Veta de arbitrariedades
BC: ejidatarios dueños de yacimientos de oro y plata enuncian estafa de minera
- Verificarán si son legales convenios firmados para explorar la zona, advierten
- La firma negocia compra de terrenos, pero el precio no satisface a propietarios
Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 2
Mexicali, BC. El ejido Plan Nacional Agrario, el más extenso del país con 520 mil 784 hectáreas, contiene en sus montañas un filón de oro y plata que hoy divide a los dueños de esas tierras y la empresa que lo descubrió y explota. Cada uno de los ejidatarios recibe un pago por concepto de renta de 11 mil pesos al año de la minera Frisco. Ésta calcula las reservas probadas y probables de ambos metales en unas 295 toneladas en cinco zonas concesionadas a su favor, en la región norte de Baja California.
El Banco de México resguarda en sus bóvedas 100.15 toneladas del metal dorado. Los proyectos mineros de Frisco son un atractivo en la Bolsa Mexicana de Valores, principalmente por la volatilidad en el precio del oro y la plata, originada por la devaluación del dólar.
Paralelamente al éxito de las actividades mineras de Frisco, en el norte del país se escribe aún la historia de la Minera Real de Ángeles –integrante de Frisco–, a la que los propietarios del cerro Colorado y sus desérticos alrededores reclaman justicia a 20 años de firmados los convenios para que la empresa explorara la región.
A la fecha, la minera ha negociado la compra de importantes porciones de tierra que forman parte del área de explotación. La empresa ofrece a los ejidatarios un pago de 2 mil dólares por hectárea. La mayoría de esos propietarios decidieron demandar un pago –para cada uno de los 214 ejidatarios– de un millón de dólares.
La documentación oficial refiere que el 10 de junio de 1969 Gustavo Díaz Ordaz firmó la resolución presidencial por la que reconoció al ejido Plan Nacional Agrario con una superficie de 520 mil 784 hectáreas.
Años después, en septiembre de 1991, los ejidatarios aceptaron en asamblea negociar con la empresa Minera Real de Ángeles, a través del representante de ésta, Ernesto Camacho, un primer convenio de renta para explotar ocho lotes mineros con extensión de 63 hectáreas. La compañía erogó por concepto de compensación 12 millones 567 mil 210 de viejos pesos.
El 2 de agosto de 1996 la minera firmó con los ejidatarios un nuevo convenio para exploración, barrenación y obra directa en San Felipe. Solicitó y obtuvo autorización para ocupar 863 hectáreas más del ejido, por lo que pagó a los habitantes 225 mil pesos por renta anual.
Ese mismo día se firmó un convenio paralelo para la ocupación temporal de 329 hectáreas más, donde se construían caminos de acceso a obras mineras, campamentos, almacenes y plantas de beneficios. Por esa área se acordaron cinco pagos por un monto de 271 mil 993 cada uno.
Transcurrieron tres años más, y el 31 de octubre de 1999 la empresa y los ejidatarios firmaron un contrato de ocupación temporal por mil 585 hectáreas más. Se autorizó a la minera construir las servidumbres necesarias para las actividades de extracción. El contrato anual ascendió a un millón de pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA). La duración de éste se estableció en 20 años.
La razón de esta ampliación de la minera obedeció a que el 30 de junio de 1994 la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) expidió a favor de la compañía San Felipe (propietaria de la mina Real de Ángeles) el título de concesión para explotar 50 mil hectáreas del lote San Felipe 6.
También otorgó a la misma empresa otra concesión para explotar 50 mil hectáreas más del lote San Felipe 14. Ese mismo día concedió otras 45 mil hectáreas para ser explotadas en el lote San Felipe 13. Y el 15 de julio de 1994 la SEMIP expidió la concesión para explotar el lote San Felipe 2, con superficie de 3 mil 289 hectáreas.
El 29 de marzo de 2000 la dirección general de minas de la Secretaría de Comercio recibió de la minera la solicitud de ocupación temporal de las mil 585 hectáreas referidas, pertenecientes al ejido Plan Nacional Agrario. Esta área fue evaluada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en 951 mil pesos.
