wu, propietario de Gan-Bo, intentó explotar ilegalmente un yacimiento de oro y plata en un predio del ejidatario Lino Roblada Flores, también en la
zona nahua jalisciense, lo que generó un conflicto con los indígenas, quienes se apropiaron de la maquinaria del oriental, la cual entregaron meses después, una vez que lograron que la
concesión se suspendiera (La Jornada, 12/08/2008).
Sin embargo, la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía federal entregó en 2009 a Gan-Bo la concesión 234650 para trabajar en 14 mil 763 hectáreas.
Como parte de esta concesión, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco, Luis Gerardo González Blanquet, concedió a Gan-Bo el 16 de abril
pasado autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal para el desarrollo del proyecto denominado primera fase de explotación minera del lote El
Ratón, ubicado en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.
Promete la empresa cuidar 10 hectáreas de bosque.
La superficie autorizada para esa primera fase es de 2 mil 463 hectáreas. La minera se comprometió a compensar los efectos de sus actividades mediante la conservación de poco más de 10
hectáreas de bosques, y a depositar una garantía de 141 mil 526 pesos.
El 17 de mayo el ejido Tequesquitlán fue notificado de la decisión. Los ejidatarios interpusieron una demanda de amparo contra la violación de sus garantías individuales y sociales, y de
sus derechos humanos, la cual fue presentada el 7 de junio pasado ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa de Jalisco.
La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes y de mayor impacto social, pues emplea dinamita, cianuro y cantidades enormes de agua.
Tequesquitlán es una de las pocas localidades nahuas que han prosperado en Cuautitlán, cerca de los límites con Colima y la costa sur de Jalisco, donde unos 2 mil indígenas cultivan 5 mil
hectáreas.
Como la mayoría de los nahuas asentados en decenas de poblados de la zona, en Tequesquitlán se padecen desde hace décadas los estragos de la minería a cielo abierto para explotar veta de
hierro, la más rica de México.
La minera más grande y una de las más antiguas es Peña Colorada, propiedad de un emporio italiano-indio, al cual pobladores y activistas acusan de contaminar el río Marabasco –frontera
natural entre Jalisco y Colima–, además de desecar numerosos mantos freáticos.
Peña Colorada construyó un acueducto de 52 kilómetros que conduce el hierro molido hasta Manzanillo, Colima, donde se embarca sobre todo hacia China, que consume alrededor de 50 por
ciento de la producción mundial.
Para bajar el hierro de la sierra al puerto por el acueducto se gastan al menos mil litros de agua por segundo, la cual se toma del Marabasco y de pozos, lo que ha generado escasez de
agua limpia para los habitantes de una región que padece rezagos sociales y es la tercera más marginada del estado.
Desde que el Partido Acción Nacional llegó al gobierno federal, en el año 2000, en Jalisco se han concesionado a mineras al menos 1.5 millones de hectáreas, superficie equivalente a la
del Distrito Federal.
La minería en Wirikuta: dos visiones sobre la vida
Francisco López Bárcenas
Era una jugada maestra pero resultó fallida. Cuatro secretarios de Estado, el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los procuradores
agrario y del Medio Ambiente, el presidente de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango, Nayarit, una asociación civil a la que se identificó como
representantes del pueblo wixaritari, y el presidente de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco; así como el representante de la minera First Majestic
Silver, el día 24 de mayo pasado informaron que la minera, en un acto de sensibilidad, cedía al pueblo huichol, a través del gobierno federal, los terrenos que amparaban las 35
concesiones que la Secretaría de Economía les había otorgado. Por tanto, se concluía, no se realizaría trabajo alguno de explotación minera en esa superficie.
El hecho de que el anuncio se hiciera en vísperas del Wirikuta Fest, donde diversos artistas se solidarizaban con el Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta y el Frente en
Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, sembró en muchos la sospecha de que no era una medida para solucionar el problema de la afectación de los lugares sagrados del pueblo wixárika por la
empresa minera, sino para aminorar los efectos del Wirikuta Fest sobre la opinión pública. Esa duda se confirmó al escuchar al Secretario de Economía decir que la empresa cedía su derecho
sobre las concesiones en lugar de que el gobierno las cancelara, y que en ese espacio se construiría una reserva minera. A partir, de ahí, se dijo, en el futuro no se podrían otorgar más
concesiones, lo cual sólo en parte es cierto, pues eso sucede mientras el terreno esté incorporado a la reserva, pero la ley minera autoriza al gobierno federal a
desincorporarlo cuando cambien los supuestos que motivaron su incorporación. Si se toma en cuenta que First Majestic Silver ha declarado que sus planes de explotación son para
los años 2013 y 2014, bien puede tratarse de una maniobra para desmovilizar a los inconformes.
No se puede perder de vista que la demanda del Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta y el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, es la cancelación de las
concesiones mineras en todo el territorio wixárika porque esa actividad atenta contra el derecho de este pueblo a vivir según su propia cosmovisión y si los planes de explotación minera
prosperan ese derecho será violado y con ello el derecho del pueblo a su misma existencia. Desde esa perspectiva, lacesión de First Majestic Silver no soluciona el fondo del
problema, sólo lo aplaza; además de que el espacio involucrado sólo abarca el cerro de El Quemado, ignorando que existen otros sitios sagrados, como la misma autoridad federal reconoció
en el anuncio. Tampoco se puede olvidar que con todo y lo importante que resultan los planes de explotación de First Majestic Silver por los impactos que pueden tener sobre el territorio
sagrado wixárika; por su extensión, el más agresivo es el proyecto minero Universo, del cual no se dice nada.
