Adiós al ejido
 

 

Francisco López Bárcenas

 

Tres días antes de dejar el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó en el Senado una iniciativa para modificar el contenido de la Ley Agraria, reformando 23 artículos, derogando cuatro e incorporando uno nuevo. En total, propuso al Congreso de la Unión 28 modificaciones a la Ley Agraria, con la finalidad de terminar con las pocas características de propiedad social que le quedaron al ejido desde que en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprobó una nueva Ley Agraria. De entonces a la fecha la legislación se ha modificado en seis ocasiones, la mayor de ellas el 9 de julio de 1993, cuando se reformaron dieciséis artículos relacionados con los juicios agrarios. Todas las demás fueron para ajustar sus disposiciones a la realidad del campo y las políticas gubernamentales relacionadas con él.

Ahora la cosa es distinta. La iniciativa busca acabar con el ejido y convertirlo en propiedad privada, conservando sólo el nombre. La exposición de motivos es clara al respecto. En ella se afirma que el mercado de tierras no ha podido crecer debido a la falta de titulación de los derechos de propiedad entre los ejidatarios; de ahí, dice, que se justifique el otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las
tierras a sus legítimos poseedores. En esa misma parte de la iniciativa se critican las limitaciones que la actual ley establece para que las tierras ejidales puedan entrar al mercado, así como las condiciones para que sea posible. Finalmente, advierte que si los ejidatarios mantienen sólo el usufructo de las tierras, como hasta ahora, estas seguirán teniendo un valor menor en el mercado, comparado con el de la propiedad privada, y no podrán acceder a créditos para hacerlas producir.

El asunto es grave, porque la iniciativa claramente busca terminar con un régimen de propiedad de las tierras establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien se sabe, el Congreso Constituyente de 1917 estableció en el artículo 27 de la Carta Magna la propiedad originaria de las tierras y aguas en favor de la Nación, otorgándole la facultad de transmitirlas a los particulares, creando la propiedad derivada, que podía ser privada, pública y social, incluyendo dentro de esta última los ejidos y las comunidades agrarias. El rasgo distintivo de la propiedad social es que debía satisfacer las necesidades de las familias campesinas y por lo mismo era inalienable, imprescriptible e inembargable. Con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución y la aprobación de la Ley Agraria que lo regula, estos atributos se mantuvieron, pero se crearon mecanismos para suprimirlos si la asamblea y los ejidatarios así lo decidían.

Esos mecanismos son los que la iniciativa del Presidente de la República busca terminar. Para hacerlo, entre otras cosas, propone que los ejidatarios no sean poseedores sino propietarios de su parcela, con lo cual rompe la unidad del núcleo ejidal, pues no es concebible que dentro de una propiedad ejidal pueda existir una parcela privada; además, la asamblea general de ejidatarios pierde el control sobre las tierras del ejido, pues si las parcelas se convierten en propiedad de los ejidatarios podrán realizar cualquier acto de dominio sobre ellas sin necesidad de solicitar autorización de la asamblea. Ese es el centro de la iniciativa. Para eso se propone reformar varios artículos de la ley. Lo demás es retórica para encubrir los verdaderos objetivos.

Detrás de la iniciativa pueden verse los problemas que las empresas mineras, de energía eólica, turísticas y otras similares, igual que las instituciones estatales, están teniendo para ocupar las tierras de los ejidos y despojar a sus integrantes de su patrimonio. En los años recientes, los conflictos por renta de la tierra han crecido exponencialmente, debido a que no se ha informado a los ejidatarios de las consecuencias de hacerlo, y cuando estos se dan cuenta luchan por nulificar o rescindir los contratos; de igual manera, los ejidos que pertenecen a algún pueblo indígena se defienden alegando que se violó su derecho a la consulta previa, antes de afectar sus territorios. Aunque debilitados, la renta y el derecho de consulta representan frenos al capital que busca apropiarse de los recursos naturales, de ahí el interés porque las tierras entren al mercado, pues para ellos sería más fácil el acceso. Ese es el verdadero sentido para que los empresarios quieran decir adiós al ejido. Pero falta lo que digan los ejidatarios cuando se enteren de la pretensión y sus consecuencias.

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/30/opinion/025a2pol

Comunicado. 17 noviembre de 2012 

Guadalajara, México


  La reforma al artículo 27 constitucional intensificó el despojo en Jalisco y México


Pueblos, colectivos y especialistas del estado y el país participan en un foro a dos décadas de la reforma al artículo 27 constitucional 

  • Dicho cambio, impulsado en el marco de reformas neoliberales bajo el gobierno de Carlos Salinas, intensificó el despojo en Jalisco y México 
  • Al añejo despojo rural e industrial, se han sumado ahora los despojos de intereses inmobiliarios, turísticos, mineros, agro-industriales y del crimen organizado 
  • En paralelo al crecimiento del despojo, aumentan los casos de acoso, persecución, criminalización, hasta la desaparición y el asesinato 

A dos décadas de que los gobiernos neoliberales reformaron en sentido regresivo el artículo 27 constitucional, y a 102 años del inicio de la revolución mexicana, pueblos y comunidades de Jalisco que resistimos y enfrentamos distintas modalidades de despojo vimos la necesidad de convocar a un foro para reflexionar sobre la intensificación de la apropiación privada de nuestros territorios, ríos, bienes comunes, playas, espacios públicos, cultura y modos de subsistir y existir.

 

El foro tiene como propósito reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y compartir la experiencia que tenemos en las resistencias frente a los despojos que ocurren ahora en Jalisco y en el país. Si bien el despojo de poblaciones, de tierras, de bienes comunes es una de las fuentes originarias y contemporáneas de acumulación de capital, vemos que el despojo se está intensificando en Jalisco, como parte de una nueva estrategia de acumulación de ganancias privadas.

 

Ahora que el capitalismo mundial ha entrado en una crisis de profundas dimensiones, el despojo se ha convertido nuevamente en una forma predominante de acumulación de capital. Sentimos y vemos la intensificación del despojo en todo el territorio: además de poner una fábrica y acumular capital mediante la explotación del trabajo asalariado, se implementa el despojo de tierras para negocios turísticos en la costa de Jalisco o en el lago de Chapala; empresarios inmobiliarios atentan contra comunidades (pueblos e identidades culturales ancestrales) y ejidos urbanos por las mejores tierras para levantar fraccionamientos; 82 por ciento de las playas de Jalisco han sido privatizadas en la última década; 22 por ciento de todo el territorio estatal concesionado para explotaciones mineras desde el año 2000; hay despojo contra quienes se ganan la vida en la economía informal; está desatada la codicia sobre los mejores terrenos, las maderas más rentables, los recursos naturales más lucrativos… en suma, los despojos y agresiones en contra de miles de pueblos, comunidades, barrios y sujetos en Jalisco se han intensificado. Hay una guerra por despojo en Jalisco y en el país y muchos no la ven. El despojo es un asunto ignorado en la agenda de la clase gobernante y de los partidos políticos, pero también en la mayoría de las Universidades, ONG´s y medios de comunicación.

 

La intensificación del despojo a partir de las reformas neoliberales de hace dos décadas, entre ellas la reforma al artículo 27 constitucional como parte de las exigencias al gobierno mexicano para ingresar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está acarreando grandes daños a muchos pueblos, comunidades y barrios. Wirikuta, el lugar sagrado del pueblo wixárika está amenazado ahora por un negocio capitalista minero; en la costa de Jalisco han muerto o desaparecido compañeros pescadores o ejidatarios por resistirse a los negocios turísticos que les quieren imponer; en el Nixticuil, a pesar de la resistencia, avanza el proyecto inmobiliario Mirasierra que dañará el área natural protegida; en Temacapulín, Juanacatlán y Santa Cruz de las Flores se resisten proyectos gubernamentales de infraestructura (como la presa El Zapotillo o el Macrolibramiento) que acarrean perjuicios y devastación en lugar del prometido progreso; en la barranca del río Santiago una docena de pueblos luchamos contra el despojo que nos contamina y envenena la vida. Es mucho el despojo, el desprecio y la represión que estamos padeciendo.