La Secretaría de Comercio resolvió que los ejidatarios en su conjunto debían recibir una indemnización por 190 mil pesos, como lo firmó en su momento el director general de minas, Luis Raúl Escudero.
Diez años después, a raíz de la generosa explotación de oro en el proyecto Real de Ángeles, la empresa ofreció el pago de 2 mil dólares por hectárea a los ejidatarios. El 29 de octubre de 2010 el gerente de exploración de la firma, Atanasio Ibarra, envió al presidente del comisariado ejidal, Jorge Alberto Camacho, un oficio en el que le externó el interés por adquirir 2 mil 777 hectáreas de ocupación temporal y 5 mil 558 de terreno de uso común.
El comisariado ejidal, al informar la existencia de esa propuesta, fue objeto de repudio de la mayoría de los propietarios, quienes lo responsabilizan de haberse beneficiado de las negociaciones con la minera, y le imputaron la responsabilidad de haber vendido su porción de tierra a un precio de 3 millones de dólares.
El descontento llegó a tal nivel que se creó una mesa negociadora por parte de los ejidatarios, formada por Jesús Moreno, Alejandro Menchaca, Rafael Navarro y Francisco Sosa.
Los cuatro ejidatarios, que ya han sido facultados para negociar directamente con la minera, por encima del comisariado ejidal –que deberá firmar todos los documentos que la negociadora produzca–, respondieron que la postura de la empresa Real de Ángeles es un agravio, la forma en que se pretende tratarnos, y en función de la situación económica que prevalece actualmente, sentimos un insulto, por jugar con la necesidad de la gente, al bajar de forma considerable el número de hectáreas a tratar; por lo tanto, no queremos y no vamos a negociar absolutamente nada en los términos expresados por ustedes.
Al crecer la inconformidad en el núcleo ejidal, sus integrantes advierten que denunciarán la explotación a campo abierto de los terrenos arrendados, porque a decir de ellos podrían existir violaciones a las leyes de Equilibrio Ecológico, para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de Sanidad Vegetal y de Vida Silvestre.
El ejido hace responsable a la minera por las operaciones que esté llevando a cabo en el terreno arrendado, por los materiales químicos que hayan dañado o pudieran dañar a las personas que hayan trabajado, trabajen o vayan a trabajar en la mina... a partir de este momento sepan perfectamente que buscaremos por todos los medios legales a nuestro alcance, cerciorarnos si los contratos firmados por el ejido están apegados a derecho, además verificar si los mismos no adolecen de alguna causante de rescisión o vicio que afecte la validez de los mismos.
BOLETIN DE PRENSA
A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
EN BAJA CALFORNIA SE PROTEGE LA VIDA DESDE EL MOMENTO DE LA “CONCEPCIÓN” HASTA LA MUERTE NATURAL Y DICHA POSTURA IDEOLÓGICA FUE LEGITIMADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO LOGRÓ VOTOS SUFICIENTES PARA IMPUGNAR EL ART. 7MO CONSTITUCIONAL EN BAJA CALIFORNIA- La resolución de la Suprema Corte genera incertidumbre jurídica entre las mujeres bajacalifornianas no dejando claro si usar el DIU, anticonceptivos o la PAE Pastilla de Emergencia es o no delito.
BC es el 2do Estado a nivel nacional con mayores índices de Feminicidios y aún así tienen años criminalizando a las mujeres por su función reproductiva. La reforma que protege la vida desde la “concepción” abre la posibilidad de penalizar el aborto en cualquier momento de preñez y en cualquier situación, más esto no es aplicable si no se modifica el Código Penal de Baja California.
“LAS MUJERES EN BAJA CALIFORNIA NO VAMOS A PERMITIR QUE SE SIGAN VIOLANDO NUESTROS DERECHOS Y SEGUIREMOS LLEVANDO CASOS Y PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONTRA LA MUJERES A LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS”- Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
29 de septiembre de 2011. Tijuana, BC. La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Centro de Servicios, la Colectiva Feminista Binacional, AvalonLes, No + Sangre Tijuana, Colectivo Intransigente, entre otras organizaciones y grupos de mujeres y hombres jóvenes, nos dimos cita el día de ayer a las 18 horas en la Glorieta “de las Tijeras” frente al CECUT con el fin de manifestar nuestra inconformidad con la resolución de la Suprema Corte al no impugnar el artículo 7mo de la constitución local que protege la vida en gestación sobre la vida más viva que es la de las mujeres.