Así, el anuncio de las autoridades federales sobre las medidas que tomaran para la protección del territorio sagrado del pueblo wixárika es importante porque es un logro de ese pueblo y
de quienes caminan a su lado, pero no puede verse como la solución al problema. Hay que seguir luchando por la cancelación de las concesiones, porque en su otorgamiento se violó el
derecho a la consulta y al consentimiento previo e informado y porque de llevarse a cabo la explotación minera atentaría contra la cosmovisión y el derecho a la existencia del pueblo
wixárika. Pero sobre todo, hay que unir esfuerzos con las luchas antimineras que en otras latitudes del país enarbolan demandas similares: modificar las leyes y políticas que hoy permiten
a las empresas saquear los recursos mineros del país y devolverle a este la soberanía en la materia, para que la explotación de sus riquezas sirva para su desarrollo y el bienestar de los
mexicanos.
BOLETÍN DE PRENSA
· DISPARAN Y AMENAZAN AL PADRE GABRIEL Y AL ABOGADO DE
TEMACAPULÍN PERSONAL DE SEGURIDAD AL ACUDIR A TALICOYUNQUE A VER SI ESTABAN TRABAJANDO
· EXIGEN SE INVESTIGUE Y CASTIGUE A LOS AGRESORES DE
LOS DEFENSORES Y ASESORES DE DERECHOS HUMANOS
1.- El día de lunes 7 de mayo de 2012 aproximadamente a las 22 hrs. al acudir a la entrada al sitio de Talicoyunque por el sitio de la carretera el padre
Gabriel Espinoza Íñiguez y el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, el primero vocero de nuestro Comité y el segundo uno de los abogados que nos asesora, para ver si estaban laborando, por la razón
de que en nuestro de Temacapulín se oyen máquinas trabajar, y algunos pobladores han vistos salir y entrar dompes y camiones con postes de Talicoyunque, lugar adonde quieren reubicarnos con
motivo de la presa El Zapotillo. Como todos los lunes se había reunido la asamblea de la comunidad para tratar diversos asuntos y al terminar la reunión el padre y el abogado acordaron ir a
Talicoyunque para cerciorarse si estaban trabajando en el que dicen es el Nuevo Centro de Población y cerciorarse de si se estaba cumpliendo con la resolución del Pleno del TAE que nulifica la
reubicación.
2.- En tal sentido llegaron hasta la entrada y en ningún momento entraron, solo vieron si había luces y si había personal trabajando y si estaba abierta o
cerrado el acceso; es en ese momento cuando se vio una luz, escuchándose al menos dos detonaciones de arma de fuego, no sabiendo si les dispararon a ellos.
3.- Para esos momentos ya estaba el padre Gabriel con el carro encaminado para retirarse por lo que le dice al abogado Guadalupe que se suba, pero en un
instantes los guardias se brincaron la puerta de la entrada a Talicoyunque y ya afuera del predio, en la carretera, fuerzan con la luces de los focos sobre ellos y a punta de armas de fuego a
bajarse de la camioneta, primero al padre que era el chofer, diciéndole que se bajara de espaldas con las manos en la nuca y que se acercara a ellos (los guardias) de reversa, obligándolo a
hincarse y profiriendo palabras altisonantes y amenazantes, a lo que el padre les dijo si podía hablar, respondiéndole un guardia que las preguntas las hacían ellos.
4.- Posteriormente le dijeron al acompañante (el abogado) que se bajara del carro de la misma forma, y estando los dos hincados y con las manos en la nuca en
medio de la oscuridad sobre el pavimento, solo alumbrados por las los focos de los guardias, fueron revisados y esculcados, y revisado el carro. Preguntándole al abogado si por qué se había
brincado la puerta, a lo que el abogado les dijo que nunca se había metido y que la carretera era libre, que solo tocó el travesaño (que era de madera) y que hace las veces de puerta.
Siendo tres los guardias de seguridad los que alcanzaron a ver, mientras tanto dos de ellos mantenían encañonados con escopeta y tiro cortado al padre Gabriel y al abogado, diciéndoles que el
predio es “Es propiedad del Estado”.
5.- Cabe aclarar que los tres guardias que alcanzaron a ver, todos traían focos, mientras dos los mantenían encañonados a cada uno, el tercero les revisaba sus
credenciales y tomaba datos. En ningún momento se les negó la identidad y el abogado al decirle que era profesional del derecho, los guardias le pidieron que mostrara su cédula profesional, la
cual en ese momento no la traía y que si estaba tratando de impresionarlos. Después de revisar y revolver las pertenencias del carro los dejaron ir, no sin antes haberles dado un gran
susto.
6.- Es importante destacar que los policías o guardias estaban turbados por la visita; al que hizo la revisión de nuestros compañeros se le escuchaba turbado y
nervioso. ¿Que órdenes tendrán de sus superiores del gobierno del estado de Jalisco? Creemos que no tienen la capacitación necesaria ni los criterios para resolver este tipo de circunstancias. Y
un policía asustado sin razón, es capaz de cometer crueles errores. Afortunadamente, no hubo actos más graves que lamentar. Esa no es la manera de tratar a nuestra gente que es pacífica.
7.- Es de precisar, que el plan de reubicación recientemente fue declarado nulo por lo que no debe de efectuarse ningún trabajo por parte del municipio ni del
gobierno del Estado. No obstante existe la sospecha en la comunidad de que siguen trabajando.
8.- Creemos que no hay sentido ni proporción y esa reacción de las fuerzas de seguridad contra nuestra gente, ya que siempre nos hemos caracterizado por ser un
movimiento pacífico. En ningún momento se violó propiedad alguna ni andamos armados.
Por lo que Exigimos:
· Se investigue por qué les disparan y amenazan a miembros del Comité y se castigue a los responsables ya que nosotros no somos
delincuentes, sino simplemente ciudadanos que exigen se cumplan sus derechos.