 

Identificamos, al menos, siete poderosos intereses que enfrentamos:

1) Los intereses del capitalismo turístico en la costa

2) Los intereses de los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, pueblos de la barranca del río Santiago, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco)

3) Los viejos intereses del capitalismo industrial (El Salto, Juanacatlán, Guadalajara,  Zapopan  y Tlajomulco)

4) La intensificación reciente del capitalismo minero (Ayotitlán, pueblos wixárika)

5) Los negocios capitalistas agro-ganaderos (Tuxpan)

6) Los proyectos de infraestructura de los gobiernos, al servicio de la acumulación de capital (Temacapulín, Juanacatlán, Santa Cruz de las Flores)

7) La reciente incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada ya sea como inversionistas directos (para lavar dinero) o como fuerza paramilitar al servicio de los otros intereses capitalistas

 

Manifestamos nuestra preocupación de que a las vieja formas de despojo, se juntan nuevas formas de arrebatarnos tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas, bosques, espacios públicos y bienes comunes. Una de estas nuevas formas va aparejada al crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado asociado a los despojadores; en algunos casos el crimen organizado se convierte en una fuerza paramilitar que amenaza, persigue, detiene y asesina a quienes resisten el despojo. El foro que hoy llevamos a cabo tiene también el propósito de exigir un alto al acoso, persecución y represión en contra de nuestros cientos o miles de nuestros compañeros que participan en la resistencia al despojo.

 

Con tristeza y con rabia debemos comunicar y denunciar que cientos o miles de compañeros han sido acosados, denunciados, detenidos, encarcelados, enjuiciados, sentenciados, perseguidos, golpeados, acosados, desterrados, desaparecidos o asesinados por defender lo que es suyo, por defender la reproducción de su vida: tierras, ríos, playas, bosques, parques, áreas protegidas, bienes comunes, barrios, colonias…

 

Este foro es también un ya basta a la represión en contra de nuestros pueblos. Exigimos la presentación de los compañeros desaparecidos recientemente: Celedonio Prudencio Monroy, secuestrado el 23 de octubre de 2012 en Ayotitlán; los compañeros pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz desaparecidos desde el 24 de marzo de 2011.  Exigimos además el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz, abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de agresiones en contra de los dirigentes de las comunidades wixárikas; de los compañeros de El Salto; Temacapulín, Ayotitlán y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el despojo.

 

***

Participantes en el foro:

  • Rubén Ávila Marín, abogado experto en asuntos agrarios
  • Felipe Echenique, secretario general del Sindicato nacional de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
  • Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos  y de La Jornada
  • Unidad de Atención para las Comunidades Indígenas, César Díaz
  • Comité Salvabosque 
  • Pueblos de la barranca del río Santiago, José Casillas
  • Pobladores de la costa de Jalisco, Salvador Magaña
  • Consejo Regional Wixárika, Trinidad Chema Guzmán (suplente del comisariado de San Sebastián Teponahuaxtlán) y  Santos de la Cruz Carrillo (presidente del comisariado de la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito)

Megaproyectos: Presas, Minas y demás…


Por Scott S. Robinson
Antropología / UAM-Iztapalapa

Las presas grandes, obras de ingeniería civil con enormes inversiones de recursos públicos, son megaproyectos que arrojan ganancias para muchos gremios técnicos, proveedores diversos, contratistas de muchos servicios, autoridades y por supuesto banqueros.

En México y otros países las expropiaciones pertinentes a estas obras son justificadas por la “causa de la utilidad pública”. Pero al analizar la historia de los conflictos (y negocios) generados –desde el anuncio inicial, pasando por las acciones de la empresa coordinadora (pública y/o privada) y las respectivas expropiaciones o imposiciones realizadas, hasta cerrar las compuertas de la presa por primera vez–, se nota la carencia de diseños y de la ejecución de proyectos que respeten los derechos y el bienestar de los afectados. No se les ofrece participar en los beneficios de las inversiones que trastornan sus vidas.

Una revisión de los impactos regionales de diversas presas hidroeléctricas en México arroja una conclusión genérica: el desplazamiento obligado por el futuro embalse provoca mayor pobreza y la violación de derechos humanos y ambientales para familias y poblados “reubicados”. Otros megaproyectos también derivan estragos semejantes.

Hoy las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado (y sus socios), pero también símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades, por los desplazamientos en condiciones discrecionales e injustas que generan. Me atrevo a afirmar que las presas representan un género de proyectos de inversión y despojo de gran escala que desplazan a ciudadanos y poblados de manera arbitraria, sin concederles participaciones en los negocios. Este nuevo género –que no merece nuestro respaldo bajo las reglas actuales– también abarca concesiones mineras, carreteras de cuota (Supervía Poniente-DF), campos eólicos, nuevos desarrollos petroleros, puertos industriales y desarrollos turísticos e inmobiliarios. El patrón histórico indica que los desplazados de hecho se convierten, sin consultas previas ni opciones dignas, en víctimas del “progreso”. Y el anuncio de cada proyecto detona un proceso de movilizaciones entre las pocas organizaciones sociales regionales que se oponen almodus operandi tradicional de estos megaproyectos, y quienes, últimamente, se aprovechan para bien de las redes sociales digitales para difundir y ampliar cualquier campaña.

Hay varios proyectos de presas grandes en el país con estudios de factibilidad técnica y financiera concluidos, y que han generado amplios movimientos sociales de resistencia, cuya eficacia ha paralizado, hasta hoy, las obras programadas: San Juan Tetelcingo (CFE/Guerrero), La Parota (CFE/Guerrero), Paso de la Reina (CFE/Oaxaca) y Las Cruces (CFE/Nayarit). Otros proyectos con estudios previos en fase avanzada enfrentan resistencias aún incipientes: Boca del Monte/Tenosique (CFE/Chiapas). Chicoasén II/Copainalá (CFE/Chiapas), Bicentenario (Conagua/Sonora) y Paso Ancho (Conagua/Oaxaca). No detallo los proyectos factibles de escala menor o mediana, al parecer por concesionarse a empresas privadas en los ríos de Chiapas, Puebla y Veracruz.

Además, se encuentran en su fase de construcción La Yesca (2012, CFE/Jalisco), Río Moctezuma (2014, CFE/Hidalgo) y Francisco J. Múgica (2012, Conagua/Michoacán). Estos últimos con impactos sociales reducidos. En cambio, la construcción de la presa hidráulica El Zapotillo (Conagua/Jalisco) registra 40 por ciento de avance y enfrenta la resistencia tenaz de una parte de la gente del pueblo de Temacapulín, previsto para sumergirse. La presa, también hidráulica, de Los Picachos (Conagua/Sinaloa), terminada en 2012, ha generado muchos conflictos hasta hoy por falta del pago de compensaciones y del cumplimiento de otros acuerdos con los seis pueblos afectados. De igual manera, hay compromisos pendientes para la única comunidad inundada y desplazada por la presa El Cajón, comisionada en 2006 (CFE/Nayarit).

El mosaico, conflictivo y presente a lo largo del territorio nacional, es complementado por pleitos entre empresas mineras, la mayoría extranjeras, que desarrollan concesiones para oro, plata y otros minerales en diversos puntos de la accidentada topografía nacional.

Presas y minas son hoy la cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada que despoja a los afectados a cambio de promesas, compensaciones pichicateadas y “reacomodos” sin futuro (por ejemplo Ciudades Rurales en Chiapas).

