Los títulos permiten a extranjeros explotar 7.78% del territorio estatal, acusa ONG
Dio Economía 344 concesiones mineras en Oaxaca, en 9 años
Activista denuncia acoso y actos violentos contra pobladores que defienden sus recursos
Algunos de los permisos otorgados a canadienses y estadunidenses expiran hasta 2062
Agentes federales y estatales desalojaron en mayo de 2009 de la mina de Ocotlán, Oaxaca, a pobladores que protestaban contra la contaminación provocada por una empresa
canadiense. Foto: Octavio Vélez
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 16 de febrero de 2013, p. 26
Oaxaca, Oax., 15 de febrero. Entre enero de 2002 y junio de 2011, la Secretaría de Economía (SE) entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la
explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento del territorio estatal, informó el coordinador general de
Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.
El dirigente precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones
tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.
Estas autorizaciones, añadió, han dado pie a 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial: el primero, El Águila, de la empresa Gold
Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros; el segundo, San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de
Ocotlán de Morelos.
Leyva Madrid dijo que la mayor parte de municipios, ejidos o comunidades agrarias, en su mayoría indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras
en su territorio, pues no ocurrió ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades.
Expuso que el gobierno federal no ha respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de sus recursos naturales, incluida la minería.
Destacó que en el proyecto de San José, la empresa minera ha perpetrado desde hace aproximadamente seis años acciones violentas contra la comunidad, acompañada de prácticas corruptas con
el aval y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes han marcado una página de gran dolor en la memoria de los habitantes de San José del Progreso.
A inicios de 2008 los pobladores se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes indignados por la actuación de la empresa y las autoridades
municipales y agrarias, decidieron bloquear los trabajos en marzo de 2009 para exigir información sobre los impactos ambientales que se producirían en la región, así como los permisos
proporcionados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó.
Subrayó que el bloqueo permaneció tres meses, hasta el 6 de mayo, cuando fueron brutalmente reprimidos por más de mil 800 policías federales y estatales. Se cometieron detenciones
arbitrarias, lesiones y tortura contra hombres, mujeres y niños que reclamaban el derecho a la información, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a un medio ambiente
sano y al agua.
A partir de entonces se iniciaron agresiones a la CPUVO de las autoridades municipales y por la asociación civil San José Defendiendo nuestros Derechos, afines de los intereses de la
minera.
En 2012 hubo cuatro ataques de grupos armados, en los cuales fueron asesinados dos miembros del CPUVO: Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, así como heridos de gravedad
otras ocho personas, aunque en este conflicto también fue asesinado el presidente municipal, Venancio Óscar Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, quienes
otorgaron el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa minera en junio de 2010.
Según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, entre 2000 y 2012 la Dirección General de Regulación Minera otorgó 389 concesiones en 800 mil 447 hectáreas, principalmente a
empresas canadienses, la mayoría durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Como en los peores
tiempos de Ulises Ruiz, el Gobierno Estatal ha puesto, a disposición de la empresa minera Cuzcatlán, a casi un centenar de policías para que cuiden que la obra de
entubado de agua -de Ocotlán a la Mina de san José del Progreso- se realice sin contratiempo. Ayer en Magdalena Ocotlán se suscitaron nuevos actos de agresión a
miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en donde la minera Cuzcatlán está realizando excavaciones para la introducción de una
manguera para conducir aguas tratadas de Ocotlán de Morelos hacia la empresa minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, sin un proceso de consulta libre,
previo e informado para el consentimiento de las comunidades. Por favor envíen la siguiente Acción Urgente a las autoridades:
Edil de San José del Progreso recibió 13 millones de minera y amenaza con “guerra”
Para el presidente municipal de San José “El Progreso”, Mauro Alberto Sánchez Hernández, la mina de plata “Cuzcatlán” que opera su comunidad, “es una metalúrgica
que llegó para quedarse y que está ofreciendo un nuevo rostro de progreso y ya no de pobreza a su pueblo a pesar de las voces minoritarias de parte de algunos
sectores opositores”. El edil aceptó que la minera ha otorgado en
los últimos dos años 13 millones de pesos, que supuestamente se han ocupado para habilitar caminos. En conferencia de prensa el viernes pasado, en la que
se dijo un “perseguido político” de la Secretaría General de Gobierno, el edil aseguró que la actuación de la PGJE desatará una “guerra” en el municipio, ya
que están
deteniendo “a su gente” para responsabilizarla por el homicidio del ex dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El
edil Mauro Sánchez afirmó que los implicados se desempeñaban como sus guardias de seguridad.