· El acatamiento y cumplimiento de los fallos de los Tribunales Administrativos y federales que declararon nula de pleno derecho la
reubicación, así como la construcción de la presa El Zapotillo.
· La cancelación de inmediata de la presa El Zapotillo.
ATENTAMENTE
¡No a la reubicación!
¡No a la presa El Zapotillo!
COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO
BOLETIN DE PRENSA
· Surge el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), para exigir una gestión, pública, comunitaria y sustentable del agua en el estado de Jalisco.
· Exigimos una nueva Ley Nacional y Estatal del Agua, que incorpore el Derecho Humano al Agua y elimine las políticas, programas y proyectos privatizadores.
Los movimientos, sindicatos, comités vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores abajo firmantes, decidimos sumar fuerza, articular nuestras luchas y trabajar en
un frente común, autónomo y apartidista, en defensa del agua y contra su privatización, ante las decisiones unilaterales del actual sistema político neoliberal, que prioriza el beneficio de
empresas nacionales y trasnacionales en detrimento de la naturaleza y los derechos humanos de las y los jaliscienses.
El nacimiento de este Frente se enmarca en la conmemoración del día mundial del agua, la culminación del VI Foro Mundial del Agua realizado en Marsella, Francia y la trascendental
incorporación del derecho humano al agua en nuestra constitución.
Como Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), estamos preocupados por el agravamiento y surgimiento de conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco,
generados por las actuales políticas hídricas que se contraponen a los derechos de las poblaciones a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, afectando gravemente la salud, la vida y
los ecosistemas del planeta.
La contaminación industrial de los ríos, la construcción de grandes obras de infraestructura como presas, acueductos, macro plantas de tratamiento y el manejo de los sistemas de agua en
manos de la iniciativa privada son formas de privatización, en donde el agua es manejada desde una lógica de mercado y de ganancia y no como un derecho humano y bien común fundamental para la
vida.
En este Frente participamos habitantes de poblaciones afectadas por los siguientes conflictos: la tendencia privatizadora del Organismo Operador SIAPA, la contaminación del río Santiago, la
construcción de la presa El Zapotillo, el proyecto de construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala, la defensa del agua del pueblo Wixarika, la protección de la zona de El Bajío del
Arenal en Zapopan y de las cuencas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a través de comités vecinales.
Como Frente:
1. Rechazamos la construcción de la Presa El Zapotillo y exigimos su inmediata cancelación:
La lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es en favor de los ríos, los pueblos y la vida. Estas comunidades resisten desde hace 7 años ante la construcción de la presa El Zapotillo,
proyecto que comenzó a promoverse desde el año 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción.
Para intentar justificar este proyecto, no se tomaron en cuenta los efectos sociales, ambientales ni culturales, sino solamente los criterios económicos. Tampoco se consideró la búsqueda de
otras opciones sustentables, que garanticen los derechos de todos y todas, pues existen alternativas viables y que no implican la construcción de represas para el abasto de agua y su gestión
integral.
La propuesta de las comunidades opositoras a la construcción de la Presa El Zapotillo es la Revolución del Agua, que se fundamenta en el cambio del modelo de gestión donde no prime una
lógica económica o mercantil, donde el agua sea considerada sustento de culturas y no una oportunidad de negocio.
2. Exigimos el saneamiento integral del río Santiago y la atención urgente a la salud de las poblaciones afectadas:
Las condiciones de vida para la población que habita las márgenes del río Santiago no han mejorado, y continúan las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Las
acciones emprendidas por las autoridades demuestran, en general, el incumplimiento de las leyes y normas correspondientes, una falta de voluntad política, y avances muy limitados por parte de
algunos organismos gubernamentales.
En materia de salud, persiste un círculo vicioso de inacción y la negativa constante de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) de las afectaciones a la salud de la población de El Salto y
Juanacatlán, así como la renuencia a indagar de manera científica la relación entre contaminación y salud en la zona.
La industria sigue en la impunidad, a pesar de que sus descargas sean las más tóxicas. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es sistemáticamente omisa en aplicar la NOM-001-SEMARNAT-1996
y persiste su ausencia en la zona, así como su discurso de protección a la industria respaldado por las autoridades del estado de Jalisco.
Reiteramos nuestra preocupación por el deficiente programa de saneamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ya que no tratará la totalidad de las aguas residuales de esta cuenca, sino
únicamente las aguas domésticas, más no las industriales de esta la zona industrial de mayor importancia en el estado.
Desaprobamos el discurso actual de la CEA que afirma que con la macro planta de tratamiento El Ahogado se solucionará el problema del Santiago.
3. Reprobamos la tendencia privatizadora del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) y la simulación de su refundación a METROAGUA:
El 14 de Diciembre de 2011, el Consejo de Administración del SIAPA, en voz del entonces presidente Héctor Vielma Ordoñez, anunció la refundación del Organismo Operador de Agua, con los
argumentos de eficientar, transparentar, disminuir la burocracia y despolitizar el Organismo, iniciando a partir de enero de 2012, con el cambio de nombre a METROAGUA y de manera cronológica en
un tiempo de 10 meses concluir su transformación.
En los últimos dos años, las y los trabajadores de base, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA), venimos observando y
denunciando cómo esta administración, viene utilizando e incrementando empresas privadas para desarrollar las actividades propias de los trabajadores del Organismo.
La experiencia nos ha mostrado que cuando las empresas privadas se involucran en el manejo del agua no sólo no cumplen con lo que se esperaba de ellas, sino que además suelen traer nuevos
problemas y complicaciones. Casos y experiencias que documentan estas fallas y abusos, sobran: el caso de ICA y Veolia en Aguascalientes; Proactiva Medio Ambiente (Veolia, FCC e ICA), y Gutsa en
el Distrito Federal; Grupo Mexicano de Desarrollo y Bal-Ondeo en Cancún; Mexicana de Gestión de Agua S.A. de C.V. en Navojoa, Sonora; ICA y Veolia en Puebla; Aguas de Saltillo en Saltillo,
Coahuila, entre otras.
