La defensa es por nuestra tierra, reiteran en el documento
Cecop entrega documento en Los Pinos para exigir la cancelación de La Parota
LUCIANO TAPIA ( Correponsal)
Ciudad de México, 13 de septiembre. Una comisión ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) entregó un documento en la presidencia de la República, el cual piden al jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el respeto a sus derechos y por la cancelación del proyecto, declaró el vocero de la organización, Felipe Flores Hernández.
Entrevistado en el Centro de Derechos Humanos Prodh Miguel Agustín Pro Juárez, en el tercer aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Flores Hernández dijo que el documento entregado en la residencia oficial de Los Pinos es un manifiesto de solicitud de audiencia para exponer las razones de inconformidad y para demandar la cancelación definitiva del proyecto de La Parota, como de la presa Paso de Reyna, en Oaxaca; El Zapotillo, el Arcediano y los desplazados por la presa El Cajón, en otras entidades.
El documento titulado Manifiesto por el respeto a nuestros derechos y por la cancelación de los proyectos de presas, reseña que con fecha 19 de marzo de 2009, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y el desplazamiento por los proyectos de presas.
Dice que es en “defensa de nuestras tierras, el territorio y el agua en donde se expresa la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significarían dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de los pueblos y comunidades”.
Reitera que la petición de audiencia es para dar testimonio de la ilegalidad en la que siguen moviéndose la CFE y la CNA y para expresar que, al agravarse la situación por continuar Las amenazas de despojo.
Abundó que con La Parota se afectarían a 75 mil habitantes y la CFE, el gobierno del estado y la Conagua han tratado de manipular a un grupo de presuntos ejidatarios con asambleas ilegales de las que el Tribunal Unitario Agrario.
BOLETÍN DE PRENSA
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN ESTARÁ PRESENTE EN LA ASAMBLEA
DEL 28 DE ABRIL DE 2010 EN LA CONCEPCIÓN, BIENES COMUNALES INDÍGENAS DE CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO
27 de abril de 2010
Frente a la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de reactivar el proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota; se ha reintegrado una Misión Civil de Observación para verificar el procedimiento de la Asamblea Agraria llamada en segunda convocatoria en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec para el día 28 de abril de 2010. Esta asamblea tiene el fin de expropiar terrenos e iniciar los procesos de cambio de uso del suelo y de ocupación previa de las tierras de los/as campesinos/as para construir la presa La Parota.
Frente a esta nueva asamblea y ante una posible represión o provocaciones por parte de las autoridades que en el pasado han desplegado una gran cantidad de fuerzas policíacas, han reprimido a los opositores al proyecto, lanzado gases lacrimógenos y han permitido que se llevaran a cabo Asambleas ilegales, cuatro de las cuales han sido declaradas nulas por Tribunales Agrarios, se decidió conformar la Misión que se dará a la tarea de documentar e informar a nivel nacional e internacional de lo que pase el día de mañana.
La misión civil de observación somos una amplia plataforma de organizaciones y de redes de la sociedad civil nacional e internacional cuya principal preocupación es la posibilidad de la violación de los derechos humanos fundamentales de los actores sociales en conflicto. Conformada por alrededor de 30 reconocidos espacios, redes y organizaciones de la sociedad civil. Volvemos al estado de Guerrero para verificar y dar testimonio de las condiciones en que se desarrolle esta nueva etapa del conflicto. Integrada por organizaciones civiles, sociales, eclesiales, ambientalistas, de mujeres y espacios defensores de los derechos humanos, tenemos como tarea principal observar, vigilar y documentar el proceso del conflicto y en particular la asamblea de este miércoles 28 que se realizará en la comunidad de La Concepción. Monitorendo y vigilando que la actuación del Estado se de dentro del marco de la ley, y en todo momento estando presentes para verificar cualquier violación a los derechos humanos; siendo a la vez un mecanismo de alerta nacional e internacional sobre los riesgos o hechos de posible violencia en el proceso. La misión no busca intervenir en el desarrollo directo de la asamblea de este miércoles, sin embargo en todo momento la misión civil de observación emitirá sus reportes y opinión y sus recomendaciones con total autonomía y libertad.
Durante todo el proceso las autoridades federales y estatales han venido violando los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional reciente sobre el derecho a la consulta que implica un proceso amplio, transparente, de buena fe y con representación de todos los afectados. Lamentamos que nuevamente se haya recurrido a procesos de aprobación sin discusión e información necesaria y sin respetar en especial el Convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de consulta, así como la legislación agraria. Nos preocupa que estas iniciativas con un alto costo ambiental, cultural y social se decidan sin la participación ciudadana. Nos preocupa además que sigan sin ser respondidas a cabalidad las recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas referidas en especial a una CONSULTA APROPIADA. Llamamos a las autoridades a reconocer los parámetros de dicho convenio y a reconocer la asamblea de comuneros de 2007, como un espacio amplio de rechazo a la iniciativa gubernamental, donde numerosos pueblos y comunidades han manifestado su desacuerdo con el proyecto hidroeléctrico La Parota.
Como siempre la Misión operará de manera absolutamente pacífica pero hará públicas sus observaciones, críticas y denuncias en el caso de ser testigo de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Para garantizar la integridad física de las personas que conforman la Misión así como de los/as campesinos/as que el día de mañana participarán en la Asamblea y para asegurar que no se cometan atropellos por parte de los responsables de llevarla a cabo, se procedió a informar a numerosas autoridades locales y federales, a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, a la Oficina en México del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, a los Relatores Especiales de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada y el Derecho a la Alimentación, a redes y organizaciones nacionales e internacionales, sindicatos y comunicadores de la presencia de la Misión en la zona. Exigimos a las autoridades que faciliten las labores de observación que dentro del marco de la ley realiza nuestra misión. Sólo en contextos autoritarios las labores de observación, documentación y denuncia de las y los observadores es obstaculizada y prohibida. Hacemos responsables a las autoridades de la integridad física de todos los integrantes de la Misión.
Más de 5 mil personas que podrían ser afectadas por la construcción de la presa ya se expresaron en su contra de manera legal, pacífica y contundente en la Asamblea General que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2007. Además, la lucha legal que los pueblos han llevado a cabo tanto a nivel nacional como internacional en todos estos años les dio la razón. Preocupa por lo tanto que las autoridades una vez más hagan caso omiso de la voluntad de los pueblos y vuelvan a insistir en reabrir el proyecto. La Misión civil de observación así como las numerosísimas organizaciones nacionales e internacionales que han ofrecido su solidaridad a los habitantes de la zona no dejarán que este proyecto se lleve a cabo en violación a los derechos humanos y se imponga con el uso de la fuerza. Llamamos a la sociedad civil, guerrerense, nacional e internacional a permanecer en una alerta urgente frente a la realización de la asamblea de este miércoles.