En el Distrito Federal, las compañeras del Pacto por la Vida, la Libertad y la Salud de las Mujeres marchó del Monumento a la Madre al Zócalo manifestando su repudio a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, ahora legitimada por la Suprema Corte de Justicia, contando con presión política de Felipe Calderón al buscar la modificación de las reservas que tiene México en la Convención Americana por “proteger la vida desde la concepción”.
Las mujeres bajacalifornianas estamos indignadas porque el fallo de la Corte legitima las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres en Estado que desde el Caso Paulina se han venido sucediendo. Hay un profundo desprecio a la vida de las mujeres, cuando se “encuentran” cadáveres de mujeres en el asfalto inmediatamente se le vincula con la delincuencia organizada sin investigar si es un femicidio o un homicidio común.
Es necesario y urgente que las mujeres bajacaliforniana sepan lo siguiente:
1. No es delito usar la Pastilla del Día Siguiente, si acudes a una farmacia y se te niega la venta ponte en contacto con nuestra organización y nosotras te orientaremos.
2. No es delito usar anticonceptivos ni necesitas ser mayor de edad para usarlos, es recomendable no automedicarse y solicitar apoyo profesional para saber qué anticonceptivos nos conviene y cuál no.
3. No se ha reformado el Código Penal , existen excluyentes de delito de aborto en los siguientes casos:
I.- Aborto culposo.- Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;
II.- Aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.
III.- Aborto terapéutico.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada
corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, quien dará aviso de inmediato al Ministerio Público, y éste oirá el dictamen de un médico legista, siempre que ésto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
4. Que es probable que si llegan con un sangrado a cualquier hospital serán interrogadas buscando culparlas, por lo que te aconsejamos contar con información suficiente antes de acudir al hospital, ir acompañada por alguien de tu confianza y solicitar apoyo legal.
5. Pasa la voz de que toda persona que sufra una muerte violenta en el Estado o una muerte no natural deberá contar, la familia, con una indemnización por parte del Estado ya que protege la vida desde la “concepción” hasta su muerte natural.
No permitiremos ser tratadas como incubadoras, estamos acudiendo a instancias internacionales para poner en los ojos de la comunidad internacional que el Estado de Baja California viola sistemáticamente los derechos fundamentales de las mujeres. El 26 de Octubre de este año, la Dra. Gloria Ramírez de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en acompañamiento de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias llevará a nombre de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos 5 casos de discriminación del Estado de BC en contra de mujeres ante el Comité de Expertas de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer en Ginebra, Suiza.
Podrán encontrar acciones jurídicas y políticas, grupos de estudio y espacios de discusión para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en:
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La Red Iberoamericana es una organización que se integra por mujeres profesionistas, hombres solidarios, estudiantes indígenas, mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, académicas y jóvenes en la investigación y la ciencia. Trabajamos desde la transdisciplina buscando el litigio estratégico de derechos humanos propios de un Estado democrático y Laico. Luchamos desde una visión pluricultural, de género y con enfoque de derechos humanos.
Contacto para mayores informes:
Mtra. Meritxell Calderón Vargas
mcalderon@redderechoshumanos.org
0446643747223
Alcaldesa rechaza también extracción de oro en Sierra de la Laguna
No se avala explotación minera en La Paz y Los Cabos, afirma el gobierno de BCS
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 18 de septiembre de 2011, p. 27
La Paz, BCS, 17 de septiembre. El gobierno del estado no avala la explotación minera en los municipios de La Paz y Los Cabos pues su vocación productiva es otra, dijo Joel Ávila Aguilar, secretario de Desarrollo, en medio de la polémica generada por las concesiones otorgadas por el gobierno federal a mineras canadienses para la extracción de oro a cielo abierto en Baja California Sur.
Mientras el sur del estado –donde se ubican ambos municipios– tiene un importante potencial turístico, agrícola, ganadero y de servicios, ciudades como Guerrero Negro y Santa Rosalía, en el municipio norteño de Mulegé, han vivido de la minería, por lo que ahí es donde debe centraRse esa actividad, sostuvo el funcionario.
La alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, se pronunció también contra los proyectos que pretenden la extracción de oro a cielo abierto en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna.
Dijo que espera que los proyectos mineros en esa área natural protegida sean frenados por el gobierno federal, pero si no ocurre así existe un acuerdo entre ella y los regidores del cabildo de La Paz para negar la autorización de uso de suelo por parte del municipio.
Puntualizó que los antecedentes de contaminación del agua en San Antonio –poblado enclavado en la Sierra de la Laguna– por la actividad minera que se desarrolló en el pasado son el principal argumento para impedir el otorgamiento de nuevos permisos de extracción de minerales en esa región del municipio.
México SA
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BCS: historias del saqueo minero
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A canadienses, la mina El Boleo
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Tiendas de raya y salarios de hambre
Carlos Fernández-Vega
Apunto de cumplir dos décadas, las modificaciones a la ley minera cumplieron cabalmente con su objetivo: mediante generosas concesiones gubernamentales, los empresarios autóctonos y foráneos dedicados a explotar la riqueza nacional en esta actividad han incrementado sus fortunas de forma exponencial, mientras el país y sus habitantes nada reciben a cambio, salvo el saqueo permanente de las cerca de 25 millones de hectáreas concesionadas en esos 20 años, hasta ahora.
En efecto, en 1992 Salinas de Gortari modificó la ley minera y comenzaron las concesiones al capital privado. En 1993 desapareció el tope a la participación extranjera en este sector estratégico (justo antes de la entrada en vigor del TLCAN). En 1996 Zedillo metió el acelerador hasta el fondo, Fox hizo lo propio (2005) y todos, Calderón incluido, entregaron, entregan, concesiones sin ton ni son al capital privado (nacional y foráneo), garantizando el paraíso. Este grupo eliminó impuestos a la actividad minera, autorizó pagos simbólicos por hectárea explotada, redujo a su mínima expresión las normas aplicables a los empresarios concesionados y ha permitido todo tipo de violación a la legislación laboral, fiscal y medio ambiental.
Sirva lo anterior para entender el alcance del nuevo proyecto minero de la canadiense Baja Mining Corporation, empresa que obtuvo una concesión del gobierno calderonista para explotar la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. El colega Tulio Ortiz Uribe, editor de la revista La Tijereta, que circula en dicho estado de la República, documentó el caso y lo comparte con México SA, en una historia que se repite.
Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo, donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las trasnacionales. Baja Mining invertirá mil 300 millones de dólares, pero obtendrá 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma. El consorcio promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida.
Pero en el gobierno federal alguien miente. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari (quien el pasado 16 de junio dio el banderazo de salida), los mineros mexicanos tienen un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional. Sin embargo la Secretaría del Trabajo documenta que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista; es decir, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad que un empleado de comercio.
Ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. Hoy con Baja Mining: exención de todos los impuestos federales y locales por 20 años; cero impuestos durante 50 años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo, sin costo para los inversionistas, que,gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; 6 por ciento es analfabeta; 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; 20 por ciento no cuenta con agua potable; 22 por ciento sin drenaje; 42 por ciento no tienen lavadora y 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios como máximo). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad.
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición. Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto de Baja Mining (un consorcio canadiense-coreano-japonés):excelente apoyo federal, estatal y local, y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar. No podía ser de otra forma, con elexcelente apoyo que reciben de las autoridades.
La ley respectiva establece: “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada (…): durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 8 centavos por hectárea… del décimo en adelante 111 pesos”. Una ganga si se piensa en las 50 mil toneladas de cobre que Baja Mining obtendrá anualmente, con la perspectiva de que el precio internacional del cobre aumente 49 por ciento anual.
A principios del siglo pasado, El Boleo llegó a aportar 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa. Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Con las nuevas tecnologías, en 20 años de El Boleo extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil de cobalto y 500 mil de sulfato de zinc. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra, concluye Tulio Ortiz.
Las rebanadas del pastel
Como diría Eduardo Galeano: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar, y otros en perder.