De acuerdo con investigaciones, producto de la documentación de casos de privatización de organismos municipales y metropolitanos del agua, la privatización fomenta la corrupción, el alza
de tarifas, los cortes de agua y la pérdida de empleo, ya que se “recortan” plazas de base al encomendar ciertas funciones a otras empresas.
Demandamos se abra un proceso amplio de consulta a la ciudadanía para la discusión, toma de decisiones y la proyección de una restructuración seria de un SIAPA sustentable, que contenga una
amplia difusión social en la convocatoria y no sea una convocatoria selecta y reducida a sus intereses, en donde no sólo se toque el tema de las tarifas y de la cobranza.
Los actuales Presidentes Municipales, miembros del Consejo, sólo son administradores del Organismo Operador de Agua, no sus dueños. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a emprender
una amplia Jornada EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA.
4. Nos oponemos a la construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala:
El Movimiento Ciudadano No al nuevo Acueducto, Sí al Lago de Chapala, fue fundado hace poco más de un año, en enero del 2010, ante la coyuntura del proyecto de construcción de un nuevo
acueducto para llevar agua del Lago de Chapala a la ZMG.
Este Movimiento aglutina por lo menos 10 de los municipios que se localizan alrededor del Lago de Chapala; 85% de los habitantes ribereños dependen directamente del lago.
Los movimientos que defienden el Lago de Chapala han presentado propuestas y alternativas, entre ellas la captación de agua pluvial y la reparación de redes de distribución del agua potable
en la ZMG. Sin embargo, los funcionarios defienden y justifican el proyecto del segundo acueducto, y mantienen una cerrazón permanente ante alternativas verdaderamente sustentables.
5. Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en
diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al
agua es condición para la realización de otros derechos humanos.
6. Compartimos la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no
tiene precio.
7. Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable, democrático, justo y
equitativo del agua.
8. Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley Nacional y
Estatal de Aguas, que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional.
9. Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes, las altas tarifas, los megaproyectos como el Zapotillo y el Segundo Acueducto del Lago de
Chapala, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.
10. Llamamos a toda la ciudadanía de Jalisco, a organizarse, movilizarse, defender sus derechos y a ser parte de este Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su
Privatización.
¡POR LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO EN LA TOMA DE DECISIONES!
¡NI UNA GOTA MÁS AL CAPITAL!
Guadalajara, Jalisco, México. A 21 de marzo de 2012
Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización
Amigos del Lago, A.C.
Casa Ciudadana en Defensa de la Economía
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA)
Colectivo ARVOL (Arte y Cultura por la Evolución del Hombre A.C.)
Colectivo de Abogados
Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto
Colectivo de Organizaciones Ciudadanas de Occidente (COCO)
Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Santa Margarita
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia San Sebastián
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Lomas del Gallo
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia El Campesino
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Loma Bonita
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia La Magdalena
Comité de Vecinos en defensa del Agua del Parque de la Solidaridad
Comunidad Wixarika de Santa Catarina
Fundación Lerma- Chapala- Santiago
Instituto de Investigación del Cáncer Biosmedica, A.C. (INICABI)
Instituto de Investigación en Salud Ocupacional
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (GPO. VIDA)
La Otra Jalisco
Mesa de Ecología de la Asamblea Popular Jalisco
Movimiento Ciudadano, NO al Nuevo Acueducto, SI al Lago de Chapala
Organización Juvenil de Comunistas en México
Parlamento de Colonias
Red de Investigadores Sociales del Agua
Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA)
Unidad Social para el Desarrollo Integral Comunitario, A.C. (USDIC)
Aprovechan pugna en la comunidad, dicen
Nahuas denuncian a mineras por saqueo y daño ambiental
Juan Carlos García Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 30
Guadalajara, Jal., 10 de agosto. Indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, acusaron a
minerasfurtivasde extraer minerales de su territorio. El comisariado ejidal presentó una denuncia ante la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Denunciaron que las empresas efectúan rápidas incursiones con maquinaria, sin permiso de la comunidad ni del ayuntamiento. El saqueo se ha detectado en las comunidades El Roble Ancho y El
Pedregal, zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera en la sierra de Manantlán, ecosistema rico en especies endémicas y biodiversidad, y abundante en hierro.
Jaime Hernández Lamas, asesor jurídico del ejido de Ayotitlán, informó que el 4 de agosto los nahuas, por conducto de su comisario, Juan Mancilla, interpusieron una denuncia ante la PGR, no
sólo por extracción ilegal del mineral, sino por el daño ambiental que causa la maquinaria.
No tienen concesión, permisos de impacto ambiental, uso de suelo ni aprobación de la asamblea de mayores (del ejido). Llegan de improviso y extraen material hasta agotarlo, dijo Hernández
Lamas.
El abogado detalló que las mineras aprovechan un litigio entre los nahuas por la elección del comisario Juan Mancilla, quien sigue en el cargo, pero no es reconocido por otro grupo
encabezado por Ernestino Cipriano. Debido a que la elección de Mancilla fue impugnada, explicó, el Tribunal Agrario resolvió crear una comisión plural para negociar con las mineras.
Cipriano y su gente, valiéndose de que son parte de la comisión plural, han estado metiendo a las empresas mineras, entregándoles contratos a espaldas de la población, dijo Hernández, quien
aceptó que muchos indígenas están con Cipriano debido a que reparte dinero entre los ejidatarios.