Fortuna Silver, millonaria mientras las comunidades siguen confrontándose
Pese a la oposición de la población, la compañía canadiense Fortuna Silver continúa operando en San José El Progreso con resultados que le permiten, además de
enorgullecerse, soñar con más. “La expansión de la planta de procesamiento de la mina San José se está llevando a cabo según lo programado con su finalización está
prevista para mediados de 2013”, dijo el peruano Jorge Ganoza Durant, co-fundador y CEO de Fortuna. Una vez que la expansión se encargó, Fortuna estará produciendo anualmente 5 millones de onzas de plata y 26 mil onzas de
oro además de importantes metales básicos. Pobladores de San José amenazaron con continuar en su exigencia de que se cancelen los trabajos de la minera
Cuzcatlán, “que ha provocado un ‘reguero’ de
sangreen la población por los intereses que intervienen en esta empresa”.
Cué está a favor de reforma laboral y otras reformas estructurales
El Gobernador aliancista, Gabino Cué, emergido de una coalición electoral construida entre el PAN, el PRD ,el PT y Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor de
que México pueda tener consolidadas sus reformas estructurales. Dijo que el Congreso Federal debe dar el “sí” a estas adecuaciones, principalmente la
reforma laboral que pondría al país en competencia con otras naciones como el caso de China; mencionó que Oaxaca se vería ampliamente beneficiada con tales
legislaciones. “Hoy estamos en el debate de la reforma laboral esperemos que se alcancen los acuerdos para que haya una ley que satisfaga y contribuya a generar
altas tasas de crecimiento tanto de la inversión como de la generación masiva de empleos”.
PRONUNCIAMIENTO
Exigimos justicia ante las agresiones emitidas contra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
El día sábado 16 de Junio, hacia las 20:40 horas nuevamente fueron atacados miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) por integrantes del cabildo municipal de San
José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
Entre los agresores se encuentra Evaristo Gonzáles (presunto trabajador de la empresa minera Cuzcatlán y pistolero del actual presidente municipal),
Edgar Vásquez Hernández (hijo del presidente municipal que otorgó los permisos a la empresa minera en el periodo 2004-2007) y Aarón Pérez Vásquez (Suplente del Regidor de Obras), quienes
realizaron disparos de arma de fuego frente al palacio municipal contra miembros de la CPUVO; En esta nueva agresión resultaron heridos Bertín Vásquez Ruiz y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz,
quienes actualmente se encuentran gravemente heridos.
De enero a junio de 2012, han habido 3 ataques contra los integrantes de la CPUVO en San José del Progreso, resultando asesinados 2 defensores de
derechos humanos: Bernardo Méndez Vásquez (18 de Enero de 2012) y Bernardo Vásquez Sánchez (15 de Marzo de 2012), además de varios heridos/as por arma de fuego: Abigail Vásquez Sánchez, Rosalinda
Dionisio Canseco y Andrés Vásquez Sánchez. Según denuncias de la CPUVO, estos asesinatos fueron perpetrados por integrantes de la autoridad municipal y trabajadores de la empresa
minera.
Desde inicios del presente año, la CPUVO ha denunciado las irregularidades y violaciones ocasionadas por la empresa minera Cuzcatlán y las autoridades
municipales de San José del Progreso, sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta de fondo por parte del gobierno estatal en relación a la problemática.
Ante éstos hechos, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y la comunidad de Capulalpam de Méndez manifiestan su preocupación por la
situación de vulnerabilidad que viven los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca y demanda al gobierno del estado una atención efectiva.
Demandamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, realice una investigación pronta, expedita e imparcial en relación a los últimos
acontecimientos suscitados en San José del Progreso y se castigue a los responsables.
Exigimos a la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, elabore protocolos de protección y seguridad para los/as
defensores de derechos humanos en el Estado de Oaxaca, principalmente relacionado a la defensa del Territorio y los Recursos Naturales.
Demandamos al Congreso del Estado de Oaxaca la desaparición de poderes del municipio de San José del Progreso.
Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y su labor de defensa del territorio, misma
que hasta el momento ha sido legal, pacífica y legítima.
Por que son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Comunidad de Capulalpam de Méndez
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
18 de Junio de 2012
EL CEREC SE ADHIERE A LA SIGUIENTE EXIGENCIA.
PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ OPOSITOR AL PROYECTO MINERO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA.
México, D.F. a 16 de marzo de 2012.
A los pueblos de México y el mundo,
A los medios de comunicación,
A las autoridades del Estado de Oaxaca de Juárez,
Al Ejecutivo Federal,
A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más
van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán?
El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros
Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera
Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se
dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán.
Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a
cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.
Antecedentes
En repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del
presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente
buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.
Esta terrible agresión es la segunda en lo que va de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso,
Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor
Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento
solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo
Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigaíl Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez.
A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros
conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones y detenido en una cárcel de alta seguridad.
Después de la agresión de enero las autoridades municipales se dieron a la fuga, razón por la cual las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca se vieron obligadas a tomar las
instalaciones de la presidencia municipal de San José del Progreso. No obstante, el grupo de autoridades criminales regresaron recientemente a la comunidad para con todo cinismo seguir atendiendo
como “autoridades municipales” en una casa particular ubicada Av. Carranza No 1 esquina con Reforma, dentro de esta comunidad, sin que las autoridades del estado procedieran a detener a este
grupo de asesinos al servicio de la empresa minera canadiense. De ahí que los miembros de la comunidad con plena razón atribuyan este nuevo crimen el edil Mauro Alberto Sánchez y demás
integrantes del Cabildo de San José el Progreso, así como a Aarón Pérez y Servando Díaz, sin excluir de la responsabilidad principal al propio Gobierno del Estado de Oaxaca precedido por Gabino
Cué, que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto.
Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aun así no se dejó intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando, junto con
sus compañeros de San José, por la defensa de las tierras, aguas y condiciones generales de vida de su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un estallido social
que podría resultar mucho más costoso. Lo cual ya debe estar bien calculado por esta empresa minera, especializada y capacitada en Perú en la implementación de este tipo de ingeniería y el
maquillado de este tipo de conflictos supuestamente presentados como comunitarios.
¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con su criminal y devastadora política de promoción de la mega minería tóxica
canadiense?
Ante estos hechos denunciamos:
Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez,
asesinado el día 18 de enero del 2012 a casi dos meses de su muerte.
Protección inmediata a la familia Vásquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores
sociales de la comunidad.
Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro
Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por los cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.
Responsabilizamos al titular del Gobierno de Estado de Oaxaca, Gabino Cué, por la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto
social de San José del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no por los de empresas extranjeras.
Nuestra exigencia al Gobierno Federal la salida inmediata de la empresa asesina canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde
su llegada es la causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos.
Atentamente,
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Magdalena Ocotlán, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2010
La Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reunida los días 11 y 12 de septiembre de 2010, en el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, con la participación de 90 organizaciones y 1
135 representantes de las distintas luchas socioambientales del país, declaramos:
Que a un año de efectuada la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en Chichicuautla, Puebla, la grave situación ambiental en que se encuentra el país no sólo no ha mejorado o
siquiera se ha estancado, sino más bien ha empeorado gravemente. La Asamblea ha descubierto en el último año, con gran indignación, decenas de escándalos de injusticia ambiental y climática por
la mayor parte del territorio nacional. Devastación ambiental que se suma a la política de destrucción nacional del mercado interno, la industria y la agricultura soberanas, la indefensión de
millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería de jóvenes que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, a los asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas
y menores de edad y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la situación de extremo peligro en que se encuentra el país.