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Minera canadiense retoma proyecto en BCS pese al rechazo de la población
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v Cambia razón social para explotar yacimientos de oro; alertan sobre más concesiones
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v Activistas advierten que se usarían 16 toneladas diarias de cianuro
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v Peligra agricultura orgánica
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 7 de marzo de 2011, p. 38
La Paz BCS, 6 de marzo. La concesión de miles de hectáreas en Baja California Sur a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto, con uso de explosivos y sustancias tóxicas como cianuro, ha generado protestas entre la población y la revisión de las leyes que permiten operar ese tipo de industria en la entidad.
Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos exigieron la cancelación de los proyectos de minería autorizados por el gobierno federal, debido al riesgo que representan para la salud, el ambiente y las actividades productivas de la zona, en especial el turismo y la agricultura orgánica.
La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos, en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, propició una movilización ciudadana que obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenarla mediante el rechazo del cambio de uso de suelo de forestal a minero.
La promotora del proyecto, Vista Gold, con sede en Vancouver, Canadá, no se ha dado por vencida y anunció el reinicio de los trámites, ahora con el nombre de minera Concordia.
Ariel Ruiz Castillo, dirigente de la organización Agua vale más que oro, surgida en el pueblo mágico Todos Santos, a 30 kilómetros del proyecto Concordia, explicó que ante el repunte del precio del oro y otros metales, empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones del gobierno federal desde la década de 1980.
Un estudio realizado en 2010 por el Servicio Geológico Mexicano precisa que se han otorgado al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur.
En La Paz, Picacho Blanco (en proceso de licitación); Paredones Amarillos, asignada a Minera Paredones Amarillos; San Antonio, asignada a las empresas San Felipe, Minera Baja California y Minera María; El Triunfo, asignada a Minera El Triunfo, y en Loreto hay un proyecto en fase de exploración.
Ruiz Castillo cuestionó el doble discurso del gobierno federal en materia ambiental, pues por un lado el presidente Felipe Calderón declara en foros internacionales que México emprendió acciones para detener el cambio climático, y por otro otorga concesiones en todo el territorio nacional para la operación de una industria contaminante y peligrosa, que utiliza procesos prohibidos en otras partes del mundo.
Señaló que sólo el proyecto Concordia prevé el uso diario de 16 toneladas de cianuro para separar el oro de las rocas, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio.
Además, se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad. Las explosiones y la trituración de piedras que contienen oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos orgánicos y pondría en riesgo la salud de la población.
Ariel Ruiz señaló que los promotores de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción de oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona, que da trabajo a 10 mil personas.
El 16 de enero más de 9 mil personas se reunieron en la playa El Tule, en Cabo San Lucas, para formar las siglas SOS contra la minería tóxica en Baja California Sur.
El vocero de la organización que surgió en esa protesta, David Sosa, señaló que a la preocupación causada por el regreso de Concordia se sumó información filtrada sobre la concesión de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de Pediment Incorporated (Canadá) para instalar una mina de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos turísticos y muy cerca del Mar de Cortés, en el municipio de La Paz, así como una de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad, en el municipio de Los Cabos.
¿En qué cabeza cabe hacer de un centro donde se asolean y emborrachan celebridades como George Clooney y Cameron Díaz un lugar con explosiones diarias, polvo y cianuro, o el uso irracional de agua en un lugar desértico?, cuestionó.
San Quintín: el valle del olvido
Jaime Martínez Veloz
En lo que va de este año varios hechos que provienen del valle de San Quintín sacuden nuestras conciencias. Por un lado, a inicios de año el accidente de un autobús en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Juárez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres, y con igual número de heridos, todos jornaleros agrícolas y en su mayoría indígenas; la desesperación de miles de familias indígenas jornaleras al verse sin alimentos e ingresos debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la región de San Quintín, y hace dos días, de nueva cuenta otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de un camión que transportaba jornaleros que laboran en la Empresa Agrícola Vicente Camalu, propiedad de la familia García, y que provocó la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.
Es imperdonable que después de lo ocurrido en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de los funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisión profunda del marco jurídico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y para solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.