Señaló que presentó esta denuncia a raíz de la experiencia que tuvieron en agosto de 2009, cuando los nahuas, hartos de no encontrar solución en las autoridades, decidieron inmovilizar
maquinaria de mineras chinas que habían ingresado de manera ilegal. En aquella ocasión los ejidatarios fueron demandados por robo y secuestro.
Hernández pidió a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y al ayuntamiento de Cuautitlán que intervengan para evitar que continúe la explotación de minerales en el
ejido de Ayotitlán, pues en lugar de progreso y beneficios la minería sólo ha dejado marginación, divisionismo y daños al medio ambiente, sostuvo.
Los de abajo
Detención injusta
Gloria Muñoz Ramírez
El martes 6 de septiembre Rocío Moreno, comunera de Mezcala, Jalisco, luchadora, historiadora, mujer de la comunidad coca defensora del territorio y de los derechos de los pueblos
indígenas, participante asidua del Congreso Nacional Indígena y, sobre todo, ejemplo de organización comunitaria desde abajo, fue arbitrariamente detenida por autoridades de la procuraduría de
Justicia de Jalisco. Al siguiente día, previo pago de una fianza, fue liberada. Pero enfrenta, junto con otros 10 comuneros, un proceso legal plagado de irregularidades.
Rocío estuvo detenida 25 horas, debido a un caso inventado por autoridades de todos los niveles contra los comuneros que resisten en Mezcala, con lo que se confirma, señalan organizaciones
de Jalisco, que detrás de su arresto hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un golpe a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de 10 años contra el invasor
Guillermo Moreno Ibarra y contra proyectos de desarrollo promovidos por gobiernos de todos los niveles.
El caso de Rocío, como el de cientos de luchadores sociales en el país, está burdamente montado, pues se le acusó de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el
domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como ha atestiguado una decena de personas.
Ese 10 de abril un grupo de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra en terrenos comunales que pertenecen a la población.
A la invasión de su territorio y posterior acusación se prestaron los jueces penales de Ocotlán Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, quienes validaron el argumento
del Ministerio Público de que hubodaños a las cosaspor más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba 20 mil.
El fondo del asunto es el siguiente: se pretende detener el proceso legal contra Guillermo Moreno y quedarse con las tierras de la comunidad de Mezcala, que tiene 10 años luchando por la
defensa de lo que les pertenece.
Pero, como suele suceder, la embestida dio como resultado que Rocío, el resto de los comuneros y toda la comunidad se fortaleciera y decidiera continuar su lucha. La comunidad coca de
Mezcala se asienta en la ribera del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, y el conflicto por su territorio data de 1999, cuando un empresario local se apoderó de 10 hectáreas
del territorio comunal y forestal presuntamente a través de un prestanombres llamado Crescenciano Santana.
El Zapotillo y el calderonismo como bufete empresarial
Magdalena Gómez
La crisis nacional agudizada por la estrategia de combate al crimen organizado y sus saldos de muertes impunes está
colocada de manera muy explicable en el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, también es tiempo de dar cuenta de otro tipo de daños colaterales que no son los de la muerte de ciudadanas
y ciudadanos, como les ha señalado el ocupante de Los Pinos. Me refiero al hecho de que el gobierno practica, también impunemente, su política de otorgamiento de concesiones para megaproyectos
sin considerar siquiera la opinión de las poblaciones afectadas cuyos derechos históricos adquiridos simplemente se ignoran. Los movimientos opositores a tales proyectos son invisibilizados y
criminalizados con la complicidad de los grandes medios, sobre todo electrónicos, y con el muy escaso o nulo interés de los partidos políticos, para quienes la ciudadanía sólo es útil en tiempos
electorales. Hoy México lamentablemente está en los medios internacionales por la muy alarmante nota roja y poco se conoce sobre el avance neoliberal en la imposición de proyectos, el
arrasamiento de sus pueblos, menos aún por la persistente defensa social frente a ellos.
Un ejemplo de ello es el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que enfrenta desde hace seis años una
desigual lucha frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del gobierno de Jalisco por la oposición a la construcción de la presa El Zapotillo, cuya
autorización está plagada de irregularidades (empezando por la manifestación de impacto ambiental que sirvió de base para la aprobación del proyecto), las cuales se han comprobado ante instancias
judiciales (amparo otorgado por el juzgado auxiliar de distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/2008, que dicta instrucciones para que se cancele la obra) y la comisión estatal de
derechos humanos (recomendación 35/2009), entre muchos otros resolutivos en favor de los pueblos amenazados de ser sepultados por el agua con toda su historia, cultura, monumentos históricos y
que simplemente se pretende intercambiar por la promesa de un nuevo centro de población. Para refrendar la postura sobre este proyecto se organizó la consulta comunitaria de enero de 2011, donde
98 por ciento reiteró su rechazo al mismo. Ante la postura de continuar el proyecto e incumplir las resoluciones judiciales, el pasado 28 de marzo de 2011 un grupo de comuneros se estableció en
plantón para impedir el avance del mismo. La solidaridad desplegada en su defensa logró que Conagua, Gobernación y la CEA abrieran unas mesas de diálogo que fueron aceptadas por los comuneros con
el compromiso de retirar las denuncias penales en su contra.