La desregulación ambiental priva como resultado de una política de libre comercio fríamente adoptada, aunque el problema es peor, porque la profundidad de los desarreglos ambientales ha llevado a
violar la mayor parte de las normas y leyes, o bien, a permitir que esto ocurra corrompiendo o desmantelando los sistemas de vigilancia toxicológica, epidemiológica y ambiental, o pasando
directamente a corromper el sistema jurídico nacional. Los Afectados Ambientales de México no sólo enfrentan muertes crecientes, represión, enfermedades, desplazamiento de población, despojo,
división interna inducida, falta de precaución y mayor incertidumbre, cerco informativo, campañas de difamación, etc., sino que también padecemos, junto con el resto de los mexicanos, el desvío
de poder y la decadencia general a que se ha sometido al Estado mexicano.
A lo largo del último año, hemos sufrido los atroces asesinatos de varios activistas ambientales, como Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, muerto por oponerse al proyecto minero de la
empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, de Santa Catarina, Morelos y Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, Oaxaca, para
quienes exigimos justicia. Condenamos la serie de asesinatos, la situación de asedio paramilitar y la falta de garantías que privan en el municipio autónomo de San Juan Copala.
Condenamos la muerte silenciosa de decenas de personas por insuficiencia renal que viene ocurriendo en la ribera del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y
Coatzacoalcos, en Veracruz, debidas a las descargas industriales no controladas en sus cauces.
Condenamos las provocaciones y violencia ejercida por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en contra de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote y Maguey
Largo, en Oaxaca.
Exigimos el cierre definitivo de la mina en San José del Progreso, la salida de Fortuna Silver Mines del país y la liberación inmediata del compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez. Asimismo,
nos pronunciamos en contra de la decisión de desaparecer los poderes municipales e imponer un administrador municipal afín a Ulises Ruiz Ortiz, en San José del Progreso. Nos pronunciamos contra
la militarización de las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca y responsabilizamos al gobierno de Ulises Ruiz por las amenazas y hostigamiento de que ha sido objeto el Presidente
Municipal de Magdalena Ocotlán por presiones para introducir la tubería de agua exclusiva para la minera desde Ocotlán hasta San José del Progreso.
No a los medidores
Condenamos la reiterada violación de las leyes y el desacato de las sentencias definitivas dictadas por los jueces a favor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, propiedad de la
trasnacional canadiense Goldcorp, en San Luis Potosí y exigimos que las autoridades ambientales dejen de postergar la aplicación de la Ley e impongan el cierre definitivo de esa ilegal operación
minera.
Condenamos el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil trabajadores, no sólo por tratarse de un acto inconstitucional y una evidente injusticia social, sino también
por las consecuencias ambientales perniciosas que ello acarrea para la ciudad de México y la zona centro del país. También condenamos la agresión y aprehensión injusta sufrida por los
trabajadores mineros de Cananea, en Sonora, a manos de grupos paramilitares, tanto de la PFP como de la empresa Grupo Industrial Minera México, los pasados 6 y 7 de septiembre.
Condenamos la forma en que el territorio nacional se está picando de viruelas con cientos de proyectos de minería a cielo abierto en numerosos estados del país, sin que en ninguna de estas
regiones priven regulaciones ambientales o la más mínima aplicación de la Ley para detener esos proyectos.
A más de un año de estallido de la paranoia del Estado mexicano, desatada por la gripe porcina, no se ha atendido ninguna de las demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de
cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods. No se ha procedido ni siquiera a investigar la contaminación y sobreexplotación de
las aguas del valle de Perote, ni a realizar estudios autónomos epidemiológicos, ni mucho menos a cancelar este tipo de megaproyectos.