La magnitud de las resistencias sostenidas –con un enorme e injusto desgaste de los afectados movilizados durante meses, incluso años– indica que el modelo de planeación y ejecución de estos megaproyectos no es apropiado. Más bien, ya caducó. En corto, las inversiones autorizadas representan despojos disfuncionales y autoritarios por parte del Estado y sus socios. O las elites responsables del diseño, programación, financiamiento y ejecución negociada comparten un insólito nivel de cinismo –donde se celebra con gusto macabro el costoso juego político de vencer, por la ley o por la fuerza, a las resistencias inducidas por las injusticias y desconfianzas colectivas de los afectados ante los compromisos ofrecidos pero históricamente incumplidos en estas obras–, o el nivel de los negocios, legítimos y no, es tal que explica el rechazo de autoridades e inversionistas para modificar las reglas de operación.

El pueblo comparte una memoria histórica, y la bitácora de las presas proyectadas y el actual acelerado (¿fin de sexenio?) anuncio de más concesiones mineras e inversiones mixtas hoy acontece cada vez con más información y denuncias al alcance de todos. El modelo impuesto es injusto y muy costoso para los afectados y desplazados (y de paso, el país), pero todavía remunerativo para autoridades e inversionistas. Sin embargo, es evidente que este cuadro de confrontaciones continuas no puede sostenerse de manera indefinida.

Este escenario, nada encomiable, se resume así: una historia palpable de acciones sistemáticas por agencias del Estado –sexenio tras sexenio– construyendo presas (y cada vez más, aprobando otros megaproyectos con desplazamientos e impactos), donde se observa una socialización de los costos y una privatización de los beneficios; una planeación y administración inadecuada y, en efecto, negligente del futuro bienestar de los afectados por los proyectos, y la ausencia de una “controlaría social” para fiscalizar las obras.

Asimismo, hay desencanto y desconfianza generalizada entre los sujetos de proyectos receptores de promesas “para su desarrollo”, y eso es entendible por los incumplimientos, omisiones y corruptelas (costos de sombra) evidentes en las obras concluidas y conocidas, y el marco jurídico es deficiente, débil y fragmentado a nivel federal, donde se carece de los obligados análisis transparentes de los riesgos de mayor empobrecimiento y del diseño de instrumentos para garantizar por ejemplo la restitución de la capacidad productiva vigente antes de cada proyecto.

También: la falta de respeto a los acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); manifestaciones de impactos ambientales (MIA) parciales o sesgadas (a veces “confidenciales”) que soslayan el costo social y ambiental de las obras; la subutilización de plantas generadoras por parte de la Comisión Federal Estatal –se operan las hidroeléctricas a sólo 31.4 por ciento de su capacidad (Reforma, 23 de marzo, 2012)– al tiempo que se anuncian nuevos proyectos hidroeléctricos con inversión privada; las implicaciones de probables impunidades implícitas en obraspor realizarse de acuerdo con la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (DOF 16-01-2012); la ausencia de un programa eficaz para el ahorro de energía y agua; el rechazo a considerar a los desplazados como socios en el respectivo negocio de cualquier obra, y, a final de cuentas, la carencia de un plan de desarrollo energético que respete a las comunidades y sus recursos, concediéndoles beneficios concretos en la explotación de los recursos del subsuelo, el agua y los bosques en sus territorios ancestrales. Así, no debe sorprender el actual nivel de oposiciones y resistencias ante los megaproyectos.

Para reconocer los derechos morales de los afectados, se requiere una reforma jurídica integral a nivel federal, junto con un notable cambio en los valores y acciones – la cultura política– de lasautoridades responsables del diseño y/o autorización de los megaproyectos, junto con sus socios del sector privado y la banca.

Hoy día la propuesta de reformar las reglas de operación es utópica, y la lucha para transformar el modelo de desarrollo energético enfrenta muchos intereses encumbrados. Un paso importante, sin embargo, ha sido la aprobación reciente de una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas (Periódico Oficial No. 355, Tuxtla Gutiérrez, 22 de febrero, 2012), donde se asienta, entre otras, una causal pertinente: “catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”. Los megaproyectos –presas, minas de tajo abierto, carreteras de cuota, etcétera– suelen ser catástrofes pronosticables y provocadas, según los criterios que consideramos sensatos, justos y conforme a una emergente jurisprudencia internacional.

La nueva ley chiapaneca es un simple punto de partida; su reglamentación está pendiente, y requiere una movilización de la sociedad civil y cambios profundos en la ética política para que se aplique cabalmente. Es momento de reproducir esta ley a nivel federal y en los demás estados. Mientras esto sucede, no hay condiciones para avalar los nuevos megaproyectos diseñados con reglas caducas y autorizados por entes oficiales con criterios discrecionales e ilegítimos. Los inversionistas también deben tomar nota.

 Fuente: La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-minas.html

La territorialidad de la dominación

Carlos Fazio
La actual fase de intervención estadunidense en México responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en un documento del Pentágono de marzo de 2005. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluye operaciones militares (directas, sicológicas o encubiertas) dirigidas contra países que no son hostiles a Washington, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético.

Una orientación del documento era el establecimiento de asociaciones con estados debilitados. A su vez, bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de estados delincuentes, se promovía el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía) y equipos pequeños de soldadosculturalmente espabilados para entrenar y guiar a las fuerzas autóctonas. Parte de esas actividades serían realizadas por compañías privadas de mercenarios subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.

 

Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (el enemigo asimétrico, no convencional,verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas). Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los estados.

La ocupación integral de México forma parte de la dominación de espectro completo, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita fabricar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidoscomunes, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la manipulación y formación de una opinión pública legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.

 

Para la fabricación del consenso resultan claves las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, mentiras y falsedades. Apelando a la sicología y otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías) y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación.

 

La manufactura de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la seguridad nacional estadunidense y/o la seguridad hemisférica. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamadoperímetro de seguridad en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que, como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a nuestro país en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005).

 

La Aspan (o TLCAN militarizado) incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad –justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional– y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.

 

El manejo de los medios privados bajo control monopólico permite, también, el aterrizaje de doctrinas como la referente a los estados fallidos que, por constituir un riesgo a la seguridad de Estados Unidos, deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Pakistán, Siria, México.

 

La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009) incluía la previsión de un colapso rápido y sorpresivo, lo que según el comando central del Pentágono no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington. Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.

 

De manera sospechosa, a mayor militarización –vía la presencia del Ejército y la Marina de guerra en las calles y carreteras del país– mayor violencia. Una violencia caótica y de apariencia demencial, que de manera encubierta fue alentada y potenciada por grupos paramilitares y mercenarios que actúan bajo la fachada de empresas de contratistas privados, según el guión diseñado por el Pentágono en marzo de 2005. Igual que antes en Colombia y Afganistán y, después de la invasión, en Irak.

 

Pero dado que en México los movimientos rebeldes permanecen en una tregua armada y de acumulación de fuerzas, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de ocupación integral, tales comonarcoinsurgencia y narcoterrorismo, utilizadas de manera reiterada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y otros funcionarios estadunidenses.

 

Ley de baldíos: áreas naturales protegidas en territorio indígena

 

Ana de Ita

 

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

 

En México, donde la mitad del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades agrarias, hogar de campesinos y pueblos indígenas, aunque el discurso de protección de la naturaleza es afín a sus concepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en una amenaza para sus territorios y para la autonomía o libre determinación, que es su principal demanda.