Este último percance implica que la Empresa Agrícola Vicente Camalu contrata el servicio de transporte de un autobús cuyos documentos no tienen nada que ver con la transportación de trabajadores, que para cubrir las apariencias el camión se pintó del mismo color que una línea de transporte autorizada, que de nueva cuenta, la situación de los heridos en términos de su atención vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al régimen ordinario del Seguro Social y que los recursos en derecho a favor del trabajador difícilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el sindicato con el cual está firmado el convenio laboral su papel nominalmente es de extorsión para ambas partes, a unos les impone el contrato con la dádiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningún derecho.
¿Qué relevancia tiene el valle de San Quintín? Este valle, del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica a 200 kilómetros al sur de la cabecera municipal. La región destaca por estar entre los primeros lugares a escala nacional en producción de hortalizas para exportación. Cuenta con más de 20 mil hectáreas de riego, con tecnología de punta, que le permiten aprovechar al máximo el recurso del agua; cuenta además con la modernización de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigación, invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y presentación de los productos. Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas en cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli, y en los últimos años, la producción de fresa. Su cercanía con la frontera de Estados Unidos y los costos de mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas agroexportadoras de San Quintín sean altamente competitivas en el mercado mundial.
El despegue de la región obedece principalmente a la presencia de miles de jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes indígenas, quienes provienen desde hace más de cuatro décadas del sur y sureste del país, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz los estados con mayor oferta de mano de obra agrícola: mixtecos, zapotecos, triquis y nahuas son los grupos indígenas que en mayor proporción viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la región.
Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrícolas se caracterizan por ser de alta y muy alta marginación debido a la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migración hacia las zonas agrícolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de sobrevivencia. Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros migrantes.
La migración en un principio era mayoritariamente de hombres solos, quienes eran los que por tradición proveían el sustento familiar, pero por necesidades económicas se convirtió en nuclear, por lo que actualmente familias enteras emigran.
Hoy existen 14 empresas agrícolas en la región con alrededor de 20 campamentos en donde se albergan las familias de los jornaleros por temporada. Asimismo, existen 43 asentamientos en colonias de familias de jornaleros con una población de más de 30 mil pobladores, que representan la mano de obra cautiva. Del total, 45 por ciento son mujeres y con 10 por ciento de mano de obra infantil, en donde más de 65 por ciento habla una lengua indígena. Cerca de 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un ingreso de menos de dos salarios mínimos. Actualmente y por motivo de la crisis recesiva, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en esta época de temporada sólo están laborando un promedio de cuatro días, afectando seriamente el ingreso familiar, por lo que se incrementa la necesidad de que más miembros de la familia se incorporen al trabajo agrícola.
La situación de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del hogar refleja altos niveles de exclusión y discriminación, se acentúa el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar tanto sicológica como física, económica y comunitaria.
A escala regional el avance en infraestructura social sigue siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.
No hay justificación alguna para postergar la atención que los jornaleros de San Quintín y sus familias demandan. El Congreso de la Unión y los tres órdenes de gobierno están emplazados a brindar una atención integral a esta problemática, antes de que se presente una situación de mayor explosividad social.
Entrega de Baja California a las trasnacionales
Iván Restrepo
Hace justo dos años afirmamos aquí que, con el aval de los gobiernos del cambio, el territorio de la península de Baja California se estaba convirtiendo en un espacio controlado por las trasnacionales estadunidenses por conducto de dos megaproyectos: 1. Punta Colonet, 100 kilómetros al sur de Ensenada, que será la instalación portuaria más grande de América Latina para trasladar desde allí por ferrocarril hacia el vecino país 6 millones anuales de contenedores con mercancía procedente de Asia. El complejo portuario y sus servicios conexos darán vida a una nueva ciudad de 250 mil habitantes. 2. La terminal Energía Costa Azul, ya en funcionamiento, en la punta norte de la bahía de Ensenada, para la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. Tiene capacidad para procesar más de mil millones de pies cúbicos por día. Es la inversión más grande en la historia de la compañía estadunidense Sempra Energy. Ambos proyectos recibieron el aval de las instancias locales y federales, pese a las documentadas advertencias de los especialistas y los grupos defensores del ambiente sobre los daños que causarán en una entidad con ecosistemas muy frágiles y lugar de origen o albergue temporal de numerosas especies animales y vegetales (desde aves hasta ballenas), algunas endémicas.