Condenamos la irresponsabilidad de la empresa Dragón y el contubernio de las autoridades del estado de Puebla y de la Semarnat, por la forma en que el estallido de un almacén repleto con
sustancias tóxicas afectó a la salud de 20 mil habitantes de la ciudad de Izúcar de Matamoros, sin que haya seguimiento toxicológico y epidemiológico alguno, e incluso la pretensión de reabrir la
planta. Nos sumamos al clamor de los pobladores de Izúcar exigiendo el cierre total de la fábrica Dragón.
Condenamos la pretensión de volver a poner en marcha el proyecto de construcción de la Presa La Parota, en el estado de Guerrero, así como por los intentos de avanzar en la construcción de las
presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 113 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Exigimos la cancelación definitiva de todos y cada uno de estos proyectos.
Condenamos la forma en que la empresa Paasa y el municipio de Cuernavaca, Morelos, mantienen en pie el basurero de Loma de Mejía en las inmediaciones de esa ciudad, contaminando la batería de
pozos que surten de agua a numerosas comunidades del municipio de Temixco.
Condenamos los numerosos proyectos privatizados carreteros, de libramientos, de ampliaciones aeroportuarias, la ampliación desregulada de unidades habitacionales insustentables y miles de centros
comerciales que fomentan la sobreexplotación de las reservas acuíferas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz, etc. Muy especialmente
condenamos el despliegue de megaproyectos en la ciudad de México, como la construcción de megatorres, la supervía poniente, el proyecto biometrópolis, el mega-acuario y la expansión de Santa Fe,
en detrimento del territorio de Cuajimalpa.
Condenamos el proyecto de apertura de miles de nuevos pozos petroleros de bajísima productividad que el gobierno mexicano está abriendo en la región de Chicontepec, Veracruz en contubernio con la
trasnacional estadounidense Halliburton y contratando los servicios paramilitares de la empresa Blackfire.
Como Asamblea, condenamos la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas y Chihuahua, particularmente, la
pretensión de la trasnacional Monsanto de sembrar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en fase piloto, lo cual significa que Monsanto ya podría vender ese maíz para consumo de la población
mexicana. Reiteramos nuestra exigencia de prohibición total del maíz transgénico en México.
Rechazamos la mercantilización que se está haciendo de nuestros bosques y territorios indígenas y campesinos, así como de otras áreas de biodiversidad, mediante su venta de servicios ambientales
que significan una nueva forma de despojo por privatización del agua, del aire y de las funciones ecosistémicas que milenariamente las comunidades han manejado para el bien común.
Por todo lo anterior, rechazamos el desarrollo de megaproyectos trasnacionales (extranjeros o mexicanos), sobre los territorios de los pueblos y de los barrios urbanos, violando sus derechos a la
consulta, a la libre determinación y a todos los que les permiten tener una vida digna.
Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, saludamos y nos solidarizamos con la lucha que viene desplegando el Congreso Popular, Social y Ciudadano para la Defensa y Refundación de la
Ciudad de México, contra los megaproyectos en la zona sur poniente del Distrito Federal y contra la forma profundamente antidemocrática de reconstruir la ya de suyo caótica ciudad de México. Por
ello saludamos al Éxodo de Tlalpan que articula las luchas de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac.
Saludamos a todos los participantes, de México y el resto del mundo, que participarán, del 1 al 7 de octubre en el Encuentro Mundial contra las Represas, que se realizará, en Temacapulín,
Jalisco.
Saludamos y nos sumamos a las Caravanas del Bicentenario Insurgente, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que han salido de Hermosillo, Sonora, Acapulco, Guerrero, Lázaro
Cárdenas, Michoacán y Juchitán, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal.
Saludamos el esfuerzo de construcción del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, a celebrarse en la ciudad de México, los días 18, 19 y 21 de noviembre próximos.