 

Las ANP se establecen por decreto de cualquier nivel de gobierno y son de utilidad pública, lo que permite incluso su expropiación. Los derechos de los poseedores están por debajo de la regulación del decreto, el programa de manejo y el ordenamiento ecológico, además no tienen prioridad sobre otro sujeto o grupo social involucrado, si no que se consideran uno más de las llamadas partes interesadas (stakeholders). Los poseedores tampoco tienen derecho de veto, ni se garantiza su conocimiento previo informado, aun sean pueblos indígenas.

 

Pero en las ANP no se garantiza que los objetivos de conservación prevalezcan sobre intereses de lucro, pues no están prohibidas actividades altamente contaminantes, como la explotación de petróleo o de minerales, ni la apropiación de agua, o cualquier otro recurso por cualquier agente económico, únicamente se exige que no cause deterioro al equilibrio ecológico.

 

En las ANP los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación, o incluso las empresas privadas enajenan a la asamblea de ejidatarios y comuneros el control de las decisiones sobre el territorio y uso de los recursos, de ahí que cada vez tengan mayor dificultad para establecerse.

 

Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administraba 174 ANP, en una extensión de 25.4 millones de hectáreas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95 por ciento de las ANP están ubicadas en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23 por ciento de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. Aún más de las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51.6 millones de hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas.

 

A finales de los años 80, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentran ubicadas en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida –estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal– y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.

 

Esto ha ocasionado fuertes conflictos entre las comunidades y la Conanp, al enfrentarse en los territorios dos modelos de conservación y dos estructuras de gobierno. La conservación que viene de las comunidades con sus regulaciones decididas por acuerdo de asamblea, y la conservación impuesta desde afuera, que busca tomar las decisiones sobre el territorio. Cuando las comunidades han buscado dar por terminado el compromiso de conservación voluntaria se han encontrado con que es obligatorio y deben esperar hasta terminar el plazo, o pagar un estudio técnico que justifique su negativa.

 

El año pasado, justo antes de las Conferencias de las Partes en Nagoya, sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) y en Cancún, sobre Cambio Climático (COP 16), varios pueblos indígenas: Kuna, Kichwa Kayampi, Q’eqchi de Livingston, Bene Gulash, Ñu Savi, empezaron a circular la llamada Declaración de Heredia, en la que exigen que no se establezcan más áreas naturales protegidas en territorios indígenas, se anulen las que a la fecha se han decretado y se restituyan dichas tierras y territorios a las comunidades y pueblos despojados.

 

El establecimiento de ANP considera que los territorios indígenas y campesinos son territorios baldíos.

Facilitar la integración de campesinos y capital privado, labor de la Procuraduría Agraria

  • Suman más de 900 proyectos en 227 mil hectáreas desde 2008

 

Lourdes Edith Rudiño


La Procuraduría Agraria (PA), nacida en 1992 y concebida como ombudsman o defensora de los derechos de los ejidatarios y comuneros, está enfocando hoy gran parte de su atención y su labor a asociar a los campesinos con inversionistas privados o con gobiernos para que desarrollen proyectos empresariales tanto en el sector agropecuario como en el turístico, el industrial, en energía alternativa, minería, en desarrollos inmobiliarios, en servicios y equipamiento urbano y más.


El titular de la PA, Rocendo González Patiño, precisó en entrevista que del universo de 28 mil 976 núcleos agrarios certificados, con 93 millones 588 mil 865 hectáreas, la Procuraduría ha recibido solicitudes de 2 mil 820 núcleos, poseedores de 14 millones 39 mil 435 hectáreas, para ser objeto, en parte de sus superficies, de desarrollos empresariales en los diversos sectores, y hay un directorio de 723 inversionistas interesados en asociarse con los campesinos.


Y desde 2008 la PA ha facilitado asociaciones de este tipo en el marco de su esquema Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP). En 2008 y 2009 contabilizó 896 proyectos de inversión formalizados, con una inversión total aproximada de casi 40 mil millones de pesos sobre 227 mil 32 hectáreas, y que involucra a 57 mil 332 ejidatarios o comuneros. El beneficio comprometido para los campesinos (pagos por renta o venta de tierra, regalías, utilidades, etcétera) en los proyectos, que son multianuales, es de 3 mil 634 millones de pesos. Y el programa sigue avanzando este 2010; hasta febrero se tenían 47 proyectos formalizados con una inversión comprometida de mil 127 millones de pesos.


El funcionario dijo que así se está iniciando la tercera etapa agraria, de capitalización, luego de la primera, de reparto, que duró 77 años (de 1915 a 1991), y la segunda iniciada en 1993, de ordenamiento de la tenencia de la tierra social, con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y con el actual Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar).


“La ley permite la asociación, celebrar contratos, convenios. Como PA, estamos trabajando para dar seguridad a ambas partes; buscamos que los contratos sean trasparentes, legales, que beneficien a ambas partes, que sean justos, que haya seguridad jurídica, que se cuiden todas las formalidades, como la convocatoria de las asambleas, para evitar que haya conflictos a futuro (...) Buscamos que el campesino no venda su tierra, que sea parte del proyecto y tenga participación de las utilidades (...) Hay empresarios que dicen ‘yo quiero hacer bien las cosas, no quiero robar; quiero ganar pero que también el otro gane'. Tenemos este objetivo de jalar inversión al campo (...) Hay ejidos más grandes que muchos estados del país. Uno queda impresionado por la real situación de estas propiedades, que son terrenos inmensos y que requieren también proyectos de esa magnitud. Hablar de aprovechar 20 mil hectáreas en un proyecto agrícola es viable, porque se tiene el terreno. (Pero) tenemos la idea de que cuando hablamos del campo es sólo maíz y frijol y no es así; hay potenciales urbano, industrial, ecológico, minero y es donde deben aterrizar los proyectos que estemos presentando”.


Rocendo González comentó que en 2007 la PA intervino en la defensa o conciliación de campesinos en 47 mil juicios. Algunos relativos a tierras sin testamento, otros a conflictos entre vecinos, otros más en búsqueda de reconocimientos parcelarios, pero también en estos juicios estaban involucrados muchos donde los ejidos demandaban nulidad de contratos de arrendamiento o usufructo de la tierra de proyectos empresariales fallidos, “y nos dimos cuenta que había muchos errores a la hora de convenir tanto del campesino como del empresario; a veces los contratos no se validaban por la asamblea. Vimos esta laguna institucional para jalar inversión”.


Por ello surgió el FIPP. “Empezamos a unir a campesinos y a inversionistas. Se presenta (a los campesinos) el proyecto que se pretende, cuánto se va a ganar; decimos cuál es el convenio o el esquema más adecuado. Buscamos trajes a la medida. En los contratos absolutamente todo se anota, nada queda a la interpretación, hacemos los registros que marcan las leyes de Inversión, de Minas, los trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) ante el Registro Federal de la Propiedad, ante Relaciones Exteriores y cerramos la pinza, y nos mantenemos al pendiente de que vayan caminando los contratos suscritos”.


Ejemplificó con un proyecto en firme de una central eólica de energía eléctrica , que implicó un contrato de usufructo parcelario entre el ejido La Venta, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y la empresa española Eurus SAPI de CV. El proyecto, donde también participa Cemex, implica 2 mil 450 hectáreas, esto es 40 por ciento del total de superficie parcelada del ejido. La inversión es superior a los 500 millones de dólares; su duración es de 30 años con posibilidad de prórroga y los beneficios comprometidos para los campesinos son por 472 millones de pesos. La energía se vende a la Comisión Federal de Electricidad.


“Allí (en La Venta) por más que pongan semilla, el aire se la va a llevar. Les dijimos ‘tu tierra no es agrícola'. Hay ejidatarios allí que tienen 30 hectáreas y van a recibir más de medio millón de pesos anuales por la renta de su tierra a Eurus, otros van a recibir 20 mil, todo depende de su ubicación (dentro del proyecto). Además la empresa se compromete a darles trabajo calificado o no calificado. Se requieren materiales y les piden que participen en el acarreo”.