La entrega de la península de Baja California a las trasnacionales sigue viento en popa con otros dos megaproyectos: un parque eólico en 300 mil hectáreas a cargo de la ya presente Sempra Energy. Generará mil 200 megavatios destinados a cubrir las necesidades del sur del vecino país.
Por último, un desarrollo hotelero en Cabo Cortés con recursos de inversionistas españoles mediante la empresa Hansa Urbana, que atraerá al turismo de clase media y alta de Estados Unidos. El plan es construir en 3 mil 800 hectáreas más de 4 mil cuartos de hotel, 7 mil unidades residenciales, una planta desaladora, una marina para 400 embarcaciones y tres campos de golf. En infraestructura este proyecto supera a los centros turísticos de Cabo San Lucas y San José del Cabo y atraería a la región 40 mil nuevas familias, necesarias para brindar los servicios requeridos por el inmenso proyecto.
Como en los tres primeros casos, los especialistas y defensores del medio ambiente han documentado los daños que causará este desarrollo turístico a la riqueza marina, de las más importantes del planeta. Cuestionan, además, que la Comisión Nacional del Agua autorice a los inversionistas españoles extraer cien litros por segundo de agua, cuando ésta ha dicho cientos de veces que el acuífero de Baja California está sobrexplotado. El rechazo nacional e internacional obligó recientemente a la autoridad ambiental a someter a revisión el proyecto y a detener así su inicio. Ojalá también estudien los antecedentes de la empresa Hansa Urbana, pues en España no goza de buena fama.
Quienes se han opuesto a estos cuatro megaproyectos no son enemigos del desarrollo, las inversiones, la creación de nuevos empleos o que pronto nuestro país sea potencia mundial, como promete el licenciado Calderón. Pero sí que una región con una riqueza natural extraordinaria pero con incontables limitaciones se convierta en gigantesca estación de servicio y diversión de Estados Unidos.
También en el norte, en Chihuahua, hay inconformidad de los rarámuris que viven en los pueblos de las Barrancas del Cobre, uno de los lugares más maravillosos del mundo. Los indígenas son muy pobres y en mucho ayudaría si en los planes para atraer más turismo a dicha región tuviera una participación efectiva y no fuera otro mexican curiouspara la foto de quienes cruzan las barrancas en el ya clásico tren Chepe, que parte de la ciudad de Chihuahua y termina su recorrido en Los Mochis, Sinaloa. Y es que el gobierno estatal realiza diversas obras para mejorar la infraestructura turística de las Barrancas, entre ellas más hoteles, restaurantes, tiendas y hasta un aeropuerto. Los rarámuris no se oponen a que haya más empleo, más turistas, pero no quieren ser más convidados de piedra en proyectos que no los benefician. Por el contrario, los perjudican.
IRK International explotará fierro y cobre en terrenos ejidales
Comienza minera excavaciones en BC
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 29
Mexicali, BC, 25 de agosto. La minera IRK International, que ha obtenido numerosos permisos de explotación en México en los 10 años recientes, inició excavaciones para extraer fierro y cobre en los ejidos Eréndira y La Puerta, en el sur de Ensenada.
En la zona crecen los pinos muricata u obispo, especie endémica que es uno de los atractivos naturales de la región, la cual podría sufrir daños por el uso de explosivos, advirtió el diputado local priísta Carlos Barboza Castillo.
El comisario ejidal Alfonso Garzón ya firmó un acuerdo con IRK, que también explota minerales en Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Jalisco, y cuyo mercado es Asia, principalmente China.
Garzón señaló que en la próxima asamblea ejidal se dará a conocer un documento notariado en el cual se especifica la superficie a usufructuar y la empresa se compromete a preservar el medio ambiente y a realizar trabajos de remediación una vez que se agote el yacimiento.
El propietario de IRK International es Ilangovan R. Kuppusamy, de origen indio, quien se instaló en México en 2000, aunque también tiene residencia en La Jolla, California.
Sólo en los proyectos mineros de los predios La Lechugilla, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y Los Primos, en el municipio de La Huerta, Jalisco, IRK International planea explotar 500 toneladas diarias de mineral durante 10 años.