México SA
Juego del peloteo ante protestas ciudadanas
Daños ecológicos y económicos en México
De la Jornada. 6 y 8 de febrero de 2010.
Carlos Fernández-Vega
Como ya es tradición en este México lindo y querido, a la velocidad del rayo se practica el juego del peloteo cuando la ciudadanía protesta por decisiones federales que afectan a estados o municipios. Si los habitantes de una comunidad que se verá afectada por negocios privados promovidos por el gobierno nacional”, y no tiene de otra más que recurrir a la que supuestamente es la “autoridad” que la representa, entonces de ésta sólo escuchan la frase mágica del “¿y yo por qué?”.
Lo anterior resume la actitud de las “autoridades” federales y estatales en el caso de la mina Paredones Amarillos, en Baja California Sur, que ha movilizado a la sociedad de la entidad para rechazar que la empresa canadiense Vista Gold inicie la explotación, en plena Biosfera Sierra de la Laguna, de la concesión otorgada por la Secretaría de Economía y supuestamente avalada por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ambas dependencias del gobierno federal), por mucho que su anuencia ponga en peligro a los habitantes de la zona.
Presto a jugar a la pelotita, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, “atendió” así el reclamo ciudadano en contra de Vista Gold y su pretensión de explotar la mina Paredones Amarillos: “que quede claro que no es responsabilidad nuestra, sino de la Semarnat; es responsabilidad de ella, y no del gobierno del estado, la autorización del proyecto, toda vez que la dependencia federal la que otorga esos permisos”. En síntesis, “¿y yo por qué?”, cuando está obligado a defender la causa ciudadana y encabezar decididamente un movimiento en contra de la pretensión destructora y contaminante del negocio privado de los canadienses promovido y avalado por el gobierno calderonista. Pero con el citado “que quede claro”, el supuesto perredista pintó su raya: si la ciudadanía sabe contar, pues que no cuente con él, y que si sabe protestar que lo haga donde quiera, menos en el palacio de gobierno de La Paz. La experiencia de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, es clave para entender el juego del peloteo: el ex gobernador panista de la entidad, Marcelo de los Santos, siempre le echó la culpa al gobierno federal, mientras le servía la mesa al capital privado y lo defendía a capa y espada de la protesta ciudadana, mientras la Secretaría de Economía y la Semarnat fingieron demencia ante las irregularidades e ilegalidades de la empresa privada a quienes otorgaron las concesiones y se pasaron por el arco del triunfo a la ciudadanía.
En vía de mientras, lo que queda claro es que las autorizaciones mineras otorgadas al capital extranjero por el gobierno federal han crecido como la espuma: de acuerdo con cifras oficiales, de las 21 empresas foráneas dedicadas a estos menesteres y registradas en 1990, el inventario creció a 875 en junio de 2009, un avance superior a 4 mil por ciento. Tanto ha crecido, que el número (y las concesiones) de consorcios extranjeros en proyectos mineros está muy cerca de igualar al de empresas mexicanas (mil 90, al cierre del primer semestre del año pasado). Entre las empresas nacionales y extranjeras se reparten un pastel minero distribuido en 25 millones de hectáreas concesionadas.
Y en este contexto, mientras el gobierno mexicano pasivamente acepta la cancelación de visas canadienses a los mexicanos, los consorcios privados de allá barrenan el territorio de acá. Un reporte de la Secretaría de Economía, fechado en 2002, da cuenta de que en ese año se registraron 74 consorcios extranjeros operando 143 “proyectos” mineros (algunos de ellos en asociación con empresas mexicanas, como Peñoles, de Alberto Bailleres) en 24 estados de la República, aunque la mayoría de ellos localizados en Chihuahua (32 proyectos), Sonora (31), Durango (19), Zacatecas (13) y Sinaloa (12).
Del total de empresas extranjeras, 52 de Canadá, 15 de Estados Unidos, tres de Australia, tres de Japón y uno de India. Alrededor de 90 por ciento de esos proyectos se relacionaban con polimetálicos y de este grupo más de la mitad correspondieron a oro y plata. El 10 por ciento restante a minerales de germanio, yeso, platino, paladio, sal, cobalto, amazonita, wulfenita, legandrita, ágata, wollastonita, molibdeno y tungsteno.
Para 2007, la misma Secretaría de Economía reportó 468 “proyectos” mineros concesionados a empresas extranjeras con el fin de barrenar a la República mexicana; de ese total, 78 por ciento se entregaron a consorcios canadienses y el de ellos grueso fijó sus ojos en la explotación de minas de oro. Un par de años después, hasta junio de 2009, dicho número se elevó a 875, para explotar minas con metal áureo la mayoría.
A lo largo de los años, muchos de las concesiones mineras –para capital nacional o extranjero– otorgadas por el gobierno federal han sido rechazados por la ciudadanía, al constatar el peligro implícito para la población de la zona involucrada. Prácticamente ninguna queja ha sido atendida por el “centro”, menos por los gobiernos estatales y no se diga por los municipales. La población está a expensas de lo que decida una supuesta “autoridad” que sólo atienda las exigencias del gran capital.
El caso de Minera San Xavier es una verdadera vergüenza para los gobiernos federal y estatal (ambos panistas, coincidentemente, aunque los tricolores y los de amarillo y negro no cantan mal las rancheras), pero no aprenden: sordos, ciegos y mudos a los reclamos ciudadanos, insisten en repetir el agravio, pero ahora en Baja California Sur. Con gobiernos así, los mexicanos para qué quieren enemigos.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría sobre el tema: “más allá de las cuestiones ecológicas, que son tal vez las de mayor importancia dada la irreversibilidad, me interesa los términos de esas concesiones, que se otorgan a cambio de migajas y tortillas duras. Una vez que la minera Vista Gold haya extraído todo ese oro, ¿legalmente a quién pertenece el oro? ¿A la minera? ¿Pueden insertarlo en el mercado libremente? De ser así, no sólo se permiten sus actividades a cambio de migajas, sino que, me parece, se viola la Constitución, pues ¿no acaso los minerales son propiedad de la nación? Si es como lo supongo, entonces el daño al país es triple: ecológico, económico y legal. Ecológico, porque arruinan el ecosistema; económico, porque para el país no es negocio por ningún lado; legal, porque se viola la Constitución. Y tal vez añadiría que también hay un daño moral, pues al permitir que vengan empresas a explotar y hacer uso de nuestros recursos es como suponer que somos tan incompetentes como para no ser capaces de hacerlo por nosotros mismos” (José Guevara, pepemig29@hotmail.com).
México, paraíso para consorcios mineros
Cabilderos de la oligarquía
Daños ecológicos, deforestación, contaminación de cuencas y más
Allá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente”.
Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus “cabilderos” –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos”, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se “incrementaron” a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).
Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).
De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.
“Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable”. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.
A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que “son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente”.
La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. “Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?
Las rebanadas del pastel
En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre “un desastre natural” y “una emergencia”, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario “ya dijo” que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que “vote” en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de “decir”, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que “ya dijo”. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también “dijeron” y ya ven.
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