 

Señaló que algunos de los proyectos implican la privatización de la tierra, pues corresponden a fraccionamientos inmobiliarios o turísticos en zonas urbanas, pero el ejidatario se vuelve empresario y se abre a la coinversión con privados y la tierra no se valúa en términos de hectáreas sino de metros cuadrados, con lo cual su precio es mucho mayor al que obtuvieron campesinos de la misma zona en ventas que hicieron en el pasado dentro del proceso del crecimiento de la mancha urbana. “En Huixquilucan, estado de México, hay un desarrollo inmobiliario de un ejido que se llama Chichicaspa. En Sinaloa hay otro ejido, la Isla de la Tierra, que también está aportando tierra a una sociedad inmobiliaria. En Guerrero hay un ejido que aporta tierra para un proyecto ecoturístico. Ellos son los dueños y abren su sociedad a inversionistas”.

 

Esto deberá escribir un capítulo nuevo en el uso de tierra ejidal para crecimiento urbano pues, según el procurador, “tan sólo en el Distrito Federal la gran mayoría de los desarrollos inmobiliarios se realizaron de forma irregular (sobre tierra ejidal). En Oaxaca tenemos más de seis mil desarrollos urbanos en tierras ejidales. En Morelos hay problemas por desarrollos urbanos en tierras comunales, y la junta directiva de la comunidad pasa cada año y les pide ‘cáiganse con su renta'. Hubo ventas de manera directa, simple, sin pasar por los procesos que marca la ley, y mientras esa tierra no se ordene (vía expropiación que debería realizar la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett) va a seguir habiendo problemas”. Y lo mismo ocurre con desarrollos turísticos que adquirieron tierra social de forma irregular.

 

En cuanto a otros convenios firmados previo a que comenzara a intermediar la PA, el funcionario comentó que “hay miles que se han suscrito de manera directa entre ejidos y empresarios y muchos salen mal. (En el caso de los de energía eólica), en donde nosotros participamos no hay problema. Hay otros que se hicieron antes y no intervino la PA; los empresarios negociaron directamente, y la ley los faculta. Si a nosotros el ejido nos pide que hagamos una demanda (contra el empresario) tenemos la obligación de hacerlo”.Hoy la participación activa de la PA en estas asociaciones es “porque queremos dar seguridad en la tenencia de la tierra, que el empresario sepa que no hay ningún problema con el ejidatario, con el comunero, que jamás lo va a demandar por la cuestión del suelo. Nosotros estamos garantizando”. 

La tierra y el que la trabaja

 

Derechos territoriales y reforma agraria


La tierra es la condición que hace posible nuestro trabajo productivo, pero la tierra son también sus recursos superficiales y profundos, y la tierra es el territorio de las autonomías indias y los autogobiernos mestizos. Pero ante todo la tierra es raíz, es vida, es cultura...

Manifiesto de Xochimilco. Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano

 

Todas las comunidades humanas interactúan con la naturaleza circundante y forman parte de sistemas agroecológicos que las sustentan. De ahí que todas sean directa o indirectamente territoriales y tengan derechos territoriales.

Unitaria y orgánica, esta interacción tiene diversas dimensiones. Una es el abigarrado entrevero de hombres y ecosistemas localizados. Otra, la producción de bienes y servicios, en donde los elementos del entorno natural social –tierras, aguas, biodiversidad, saberes, capacidades, infraestructura y equipamiento– aparecen como medios y objetos de trabajo. Otra más surge cuando en su labor transformadora los hombres se relacionan entre sí definiendo normas de convivencia y estableciendo nexos sociales y políticos. Y está por último la que se origina en la interacción con el medio en tanto que es práctica simbólica que otorga significados, asigna valores y define espacios culturales.


Porque se hace terruño al andar , en su múltiple trajín las comunidades humanas construyen su hábitat. Espacio agroecológico, económico, sociopolítico e imaginario; ámbito territorialmente delimitado en las comunidades sedentarias y extendido si no es que discontinuo en las nómadas o que dispersó la diáspora.

Espacio unificado por el sujeto colectivo que lo conforma pero aprehensible mediante diferentes códigos: regionalizaciones agroecológicas, planos catastrales, cartografías políticas, mapeos lingüísticos o culturales.


Los pobladores del Valle de México, por ejemplo, habitamos una cuenca lacustre en mala hora desecada, conformamos una monstruosa conurbación metropolitana donde predominan la industria y los servicios, pertenecemos a diversas y abigarradas circunscripciones políticas y, pese a nuestra proverbial policromía, somos irremediablemente chilangos.


Pero más allá de cartas de uso del suelo, mapas políticos y guías Roji el hecho es que las comunidades somos inseparables del territorio que habitamos, del sitio donde trabajamos, del lugares donde votamos o nos abstenemos, de las calles y plazas donde protestamos contra el mal gobierno, de los ámbitos entrañables que guardan nuestro ombligo y arropan a nuestros ancestros o cuando menos conservan nuestros recuerdos.


Las colectividades no ocupamos espacios preexistentes, las colectividades somos el entorno que hemos construido, somos el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio. Derecho a que se nos reconozca como usufructuarios y preservadores de un específico ecosistema, como dueños de la parcela que cultivamos y del lote que habitamos, como usuarios de las calles que caminamos, como ciudadanos de la localidad donde vivimos, como portadores de la cultura que nos identifica. Las comunidades tenemos derechos territoriales y en la centuria pasada la reivindicación de estos derechos dio lugar a revoluciones campesinas y reformas agrarias.


El siglo XX despertó desmañanado por los perentorios gritos de ¡Zemlia i Volia! ¡Tierra y libertad! , que hermanan a los narodniki rusos con los zapatistas mexicanos, se desayunó leyendo la crónica de dos grandes revoluciones campesinas y le llegó la noche en medio de un renovado entrampe del mundo rural. Al alba del siglo XXI el malestar agrario no ha remitido y los campesinos reclaman de nueva cuenta tierra y libertad, zemlia i volia. En el amanecer del tercer milenio la reforma agraria es aún asignatura pendiente.


Pero ya no es la misma reforma. Las mudanzas agrarias del pasado siglo crearon situaciones nuevas que plantean desafíos inéditos. Las transformaciones rurales del milenio en curso demandan paradigmas de repuesto.


La reforma agraria de antes debía abolir las formas de propiedad del “viejo régimen” propiciando el desarrollo de la agricultura y de la economía capitalista en su conjunto y, si era impulsada desde abajo por los campesinos, adoptaba un talante justiciero, suponía repartos territoriales más o menos extensos y con frecuencia apostaba a una acumulación de capital agrario basada en el trabajo propio, sea por una vía familiar tipo farmer o por medio de cooperativas.


Sin embargo en muchos países la estructura agraria “señorial” no provenía del “viejo régimen” sino del moderno colonialismo capitalista, siempre proclive al saqueo y los modos serviles de expoliación. Entonces la reforma agraria se insertaba en la lucha por la independencia y la expropiación de latifundios extranjeros era parte del programa de “liberación nacional”.


Con el “socialismo real”, que se estableció mayormente en países agrarios y en deuda con el “viejo régimen”, el siglo XX buscó soslayar los padecimientos del “despegue” capitalista transitando a la modernidad por una vía alterna. Así, las reformas democrático-burguesas se empalmaron con trasformaciones poscapitalistas y en el campo la conversión agraria antifeudal se entreveró con la progresiva implantación del socialismo rural encarnado en empresas estatales y cooperativas.


Finalmente, después de la segunda guerra mundial, la regulación de la economía por el Estado se generalizó incluso en el mundo capitalista y en muchos países periféricos se impulsaron reformas rurales fuertemente intervenidas por la burocracia y las paraestatales, lo que por un tiempo hizo poco discernibles los modelos agrarios socialistas, del semiestatizado campo de ciertos países de “economía mixta”.