Frente a todo ello declaramos,
Nuestra voluntad de vida y nuestra voluntad de lucha. Nuestra voluntad de recibir entre nosotros a todos los que están siendo víctimas de la injusticia ambiental y climática y que tengan la
voluntad de organizarse y luchar desde abajo. Luchas que no sólo son para denunciar y resistir las tropelías de las autoridades y empresas sino también para afirmar la diversidad de formas de
vida justas y ambientalmente sustentables que ya existen en el país de abajo, y para explorar autogestivamente la construcción de alternativas y formas colectivas y sensatas de usar y metabolizar
nuestras condiciones materiales de existencia.
Finalmente, manifestamos nuestra decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se
realizará en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales se solidariza y hace suyos los planteamientos de la Vía Campesina frente a estas negociaciones, así como el firme rechazo a los
mercados de carbono, a los programas llamados REDD, que significan una nueva ola de privatización de bosques y un nuevo ataque a los derechos campesinos e indígenas. Rechazamos la manipulación
climática o geoingeniería y otras falsas soluciones que nos quieren imponer empresas y gobiernos frente a la crisis climática.
La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y social
en la que se encuentra hundido México, a las que convocamos también a participar a otras fuerzas sociales, nacionales e internacionales. Estas caravanas, con rumbo a Cancún pasarán por varios
puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar estas luchas, denunciar la situación nacional e internacional y solidarizarnos con ellas.
Así construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano.
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Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
ACCION URGENTE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OCOTLÁN OAXACA.
Junio 20, 2010 por cecuidh
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.
ACCION URGENTE RESURGE LA VIOLENCIA EN SAN JOSE EL PROGRESO, OCOTLAN. DOS MUERTOS POR ENFRENTAMIENTO ENTRE HABITANTES. GOLPEAN Y PRIVAN DE LA LIBERTAD AL PADRE MARTIN, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DE BARCA-DH.
Oaxaca de Juárez, México a 19 de junio de 2010.
Antecedentes:
El año pasado habitantes de la comunidad de San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca junto con otras comunidades de la región se enteraron que la compañía minera Cuzcatlán S.A de C.V. tenía
otorgada concesión de explotación de oro y plata de la mina denominada “San José”, también sabían que la empresa en lo inmediato iba a dar inicio a los trabajos de explotación.
Después de conocer esta información la gente comenzó a marcar una postura frente a la problemática, las autoridades municipales y agrarias junto con un grupo de personas de la comunidad se
encontraban a favor de la minera, otro grupo de personas estaban en contra ya que nunca fueron consultadas y además sabían de los enormes efectos al medio ambiente que ocasionarían el
funcionamiento de la mina, a raíz de esto la población se dividió.
El seis de mayo del dos mil nueve un grupo de personas decidieron bloquear el acceso a la mina con el objetivo de mostrar su inconformidad frente a la explotación de la minera, esto motivo
que los cuerpos policiacos desalojaran violentamente a los protestantes, dejando como saldo más de veinte personas detenidas y golpeadas.
A raíz de la resistencia y movilización de la gente en diferentes medios de comunicación aparecía el nombre del padre Martín señalándolo como “alborotador” “agitador “y el que ocasionaba
problemas en la región, incluso un grupo de personas empezó a solicitar su salida de la parroquia de San Pedro Apóstol, con todo esto se empezó a crear un clima de difamación y hostigamiento al
trabajo y a la persona del Padre Martín, cabe destacar que en los meses de mayo y abril 2009, salieron notas periodísticas en los diarios locales de de Oaxaca atacando al Padre Martín, acusándolo
de no dedicarse a lo que su ministerio le manda y alborotar a la gente, ante estos ataques la Arquidiócesis de Oaxaca a través del Padre Wilfrido Mayrén, quién es Coordinador de la Comisión
Diocesana de Justicia y Paz hicieron un documento Publico donde respaldan el trabajo al Padre Martín.
Así mismo el en el mes de Noviembre del 2009, el Presidente Municipal de San José del Progreso con un grupo de ciudadanos de este Municipio irrumpió en la misa en Catedral, donde oficia el
Sr. Arzobispo de Oaxaca, para pedir con gritos y pancartas la salida de la Parroquia de San Pedro Apóstol del Padre Martín; al no lograr su objetivo en ese momento por no ser el lugar y momento
adecuado, cerraron las calles de García Vigil, donde está la Casa del Arzobispo y se plantaron frente a la casa para exigir ser atendidos en su demandas, insistiendo la salida del Padre Martín,
acusándolo de subversivo, asimismo distribuyen volantes difamando al Padre en los medios locales.