Se realizaron cuatro y la llamada mesa final o resolutiva, que se desarrollaba el pasado 1º de junio en Tepatitlán,
fue abruptamente suspendida por los funcionarios federales José Luis Luege Tamargo, director general de la Conagua, y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación,
rompiendo el diálogo con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y declarando a la prensa que la presa El Zapotillo es un proyecto que no se detiene. Ante ello el comité ha emitido
un boletín señalando que el gobierno no cumplió siquiera con retirar las denuncias penales cuyo compromiso no estaba condicionado a que se lograran acuerdos en el diálogo. Por su parte, el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) ha condenado las acusaciones contra el sacerdote Gabriel Espinoza, activo acompañante de los comuneros, desde la
CEA, calificándolo de alborotador, fanático y manipulador de la gente, lo cual incrementa el riesgo de confrontación. Por otra parte, el mismo Mapder ha recordado que la familia Hank Rhon es
dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción, a quienes el gobierno ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la
represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC), cuya dueña, la empresaria Esther Koplowitz, realiza en su país obras de aparente beneficio
social mientras en el nuestro participa del plan de arrasar a los pueblos (boletín del 5 de junio de 2011).
Este caso constituye un vivo retrato del rol del Estado como abogado del capital. Las empresas favorecidas por la
licitación no requieren siquiera dar la cara; para ello les sirven las instituciones, cuya práctica anticonstitucional es proteger sus intereses frente a los de las poblaciones afectadas, y todo
ello en nombre del supuesto interés general.
Que la parte oficial patee la mesa de diálogo no sorprende; ésos son los auténticos usos y costumbres del poder.
¿Quién de ellos recuerda que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo?
No se tolerarán amenazas de activistas; hay órdenes de aprehensión vigentes, señala
SE PERSEGUIRÁ A OPOSITORES A LA PRESA EL ZAPOTILLO, ADVIERTE GOBERNACIÓN
Carlos García, Mauricio Ferrer y Juan Carlos García Partida
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 3 de junio de 2011, p. 35
León, Gto., 2 de junio. El gobierno federal no tolerará las amenazas de pobladores que se oponen a la construcción de la
presa El Zapotillo; por eso no se retirarán las denuncias penales por el bloqueo de las obras, advirtió el subsecretario de Gobernación, Marcos Gutiérrez González.
Después de dar por terminada la negociación con los pobladores de Temacapulín, Acasio y Palmarejo, el funcionario de la
Secretaría de Gobernación dijo que siguen vigentes las denuncias penales, pues la suspensión de la obra causó pérdidas millonarias.
En un comunicado de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasio y Palmarejo exigió al gobierno federal cumplir su palabra
de retirar las denuncias penales contra los pobladores y activistas que se oponen a la construcción del embalse. Nunca se condicionó (el retiro de la denuncias) al resultado de las mesas.
Exigimos el respeto a este acuerdo, sustentado en actas firmadas por ambas partes. La Secretaría de Gobernación pretende atar de manos a la comunidad y el movimiento jugando con este acuerdo
incumplido, acusaron.
Añadieron que los ciudadanos de Jalisco no están dispuestos a recibir agua llena de sangre: hacemos responsables a las
autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación, de lo que pueda pasarnos y de hechos que pongan en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y
movimientos que nos acompañan.
Al menos 30 policías federales resguardan la zona donde se construye la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de
Obregón (unos 100 kilómetros al noreste de Guadalajara), para impedir que miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo vuelvan a bloquear la obra, como ya sucedió durante una
semana en marzo.
El resguardo de federales armados se intensificó el miércoles, cuando José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión
Nacional del Agua, y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobernación, dieron por cerrada la negociación con las comunidades, anunciaron la continuación de la obra y amenazaron con aplicar la
ley contra quien proteste.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco condenó la actitud de las autoridades federales contra pobladores y
opositores a la presa. Mientras, la oficina de Amnistía Internacional en México demandó al gobierno federal parar la construcción de la presa. Desde aquí hacemos un enfático llamado a las
autoridades federales para que suspendan las obras de El Zapotillo hasta que se garanticen los derechos de las comunidades afectadas, dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de la oficina
de Amnistía Internacional en México, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde presentó el Informe del Estado de los Derechos Humanos
en el Mundo.
Alejando Solalinde, sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, manifestó que el gobierno puede tener proyectos
maravillosos pero si no llega a acuerdos con la sociedad, se comete un primer atropello a los derechos humanos.
El proyecto se llevará a cabo pese a quejas, afirma el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez
Sepulta Gobernación diálogo con opositores a la presa El Zapotillo
Los inconformes pueden recurrir a tribunales; se aplicará la ley a quien cometa delitos,
advierte
Anuncia obras e indemnización
Activistas deploran actitud amenazante; acudirán a la CIDH
Corresponsal y reportera
Periódico La Jornada
Jueves 2 de junio de 2011, p. 34
Guadalajara, Jal., 1º de junio. En una mesa sin diálogo que supuestamente sería resolutiva, el
subsecretario de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez González, advirtió a pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que seguirá la construcción de la presa El Zapotillo
y sus pueblos serán inundados. También instó a los opositores al proyecto a dirimir sus quejas por la vía legal, so pena de ser considerados delincuentes.
Este gobierno jamás recurre ni recurrirá a medios de retención, pero que nadie se fíe: si alguien
comete un delito, que espere la aplicación de la ley, dijo Gutiérrez, quien junto con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, participó en la reunión
final con miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo para refrendarles que la presa va.
La mesa se realizó en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, lejos de los municipios que afectaría la
presa (Cañadas de Obregón y Mexticacán) y más cerca de Guanajuato, de donde llegaron funcionarios estatales y medios de comunicación. Se prevé que El Zapotillo abastezca a la ciudad de
León.
La obra no está determinada por los pantalones de nadie; está determinada por el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan Nacional Hídrico; no es una ocurrencia, espetó el funcionario de la SG, quien afirmó que El Zapotillo beneficiará a 2.5 millones de habitantes de Guadalajara, León y varios
municipios alteños de Jalisco.
Agregó que la vía de los hechos no resolverá las diferencias y dijo que después de días de diálogo
quedó claro que los pobladores pueden acudir a instancias juridicas. Sin embargo, no mencionó que los amparos interpuestos para detener la obra, han sido ignorados, pues los trabajos prosiguen
con la protección de policías federales.