Así, en menos de cien años el programa de la reforma agraria se fue haciendo más diverso y complejo: a la misión original de abolir el viejo régimen de propiedad se sumó la descolonización del campo y se le añadieron diversos modelos de reordenamiento rural, unos destinados a propiciar el desarrollo del capitalismo y otros a favorecer la acumulación originaria socialista. De esta manera, la reforma agraria pasó de ser ajuste de cuentas con los remanentes del régimen feudal a ser también premisa de las experiencias poscapitalistas del siglo XX.


Pero en el último cuarto de la pasada centuria se desmoronaron el “socialismo real” y el “Estado de bienestar”, Marx y Keynes salieron de las bibliografías y cobró fuerza una contrarreforma agraria neoliberal que favorecía la agroexportación sobre la soberanía alimentaria, privatizaba paraestatales, suprimía regulaciones y propiciaba la reconcentración de la tierra.


Paradójicamente la apuesta librecambista no se dio tanto en las economías más fuertes –que protegieron sus agriculturas– como en las menos desarrolladas, que en muchos casos desmantelaron la producción de alimentos.


En la década pasada el paradigma neoliberal topó con pared y sus recetas están siendo fuertemente cuestionadas. La crisis de los alimentos de 2007 y 2008 mostró que la total “libertad de mercado” tiene efectos perniciosos en un mundo de bloques y monopolios pero más aún en el sector agropecuario, del que depende la alimentación, es decir la vida humana, y en un ámbito ecológico donde la diversidad natural es incompatible con la uniformidad productiva.


Una nueva reforma agraria global comienza a perfilarse y se anuncia más profunda que las del pasado pues incluye nuevos derechos territoriales. Los campesinos siguen reclamando tierras de cultivo, pero desde hace rato exigen también condiciones técnico-económicas que les permitan vivir dignamente de sus cosechas sin degradar el medio, demandan el derecho al usufructo de los recursos naturales y de los ecosistemas que están a su cuidado, reivindican el derecho a preservar y reproducir sus culturas y defienden el derecho a autogobernarse en los ámbitos a veces ancestrales donde habitan.


Reclaman, en fin, un multidimensional derecho al territorio que, por su énfasis en la reproducción de la vida, en el cuidado del medio ambiente con aprovechamientos diversificados y en la preservación de los saberes y de la cultura, es una reivindicación con enfoque de género: una mudanza rural con rostro de mujer donde ellas y ellos ahora sí deberán tener los mismos derechos.


Pero no por poner al día el programa agrario de la humanidad olvidemos que en muchos países la vieja reforma antilatifundista y descolonizadora está pendiente, que en el amanecer del tercer milenio millones de trabajadores rurales sin tierra siguen demandando dignidad y reparto agrario: ¡Zemlia i volia!, ¡Tierra y libertad!

 

 

 

Todos los campesinos, el campesino


El campesinado nunca es como su modelo.
El modelo es una cosa y la realidad otra

Teodor Shanin

 

En un simposio reciente, le pidieron a Teodor Shanin su definición de campesino, a lo que el autor de libros clásicos sobre el tema respondió, citando a su maestro el antropólogo chino Fei Tsiao-Tung, “campesinado es un modo de vida”.


Y desarrolló el concepto. “Una de las características principales del campesinado –dijo– es el hecho de que corresponde a un modo de vida, una combinación de varios elementos. Solamente si comprendemos que se trata de una combinación de elementos y no de algo sólido y absoluto, es que comenzaremos a entender realmente lo que es. Porque, si buscamos una realidad fija, no la vamos a encontrar en el campesinado”.


“Hace años, cuando era joven y bello –rememoró con humor e ironía el célebre académico de la Universidad de Moscú–, había argumentos fuertes sosteniendo que los campesinos eran diversificados, mientras que el proletariado era único y por eso era revolucionario”.


Naturalmente el joven Shanin no estaba de acuerdo con esa tesis, ni lo está ahora, entre otras cosas porque tampoco el proletariado es homogéneo. Pero lo cierto es que la pluralidad de talantes de los rústicos es extrema. Y, pienso yo, precisamente en esa diversidad radica su fuerza, y no sólo su fuerza, también su condición contestataria y su ánimo subversivo.


Sobrevivientes. Evidencia mayor de su vigor es la persistencia histórica que han mostrado los labriegos. Desde que el sedentarismo se impuso a la trashumancia, en todos los tiempos y sistemas sociales ha habido comunidades rurales marcadamente cohesivas y sustentadas en la agricultura familiar; formas de vida nunca dominantes, pero que han sido tributarias y soporte de los más diversos modos de producción. Y esta pasmosa perseverancia proviene de la plasticidad campesina, de su capacidad para mudar de estrategia para así sobreponerse a las turbulencias ambientales y societarias.


Había campesinos en las culturas mesoamericanas y andinas anteriores a la conquista. Entre los aztecas le daban cuerpo al calpulli: una comunidad agraria poseedora de tierras comunales de usufructo familiar que los macehuales trabajaban para su sustento y el pago de tributos; como lo hacían sin recompensa en tierras de pillali, propiedad de los señores, y en terrenos públicos destinados al sostenimiento del templo (teopantlalli), del gobierno (tlatocantlalli) y de la guerra (milchimalli). Durante la Colonia, en el ámbito de los naturales, o República de indios, se siguieron trabajando los calpulli, aunque otros eran ahora los destinos el tributo, mientras que en la República de españoles, los sometidos trabajaban para sí y para otros en “repartimientos”, “congregaciones” y “reducciones”. Durante el México independiente se formaron los grandes latifundios y se titularon de grado o por fuerza los bienes comunales de los pueblos, pero la mayoría de las familias rurales siguió trabajando parcelas propias –pequeñas milpas o ranchos medianos–, tierras tomadas en renta o aparcería, o pegujalescedidos por el hacendado a los peones para abaratar el costo monetario de su manutención.


Con la Revolución se restableció un calpulli renovado –al que llamamos ejido– que coexiste con la pequeña y mediana propiedad privada campesina, y en la cuarta década del pasado siglo cobró forma el cooperativismo agrario que con altas, bajas y mudanzas se mantiene hasta nuestros días. De este modo, transitando del calpulli precolombino al moderno calpulli ejidal, la comunidad agraria y la agricultura familiar siguen presentes en el escenario rural mexicano.


Polimorfos. Y así como los labriegos cambian de rostro para persistir en el tiempo, así son diversos en el espacio. En una misma época y hasta en un mismo país o región, coexisten las más variadas formas de ser campesino, en una diversidad que lo es de actividades productivas, pero también de escala, inserción en el sistema mayor, sociabilidad, cultura.


En el sentido económico del término, tan campesino es el agricultor mercantil pequeño o mediano que siembra granos en tierras de riego o de temporal; como el milpero de autoconsumo que también trabaja a jornal para sufragar sus gastos monetarios; o el productor más o menos especializado que cultiva caña, café, tabaco u otros frutos destinados básicamente al mercado. Son campesinos quienes viven del bosque o de la pesca, quienes recolectan candelilla, quienes cosechan miel, quienes destilan mezcal artesanal, quienes pastorean cabras o borregos, quienes ordeñan vacas y crían becerros. El campesino puede producir granos, hortalizas, frutas, flores, plantas de ornato, madera, resina, fibras, carne, leche, huevos; pero también quesos, aguardientes, conservas, embutidos, carnes secas, tejidos y bordados, loza tradicional, persianas de carrizo, escobas y escobetas... Es campesino el que tiene cien hectáreas, el que sólo dispone de algunos surcos o el que para sembrar arrienda tierras o las toma en aparcería.


Pero, además, hay variedad dentro de una misma familia, de modo que por lo general el ingreso doméstico campesino tiene muchos componentes: bienes y servicios de autoconsumo; pagos por venta de productos agrícolas o artesanales; utilidades del pequeño comercio; retribuciones por prestación de servicios; salarios devengados en la localidad, en la región, en el país o en el extranjero; recursos públicos provenientes de programas asistenciales o de fomento productivo.


En términos sociales, el campesino no es una persona ni una familia; es una colectividad, con frecuencia un gremio y –cuando se pone sus moños– una clase.

 

Un conglomerado social en cuya base está la economía familiar multiactiva, pero del que forman parte también, y por derecho propio, quienes teniendo funciones no directamente agrícolas participan de la forma de vida comunitaria y comparten el destino de los labradores. Porque los mundos campesinos son sociedades en miniatura donde hay división del trabajo, de modo que para formar parte de ellas no se necesita cultivar la tierra, también se puede ser pequeño comerciante, matancero, fondera, mecánico de talachas, partera, peluquero, operador del café internet, maestro, cura, empleado de la alcaldía... Cuando en el agro hay empresas asociativas de productores, son campesinos sus trabajadores administrativos o agroindustriales, sus técnicos, sus asesores... Y si los pequeños productores rurales forman organizaciones económicas, sociales o políticas de carácter regional, estatal, nacional, o internacional, se integran al gremio o a la clase de los campesinos, los cuadros y profesionistas que animan dichos agrupamientos, cualquiera que sea su origen.


Las mujeres de la tierra han sido por demasiado tiempo una mirada muda, un modo amordazado de ver y habitar el mundo. Pero algo está cambiando y lo que fuera privado va alzando la voz, se va haciendo público. No sólo sale a la luz el exhaustivo trajín de las rústicas, también emerge poco a poco su filosa y entrañable concepción de las cosas. Una cosmovisión que descentra la hasta ahora dominante imagen del mundo propia de los varones. Y si ya eran muchos los rostros campesinos, hoy nos damos cuenta de que son más, pues hay que añadirles la mitad silenciada del agro: los rostros de las mujeres rurales antes ocultos tras la burka virtual del sexismo.


Campesinizando lo que no. Además de economía y sociedad, campesinado es cultura, de modo que el talante espiritual de los rústicos se trasmina, de manera sigilosa o estentórea, a ámbitos sociales distantes del agro y que a primera vista le son ajenos. Así, mucho hay de campesino en las redes de protección de base comunitaria y con frecuencia étnica, que establecen los migrantes transfronterizos; en la intensa vida colectiva de los barrios periféricos, asentamientos precarios y colonias pobres de las grandes ciudades; en el cultivo de la familia extensa y el compadrazgo como sustitutos de la dudosa seguridad social institucional; en el culto guadalupano y la veneración por las terrenales madrecitas santas; en la tendencia a combinar tiempos de austeridad y momentos de derroche, que remite a la sucesión de períodos de escasez y de abundancia propia de la agricultura; en el pensamiento mágico; en el ánimo festivo y celebratorio; en el fatalismo...


Fuentes de la diversidad rural. No sólo el campesino de aquí es distinto del de allá, sino que no es igual el campesino de ayer que el de hoy que el de mañana. Y esta pluralidad ¿de dónde? Yo percibo dos orígenes: uno en los modos diversos de relacionarse con la también ecodiversa naturaleza, que se expresan en multiplicidad de patrones tecnológicos, productivos, societarios y simbólicos, otro en las modalidades oblicuas e inestables con que los campesinos se insertan en el sistema mayor, de las que resulta un polimorfismo socioeconómico extremo que va del trabajo asalariado al autoconsumo, pasando por la agricultura comercial ocasionalmente asociativa.


Serán sus compartidos queveres con la tierra y que a todos esquilma el sistema, pero el hecho es que –aun así tan diversos– hay en los campesinos un cierto aire de familia. Y en momentos cruciales, cuando la identidad profunda emerge alumbrando convergencias, rebeldías y movimientos multitudinarios, los variopintos hombres y mujeres de la tierra devienen clase, una clase sin duda heterodoxa, pero no por ello menos cohesiva, menos visionaria, menos clase.

 

Gracias a los zapatistas

 

Hermann Bellinghausen

 

MAYO 17 DE 2010

 

LA JORNADA.

 

Los pueblos indígenas de México se hicieron visibles el Año Nuevo de 1994, y obligaron a escuchar al país entero gracias al legendario ya basta de los zapatistas cuando le dieron una vuelta de tuerca a la historia, se alzaron en armas y dijeron aquí estamos. Nunca antes los pueblos indígenas del país, sus demandas y manifestaciones civilizatorias tomaron el centro del debate nacional. La sociedad nacional supo que había mucho que aprender de los pueblos indios. Los de ascendencia maya y todos los demás.

 

Gracias a los zapatistas, en la izquierda desmoronada tras el colapso del muro de Berlín renació algo más que una esperanza. México y otros países dieron a luz una generación de activistas y pensadores sociales expuestos a nuevas ideas de liberación y democracia, y nuevas formas de expresar las viejas buenas ideas.

 

Los indígenas se volvieron extrovertidos, dejaron de pedir, determinados a exigir y resistir. El epicentro de su onda expansiva fue la recuperación de las tierras acaparadas por finqueros y ganaderos que despreciaban a los pueblos, y a sus peones, acasillados o no. Ya bullía un despertar histórico de los pueblos mayas en Chiapas cuando, gracias a los zapatistas, miles de familias indígenas ocuparon la tierra para ocuparse de ella. Se habla de 700 mil hectáreas. Buena parte benefició a los que no eran zapatistas; mas, gracias a su movimiento, los pueblos rebeldes, en particular en la selva Lacandona, al fin tuvieron donde crecerse y vivir bien, con dignidad. México descubrió que la dignidad es un atributo profundo de nuestros pueblos. Por una vez, el vergonzante racismo mexicano chocó de frente con el espejo.

 

Los zapatistas han dicho, desde el principio, las cosas por su nombre. Nos enseñaron a hablar con la realidad, admitió alguna vez Carlos Monsiváis. Momentos culminantes, como lacomandanta Esther hablando al Congreso y al país, imprimieron en la conciencia nacional la legitimidad indeleble de las exigencias indígenas y la transformación revolucionaria de sus mujeres.

 

Gracias a los zapatistas, el concepto latinoamericano de guerrilla –y su larga cauda de dolor– dio paso a algo nuevo, y a la vez tan viejo como la civilización: un ejército campesino. Éste, comprometido con la vida, sus pueblos y la liberación nacional desde una insospechada lucidez. Mientras, la sociedad civil se percataba de su propia existencia.

 

Han demostrado que las paradojas son una forma inquietante de decir la verdad: para todos todo, nada para nosotros/mandar obedeciendo/buen gobierno/un mundo donde quepan muchos mundos/un ejército destinado a dejar de ser ejército. La suya ha sido una sólida paz armada, también inédita y casi milagrosa, pues ocurre sitiada y combatida con baja intensidad por la masiva fuerza de ocupación militar del gobierno federal.

 

Gracias a los zapatistas, por ejemplo, ahora que el país arde en llamas, y sobre todo en miedo (esa percepción), Chiapas es una de las entidades más pacíficas. Dicho de otro modo, la desesperada guerra gubernamental contra el crimen organizado, beligerante y bien armado, no se libra en Chiapas, porque allí sí hay gobierno en las comunidades. Donde están los municipios autónomos y sus áreas de influencia hay muchas cosas, pero no crimen organizado.