El 2 de Marzo del 2010, supuestamente por una nota del diario local “El imparcial” publicada el 20 de noviembre del 2009, donde el Presidente Municipal de San José El Progreso, Sr. Venancio
Oscar, denuncia ante la PGR (Policial General de la República) al Padre Martín de haber estado en la retención de funcionarios municipales, señalándolo como del EPR (Ejercito Popular
Revolucionario), por esta denuncia el Padre Martín es requerido el 16 de diciembre 2009 y acude acompañado del Padre Mayrén; ahí se le informan que existe una acta circunstancia que se levanto
por la denuncia hecha por el Sr. Oscar Venancio donde lo señalaba como del EPR porque lo vio encapuchado en la parte alta de la iglesia, pero como no aporto pruebas el denunciante, se le cito
para pedirle si tiene algo que agregar a la información vertida por el Presidente Municipal de San José el Progreso y también le informan que quienes si están señalados directamente de pertenecer
al grupo armado son los señores, lideres que encabezan la defensa de la tierra y se oponen a la Mina.
El 16 de Marzo del 2010 a través de las radiodifusoras locales nuevamente vuelve el Presidente Municipal de San José El progreso, Sr. Venancio Oscar, a solicitar la intervención del
Gobernador del Estado y el Sr. Arzobispo para que el Padre Martín sea removido.
Vale la pena señalar que el padre Martín ha sido una persona comprometida con la iglesia y con la DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, siempre trabajando con los más desprotegidos, promoviendo
y educando en derechos humanos, en la parroquia donde se encuentra principalmente ha promovido la organización para el cuidado y protección de sus recursos naturales, facilitando asesorías para
la captación de agua, reforestación y recuperación de la relación ancestral del hombre-mujer con la tierra, la naturaleza y el agua.
Hechos:
El día de hoy 19 de Junio nos informa el representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que se da un enfrentamiento entre habitantes de San José el Progreso en el
lugar denominado “Cuajilote” y en este lugar retienen a los catequistas de la Parroquia de San Pedro Apóstol que van para sus domicilios que se ubican en la Agencia de “Maguey Largo”; según
reportes el saldo del enfrentamiento es de DOS MUERTOS: Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente Municipal de San José el Progreso, Felix Misael Hernández, Regidor de Salud; HERIDOS: Leonardo
Ramírez Porras, Agente Municipal del Cuajilote; Alberto Mauro Sánchez, Policía del Cuajilote; DETENIDOS: Lorenzo Bertín, Silvino Vásquez López; Celso Vásquez y otras 9 personas más que aun no
tenemos sus nombres.
Este mismo día el Padre Martín junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia se dirige a la comunidad de San José del Progreso a realizar una misa de una
presentación que esta programada para las siete de la noche aproximadamente, al llegar al Municipio de San José del Progreso, un grupo de personas les bloquea el paso y con pistola en mano lo
obligan a bajar de la camioneta, en la que se transporta, no dejándole opción él tuvo que acceder dadas las condiciones de violencia, al encontrarse abajo las personas lo empezaron a golpear
fuertemente con puñetazos, piedras y todo lo que tenían a su alcance, después de que le padre se encontraba mal herido se lo llevaron a un lugar desconocido, las personas que estuvieron y
pudieron observar la agresión al Padre Martín mencionan que principalmente las personas: ANGEL ARANGO, FLORA MARIA RODRIGUEZ, CLAUDIA REYES, CRISTINA HERNANDEZ, SILVANO VASQUEZ quienes lo
insultaban y golpean sin dar explicación el porque de la violencia hacia el Padre que en ese momento se encontraba en cumplimiento de su deber ministerial.
Exigimos:
1.- Presentación inmediata del Padre Martín.