Luege Tamargo, más conciliador, dijo que la reubicación irá acompañada de un plan social y de
reactivación económica y buscará mantener el diálogo con habitantes de las comunidades.
En la ciudad de México, la SG emitió un comunicado en el cual da por concluido el diálogo e invitó a
los inconformes a sumarse al proyecto, que han aceptado más del 50 por ciento de los miembros de la comunidad.
Si bien habrá afectaciones a algunos asentamientos humanos, como es el caso del pueblo de Temacapulín,
éstos serán compensados mediante indemnizaciones y apoyos muy relevantes, que incluyen viviendas nuevas de 170 metros cuadrados en terrenos de mil metros cuadrados, en un pueblo en el que se
reconstruirán pieza por pieza los elementos históricos y comunitarios esenciales; tal es el caso de la iglesia, el zocalito y el panteón, apuntó la SG en su comunicado.
Los integrantes del comité que acudieron a la mesa resolutiva consideraron lamentable la postura del
gobierno federal y anunciaron que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos tristes, decepcionados e indignados. La actitud del subsecretario fue amenazante, señaló el
sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, vocero del colectivo.
La diputada local perredista Olga Flores Gómez, quien logró que el Congreso de Jalisco emitiera un
exhorto para detener la obra –el cual tampoco fue atendido–, consideró absurdo pretender que los habitantes acepten abandonar sin más sus tierras sólo por un decreto oficial que no los tomó en
cuenta.
Empresa canadiense en Real de Catorce
Denuncian huicholes proyecto minero en zona sagrada de SLP
Javier Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de noviembre de 2010, p. 40
Puerto Vallarta, Jal., 9 de noviembre. Autoridades wixáricas (huicholes) de Jalisco, Durango y Nayarit denunciaron que el gobierno federal otorgó 22 concesiones a la minera canadiense First
Majestic Silver, que se apoderó de 6 mil 326 hectáreas en el desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí, entre ellas lugares que consideran sagrados, por lo que rechazaron el proyecto de
explotación.
Julio Parra Parra, curandero del centro ceremonial de Kanpatehuala, municipio de Mezquitic, Jalisco, dijo que los manantiales sagrados donde recolectamos agua bendita se encuentran en las
cuencas de las vetas de plata que serán explotadas y podrían secarse y quedar contaminadas con cianuro debido a la actividad minera.
El acuífero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, está sobrexplotado y su capacidad de recuperación es muy baja, advirtió.
Tanto Julio Parra como Custo Santiago, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, advirtieron que se causarán daños irreversibles a 16 centros de
población de seis ejidos que se encuentran en la superficie concesionada.
Custo Santiago pidió al municipio de Real de Catorce no entregar permisos de construcción o uso de suelo, y exigió al gobierno federal estrategias para el desarrollo armónico de la
zona.
Los pueblos wixárikas de San Sebastián, Teponahuaxtlán y San Andrés Cohamiata y de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, entre otros, sesionaron los días 3, 4 y 5 de septiembre,
y con el aval del consejo de ancianos acordaron rechazar el proyecto minero.
También pidieron cancelar las 22 concesiones a la trasnacional e imponer una moratoria indefinida para que no se expidan permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de
Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.
Detallaron que la explotación minera pone en peligro las fuentes de agua de numerosas localidades del Bajío, entre ellas El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Las
Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado y San Juan de Matanzas, donde viven aproximadamente 3 mil 500 personas.
Además, señalaron, el proyecto viola los derechos reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el programa de manejo del área natural protegida de
Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento de la superficie, incluida en la concesión minera; también incumple la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Ambiental y de Consulta a Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, así como numerosas normas oficiales.
Advirtieron que harán uso de todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales y realizarán acciones de resistencia civil pacífica.
Por: JUAN M. CÁRDENAS / EL SIGLO DE TORREÓN
ENVIADO ESPECIAL / MÉXICO, DF -
La Cámara Minera de México (Camimex), registra ya 32 proyectos de exploración de yacimientos -principalmente de oro y plata- que se estarán desarrollando entre los años 2010 y 2012 en diversos
puntos del estado de Durango.
La cifra coloca a Durango como la quinta entidad que mayor interés despierta en inversionistas mineros, por detrás de Sonora, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, que registran 58, 51, 35 y
35, respectivamente.
Sergio Almazán, director de la Camimex, detalló que tres de las exploraciones ya están muy avanzadas: la mina El Castillo, de la empresa Argonaut Gold, que planea ampliar producción a más de dos
mil toneladas de oro tan sólo en 2010; La Fortuna, de la misma Argonaut Gold, que buscará oro; y la empresa Chesapeak Gold espera ya para 2011 contar con su estudio de prefactibilidad en la mina
Metates.
Durango ocupó el tercer lugar en la lista de aportación a la producción de oro en 2009, con el 13 por ciento de la generación nacional; mismos números que en la extracción de plata.
VIOLENCIA: FACTOR A VENCER
Por su parte, Eduardo Chaparro, encargado de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para Amércia Latina y el Caribe (CEPAL), insistió durante el Cuarto
seminario de periodistas organizado por la Camimex, que es indudable la incidencia de los hechos violentos que han ocurrido en México, en la posibilidad de mayores inversiones. Dijo que
prácticamente cualquier hecho violento ocurrido en México, del que se entere un inversionista, generará sensaciones de inseguridad para con sus bienes.
PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE WIRIKUTA
Que emite el Pueblo Wixárika de los tres Estados Jalisco, Nayarit y Durango representado por las comunidades de Waut´a -San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tutsipa – de los
municipios de Mezquitic y Bolaños Jalisco; Tuapurie -Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Tatei Kie-San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco; Uweni Muyewe –Bancos de
San Hipólito municipio de Mezquital, Durango y la Unión Wixárika de los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango.
RECORDANDO que el Pueblo Wixárika desde tiempos inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados
durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.
CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la vida se mantenga para todos y todas los seres vivientes de este planeta, para que nuestra antigua cultura Wixárika se
mantenga y no desaparezca, para que se renueven las claves del conocimiento y las velas de la vida que nos dan sentido a nuestra identidad Wixárika.
ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y las leyes reglamentarias que se han derivado para favorecer la operación de este neoliberal acuerdo entre México,
Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que agudizar la guerra de exterminio contra nuestros pueblos indígenas, a través de ordenamientos jurídicos como la Ley de Minería que ha llevado a que
nuestros lugares sagrados en el desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 concesiones otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silver de origen canadiense, sumando 6,326
hectáreas concesionadas abarcando nuestros lugares sagrados.
OBSERVANDO que los manantiales sagrados donde recolectamos aguas benditas se encuentra dentro de las cuencas de las venas de plata a explotarse, corriendo un inminente riesgo de
contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes cantidades de agua que usaría la industria minera, pues el acuífero, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en
un grado de sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja.
CONSIDERANDO que el daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 Ejidos de la zona, así
como numerosas localidades del bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), tal es el caso de El Mastranto, San José de Milpitas, Estación
Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3500 personas que resultarían
afectadas.
EVALUANDO que el proyecto minero de First Majestic Silver viola los derechos que tenemos como pueblo reconocidos en el convenio 169 de la OIT; se viola lo establecido en el Programa
de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi el 70% de la concesión minera y que el Pueblo Wixárika somos parte del consejo de Administración; se incumple lo establecido en
la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos; no se respetan las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley
Ambiental del Estado de San Luis Potosí; La Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del estado de San Luis Potosí; así como una importante cantidad de Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.
CONSENSANDO la posición generalizada del pueblo Wixárika através del análisis de esta problemática durante La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de San Sebastián
Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños llevada acabo los días 3, 4 y 5 de Septiembre del presente año; La Asamblea Extraordinaria de Bancos de San Hipólito
Mezquital, Durango llevada acabo los días 4 y 5 de Septiembre del año vigente; Las reuniones del consejo de ancianos de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán llevadas acabo los días 5 de
Septiembre en la localidad de Las Latas y 11 y 12 de Septiembre del año 2010, llevada acabo en la localidad de Pueblo Nuevo1; Reunión de la Unión Interestatal de Centros Ceremoniales llevado
acabo en la comunidad de Uweni Muyewe los días 11 y 12 de Septiembre del presente año; En el Primer Foro de Diálogo sobre la Minería en Wirikuta con la red en defensa de Wirikuta Tamatsima wa’há
llevado a cabo en Real de Catorce el día 18 de Septiembre del presente año; La Presente Reunión de Trabajo para el seguimiento al PACTO DE HAUXA MANAKÁ llevada acabo hoy en la cabecera municipal
de Mezquitic, Jalisco.
DECLARAMOS LO SIGUIENTE.
Manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la trasnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio
sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika.
Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación
o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.
Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento en las enfermedades respiratorias,
gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos usado en la minería y el efecto de sus residuos químicos, los invitamos a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta
imposición criminal que llevará a la destrucción de sus tierras de sus paisajes de lo que les dejaron sus abuelos y lo que les dejarán a sus hijos.
Exigimos al Estado Mexicano que de manera inmediata implemente estrategias efectivas que lleven a la mejora de vida de los habitantes de Wirikuta, que sean propuestas armónicas con
el medio ambiente, y no propuestas tan destructivas como la de la mina en donde se pone a los campesinos humildes entre la espada y la pared ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de
su patrimonio.
Pedimos respetuosamente a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso de suelo, pues como se dio
cuenta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que nos acompañó durante el foro de diálogo llevado acabo el 18 de Septiembre en Real de Catorce, la población Wixárika y un importante número de
personas del municipio que no desean la mina.
Aclaramos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a
nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.
A T E N T A M E N T E
“Por la Reivindicación Integral de Nuestras
Comunidades del Pueblo Wixárika”.
Dada en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco
A 23 de Septiembre de 2010
Autoridades Tradicionales y Agrarias del Pueblo Wixárika
Por la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipio de Mezquitic y Bolaños, Jalisco.
Santiago López Díaz Mauricio Hernández Castañeda
Gobernador Tradicional de Waut´a Gobernador Tradicional de Tutsipa
Ramón González López
Pdte. del Comisariado
José Ángel Díaz Serio
Pdte. del Consejo de Vigilancia
Por la comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco.
Jaime Carillo Carrillo, Juan Ávila De la Cruz
Gobernador Tradicional y Pdte. del Comisariado
Por la comunidad indígena de Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango.
Santos De la Cruz Carrillo
Pdte. del Comisariado
Por la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco.
Mauricio Montellano De la Cruz
Gobernador Tradicional
Por la Unión Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango.
Eleuterio De la Cruz Ramírez y Jaime Carrillo López
Pdte. de la Unión y Pdte. del Consejo de Vigilancia
Testigos de Honor
Ramón Bañuelos Bonilla y Fredy Medina Sánchez
Pdte. Municipal de Mezquitic, Jal y Pdte. Municipal de Huejuquilla el Alto, Jal.
Ing. Guadalupe Flores Flores y José de Jesús Navarro Cárdenas
Delegado Estatal de la CNDPI (Jalisco y Colima) y Visitador de la CEDHJ
Tirzo Navarrete Rodríguez y Roberto López López
Director de la CCDI Mezquitic y Coordinador Regional de la CEI.