 

Gracias a los zapatistas, en esos territorios sí hay leyes, y se cumplen, aunque los tres poderes de la Unión y los partidos políticos traicionen su palabra siempre que les es necesario. La construcción de la autonomía de los pueblos generó cambios significativos en educación, salud, participación política, organización colectiva. Esfuerzo que no sería posible sin la constancia de las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

 

Gracias a los zapatistas, escritores, pensadores, dirigentes, artistas, fortalecieron la base intelectual de sus posiciones políticas y éticas en América y Europa. La crítica, y de ahí las resistencias contra la nueva etapa del capitalismo y el imperialismo, el neoliberalismo en la era de la globalización, encontró en los zapatistas el impulso definitivo, cuyo pensamiento para la acción se ha desarrollado y elaborado en los escritos delsubcomandante Marcos y en las entrevistas más reflexivas de las decenas, quizá cientos, que después de 1994 le hicieron investigadores, periodistas y escritores del mundo.

 

Las grandes movilizaciones contra el comercio mundial hace una década supieron aprovechar no sólo el mensaje, también la experiencia, en lo que hoy se llaman redes sociales. Los actos y encuentros zapatistas inspiran actos, encuentros, organizaciones y luchas alrededor del mundo. Vamos, gracias a los zapatistas, bandas súper potentes del rock mundial encontraron nuevas cosas gruesas que cantar.

 

La palabra recuperó su condición de verdad, que la práctica política le había arrebatado en México. Y así como su voz es un arma, un escudo, una fuente, los zapatistas también han enseñado el significado del silencio.

La Jornada




27 de Abril de 2010

 

Luis Hernández Navarro

 

Banco Mundial y acaparamiento de tierras

 

 

Tierra, agua y semillas son, junto con los saberes campesinos y la mano de obra, los factores claves en el cultivo de alimentos y los pilares de la producción campesina. Y son, desde hace décadas, el terreno de una fuerte disputa entre los grandes agronegocios y las familias rurales. Mientras los consorcios multinacionales buscan su privatización y acaparamiento, las familias campesinas procuran mantenerlos como bienes comunes.

 

Uno de los asaltos más recientes en el combate entre campesinos y multinacionales se libra alrededor de las tierras y los territorios indígenas y las comunidades rurales. Gobiernos pudientes, fondos de inversión y trasnacionales de la alimentación, el transporte, y la industria química y farmacéutica están rentando o comprando decenas de millones de hectáreas de buenas tierras de cultivo, muchas irrigadas, en Asia, África y América Latina para producir agrocombustibles y alimentos en detrimento de los campesinos.

 

Según un informe de Oliver De Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de países en desarrollo han sido objeto de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros desde 2006. Esto equivale –de acuerdo con De Schutter– “a la superficie total de las tierras agrícolas en Francia o a la quinta parte de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea”. Representa también la décima parte del territorio de México u 80 por ciento del estado de Chihuahua.

 

El objetivo de esta concentración de la tierra arable es controlar la producción mundial de alimentos, mediante inversiones especulativas que buscan ganancias rápidas. Para algunas naciones árabes, así como China y Japón, se trata, además, de tener garantizados el abasto de comida y recursos forestales para sus poblaciones e industrias.

 

Las corporaciones han negociado concesiones económicas de largo plazo para establecer plantaciones agrícolas y producir agrocombustibles, caucho y aceites. En zonas costeras, la tierra y los recursos marinos e hídricos son vendidos, alquilados o cedidos a inversionistas turísticos en detrimento de las comunidades costeras y de pescadores.

 

Este proceso de nuevo despojo de tierras ha encontrado en el Banco Mundial un nuevo y poderoso aliado.

 

La institución financiera multinacional promueve siete principios para hacer que estas inversiones tengan éxito. Su idea-fuerza central es lograr un acaparamiento de tierras “socialmente aceptable”. (Véase: “Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects, Livelihoods and Resources”: www. donorplatform.org/component/option,com_docman/task,

doc_view/gid,1280).

 

Los supuestos básicos contenidos en siete principios pueden resumirse en: a) la consideración de que la actual fiebre del sector privado por comprar tierras agrícolas es arriesgada; b) la magnitud de esta tendencia; c) la necesidad de transferencia de derechos sobre tierras agrícolas en los países en desarrollo a inversionistas extranjeros; d) la convicción de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agronegocios trasnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y debe seguir, de tal modo que el sector corporativo pueda extraer más riqueza del campo, y e) dado que estos negocios de inversión están anclados en una privatización masiva y en la transferencia de derechos sobre la tierra, el Banco Mundial quiere cumplir unos cuantos criterios para reducir los riesgos de inesperadas reacciones sociales: “respetar” los derechos de los actuales usuarios de la tierra, el agua, entre otros recursos (pagando una indemnización), proteger y mejorar los medios de vida a nivel familiar y de la comunidad (proporcionando empleos y otros servicios) y no dañar el ambiente.

La estrategia fue presentada el 25 de abril, en Washington DC, en una mesa redonda cuyos anfitriones son Japón, Estados Unidos y la Unión Africana, y el 26 en la conferencia anual de tierras del Banco Mundial.

 

Aunque los principios que propone formalmente el banco son voluntarios, en los hechos considera a la tierra y los derechos agrarios como un activo clave para las trasnacionales que buscan obtener altos dividendos en sus inversiones. El organismo financiero multinacional, los gobiernos y los monopolios se proponen revalorizar la tierra en términos meramente económicos, dejando de lado los costos ambientales y sociales de un modelo de agricultura industrial.

 

En rechazo a esta política, Vía Campesina, Food First Action International (FIAN), Land Research Action Network (LRAN), GRAIN y más de 100 organizaciones de todo el mundo dieron a conocer el 22 de abril un manifiesto en el que exigen “frenar la ola actual de acaparamiento de tierras en la que inversionistas oficiales y privados se están apoderando de millones de hectáreas de tierras de cultivos de comunidades rurales de África, Asia y América Latina”.

 

Los firmantes rechazan la privatización masiva y transferencia de derechos sobre la tierra detrás de la iniciativa del Banco Mundial. Según ellos, los principios que proponen “son una jugada que intenta legitimar el acaparamiento de tierras.

 

Facilitar que corporaciones (nacionales o extranjeras) se apoderen a largo plazo de las tierras agrícolas de las comunidades rurales es totalmente inaceptable, no importa qué lineamientos se sigan. Los principios del Banco Mundial, que serían totalmente voluntarios, intentan distraer del hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en día, con la cifra récord de más de mil millones de personas sufriendo hambre, no será resuelta por la agricultura industrial en gran escala que van a aplicar prácticamente todos los inversionistas que están adquiriendo tierra”.

 

La lucha contra el acaparamiento de tierras tiene en México una larga historia. El rechazo al Procede en las comunidades indígenas, la ocupación de latifundios en Chiapas a raíz del levantamiento zapatista, la resistencia de los campesinos de Atenco y tantos otros conflictos muestran que la iniciativa del Banco Mundial en nuestro país no pasará.

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Cuicatlán
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Comandantes
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La Asamblea
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Dunáa
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Yáada
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Yad´cué
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Yicu tindu
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Un confesionario en lengua cuicateca de finales de la época virreinal.
En esta contribución se presenta el texto inédito de un confesionario escrito en
la lengua cuicateca alrededor de 1800. El texto anónimo fue elaborado para ayudar al clero
encargado de la administración espiritual de la población cuicateca de San Pedro Teutila. El
texto es un ejemplo de la actividad lingüística, poco conocida, que desplegaron los sacerdotes
seglares para poder evangelizar a la población de lo que hoy es el estado de Oaxaca.
Sacerdotes seculares estudiaron el cuicateco desde la segunda mitad del siglo xvi, pero no se
ha conservado ningún texto de esta época temprana.
09-Doesburg-Cuicateco_XIX.pdf
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