2.- Respeto a la integridad física y psicológica del Padre Martín.
3.- Castigo a los responsables de este acto de agresión en contra del Padre Martin, romper con la impunidad que se da a todos los niveles con hechos de ataque a personas que se manifiestan,
que son solidarias y que hacen un trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.
4.- Que el Gobernador y todos los funcionarios públicos del estado respeten de forma absoluta el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de
promoción y defensa de los derechos humanos.
5.- Investigación pronta y expedita de los hechos violentos registrados en el Municipio de San José del Progreso para dar con los verdaderos responsables.
6.- Que la procuraduría del Estado actué con apego a la Ley sin usarla para crear chivos expiatorios deteniendo a gente inocente que ha estado en la defensa de sus recursos
naturales.
5.- No más imposiciones de proyectos que traen consigo división y rompimiento del tejido social de las comunidades.
Solicitamos:
1.- A los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional su intervención en el asunto para que se obtenga el castigo de los responsables y garantizar la integridad física y
mental del Padre Martín.
2.- A todas las organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos sus comunicaciones a los diferentes órganos del gobierno federal y estatal.
3.- A todas las personas solidarias y organizaciones la denuncia pública de este hecho, para evidenciar que los defensores de derechos humanos no tenemos la más mínima garantía de llevar a
cabo nuestra actividad.
Enviar sus cartas a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de la República Mexicana
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 527 72 376. E-mail:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.
Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México
E-Mail: barcadh09@gmail.com
Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 33
Oaxaca, Oax., 23 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó arraigar al sacerdote Martín Octavio García Ortiz, a quien se acusa de instigar los asesinatos del
presidente municipal priísta de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez, y del regidor de salud, Félix Misael Hernández, perpetrados el sábado anterior, supuestamente por miembros de la
Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, que se opone a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía
mexicana-canadiense Cuzcatlán.
El subprocurador Netolín Chávez Gallegos informó que el clérigo fue arraigado por 30 días, a partir de acusaciones presentadas por priístas afiliados a la organización San José, Defendiendo
Nuestros Derechos.
Explicó que la PGJE investigará las imputaciones y recabará pruebas para determinar si el sacerdote es consignado a un juez.
Destacó que el clérigo “manifiesta que no estaba en el lugar de los hechos”.
La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca
condenaron la agresión de priístas a Martín Octavio García, negaron que el religioso esté implicado en los homicidios y responsabilizaron del incidente al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a la
minera.
Los organismos expusieron en un comunicado que los priístas iniciaron en noviembre de 2009 una campaña contra el sacerdote e incluso dijeron a la Procuraduría General de la República que
era miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Explicaron que el día de los homicidios el clérigo y el coro de su parroquia se dirigían al templo de San José del Progreso a celebrar una misa a las 19 horas, pero un grupo de personas
armadas les bloqueó el paso y los obligó a bajar del vehículo en que viajaban.
Sostuvieron que los desconocidos le dieron una golpiza al cura y lo llevaron al domicilio de Servando Arango, donde lo retuvieron hasta la madrugada del domingo, para luego entregarlo a la
PGJE, en cuyas instalaciones permaneció “supuestamente por su seguridad”, pero se quedó en calidad de presentado y lo acusaron de ser el autor intelectual de los asesinatos.
Como en los peores
tiempos de Ulises Ruiz, el Gobierno Estatal ha puesto, a disposición de la empresa minera Cuzcatlán, a casi un centenar de policías para que cuiden que la obra de
entubado de agua -de Ocotlán a la Mina de san José del Progreso- se realice sin contratiempo. Ayer en Magdalena Ocotlán se suscitaron nuevos actos de agresión a
miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en donde la minera Cuzcatlán está realizando excavaciones para la introducción de una
manguera para conducir aguas tratadas de Ocotlán de Morelos hacia la empresa minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, sin un proceso de consulta libre,
previo e informado para el consentimiento de las comunidades. Por favor envíen la siguiente Acción Urgente a las autoridades:
